De fosas y desaparecidos/Francisco Espinosa Maestre, historiador y coordinador del proyecto Todos los nombres y autor del Informe sobre la represión franquista enviado al juez Garzón
Publicado EL PAÍS (www.elpais.com), 10/09/08;
La solicitud de información sobre desaparecidos realizada recientemente por el juez Garzón a diversas instituciones y organismos cierra de alguna forma un largo proceso iniciado hace tres décadas. Se entiende que unos y otros acordaran entonces no reproducir la guerra civil en el período de transición a la democracia, pero no se entiende que al mismo tiempo no decidieran proteger la documentación existente, ponerla en manos de profesionales y abrirla a la investigación y a la consulta en los plazos legales. Especialmente todo lo relativo a la represión del régimen franquista.
Más bien se hizo lo contrario: destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y poner todo tipo de trabas a la investigación. Por defecto, primaba la restricción. Y esto fue así en los ochenta y en los noventa en todo lo relativo a la cuestión clave del pasado de la España actual: la represión franquista. No debía salir a la luz que bajo la “guerra civil fratricida” se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado allí donde triunfó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es decir, en más de medio país. Costó mucho trabajo acceder a las fuentes primarias que nos dieron la primera información sobre las víctimas del fascismo español. Bien sabemos esto los que tuvimos que recorrer decenas de juzgados para sacar los nombres de los que llegaron a ser inscritos en los Libros de Defunciones a lo largo de seis décadas.
Luego vinieron las exploraciones en otros fondos: la Causa General, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, otros archivos militares, los archivos municipales… y, ya a fines de los noventa, los fondos judiciales militares. Todo muy lentamente y no precisamente en las condiciones deseables.
Fruto de este laborioso proceso investigador, realizado en todo momento contra corriente y sin ayuda oficial alguna en la mayoría de los casos, son las numerosas revelaciones que han ido apareciendo desde entonces y que permiten en la actualidad tener una idea aceptable aunque incompleta del proceso represivo. De ahí procede la cifra cercana a las 130.000 personas que refleja el informe, realizado por quien esto escribe, encargado por la dirección jurídica de las diligencias en curso y entregado al juez Garzón.
Sin embargo, la urgencia mediática dificulta los matices y produce simplificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en esas 130.000 víctimas se incluyen tanto los asesinados por los bandos ilegales como por las farsas de los consejos de guerra. Son muchos menos estos últimos pero así quedó rastro de su muerte. Lo cierto es que las dificultades de investigación, la diversidad de fuentes y las limitaciones y problemas han sido tantos que estos listados sólo constituyen una base de partida que debe ser depurada (repeticiones, fechas erróneas, casos dudosos…) y, sobre todo, completada. Es lógico que así sea dada la manera en que ha habido que hacerlo.
El problema es que esas 130.000 personas son sólo lo que hemos podido sacar a la luz en tres décadas. Pero sabemos que las víctimas fueron muchas más. Sin embargo, los métodos de investigación que hemos usado parecen ya agotados. Ahora hace falta pasar a otra fase. En este sentido, la iniciativa del juez Garzón de solicitar información a diversas instancias es muy interesante pero no parece muy aventurado afirmar que de ahí no va a sacar mucho. Hay, sin embargo, otras posibilidades que deben tenerse en cuenta. El rastro de la represión hay que buscarlo en tres direcciones, ninguna de las cuales parece que a estas alturas vaya a poner pega alguna a ofrecer la información que se le solicite:
El Ejército. Los militares golpistas fueron los máximos responsables y organizadores de la represión. La documentación generada por este proceso estuvo primero en los Gobiernos Militares de cada provincia y luego pasó a las Capitanías Generales (también habría que mirar en los llamados Archivos Intermedios). Igualmente habría que tener en cuenta los llamados Archivos de los Tribunales Militares Territoriales (antiguas Auditorías de Guerra), cuya consulta y aprovechamiento, no siempre posible, resulta muy compleja. Se trata de una documentación fundamental, que debería pasar cuanto antes al Archivo de Salamanca (el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica) y puesta de inmediato en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.
La Guardia Civil. Esta institución fue, junto con los militares sublevados y los grupos paramilitares, el brazo ejecutor de la represión en cada localidad a través de las Comandancias Militares locales, en contacto constante con los Gobiernos Militares respectivos. La documentación que pudo generarse quedó tras la guerra en los puestos de la Guardia Civil, de donde más tarde pasó a las Comandancias de Zona. Luego se le pierde el rastro.
La Policía. La represión fue canalizada desde el primer momento a través de las Delegaciones Militares Gubernativas de Orden Público, cuyos archivos pasaron tras la guerra a las Jefaturas Provinciales de Policía, en cuyo poder estuvieron hasta los años ochenta (hasta 1984 en el caso de Sevilla).
Así que no basta con preguntar a Defensa, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Jefatura Nacional de Policía si tienen documentación sobre las víctimas de la represión. Y no basta porque nosotros sabemos que la tuvieron. Así lo demuestran numerosos documentos. Y tal como marcan las leyes, Ejército, Guardia Civil y Policía tienen la obligación de poner a disposición de la sociedad toda la documentación que posean sobre aquellos hechos ocurridos hace siete décadas. No cabe plantear que no la tengan. Su obligación es tenerla e informar detalladamente sobre su contenido, características, vicisitudes y ubicación.
El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines: identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista, facilitar a sus familiares el acceso a la información que exista sobre sus avatares y paradero y permitirles que les den digna sepultura.
Con ello se cerraría de veras un proceso abierto por el golpe militar de julio de 1936 y que aún sigue pendiente por las peculiaridades del proceso de transición, por las políticas de olvido de los años posteriores y por la actitud cerrada de una derecha que, pese a ser democrática, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin los ritos negados y aplazados por el terror.
La Ley de Memoria, sin desarrollar aún, parece ya cosa antigua. De hecho, la iniciativa del juez Garzón la supera notablemente. En este sentido, llama la atención que el Gobierno, tan remiso a afrontar estos problemas, apoye ahora públicamente la providencia de Garzón. Algo no cuadra: no parece muy lógico que quienes han aprobado una Ley de Memoria tan timorata y raquítica ahora estén a favor de la petición de información exhaustiva sobre las víctimas de la represión.
El Gobierno debe asumir de una vez que las fosas y los desaparecidos del franquismo, como en su momento las víctimas del terror en zona republicana, son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares que luchan hace años para que se dé solución a ese escandaloso vacío. Parece que ya es tiempo de que se alcance un acuerdo general para solucionar un problema que dura mucho.
Más bien se hizo lo contrario: destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y poner todo tipo de trabas a la investigación. Por defecto, primaba la restricción. Y esto fue así en los ochenta y en los noventa en todo lo relativo a la cuestión clave del pasado de la España actual: la represión franquista. No debía salir a la luz que bajo la “guerra civil fratricida” se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado allí donde triunfó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es decir, en más de medio país. Costó mucho trabajo acceder a las fuentes primarias que nos dieron la primera información sobre las víctimas del fascismo español. Bien sabemos esto los que tuvimos que recorrer decenas de juzgados para sacar los nombres de los que llegaron a ser inscritos en los Libros de Defunciones a lo largo de seis décadas.
Luego vinieron las exploraciones en otros fondos: la Causa General, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, otros archivos militares, los archivos municipales… y, ya a fines de los noventa, los fondos judiciales militares. Todo muy lentamente y no precisamente en las condiciones deseables.
Fruto de este laborioso proceso investigador, realizado en todo momento contra corriente y sin ayuda oficial alguna en la mayoría de los casos, son las numerosas revelaciones que han ido apareciendo desde entonces y que permiten en la actualidad tener una idea aceptable aunque incompleta del proceso represivo. De ahí procede la cifra cercana a las 130.000 personas que refleja el informe, realizado por quien esto escribe, encargado por la dirección jurídica de las diligencias en curso y entregado al juez Garzón.
Sin embargo, la urgencia mediática dificulta los matices y produce simplificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en esas 130.000 víctimas se incluyen tanto los asesinados por los bandos ilegales como por las farsas de los consejos de guerra. Son muchos menos estos últimos pero así quedó rastro de su muerte. Lo cierto es que las dificultades de investigación, la diversidad de fuentes y las limitaciones y problemas han sido tantos que estos listados sólo constituyen una base de partida que debe ser depurada (repeticiones, fechas erróneas, casos dudosos…) y, sobre todo, completada. Es lógico que así sea dada la manera en que ha habido que hacerlo.
El problema es que esas 130.000 personas son sólo lo que hemos podido sacar a la luz en tres décadas. Pero sabemos que las víctimas fueron muchas más. Sin embargo, los métodos de investigación que hemos usado parecen ya agotados. Ahora hace falta pasar a otra fase. En este sentido, la iniciativa del juez Garzón de solicitar información a diversas instancias es muy interesante pero no parece muy aventurado afirmar que de ahí no va a sacar mucho. Hay, sin embargo, otras posibilidades que deben tenerse en cuenta. El rastro de la represión hay que buscarlo en tres direcciones, ninguna de las cuales parece que a estas alturas vaya a poner pega alguna a ofrecer la información que se le solicite:
El Ejército. Los militares golpistas fueron los máximos responsables y organizadores de la represión. La documentación generada por este proceso estuvo primero en los Gobiernos Militares de cada provincia y luego pasó a las Capitanías Generales (también habría que mirar en los llamados Archivos Intermedios). Igualmente habría que tener en cuenta los llamados Archivos de los Tribunales Militares Territoriales (antiguas Auditorías de Guerra), cuya consulta y aprovechamiento, no siempre posible, resulta muy compleja. Se trata de una documentación fundamental, que debería pasar cuanto antes al Archivo de Salamanca (el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica) y puesta de inmediato en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.
La Guardia Civil. Esta institución fue, junto con los militares sublevados y los grupos paramilitares, el brazo ejecutor de la represión en cada localidad a través de las Comandancias Militares locales, en contacto constante con los Gobiernos Militares respectivos. La documentación que pudo generarse quedó tras la guerra en los puestos de la Guardia Civil, de donde más tarde pasó a las Comandancias de Zona. Luego se le pierde el rastro.
La Policía. La represión fue canalizada desde el primer momento a través de las Delegaciones Militares Gubernativas de Orden Público, cuyos archivos pasaron tras la guerra a las Jefaturas Provinciales de Policía, en cuyo poder estuvieron hasta los años ochenta (hasta 1984 en el caso de Sevilla).
Así que no basta con preguntar a Defensa, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Jefatura Nacional de Policía si tienen documentación sobre las víctimas de la represión. Y no basta porque nosotros sabemos que la tuvieron. Así lo demuestran numerosos documentos. Y tal como marcan las leyes, Ejército, Guardia Civil y Policía tienen la obligación de poner a disposición de la sociedad toda la documentación que posean sobre aquellos hechos ocurridos hace siete décadas. No cabe plantear que no la tengan. Su obligación es tenerla e informar detalladamente sobre su contenido, características, vicisitudes y ubicación.
El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines: identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista, facilitar a sus familiares el acceso a la información que exista sobre sus avatares y paradero y permitirles que les den digna sepultura.
Con ello se cerraría de veras un proceso abierto por el golpe militar de julio de 1936 y que aún sigue pendiente por las peculiaridades del proceso de transición, por las políticas de olvido de los años posteriores y por la actitud cerrada de una derecha que, pese a ser democrática, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin los ritos negados y aplazados por el terror.
La Ley de Memoria, sin desarrollar aún, parece ya cosa antigua. De hecho, la iniciativa del juez Garzón la supera notablemente. En este sentido, llama la atención que el Gobierno, tan remiso a afrontar estos problemas, apoye ahora públicamente la providencia de Garzón. Algo no cuadra: no parece muy lógico que quienes han aprobado una Ley de Memoria tan timorata y raquítica ahora estén a favor de la petición de información exhaustiva sobre las víctimas de la represión.
El Gobierno debe asumir de una vez que las fosas y los desaparecidos del franquismo, como en su momento las víctimas del terror en zona republicana, son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares que luchan hace años para que se dé solución a ese escandaloso vacío. Parece que ya es tiempo de que se alcance un acuerdo general para solucionar un problema que dura mucho.
1 comentario:
Se equivoca Espinosa --¿estarán así más tranquilos aquellos que sienten sus conciencias inquietas por saberse culpables o cómplices?--cuando explica en su artículo "De fosas y desaparecidos" que "el objetivo del movimiento por la memoria no es castigar a los responsables de la represión de la dictadura sino identificar a las víctimas, facilitar la información a sus familiares y permitir su digna sepultura".
No, amigo Francisco, no. Ciertamente, muchos de los familiares de represaliados se acercan efímeramente a las asociaciones y a los investigadores con el exclusivo propósito final de recuperar huesos de fosas innominadas y darles sepultura en dignificados sepulcros. Y no pasan de ahí. Pero la mayor parte de los memorialistas que les dan satisfacción comunicándoles filiaciones y ubicando fosas persiguen otro fines, además de los de identificar víctimas, facilitar información e inhumar con respeto. Si éste fuera su único horizonte, los activistas de la RMH podrían ser tildados por los adversarios de este proceso como de fríos taxónomos, duchos en archivística, expertos en gestión de subvenciones y exhumadores obsesos cercanos a la necrofilia. Pero no es éste el objetivo del movimiento (chirriante la palabreja que elige Espinosa para agrupar a los interesados en la revisión de la represión franquista) por la memoria. No, al menos, del que conozco de cerca.
El interés de los malllamados recuperadores de la memoria histórica por la Historia y por los apasionantes resortes y herramientas tangibles de esta ciencia no guarda relación con el diletantismo de gran parte de nuestra equidistante y no comprometida intelectualidad y clase política patria. Se centra más en sus frutos y pretende análizar consecuencias y extraer conclusiones que sirvan, funcional e intrumentalmente, para elaborar útiles y prácticas pautas con las que encarar individual, colectiva y cotidianamente la relación con la sociedad que desean cambiar. Por ello, los recuperadores de la MH pretenden, fundamental y casi exclusivamente, hacer extensiva su actividad de estudio y denuncia a toda la era franquista (1936-1977), sin olvidar por ello la descripción previa de las características sociales y jurídicas del mundo republicano anterior al 18 de julio de 1936; establecer legislativamente la ilegalidad de todos los actos administrativos, jurídicos y ejecutivos de los sublevados; generar modificaciones en el edificio legislativo español que hagan recoger en leyes de desarrollo y códigos penales a) la ilegalidad de la Amnistía de 1977 como vergonzante Ley preconstitucional de Punto Final, b) la retroactividad histórica en la persecución de los delitos de lesa humanidad, y c) la imprescritibilidad de estos delitos; caracterizar la adscripción ideológica --progresista, colectivista y solidaria-- de los represaliados por el fascismo y el franquismo y elaborar sus perfiles biográficos, que no hagiográficos, para explicar su encaje e influencia con el entorno social coetáneo que les rodeó; definir el ideario, el peso específico político económico real y las actuaciones concretas de sus letales antagonistas, determinando la filiación de los verdugos y sus cómplices, describiendo con detalle sus ilegales actos e identificando su ubicación actual --si es que aún sobreviven--, haciendo especial hincapié en el estudio del origen de sus haciendas y privilegios actuales, suyos o de sus herederos, intentando determinar si proceden, en todo o en parte, de un enriquecimiento ilícito vinculado a su apoyo a los golpistas, y, en suma y como bien dice José Marí Pedreño en http://www.avilared.com/modules.php?name=News&file=print&sid=8557 "poner en evidencia la impunidad del franquismo, que no es otra cosa que poner de relieve como la represión y el asesinato de miles de militantes sociales, sindicales y políticos ha servido de base para mantener unos privilegios de clase, tanto durante el franquismo como después de la muerte del dictador. Pero, también, situando los hechos en el contexto histórico actual, en un mundo globalizado, explicar que lo ocurrido en España sirvió de modelo para derrotar las causas populares por conseguir mejores condiciones de vida, en muchas partes del mundo.".
Es pues evidente que, a diferencia de lo expresado por Espinosa, para muchos activistas (¿cuántos?, ¿bastantes?, ¿algunos?), la RMH no consiste sólo en "identificar a las víctimas, facilitar la información a sus familiares y permitir su digna sepultura". Y otros muchos (¿los mismos?) no renuncian, al contrario de lo que asegura Espinosa, a "castigar a los responsables de la represión de la dictadura". ¿O cómo se comprendería si no, que reclamáramos que cayera todo el peso de la Justicia Internacional sobre Aribert Heim (médico de Mauthausen), sobre el doctor Mengele, sobre Videla, Pinochet, Milosevic, Karadzic y tantos otros, y no lo hicieramos igualmente de manera postuma o en vida sobre el criminal Franco, sus generales y sus ministros?
paco_de_jerez@yahoo.es
http://todoslosrostros.blogspot.com
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