Se retoma el debate sobre fuero a militares

Hoy sesiona el Pleno de la SCJN: se retoma debate del fuero militar; pendientes 27 casos En la agenda el caso de Otilio Cantú, joven asesinado en 2011 por soldados adscritos a la Secretaría de Seguridad de NL,  en abril de 2011.
Respecto a posibles violaciones a los derechos humanos, se prevé el estudio del caso del indígena guerrerense Bonfilio Rubio Villegas, quien murió en un retén de el 20 de junio de 2009. El juez sexto de distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, ordenó en diciembre de 2011a un juez militar declararse incompetente en el proceso que se sigue contra el soldado que mató al indígena. Lo anterior derivó de un amparo que promovió la familia de la víctima, en el que pidió que el caso de Bonfilio solo fuera conocido por las autoridades civiles.
Otros casos que analizará la Corte tienen ver con militares que alteraron escenas del crimen, transportaban droga o están relacionados con robos y homicidios, por lo que deberá hacer una interpretación de estos temas.
En la lista de asuntos sobresalen cinco juicios de garantías que promovieron igual número de militares que trabajaron bajo las órdenes del general Manuel Moreno Aviña, y a quienes se les acusó de incurrir en violaciones graves a los derechos humanos en Chihuahua, en 2008 y 2009.
La semana pasada la SCJN dio el primer paso para limitar el fuero castrense, pues determinó que los soldados que cometan delitos contra civiles en el ejercicio de sus funciones tendrán que ser procesados por jueces ordinarios: solo le hacen falta cuatro casos similares más para que sus fallos sientan jurisprudencia.
En julio de 2011 la Corte emitió un fallo histórico, pues determinó que los militares que cometan delitos que violen los derechos humanos de civiles no podrán ser juzgados en tribunales castrenses, sino en el fuero común y federal.
Entonces, por unanimidad, el pleno restringió el fuero militar, en cumplimiento a una parte de la sentencia dictada por la CIDH, la cual condenó al Estado mexicano por la presunta desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco, en 1974.
Sin embargo, quedó pendiente definir los alcances del fuero castrense, motivo por el cual la Corte aguardó a que los asuntos llegaran para su estudio.
Con información de Rubén Mosso de Milenio Diario.