29 mar 2015

Sedena oculta información sobre Tlatlaya y Ayotzinapa/

Revista Proceso No. 2004, 28 de marzo de 2015
Sedena oculta información sobre Tlatlaya y Ayotzinapa/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Aunque el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, considera que el Ejército es “la institución más sólida de este país”, contribuye a la desconfianza general con su feroz resistencia a entregar información que permita resolver los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, que tanto lastiman a la sociedad. Muestra de esa actitud son sus respuestas a solicitudes de información de este semanario, que provocaron un ríspido intercambio de argumentos del IFAI contra cerradas negativas de la dependencia.
 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no está dispuesta a rendir cuentas. De nada y a nadie. Su titular, el general Salvador Cienfuegos, sólo habla con el presidente de la República. Ni el Congreso, ni el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), incluso la Procuraduría General de la República (PGR) y mucho menos los ciudadanos merecen respuesta sobre las graves actuaciones del Ejército.
 Los requerimientos de información a la Sedena para esclarecer la matanza de civiles en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, se han topado con la muralla del Ejército.
 Las comisiones especiales creadas en la Cámara de Diputados han sido desdeñadas, el IFAI apenas ha logrado alguna información descontextualizada y hasta ha sido cuestionado por la Sedena, mientras que la PGR ha tenido que integrar sus averiguaciones con lo que el Ejército ha querido entregar.
 La muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya a manos de efectivos militares, en junio de 2014, y la actuación del Ejército ante la detención y desaparición de los 43 normalistas por policías municipales de Iguala hace medio año, se han traducido en inútiles exigencias de transparencia.
 En medio de la presión internacional al gobierno de Peña Nieto, la Cámara de Dipu­tados creó el 30 de septiembre pasado la comisión especial sobre el caso Tlatlaya, y una semana más tarde, el 7 de octubre, la de Ayotzinapa. Medio año después, y a un mes de que acabe el último periodo ordinario de la actual LXII Legislatura, ambas comisiones quedaron en el olvido.
 Las dos instancias fueron inoperantes por la apatía de la mayor parte de sus miembros y la falta de información a la cual las sometió la Sedena. Cada una tuvo un solo encuentro con los mandos del Ejército. Como representantes del Poder Legislativo, no fueron capaces de que la cúpula castrense se presentara ante el Congreso. Tuvieron que ir a las oficinas de la Defensa Nacional para recibir lo que los militares les quisieron dar.
 El 12 de noviembre, la Sedena le dio audiencia a la comisión del caso Tlatlaya, diseñada sólo para coadyuvar en las investigaciones. A esa reunión ni siquiera asistió el general secretario. Tampoco fueron todos los diputados, sólo cuatro de ocho: Elena Tapia Fonllem, del PRD; Ricardo Fidel Pacheco, del PRI; Alberto Díaz Trujillo, del PAN, y Loretta Ortiz Ahlf, del PT.
Faltaron la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del PRI, ahora con licencia y reintegrada como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila luego de su candidatura anecdótica para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano; René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza y nieto de la exjefa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, y el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde, también con licencia.
El general secretario Cienfuegos mandó sólo a generales brigadier, ninguno de brigada y mucho menos generales de división. El grupo estuvo encabezado por el procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez; el jefe de asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos, y el coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor, José Luis Chiñas Silva.
Encabezados por Elena Tapia, presidenta del grupo de trabajo, los diputados pidieron información sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar, en el Estado de México, y el sargento responsable del operativo. También requirieron información sobre la posible responsabilidad de otros mandos militares, más allá de los ocho efectivos del 102 Batallón de Infantería que participaron en el alegado enfrentamiento y que están bajo proceso penal federal.
Además, quisieron saber sobre el diseño, operación y autorización de ese patrullaje fuera de reglamento, que exige la participación de 12 elementos, la violación al Manual del Uso de la Fuerza y sobre la alteración de la escena por parte de los propios militares. Nada recibieron.
Información, sólo al presidente
Al día siguiente, 13 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, le tocó la audiencia a la comisión sobre la desaparición de los normalistas. Esa ocasión los diputados sí fueron recibidos por el general Cienfuegos.
La sesión informativa estuvo a cargo del entonces subsecretario, el general de división Daniel Méndez Bazán, quien en diciembre pasó a retiro y ahora es candidato del PRI a diputado federal.
A diferencia de la comisión sobre la masacre de Tlatlaya, la de Ayotzinapa no ha hecho público informe de trabajo alguno, a pesar de que fue creada sólo para identificar las adecuaciones legislativas en los casos de desaparición forzada.
Su presidente es el panista Guillermo Anaya. Compadre del expresidente Felipe Calderón, Anaya preside también la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara y es integrante de la Comisión de la Defensa Nacional.
Uno de los legisladores asistentes a esa reunión en la Sedena relató a Proceso que, en su exposición, Méndez Bazán reiteró la versión de que los militares no tuvieron nada que ver con la desaparición de los normalistas y ni siquiera estuvieron enterados.
“Lo más interesante estuvo en las respuestas del secretario”, dice. Una de ellas fue el reconocimiento de que el Ejército conoció la agresión desde el principio a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Iguala, porque tiene un representante permanente, tal y como esta revista publicó en su edición 1989, del 14 de diciembre.
El general secretario insistió ante los diputados en que los soldados no salieron de sus cuarteles porque el jefe de la policía municipal les dijo que tenía el control de la situación y que además ese día no había suficientes efectivos del 27 Batallón de Infantería en Iguala porque estaban de descanso.
Admitió que el sistema de inteligencia militar tenía información sobre los antecedentes delictivos del presidente municipal, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, pero argumentó que el trabajo del Ejército “no es vigilar a policías municipales ni a jefes de seguridad pública. Sabíamos lo que sabía todo el mundo”.
Les aseguró que desconocía avances sobre el caso Tlatlaya “porque el procurador (entonces Jesús Murillo Karam) no le había requerido información, además de que sólo lo veía ocasionalmente”. Dijo que en el caso del Estado de México había que castigar a algún elemento cuando hubiera fallas, pero que esa no era la situación de Ayotzinapa.
Más aún, el general secretario les advirtió: “No voy a permitir que ni los dipu­tados ni nadie más ponga en duda la honorabilidad del Ejército y sus hombres, que representan a la institución más sólida de este país”.
Colaboradores del exprocurador confirman el escaso contacto del general Cienfuegos con Murillo Karam: “El general, de forma reiterada, hizo ver que el único con quien tenía que hablar era con su jefe, el presidente de la República”.
La escaramuza IFAI-Sedena
Las peticiones de información al Ejército sobre ambos casos han sido sistemáticamente rechazadas por la Sedena, con el argumento de la reserva o inexistencia de la información, peligro para los militares implicados, secreto de la averiguación previa y protección del debido proceso.
Su negativa ha dado lugar a largos procesos administrativos para obtener apenas algunos elementos de información. Es el caso de dos peticiones de acceso a la información tramitadas por este semanario sobre la masacre de Tlatlaya.
Ambas fueron presentadas en septiembre pasado. Una tardó cuatro meses en obtener respuesta, sin que se proporcionara información alguna. La otra se terminó de tramitar el pasado 26 de marzo, igualmente sin la información requerida e incluso con fuertes impugnaciones de la dependencia al IFAI por argumentar a favor de la entrega de los datos solicitados.
En la primera se pidió copia del video del operativo del Ejército en Tlatlaya, que debió elaborar en cumplimiento del Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación a las tres Fuerzas Armadas, autorizado por los actuales titulares de la Sedena y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).
La Sedena respondió que no existe video alguno del operativo en el que perdieron la vida 22 personas y tres más resultaron heridas, la madrugada del 30 de junio de 2014 en una bodega de la comunidad San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya.
El subjefe Operativo del Estado Mayor, la Dirección General de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia Militar declararon formalmente la inexistencia de esa información.
Impugnada esa respuesta (expediente RDA 4760/14), el IFAI le pidió más información a la Sedena, pero ésta reiteró la inexistencia y dijo que, de existir, lo daría “ya que esta dependencia… no se ha caracterizado por ocultar información”.
El IFAI le hizo ver a la Sedena que de acuerdo con ese Manual, las operaciones militares que impliquen el uso de la fuerza “deben inexorablemente documentarse” a través de fotografías y videos.
“En particular, se prevé que de manera previa se debe contar con una cámara de videograbación, así como de manera intensiva fotografías o cualquier otro medio para contar con elementos que acrediten la actuación de las fuerzas armadas en operaciones. Además, una vez que haya pasado alguna agresión se debe preservar el lugar de los hechos a través de tomas de video o fotografías, sin alterarlo”, señaló el IFAI.
Los comisionados confirmaron la inexistencia del video, pero le dijeron al Ejército que la petición forma parte del escrutinio público a las funciones de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, como reclasificó los hechos la CNDH.
Por eso pidieron a la secretaría que justificara la inexistencia del video, haciendo referencia “a los elementos que integran la averiguación previa correspondiente (sobre las faltas de orden militar), así como la documentación generada con motivo del cumplimiento de la Recomendación 51/2014 de la CNDH”.
En su nueva respuesta, la Sedena sólo dio argumentos de por qué no hizo el video. La Dirección General de Derechos Humanos dijo que en su respuesta a la recomendación de la CNDH argumentó que el personal militar “se encontraba realizando patrullamientos (sic) cuando fue sorpresivamente agredido, quedando expuestos al fuego de las armas de las personas que les disparaban, por lo que no estaba en posibilidad, bajo esas circunstancias, de llevar a cabo la videograbación fotográfica y/o instrumentos de grabación de sonidos” a que se refiere el manual.
El Estado Mayor respondió en el mismo sentido: “Por las condiciones de oscuridad y el peligro que representaba para el personal militar al exponerlos al fuego sorpresivo de las armas de los transgresores de la ley, no se cuenta con material videográfico del momento en que se suscitaron los hechos”.
La Procuraduría General de Justicia Militar respondió que en sus constancias ministeriales integradas para investigar los delitos de orden militar tampoco existe ningún video o imagen fotográfica de los hechos.
En la segunda solicitud de información, se le requirió la orden de fatiga dirigida a los elementos de la 22 Zona Militar que participaron en los hechos de Tlatlaya. La Sedena respondió con una reserva de 12 años, debido a que “se encuentra integrada a una averiguación previa y aún no ha causado estado”.
La negativa se recurrió en el expediente RDA 4761/14, pero la Sedena consideró que la impugnación carecía de “sustento y lógica jurídica”, toda vez que se encuentra reservada porque no se ha dictado sentencia definitiva contra los siete militares –un oficial y seis elementos– acusados de homicidio y delitos del fuero militar, además de que no ha causado ejecutoria.
Argumentó que la reserva es para “garantizar los derechos humanos de los procesados” y el principio del debido proceso. Explicó que en la fatiga –documento en el que se consignan datos del personal militar– están los nombres de los procesados, pero también de otros elementos que no fueron consignados. Si se dan a conocer, los transgresores de la ley pudieran ubicarlos para causarles un daño en su integridad personal o incluso la muerte, añadió.
La fatiga también incluye la fecha y el lugar del servicio, la relación del personal, identificado por grado, nombre, matrícula de la unidad militar, arma, matrícula del arma, cargadores, cartuchos, así como el nombre, grado, empleo, matrícula de identidad y firma autógrafa de quien elabora el documento y de quien lo rubrica.
En su resolución, el IFAI dijo que no advertía de qué manera la fatiga podría obstaculizar o entorpecer las atribuciones de la procuraduría de justicia militar y determinó que ese documento “no es susceptible de reservarse” porque “no es una constancia propia de la averiguación previa”, sino que forma parte de la causa penal número 338/2014 que se instruye en el Juzgado Sexto Militar del Supremo Tribunal Militar y que existió previamente al procedimiento judicial.
Ante la negativa a dar los nombres señalados en la fatiga, el IFAI le hizo ver que el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la identidad de los siete militares procesados, por lo que ya no pueden ser clasificados, como tampoco su firma.
Sobre el resto de los datos, revocó la reserva de 12 años y la estableció en cuatro, “atendiendo a que en dicho periodo podrían modificarse las políticas en materia de seguridad públicas” (sic). Los comisionados ordenaron entonces que la Sedena elabore una versión pública de la fatiga en la que se omita únicamente el nombre y firma del personal y de quien autorizó la fatiga”.
Pero en lugar de entregar la versión pública, la Sedena respondió el pasado jueves 26 con una andanada contra el IFAI. De inicio, señaló que la resolución “adolece de los requisitos mínimos de constitucionalidad, pues no hay justificación para que en aras de garantizar el derecho a la información se vulneren otros derechos constitucionales de igual rango y supremacía”.
Insistió en que el documento debe mantenerse reservado, “al formar parte de manera inequívoca de un expediente judicial que aún no ha causado estado, la cual contiene información personal y cuyos titulares han expresado su oposición a hacerla pública”, en observancia del debido proceso y del principio de presunción de inocencia.
Volvió a argumentar que decidió clasificarla como confidencial y reservada porque, de darse a conocer, se asociaría al personal que no tuvo relación con los hechos, lo que sería aprovechado por la delincuencia organizada para ponerlo en peligro.
Acusó al IFAI de no haber hecho un verdadero análisis sobre la situación de los militares involucrados, generándoles un daño irreversible al exponerlos como “presuntos culpables” en hechos delictivos “que aún no han sido acreditados y mucho menos se les ha dictado sentencia condenatoria firme y/o definitiva”.
Directa, haciendo a un lado los argumentos del IFAI, la Sedena advirtió que “está imposibilitada legalmente” a proporcionar incluso la versión pública ordenada por los comisionados

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