Ley
de Desaparición Forzada se prevé para junio: Juan Manuel Gómez Robledo.
La delegación mexicana concluyó en Ginebra, una presentación de dos días ante el Comité de la ONU
sobre Desapariciones Forzadas, con la promesa de que a más tardar para junio, contará con una ley general sobre esta grave
problemática y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en
evidencia.
"Es un reto inmediato que hay que conseguir antes de junio cuando concluye la actual legislatura" dijo Gómez Robledo al término del examen sobre la situación de los desaparecidos.
Pero, la pelota esta en la cancha de los legisladores..
En la segunda y última ronda de la auditoría, los expertos lanzaron cuestionamientos sobre los procedimientos para la reparación de daños, informar a los familiares de la detención de una persona y procesar a militares involucrados en delitos.
También cuestionaron el sistema de detención preventiva conocido como arraigo, los limitados resultados en la reparación de los daños de las víctimas de la llamada "Guerra Sucia", y qué se está haciendo con los restos de fosas que se descubren semana tras semana en Iguala".
El subsercretario de Relaciones Exteriores y jefe de la
delegación oficial de México, Juan Manuel Gómez Robledo, reconoció ante la prensa
que, en el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un
registro exclusivo de desapariciones forzadas.
Precisó
que los registros existentes ‘mezclan personas no localizadas y eventualmente
desaparecidos forzosos’.
Es
algo que hay que corregir, ya que según organizaciones de defensores de
derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) , ha afectado a más de 22 mil
personas entre diciembre de 2006 y el pasado octubre.
La
organización basa esa cifra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o
Extraviadas.
El tema de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
en Iguala, estuvo en todo momento presente…
Hilda
Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de esos jóvenes desaparecidos en Iguala,
mostraron gran escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que
el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus
hijos.
Más
optimistas fueron otras dos madres de desaparecidos en hechos anteriores, que
opinaron que la evaluación de su país en el Comité puede constituir una presión
adicional para que se aceleren las investigaciones de sus casos.
En
reacción a la promesa de que en los próximos meses habrá una Ley General de
Desapariciones Forzadas, Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José
Robledo Fernández, desaparecido en 2009, comentó que esa norma es muy necesaria
para quienes buscan a personas desaparecidas ‘porque la mayoría de casos están
como secuestro o privación ilegal de la libertad, pero no como desaparición
forzada’.
Por
su parte, María Olaya Dozal, cuya hija Alejandra desapareció en 2009 a la edad
de 16 años, confesó que la presencia del Estado de México ante el Comité me da
esperanza de que el Gobierno sienta un mayor compromiso con los desaparecidos y
sus familias.
Fuela primera vez que el Estado mexicano estuvo presente en Ginebra ante al grupo de expertos independientes del Comité de
Desapariciones Forzadas de la ONU, quienes emitirán sus observaciones y
recomendaciones el próximo 13 de febrero.
El Comité contra la Desaparición
Forzada dio la razón a las
familias de personas desaparecidas, incluyendo a los padres de los 43
normalistas.
"El Comité está reconociendo que
en México la desaparición forzada es una violación generalizada, no se trata de
violaciones aisladas. Hay un vínculo entre el pasado y el presente porque la
impunidad en los delitos del pasado dan como resultado las desapariciones de
hoy en día", expuso Denise González, del Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez.
En un enlace a Ginebra, Stephanie
Brewer, coordinadora del área internacional de esta organización y quien estuvo
presente durante la sustentación del informe de México ante el Comité, destacó
que la sesión fue presenciada por familiares de personas desaparecidas de
Guerrero, Chihuahua y Coahuila, quienes acudieron a esta instancia
internacional para exigir la presencia con vida de sus familiares y ante la
falta de respuesta del Estado mexicano.
A su vez, los afectados solicitaron la
intervención para impulsar avances concretos y estructurales en materia de
desaparición forzada.
Con información de agencias y corresponsal de Reforma
∞∞∞
Exigen ONG en Ginebra un relator especial para el caso Ayotzinapa
PATRICIA DÁVILA
3 DE FEBRERO DE 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Al término de dos jornadas de evaluación a México, organizaciones de derechos humanos pidieron hoy en Ginebra, Suiza, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU designe a un relator especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa.
En rueda de prensa, representantes de ONG, padres de los 43 normalistas y de desaparecidos en los estados de Chihuahua y Coahuila señalaron que Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano, pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.
También cuestionaron fuertemente las razones del cierre hace un año de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia”.
Este lunes y martes el Comité de ONU evaluó por primera vez el cumplimiento de México respecto de sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por lo que el viernes 13 emitirá sus conclusiones al respecto.
Stephanie Brewer, integrante del Centro Miguel Agustín Pro que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, resaltó que las ONG han solicitado que haya “una estrategia de seguimiento por parte del comité”.
Es por ello que la designación de un relator “no tendría que ser un nombramiento muy formal”, pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, aclaró Brewer.
El examen de la ONU a México estuvo enmarcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, aunque el Comité abordó el tema de las desapariciones en nuestro país en general.
Cabe destacar que los integrantes del CED hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.
Sin embargo, una de las preguntas que quedó sin respuestas fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México.
Es más, la delegación del gobierno mexicano admitió que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que “todavía debe ser perfeccionado” y requiere de actualización.
“En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE.
“Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente”, acotó. “Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, concedió.
Vidulfo Rosales, asesor legal de los padres de familia de Ayotzinapa, sostuvo desde la Ciudad de México, durante la rueda de prensa en la que se hizo un enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano “se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada”.
Las autoridades mexicanas, acusó, están “diluyendo su responsabilidad”. Las desapariciones forzadas, agregó, son una “situación estructural”, debido a que se mantiene el “ciclo de impunidad”.
Hilda Legideño –madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa–, quien viajó a Ginebra junto con Bernabé Abraham en representación de los padres de familia, dijo que tiene “la esperanza de que el Comité de Desapariciones Forzadas esté de observador a distancia”.
En la sesión del Comité de la ONU, el relator Luciano Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a las ONG por la valiosa información proporcionada al CED.
El encuentro generó un interés sin precedente, destacó por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre, para luego exteriorizar su esperanza de que el interés en este “grave problema” en México persista.
En las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.
Asimismo, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.
En rueda de prensa al cierre de las sesiones, el embajador Gómez Robledo subrayó que “México se toma muy en serio estos ejercicios” de evaluación de la ONU. Para México, acotó, fue “una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional”.
También indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, “y evidentemente habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento” a lo que emita el Comité de ONU.
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Exigen ONG en Ginebra un relator especial para el caso Ayotzinapa
PATRICIA DÁVILA
3 DE FEBRERO DE 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Al término de dos jornadas de evaluación a México, organizaciones de derechos humanos pidieron hoy en Ginebra, Suiza, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU designe a un relator especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa.
En rueda de prensa, representantes de ONG, padres de los 43 normalistas y de desaparecidos en los estados de Chihuahua y Coahuila señalaron que Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano, pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.
También cuestionaron fuertemente las razones del cierre hace un año de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia”.
Este lunes y martes el Comité de ONU evaluó por primera vez el cumplimiento de México respecto de sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por lo que el viernes 13 emitirá sus conclusiones al respecto.
Stephanie Brewer, integrante del Centro Miguel Agustín Pro que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, resaltó que las ONG han solicitado que haya “una estrategia de seguimiento por parte del comité”.
Es por ello que la designación de un relator “no tendría que ser un nombramiento muy formal”, pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, aclaró Brewer.
El examen de la ONU a México estuvo enmarcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, aunque el Comité abordó el tema de las desapariciones en nuestro país en general.
Cabe destacar que los integrantes del CED hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.
Sin embargo, una de las preguntas que quedó sin respuestas fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México.
Es más, la delegación del gobierno mexicano admitió que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que “todavía debe ser perfeccionado” y requiere de actualización.
“En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE.
“Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente”, acotó. “Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, concedió.
Vidulfo Rosales, asesor legal de los padres de familia de Ayotzinapa, sostuvo desde la Ciudad de México, durante la rueda de prensa en la que se hizo un enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano “se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada”.
Las autoridades mexicanas, acusó, están “diluyendo su responsabilidad”. Las desapariciones forzadas, agregó, son una “situación estructural”, debido a que se mantiene el “ciclo de impunidad”.
Hilda Legideño –madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa–, quien viajó a Ginebra junto con Bernabé Abraham en representación de los padres de familia, dijo que tiene “la esperanza de que el Comité de Desapariciones Forzadas esté de observador a distancia”.
En la sesión del Comité de la ONU, el relator Luciano Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a las ONG por la valiosa información proporcionada al CED.
El encuentro generó un interés sin precedente, destacó por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre, para luego exteriorizar su esperanza de que el interés en este “grave problema” en México persista.
En las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.
Asimismo, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.
En rueda de prensa al cierre de las sesiones, el embajador Gómez Robledo subrayó que “México se toma muy en serio estos ejercicios” de evaluación de la ONU. Para México, acotó, fue “una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional”.
También indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, “y evidentemente habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento” a lo que emita el Comité de ONU.
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