Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Los costos económicos de la inseguridad
Publicado en Excelsior (www.exonline.com.mx), 10 de septiembre de 2008;
Los costos económicos de la inseguridad
Publicado en Excelsior (www.exonline.com.mx), 10 de septiembre de 2008;
No existe un cálculo real de la dimensión, del daño, que genera la inseguridad en la vida cotidiana de todos nosotros. Lo podemos medir con los gastos que ocasiona en las empresas y que termina cargándose a los consumidores; lo podemos observar en nuestra economía cotidiana, cuando la seguridad, la mínima, la más elemental, se debe cargar a nuestros presupuestos o cuando, un simple robo, un asalto callejero, puede despojar a muchos trabajadores de una quincena que de todas formas no llega a cubrir el gasto.
Pero se puede medir, también, desde otra dimensión: desde la macroeconomía. En días pasados se dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor y resultó el más bajo desde que se comenzó a medir el mismo en enero de 2003: si en ese mes era de 100 (midiendo diversas variables, muchas de ellas subjetivas, como la percepción de los consumidores sobre si deben comprar o no bienes de consumo duraderos), en agosto pasado el Índice de Confianza del Consumidor fue de 89.6, lo cual implicó una caída de 17 puntos, con respecto al mismo mes del año pasado. En julio, el mismo índice cayó, prácticamente un punto. La inseguridad no está medida en este Índice pero me pregunto si alguien podría percibir mejor la situación presente y futura de la economía del país, en un contexto crítico para la seguridad pública cuando la percepción ciudadana sobre la misma es la más endeble que se ha tenido en años. Y si la percepción sobre la seguridad personal es baja, lo será la percepción de los consumidores, con todo lo que ello implica a la hora de decidir comprar o no un producto.
La inflación alcanzó 5.57% en agosto y la mezcla mexicana del petróleo de exportación, que estuvo arriba de los 130 dólares por barril en julio, ha caído, siendo todavía un precio muy alto, por debajo de los 100 dólares. La posibilidad de que se estabilice en unos 80 dólares es la estimación más creíble para el futuro inmediato, pero con la volatilidad internacional nadie puede predecir nada con mucha exactitud. Sin una reforma energética profunda será difícil avanzar en el sector económico más promisorio para el país, y paradójicamente pagamos un precio cada día más alto por los rezagos existentes. Un importante miembro del gabinete presidencial decía días atrás que no se habían detectado inversiones que se hubieran suspendido o cancelado por la inseguridad, pero la verdad es que nadie sabe cuántas inversiones no se contemplaron al evaluar los costos que la inseguridad puede generar a un inversionista, nacional o extranjero. Consideremos, solamente, cuántos empresarios o personas con un cierto nivel económico han decidido dejar el país o sacar del país a sus familias, ¿alguien puede creer que si ellos han decidido dejar el país, aunque sea temporalmente, continuarán con el mismo ritmo de inversiones en México?
Todo eso, en última instancia, se refleja en el Presupuesto que acaba de entregarse al Congreso, que contempla un aumento de 54 mil millones de pesos para las áreas de seguridad y justicia. En total serán cerca de 102 mil millones de pesos los asignados al sector en su conjunto. La magnitud del esfuerzo que se debe realizar la podemos medir con los recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social, que es de 66 mil millones; a Salud que es de 76 mil millones o Educación Pública, que es de 185 mil millones. En otras palabras, el año próximo el aumento presupuestal más significativo no sólo será en seguridad pública sino que en ella deberemos invertir un porcentaje muy alto de los recursos públicos.
Difícilmente alguien podría estar en desacuerdo con ello, dada la crisis que afronta el sistema de seguridad pública en el país y el objetivo de contar con una policía depurada y eficiente, que obliga a invertir en tecnología pero también en recursos humanos (no sólo en el ámbito federal sino también en los estados y municipios, donde hay unos veinte elementos policiales por cada federal) y hacerlo en un plazo corto. Pero ello implica también que la inseguridad, la delincuencia, también nos está robando desde ese ámbito: tendremos que invertir más en ella que en salud o políticas sociales.
El resultado de todos esos costos, desde los individuales o familiares, pasando por los empresariales y llegando a los públicos es altísimo. Y constituye una razón más por la cual se debe romper con la cadena de impunidad que es el eslabón clave de la proliferación de la delincuencia.
Pero se puede medir, también, desde otra dimensión: desde la macroeconomía. En días pasados se dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor y resultó el más bajo desde que se comenzó a medir el mismo en enero de 2003: si en ese mes era de 100 (midiendo diversas variables, muchas de ellas subjetivas, como la percepción de los consumidores sobre si deben comprar o no bienes de consumo duraderos), en agosto pasado el Índice de Confianza del Consumidor fue de 89.6, lo cual implicó una caída de 17 puntos, con respecto al mismo mes del año pasado. En julio, el mismo índice cayó, prácticamente un punto. La inseguridad no está medida en este Índice pero me pregunto si alguien podría percibir mejor la situación presente y futura de la economía del país, en un contexto crítico para la seguridad pública cuando la percepción ciudadana sobre la misma es la más endeble que se ha tenido en años. Y si la percepción sobre la seguridad personal es baja, lo será la percepción de los consumidores, con todo lo que ello implica a la hora de decidir comprar o no un producto.
La inflación alcanzó 5.57% en agosto y la mezcla mexicana del petróleo de exportación, que estuvo arriba de los 130 dólares por barril en julio, ha caído, siendo todavía un precio muy alto, por debajo de los 100 dólares. La posibilidad de que se estabilice en unos 80 dólares es la estimación más creíble para el futuro inmediato, pero con la volatilidad internacional nadie puede predecir nada con mucha exactitud. Sin una reforma energética profunda será difícil avanzar en el sector económico más promisorio para el país, y paradójicamente pagamos un precio cada día más alto por los rezagos existentes. Un importante miembro del gabinete presidencial decía días atrás que no se habían detectado inversiones que se hubieran suspendido o cancelado por la inseguridad, pero la verdad es que nadie sabe cuántas inversiones no se contemplaron al evaluar los costos que la inseguridad puede generar a un inversionista, nacional o extranjero. Consideremos, solamente, cuántos empresarios o personas con un cierto nivel económico han decidido dejar el país o sacar del país a sus familias, ¿alguien puede creer que si ellos han decidido dejar el país, aunque sea temporalmente, continuarán con el mismo ritmo de inversiones en México?
Todo eso, en última instancia, se refleja en el Presupuesto que acaba de entregarse al Congreso, que contempla un aumento de 54 mil millones de pesos para las áreas de seguridad y justicia. En total serán cerca de 102 mil millones de pesos los asignados al sector en su conjunto. La magnitud del esfuerzo que se debe realizar la podemos medir con los recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social, que es de 66 mil millones; a Salud que es de 76 mil millones o Educación Pública, que es de 185 mil millones. En otras palabras, el año próximo el aumento presupuestal más significativo no sólo será en seguridad pública sino que en ella deberemos invertir un porcentaje muy alto de los recursos públicos.
Difícilmente alguien podría estar en desacuerdo con ello, dada la crisis que afronta el sistema de seguridad pública en el país y el objetivo de contar con una policía depurada y eficiente, que obliga a invertir en tecnología pero también en recursos humanos (no sólo en el ámbito federal sino también en los estados y municipios, donde hay unos veinte elementos policiales por cada federal) y hacerlo en un plazo corto. Pero ello implica también que la inseguridad, la delincuencia, también nos está robando desde ese ámbito: tendremos que invertir más en ella que en salud o políticas sociales.
El resultado de todos esos costos, desde los individuales o familiares, pasando por los empresariales y llegando a los públicos es altísimo. Y constituye una razón más por la cual se debe romper con la cadena de impunidad que es el eslabón clave de la proliferación de la delincuencia.
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