El reportaje de Turati, Ciudad Juárez, de nuevo

El  plan, un regalo para los empresarios Marcela Turati, reportera 
Revista Proceso # 1786, 23 de enero de 2011

El gobierno federal convirtió a Ciudad Juárez en laboratorio social, pero el experimento le estalló en las manos. Integrantes de la Mesa Social durante los diálogos del año pasado, donde se definieron las responsabilidades de cada dependencia federal, señalan que, por enredos políticos y desconocimiento de la problemática local, cuantiosos recursos federales fueron a parar a manos de empresarios sin cumplir sus objetivos sociales.

El comportamiento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el programa Todos Somos Juárez, creado hace un año por el Poder Ejecutivo como estrategia de intervención de emergencia en Ciudad Juárez para paliar los daños provocados por la violencia, decepcionó a las organizaciones de la sociedad civil pero satisfizo los intereses de los empresarios. 

A decir de los representantes de las mencionadas organizaciones, más que una secretaría con fines sociales la dependencia actuó como una adjudicadora de obras de pavimentación, remodelación de casas y de centros comunitarios, así como de construcción de parques, drenaje y alcantarillado.

“En Juárez urgen medidas de atención y mitigación a las familias que se quedaron sin el familiar que era el sostén, el que ganaba para todos la comida, para las viudas, los huérfanos, los discapacitados por heridas de bala. ¿Por qué, si Sedesol trae el programa Oportunidades, no los hace beneficiarios? ¿Por qué, si hay hambre, no traen comedores populares? ¿Por qué mejoran parques en una ciudad que parece que se va a quedar sin gente? Trajeron los programas de siempre. Si tenemos programas para atender catástrofes naturales ¿por qué no elaboran uno para las víctimas de las catástrofes humanas?”, señaló la economista experta en políticas sociales Clara Jusidman.

“Hubo demasiado cemento, poco contenido social”, definió Laurencio Barraza, de la Organización Popular Independiente (OPI), con décadas de trabajo de base en las zonas de grandes carencias.

Sedesol manejó 700 millones de pesos para el plan. Los contratos de las obras asignadas por la dependencia son secretos y están clasificados como “asuntos de seguridad nacional”. 

A varias solicitudes de información realizadas por medio de la ley federal de transparencia, la secretaría respondió: “Las contrataciones que hoy nos ocupan, se trata de adjudicaciones realizadas al amparo de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión del Consejo de Seguridad Nacional 2010, acuerdos dentro de los que se establece que existen causas de Seguridad Nacional para la atención de la problemática en Juárez”.

La delegación de la dependencia en Chihuahua también se negó a entregar físicamente los documentos a esta reportera, argumentando que estaba en riesgo la seguridad de los empresarios. El Comité de Información de la Sedesol dice: 

“Se hace del conocimiento de este H. Comité que algunos de los contratistas con los que se está trabajando han sido víctimas de amenazas, extorsiones, poniendo en riesgo la integridad de ellos, sus trabajadores y su propia familia (…) Existen antecedentes en la Delegación Federal de la Sedesol en el estado de Chihuahua, de amenazas de personas con armas de alto calibre solicitando información respecto a los encargados o dueños de las constructoras que realizan trabajos con recursos de los programas sociales como Hábitat y Rescate de Espacios Públicos.” 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en dicha ciudad, Víctor Manuel Ortega Fernández, dice en entrevista telefónica que el sector está agradecido con la dependencia:

“La secretaría que más ayudó en cuestiones de construcción fue la Sedesol, por instrucciones del secretario. Se han hecho bastantes ampliaciones en la vivienda, algunos parques y se mejoraron o ampliaron centros comunitarios en áreas de mayores necesidades. He visto un apoyo muy importante por parte del gobierno federal, básicamente a través de la Sedesol.”

Dos casos fueron problemáticos: el primero, la adjudicación que hizo Sedesol de la remodelación y pavimentación de la colonia Felipe Ángeles a VQ Constructores y Mantenimiento, una empresa de la ciudad de Chihuahua, y no de Juárez, aunque la promesa presidencial era para reactivar la economía de los juarenses. El segundo caso fue la adjudicación que hizo la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade) a la paraestatal Constructora Fonatur, de la remodelación del gimnasio municipal Josué Neri Santos, que al ser descubierta fue obligada a subcontratar a empresas locales. 

Consultados al respecto, funcionarios del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) señalaron que los concursos por obras fueron equitativos e incluyentes. Sin embargo, a decir de Sergio Meza, coordinador de la asociación Plan Estratégico de Juárez, siempre pendiente de monitorear la actuación de los políticos locales, al proceso le faltó transparencia y se establecieron mal las prioridades.

“El punto triste del programa es que, ante una problemática tan compleja –explica–, el enfoque fue hacia obra pública en vez de una intervención más articulada. Las obras son importantes, pero revisándolas vemos que hay otras necesidades primero, como que la gente está pasando hambre y no encuentra empleo; eso no se resuelve poniendo parques o ampliando hospitales.

“Con esa inyección de dinero en obra pública y con la que continuará llegando hay muchos intereses metidos. Una de las grandes dificultades es cómo hacer más transparentes estos procesos, para que todo mundo pueda entrar y todos podamos enterarnos de cómo son asignados (los contratos). Algunos fueron asignados directamente a constructoras que no son de aquí o a las constructoras que tradicionalmente se llevan todas las obras, vinculadas al gobierno priista.”

La intervención de la Sedesol tampoco dejó conformes a integrantes de la Mesa de Infancia y del Programa Infancia en Movimiento. La socióloga Lourdes Almada considera que, si bien se planteó la construcción de parques, no se hizo el trabajo de reactivar la convivencia entre vecinos. “Hay parques recién inaugurados donde ya han habido muertos porque no consideraron el tema de la recomposición del tejido social ni el desarrollo comunitario. Como si por el hecho de llegar y construir un parque eso generara la convivencia y la paz”, ejemplifica.

Al respecto, el presidente local de la CMIC defiende a la dependencia: “La Sedesol ha hecho algo que nunca se había hecho, e invertido en ese tipo de programas, algo que nunca se había dado. Se anunció primero que había recursos importantes, pero después se empezaron a presentar en otros puntos del país, como Monterrey, los mismos problemas, y el dinero se tuvo que repartir”.

Proceso tiene conocimiento de al menos tres estudios profesionales para Todos Somos Juárez que la Sedesol contrató con distintas empresas. Uno fue con Arquitectura 911, representada por José Castillo Olea, para realizar el “Plan maestro integral para la intervención piloto en el nor-poniente de Ciudad Juárez”. A la empresa Tallertoa, representada por Lara Becerra Romo, se le encargaron los “Criterios urbanos para la reutilización del exhipódromo de Ciudad Juárez”. Y al Grupo Salazar Snack, S.C., representado por la exsubsecretaria adjunta para apoyo antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos y analista Ana María Salazar Snack, para la elaboración del estudio Protocolos de seguridad en la implementación de proyectos sociales. 

Patadas bajo la mesa

Desde que el enojo popular se desató por la matanza del 30 de enero de 2010 en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, donde murieron 15 estudiantes, desde la Presidencia de la República se diseñó una estrategia de 160 acciones de distintas secretarías, en la que se mezclan programas ya existentes. En el caso de la Sedesol, afilió a más gente a Oportunidades y abrió más estancias infantiles, además de realizar obras de infraestructura y rescatar espacios públicos. 

Originalmente, la apuesta era más ambiciosa. En noviembre de 2009, el entonces presidente municipal José Reyes Ferriz compartió con esta reportera el documento Proyecto de intervención Juárez, que llevaba el logotipo de la Secretaría de Gobernación y la rúbrica de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). 

Según las copias que tiene Proceso, el objetivo de ese proyecto es “disminuir las dinámicas sociales que generan contextos de violencia y aminorar el nivel de riesgo de que ocurran, a través de intervenciones integrales y coordinadas de carácter preventivo, que permitan mejorar el bienestar, promover una cultura de paz y fortalecer la cohesión social”. 

El alcalde comentó, orgulloso, que Juárez seguiría la estrategia de Medellín, ciudad colombiana que él había visitado recientemente y que así redujo la violencia. El estudio, elaborado por los técnicos de la Conavim y del IMIP, contenía vertientes educativas, de empleo, niveles de bienestar, y cruzaba variables, como las colonias donde ocurrían los feminicidios con las que padecían déficit de infraestructura o de preparatorias, o las colonias de peor desempeño escolar o delincuencia juvenil y con carencias de infraestructura educativa, junto a un proyecto de intervención comunitaria.

El proyecto contenía esbozos de obras ambiciosas, como una red de bibliotecas con una central, estancias y guarderías infantiles con desayunos calientes, redes de unidades deportivas, parques y preparatorias, mejoramiento de 13 barrios, conjuntos culturales, deportivos y educativos, la recuperación del centro de la ciudad, mejoramiento de transporte, construcción de faros del saber y casas de justicia comunitaria. 

En esa ocasión Reyes Ferriz presumió la fórmula: era “infraestructura con sentido social”. Su aliada en el gabinete de Calderón era Laura Carrera, titular de la Conavim, de la Secretaría de Gobernación.

Este enfoque se aplicaría especialmente en la zona norponiente, donde se concentra una cuarta parte de la población, con las consecuencias de pobreza y rezago de infraestructura básica y equipamiento urbano, además de los feminicidios, el pandillerismo, la violencia. 

Sin embargo, la matanza de Salvárcar, la furia ciudadana y las pugnas en el gabinete modificaron el esquema. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llegó a Juárez la primera semana de febrero a apagar el fuego y tuvo que escuchar durante 10 horas el duro reclamo de los juarenses; principalmente de los defensores de derechos humanos. 

Su siguiente visita fue organizada desde la Presidencia y, presuntamente por órdenes de Luis Felipe Bravo Mena, entonces secretario particular de Calderón, los integrantes de la mesa de derechos humanos fueron excluidos de los diálogos. Con esa acción, la Secretaría de Gobernación y sus interlocutores quedaron desactivados. Esto coincidió con el debilitamiento del secretario Gómez Mont por su oposición a las alianzas electorales del PAN con el PRD.

La exclusión de los defensores de los derechos humanos, que cuestionaban la presencia del Ejército y exigían que el gobierno frenara la violencia, provocó que muchas organizaciones le retiraran su confianza a la iniciativa y dejaran de participar en ella.

Cuando la Presidencia tomó la batuta, el plan preexistente fue desechado y cada secretaría de Estado armó su propio esquema o tomó sólo pedazos del proyecto integral. Sedesol delegó la responsabilidad de darle sentido social a la intervención; en unos casos a los colonos, en otras al municipio y a la universidad. Sólo contrató obras y afilió nuevos beneficiarios en sus programas.

En los hechos quedó relegado el planteamiento original: que las obras de infraestructura deben servir para llevar a cabo “procesos de cohesión comunitaria, inclusión social y consolidación socio-cultural” a fin de modificar comportamientos violentos e ilegales, fortalecer el sentido de pertenencia e identidad comunitaria, identificar y fortalecer liderazgos sociales, e impulsar procesos de organización y participación social. La Sedesol se dedicó a armar las licitaciones de las obras que se distribuirían entre la lista de constructores que le entregó la CMIC. 

Durante el torneo de preinauguración de un parque en la colonia Plutarco Elías Calles, asolada por cinco pandillas, un joven fue asesinado después de un partido de futbol. Los problemas entre bandas no habían sido limados. Faltó el trabajo de cohesión social. “La mirada y la intervención comunitaria no se dio. Sedesol no rescató finalmente los espacios públicos”, insistió Laurencio Barraza, de la OPI.

Algunos integrantes de la Mesa Social tampoco estuvieron de acuerdo con las asignaciones de programas. Lourdes Almada señala que las estancias infantiles se construyeron en zonas que no eran prioritarias. Llamó la atención de otros integrantes de la mesa –quienes pidieron el anonimato– que las primeras colonias elegidas para su rehabilitación no siempre fueron las más pobres ni las más violentas. 

Es el caso del parque de la colonia Oasis-Revolución, incluida gracias al impulso del sacerdote Mario Manrique, simpatizante del actual alcalde, Ernesto Teto Murguía, y conocido por su propuesta de implantar toques de queda, que no figuraba entre las prioridades. La colonia Luis Olague, seleccionada para la intervención, no era de las más problemáticas. 

Integrantes de la Mesa Social señalaron que las obras no fueron bien seleccionadas por Eduardo Ortiz, el primer enviado del secretario de Desarrollo Social y a quien calificaron como desconocedor de la situación, que abandonó el plan a medias para irse de candidato a su natal Sinaloa, donde perdió la elección. Sin embargo, Ortiz tuvo tiempo de adjudicar obras a constructoras poderosas, cuya lista es un misterio. 

“Ortiz, siempre que venía, se iba a cenar con los empresarios, con ellos pasaba mucho tiempo; también el secretario”, confió una activista que pasó por la Mesa Social, donde se definieron las obras de cada secretaría. 

Los ganones de la intervención federal, además de los constructores, fueron los empresarios del ramo hotelero. El Diario de Juárez obtuvo información de que las tres primeras visitas de Calderón a la ciudad –donde estuvo “sólo algunas horas”– costaron al erario federal 2.3 millones de pesos tan sólo en viáticos y traslados del mandatario, así como de su equipo de seguridad y funcionarios de Los Pinos. La cifra no incluye los gastos de los empleados de secretarías que viajaron a la ciudad a supervisar las acciones semanal y mensualmente.

Sin embargo, activistas y empresarios por igual afirman que todo el dinero que se destine a Juárez no compensa la crisis económica y social desatada por la violencia