El Pleno del máximo tribunal continuará mañana con la discusión sobre limitaciones al fuero de guerra.
Nota de Víctor Fuentes
Reforma on line, 13 agosto 2012.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la posibilidad de restringir aún más los alcances del fuero de guerra, para sacar de los tribunales castrenses incluso procesos por delitos que no involucren a víctimas civiles.
El Pleno de la Corte inició hoy el debate de un conflicto competencial para aclarar quién debe juzgar a tres militares acusados de falsedad en declaraciones y fabricación de pruebas, que en marzo de 2011 afirmaron haber detenido a un civil con un vehículo en el que se ubicó un costal con tres kilos de mariguana.
La investigación de la PGR reveló que el vehículo pertenecía a otra persona, e incluso se exhibieron videos que mostraban que la droga fue sembrada por el teniente de Infantería Clemente Hernández Jiménez, el sargento segundo Antonio Martínez Morales y el cabo Aníbal González Rangel.
La Procuraduría de Justicia Militar solicitó a un juez castrense orden de aprehensión contra los tres soldados, pero en febrero de 2012 el juez rechazó el caso, alegando que las personas a las que se pretendió inculpar eran víctimas civiles.
Dos meses después, un juez federal de Morelia también rechazó el expediente, con el argumento de que en los delitos de falsedad no hay víctimas identificables, sino que la afectación es contra el Estado y la administración de justicia.
La Ministra Olga Sánchez Cordero presentó hoy un proyecto de sentencia que envía el caso a la justicia ordinaria, pero no porque hubieran existido víctimas civiles, sino porque los bienes jurídicamente tutelados afectados por estos delitos, procuración y administración de Justicia, no son propios de la disciplina militar.
"El proyecto nunca dice que la incompetencia del juez militar obedezca a que están en juego los derechos de civiles", explicó la Ministra Margarita Luna.
"Lo que dice es hay violación al principio de administración de justicia y alteración de la verdad, y que no se atenta contras bienes jurídicos propios del orden militar".
El punto es crucial porque, de prosperar este criterio, los tribunales militares quedarían reducidos a juzgar delitos como la insubordinación o la violencia entre soldados, y estarían fuera de su competencia casos sin víctimas civiles identificables como el narcotráfico o la delincuencia organizada.
De hecho, la Corte tiene que revisar seis amparos promovidos por soldados acusados de trasladar droga del Distrito Federal a Tijuana, caso que está en manos de la justicia militar y en el que no hay víctimas civiles.
El Ministro Jorge Pardo cuestionó si el criterio dictado por la Corte en julio de 2011 en el caso Rosendo Radilla para restringir el fuero militar, confirmado la semana pasada por amplia mayoría, puede extenderse a asuntos donde no exista violación de derechos humanos por parte de los militares acusados.
"Señalo esto", dijo Pardo, "porque las interpretaciones que parten de la base de nueva redacción del artículo Primero Constitucional y el caso Radilla, se está vinculando con afectación a derechos humanos de individuos identificados perfectamente como víctimas".
Los Ministros tuvieron distintas posturas. Sergio Valls apoyó el proyecto de Sánchez, Luis María Aguilar consideró que sí se puede considerar que en este caso hay víctimas, y Guillermo Ortiz explicó que no aplica el fuero de guerra porque los delitos que se imputan no están previstos en el Código de Justicia Militar, sino en el Código Penal Federal.
Luna Ramos y Salvador Aguirre, únicos que están en contra de restringir el fuero de guerra, enfatizaron que en un delito de falsedad de este tipo no hay víctima civil, y recordaron que la denuncia de los militares no resultó en acciones de la PGR contra los civiles Jesús Piedra Villalobos, supuesto dueño del vehículo, y Antonia Reyes, la auténtica propietaria.
"¿Cuál es la naturaleza del delito?", cuestionó Aguirre. "Es contra la administración de justicia, donde el pasivo resulta ser la sociedad, y no individuo particular alguno".
La discusión continuará mañana martes 14 de agosto:
Versión taquigráfica:
60/2012
CONFLICTO COMPETENCIAL suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, y el Juzgado Militar, adscrito a la Quinta Región Militar.
BAJO LA PONENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO)
Conforme a los puntos resolutivos que proponen:
PRIMERO. SÍ EXISTE CONFLICTO COMPETENCIAL A QUE EL TOCA 38/2012, SE REFIERE.
SEGUNDO. ES LEGALMENTE COMPETENTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA CONOCER DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE DELICTIVOS, QUE SE DERIVAN DE LA CAUSA PENAL 59/2012, INSTRUIDA A DIVERSOS SUJETOS, COMO PROBABLES RESPONSABLES DE LOS DELITOS DE FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD EN SU MODALIDAD DE SIMULACIÓN DE PRUEBAS.
NOTIFÍQUESE; “…”
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Señora Ministra ponente Olga Sánchez.
SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Gracias señor Ministro Presidente, para hacer la presentación de este Conflicto Competencial 60/2012…..
http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/13082012POsn.pdf
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