El GIEI se reposiciona/

Revista Proceso, 2035, 8 de noviembre de 2015.

El GIEI se reposiciona/GLORIA LETICIA DÍAZ

En el arranque de la segunda fase de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sus integrantes advierten sobre la manipulación mediática y el doble discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto.

 A poco más de dos semanas de que el Estado mexicano firmara un acuerdo de 10 puntos para dar seguimiento al caso –que se dio a conocer en Washington en audiencia pública ante el pleno de la CIDH el 20 de octubre–, los expertos independientes Carlos Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox y Alejandro Valencia hablaron de los obstáculos, los pendientes y los cuestionamientos que han recibido.

 Ante los señalamientos reiterados del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, de que no permitirá que su personal sea interrogado por los expertos del GIEI, y del emplazamiento del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que digan dónde están los estudiantes –si es que no fueron eliminados, como dice la procuradora Arely Gómez– Cox declaró:

 “Justamente como lo solicita el secretario Osorio Chong, debemos ver qué ocurrió y cómo ocurrió. No puede ser que exista al interior del Estado (mexicano) una contradicción tan grande, que se nos prive de una fuente de información (la militar) como posible línea a determinar tanto para la búsqueda como para conocer la verdad”.

 Por tanto, agregó, “si es necesario finalmente se nos dará acceso a eso (a las declaraciones de integrantes del 27 Batallón de Infantería), toda vez que, como ha dicho el secretario Osorio Chong, tenemos que determinar qué pasó con los muchachos. Y es una labor tanto de nosotros como expertos, como del Estado mexicano”.

 Los argumentos de Cox

 Prestigiado penalista, socio del despacho Balmaceda, Cox y Piña, posgraduado en las universidades de Columbia y Oxford, Francisco Cox se refirió a las “campañas” contra el GIEI y la CIDH desatadas después de que contrariaron la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam cuando estuvo al frente de la PGR.

“Fuimos invitados por el Estado mexicano, seguimos siendo invitados por el Estado y confiamos en la decisión del Estado; en la medida en que esté invitando y mantenga el apoyo, nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones. Los ataques personales no nos afectan”, comentó Cox.

Y aprovechó el momento para salir al paso de señalamientos de Samuel González Ruiz, mano derecha de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien en septiembre sostuvo ante medios que él recibía “sueldo de los financiadores de las propias organizaciones del señor Emilio Álvarez Icaza (secretario ejecutivo de la CIDH) en el estado de Guerrero; ahí –dijo–, se manifiesta un conflicto de interés”.

Entre las organizaciones supuestamente fundadas por Álvarez Icaza, González mencionó el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) –que no ejerce el litigio internacional ni está relacionado con el caso Ayotzinapa– y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a los padres de los desaparecidos y fue fundado por jesuitas. Ambas organizaciones están en la Ciudad de México.

“Sólo aclarar –expuso Cox–; por ahí se dijo que yo recibía fondos de ONGs y la última vez que yo recibí ese tipo de fondos fue en 2000, de Human Rights Watch, a las organizaciones que (González) mencionó no las conocía.”

En su posicionamiento sobre las características de la segunda etapa de su mandato, los expertos independientes se refirieron al tratamiento mediático que las instituciones mexicanas han dado a algunos aspectos del caso, como la presunta identificación de los restos de un segundo normalista en el basurero de Cocula, Jhosivany de la Cruz, y del estado de salud de uno de los heridos, Aldo Gutiérrez.

Del primer asunto, los integrantes del GIEI se quejaron ante la PGR del “manejo inadecuado” ante los medios, toda vez que “el cotejo de ADN muestra que no se trata de una identificación plena, sino con una probabilidad moderada o baja debido a que se trata de un caso abierto, contrariamente a la información difundida públicamente” a partir de un resto óseo aparecido en el río San Juan y enviado a la Universidad de Innsbruck.

Sobre la situación de Aldo Gutiérrez, reprobaron la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la difusión en boletines de prensa de la visita de neurólogos de Costa Rica y Cuba, propuestos por el GIEI, para analizar la salud del joven en estado de coma.

Lamentaron que “la difusión de los resultados preliminares se hizo sin informar a los familiares, ni al GIEI, de que se iba a realizar un documento escrito que fue repartido a diferentes instancias y se difundió públicamente”.

El martes 3 algunos medios publicaron el dictamen de los médicos Calixto Machado y Mauricio Chinchilla sobre el “extenso daño encefálico” que padece Gutiérrez Solano, provocado por el disparo de arma de fuego en la cabeza la noche del 26 de septiembre de 2014.

Para los integrantes del GIEI, la divulgación del documento “es particularmente delicado en este caso por el incumplimiento de reglas establecidas y el enorme impacto de los hechos”.

Sobre las nuevas reglas de operación del GIEI, lamentaron que los 151 tomos del caso hayan sido trasladados de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos apenas el jueves 5.

Pese al compromiso de crear una unidad de investigación para el caso en el acuerdo firmado en Washington el 19 de octubre, Ángela Buitrago explicó que esta dependencia “va a tener cuatro funcionarios, pero se han proyectado 33”, de ahí que “las gestiones para reiniciar la investigación con el nuevo equipo han tenido un retraso ajeno a la voluntad del GIEI, lo que no ha permitido avanzar con la nueva unidad de trabajo”.

Los obstáculos

Los expertos recordaron que no han sido atendidas todas las solicitudes de información realizadas desde marzo de 2015, y enlistaron algunas “líneas a investigar” en la segunda etapa: pedir asistencia jurídica internacional para investigar el caso del quinto autobús; evaluar los datos de telefonía de los estudiantes y los presuntos implicados, e investigar el control de información del C-4.

Asimismo, piden tomar declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona; integrar los informes de inteligencia existentes; ampliar la investigación financiera de los detenidos; sistematizar las investigaciones sobre otros desaparecidos en la zona para ubicar el modus operandi de los perpetradores; evaluar las denuncias de los detenidos sobre presuntos malos tratos o tortura, de los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene al menos 50 quejas.

Sugieren también completar el mapa de fosas utilizando tecnología adecuada, así como realizar cateos tomando en cuenta “trayectos y lugares a los que pudieron haber sido conducidos los normalistas, más allá de las fosas”, y recopilar información con otras organizaciones de víctimas de la región.

Consideran “clave” recabar información sobre hornos crematorios ante “la presencia de restos humanos quemados y/o cremados en la zona del basurero de Cocula y a las bolsas encontradas en el río San Juan”, ya que hasta ahora al GIEI sólo se le han proporcionado datos de crematorios privados.

Por cierto, el GIEI “no considera necesario hacer un nuevo estudio en el basurero de Cocula”, como lo planteó la PGR, pues el experto José Torero ya demostró la “imposibilidad de dicha acción en tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados”.

De insistir en el peritaje, los miembros del GIEI apuntaron que los expertos seleccionados para realizar el nuevo estudio deben tener “el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto”.

Aun cuando el GIEI proporcionó una lista de nueve científicos que cumplen con esas características, todavía “no se ha hecho el proceso de selección final de los expertos para participar”.

Los expertos independientes también hicieron propuestas a la PGR “sobre los objetivos del peritaje, la documentación previa que debe ser utilizada, los criterios sobre el tiempo, la organización de la visita, el trabajo de campo y la realización de su informe”, y recordaron a la dependencia que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) “está realizando un peritaje sobre si el fuego en el basurero de Cocula, mismo que deberá ser tenido en cuenta como parte de las evidencias científicas”.

Los expertos revelaron que entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre pasados la PGR tomó declaraciones a 11 militares del 27 Batallón sin notificarles de ello con antelación.  l