Quién
dijo miedo/Carmen
Aristegui F.
Reforma, 27
Jun. 2014
La
divulgación de la conversación telefónica de Purificación Carpinteyro, en la
que se le escucha proponer una idea de negocio a un antiguo compañero suyo en
Telefónica, fue milimétricamente calculada. Quien realizó el espionaje y
difundió su contenido midió con precisión los efectos que causaría pero, sobre
todo, el momento en que los causaría.
La
intervención fue hecha hace varias semanas. Se buscó distraer la atención
pública y mediática justo en el momento en que se perfila un periodo
extraordinario para aprobar un dictamen de leyes secundarias, cuyos contenidos
hacen temer una contrarreforma y un saco de regalos para Televisa.
Una
de las voces más fuertes y autorizadas, en el Congreso, en materia de
telecomunicaciones, tuvo que excusarse de participar justo en el momento más
crítico y en el que están por ocurrir grandes definiciones y no necesariamente
a favor del interés general.
Mujer
inteligente y conocedora, Purificación cayó, indudablemente, en un conflicto de
interés al pretender impulsar un negocio particular, del cual podría llegar a
ser beneficiaria. El error salió caro a la legisladora, porque quedó atrapada
en un linchamiento, en parte inducido, en parte espontáneo, en medios de
comunicación y redes sociales.
El
ruido causado no logró, sin embargo, distraer del todo la mirada sobre otras
cosas sustantivas que pretendieron ser opacadas.
Reforma
dio cuenta, ayer, de la reunión el pasado domingo entre funcionarios del
gobierno federal y representantes de los partidos, que plasmaron en un documento
los avances de sus negociaciones acerca de los nueve temas más polémicos de la
reforma. La mayor parte de la discusión se centró en la definición de la
llamada preponderancia y los criterios sobre los cuales será determinada.
Las
voces que han alertado sobre el asunto afirman que lo que se pretende es que la
preponderancia sólo sea declarada por sector y no por servicio, lo que
permitiría a Televisa no sólo mantener sino aumentar su dominio sobre el
mercado de la televisión restringida, que hoy por hoy representa más del 60% de
los suscriptores.
El
IFT sólo se ha pronunciado sobre la condición preponderante de Televisa en la
radiodifusión abierta (con casi 60% de la audiencia) pero no lo ha hecho sobre
la televisión de paga.
Si,
como se afirma, prevalece el criterio favorable a Televisa, promovido por el
gobierno federal, estaríamos frente a la violación de la Carta Magna, a partir
de la aplicación de sus leyes secundarias.
La
Constitución dice: "Se considerará como agente económico preponderante, en
razón de su participación nacional en la prestación de los Servicios de
radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o
indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento,
medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores,
audiencia, por el trafico en sus redes o por la capacidad utilizada de las
mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de
Telecomunicaciones".
Ser
declarado preponderante en el sector de las telecomunicaciones, como ha sido
declarado por el IFT el consorcio de Slim, impone medidas que buscan aminorar
la enorme concentración y promover la competencia. Lo mismo ocurre con Grupo
Televisa y 34 estaciones que emiten señal de televisión abierta en el país,
declarados preponderantes también por el IFT.
A
ninguno de los dos gigantes les ha gustado lo que impone el nuevo marco
constitucional. Los dos han promovido amparos, para impedir ser acotados.
El
tema, hoy, es que si terminan cediendo -como todo parece indicar- a las
presiones de Televisa, legisladores y partidos políticos, y dejan sin aplicar
el criterio constitucional de la dominancia por servicios y lo dejan por
sector, lograrán, entonces, impedir que sea declarada su preponderancia en
televisión de paga y, de paso, abrirían la puerta para que el emporio de Emilio
Azcárraga obtenga un amparo contra la decisión del IFT que los declaró
preponderantes en televisión abierta.
Habrá
medidas asimétricas y antimonopólicas para el gigante Slim, cosa que no sólo es
inevitable sino altamente deseable. Sin embargo, el otro gigante que concentra
audiencias, cobertura y monopoliza -por su tamaño- el mercado de la opinión
pública sería tratado como un agente "normal" y no habría medidas que
pudieran atemperar un nocivo poder dominante, que afecta mercados, consumidores
y pluralidad.
Si
algo así sucede, se habrá consumado una contrarreforma, y quedará, una vez más
demostrado en este país, cuánto miedo le tienen a Televisa.
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