Jorge Carrasco Araizaga
Revista Proceso # 1879, 4 de noviembre de 2012
Seis meses tardaron las autoridades de Veracruz para salir con lo mismo que dijeron desde el principio: que el crimen de la corresponsal de Proceso en esa entidad, Regina Martínez Pérez, fue por robo y tuvo tintes pasionales. El pasado 30 de octubre, justo cuando circulaba la edición 1878 de este semanario en el que se incluía un reportaje sobre la periodista, la procuraduría estatal presentó a uno de los presuntos autores del asesinato: Jorge Antonio Hernández Silva, un seropositivo analfabeto de 34 años, y se apresuró a dictarle auto de formal prisión en un intento de dar por concluido el caso, aun cuando el detenido asegura que él nunca ha matado a nadie.
XALAPA, VER.- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa no convenció a nadie. Su versión sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en esta entidad, está lejos del esclarecimiento y empezó a caerse desde el momento en que dejó el expediente en manos de la justicia.
El “asesino confeso” presentado por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) el 30 de octubre se desistió al día siguiente ante la juez penal que lleva el caso. Dijo que lo habían torturado y obligado a contar la relatoría de hechos difundida por el gobierno veracruzano. Sin embargo la noche del viernes 2 le fue decretado el auto de formal prisión.
Presionado por la falta de resultados desde que se cometió el crimen hace medio año, el gobierno de Duarte terminó por ratificar su versión inicial sobre un “crimen por robo” con tintes pasionales, como en varias ocasiones filtró a la prensa local.
La procuraduría estatal no se complicó. Abrevió las investigaciones. Sólo siguió la línea del robo y se lo atribuyó a dos “malvivientes”: Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, y José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho.
El Silva, un seropositivo analfabeto de 34 años para quien la dependencia busca prisión vitalicia, fue presentado como confeso del robo y el homicidio. Al Jarocho, a quien se identifica como supuesto novio de la periodista y principal autor material del asesinato, simplemente no lo encuentra.
En marzo último la PGJ lo detuvo por robo a transeúnte, pero salió bajo fianza, según reveló el jueves el diario Notiver, del puerto de Veracruz.
Según Duarte, hasta la Policía Internacional (Interpol) lo busca. No es así. De acuerdo con la propia procuraduría estatal, el gobierno de Veracruz sólo pidió el apoyo de sus pares en el país, incluida la PGR.
En la investigación de la PGJ, de dos tomos con más de mil 500 páginas, no hay un dictamen ni un análisis sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez, mismo que realizaba en un ambiente adverso desde el gobierno de Fidel Herrera y que le costó incluso el despido del periódico local Política, donde la reportera trabajó durante años.
La procuraduría tampoco investigó nada sobre posibles amenazas ni el robo que sufrió la periodista en su domicilio en diciembre pasado, como se lo hizo saber Proceso en declaración ministerial. Mucho menos sobre la eventual participación de la delincuencia organizada, a la que se le atribuye la muerte de varios periodistas en el estado.
A pesar de que en conversación con este semanario la propia directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, identificó al Jarocho como halcón, como se define a quienes hacen trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada, en el expediente no hay ni la menor pesquisa de la eventual presencia de esos grupos delictivos.
El 9 de mayo pasado, 11 días después del asesinato de la reportera, la Marina detuvo al operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en sus declaraciones ministeriales dijo saber que en el asesinato de Regina Martínez estaban involucrados narcomenudistas.
Conjeturas
Sobre el desempeño periodístico de la corresponsal de Proceso, la PGJ sólo citó a declarar a varios periodistas, tomó sus huellas dactilares y de algunos hasta las impresiones de su arcada dental. La procuraduría interrogó a los periodistas sobre su relación y las costumbres de Regina Martínez, pero como ninguno mencionó alguna amenaza específica contra su colega, la dependencia desestimó esa línea de investigación.
Desde un inicio la procuraduría estatal perfiló la explicación del robo como causa del crimen. El 7 de mayo, una semana después del asesinato, policías judiciales interrogaron a una persona que aseguró haber visto a tres sujetos cerca de la casa de Regina la noche del crimen, entre las 22 y las 23 horas.
Según los policías, el declarante –un consumidor habitual de alcohol en las periqueras de esa zona–, identificó al Silva, al Jarocho y a un tercero que refirió como el Paleta Payaso. Además dijo que una vecina le comentó a su suegra –también residente de esa calle– que la periodista salió a comprar cervezas la noche del viernes alrededor de las 10 de la noche.
Abundante en su información, según la procuraduría, el testigo dijo que una persona con la que acostumbraba tomar, conocido como Pablito Ruiz decía ser novio de una periodista en esa calle, privada de Juan Rodríguez Clara, en el barrio conocido como El Dique, en el centro sur de esta capital.
Según la PGJ el testigo ratificó su versión ese mismo día ante el Ministerio Público encargado del asesinato de la reportera, pero ya sólo hizo referencia al Silva y al Jarocho, a quien describió como un drogadicto, de unos 28 años de edad y con tatuajes en el brazo izquierdo. Más aún, dijo que es un trabajador sexual. “Sé que no tiene un trabajo, pero anda en el parque Juárez con los maricones”. Ratificó también la supuesta relación de la periodista con Pablito Ruiz, pero en sus investigaciones la procuraduría no abundó en este señalamiento.
Al mes siguiente la Dirección de Servicios Periciales elaboró un dictamen sobre la “disposición victimógena” (sic) de Regina: mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse, pero con un cambio de ánimo hacia el final de su vida.
Según el análisis de la víctima, su asesino y el entorno, la periodista pasó de ser –como lo era– una persona muy reservada, desconfiada y de carácter fuerte que hablaba con poca gente fuera del ámbito periodístico, a ser una persona “más alegre y entusiasta”.
En el dictamen, dirigido a la fiscalía encargada de la investigación el 27 de junio pasado, los servicios periciales de la PGJ concluyeron que ese “cambio habitual de ánimo” se debió a un agente externo, “como el inicio de una relación o el encuentro con una persona que significó algo importante para ella”.
Como “evidencias psicológicas” refirió objetos encontrados en su casa: varios jabones para eliminar la celulitis y las manchas de la piel, zapatillas casi nuevas, intención de comprar tela para mandar a hacer minifaldas y vestidos, así como una caja nueva de inyecciones para el deseo sexual.
Para los servicios periciales el riesgo del agresor fue mínimo por la hora en que se encontró con la víctima la noche del 27 de abril, y la confianza que ésta le tenía, por lo que no fue necesario forzar el portón de la casa. Ya adentro, “es posible que existiera algún reclamo o una petición negada”, por motivos económicos o de reproches. De la discusión pasaron a la agresión física.
De acuerdo con ese escenario, creado desde hace cinco meses por la mancha de sangre encontrada en el lugar del crimen, el asesino es un drogadicto que conoce la zona y sus rutas de escape, que actúa solo, pero que a veces, cuando ha consumido alcohol o sustancias tóxicas, se hace acompañar de alguien más.
En esencia, esa fue la misma historia que salió a contar a la prensa, la noche del martes 30 de octubre, el procurador Amadeo Flores Espinosa, acompañado de su directora de Investigaciones Ministeriales, Consuelo Lagunas Jiménez.
La misma vieja historia
La presentación a la prensa se hizo en el límite del plazo constitucional de 48 horas para que el acusado fuera consignado por los delitos de robo calificado y homicidio calificado, pues según la PGJ fue detenido a las 11 de la noche del 28 de octubre en el municipio de Colipa, en el centro sur del estado.
El procurador no aludió a la supuesta relación sentimental de Regina Martínez con El Jarocho. Sólo dijo que éste era conocido de la periodista y que ella lo dejó entrar a su casa junto con El Silva. Hizo oficial la versión de que tras una discusión con El Jarocho, éste comenzó a golpearla y que El Silva se sumó a la agresión para que Regina Martínez les dijera donde guardaba dinero y objetos de valor.
La misma versión, pero abundante en detalles, está en la declaración ministerial de Hernández Silva, integrada al expediente de la averiguación 19/2012/PC. En ella dice que El Jarocho le decía que era novio de Regina y que lo invitó a robarla, pero no a matarla. Que cerca de la medianoche ambos llegaron a la casa de la reportera cuando ya estaba en bata de dormir, pero que después de unos minutos salió vestida. Su descripción coincide con la ropa que tenía Regina, excepto cuando dice que llevaba unas chanclas cafés. En realidad, de acuerdo con el acta judicial del levantamiento del cadáver, calzaba botas de trabajo café oscuro.
Según la confesional del Silva integrada por la PGJ en el expediente, la periodista salió a comprar dos caguamas para ellos y cuando regresó se puso a bailar con El Jarocho. Luego ella le reclamó porque no la había ido a ver. Fue cuando comenzó la discusión y él se la llevó a la recámara, mientras que Hernández Silva se quedó en la sala, aunque después también la golpeó, pero que fue El Jarocho quien le pegó en la cara con una manopla de hierro y puntas, y la asfixió.
Se llevaron el dinero, una pantalla de televisión de plasma, una computadora, dos celulares y otros objetos que después intentaron vender entre los amigos homosexuales del Jarocho, de acuerdo con esta declaración.
El acta de defunción estableció que la periodista murió a las cuatro de la mañana, mucho tiempo después de la supuesta llegada de los asesinos y no en poco tiempo, como dice la PGJ que lo relató el acusado.
Cuando El Silva rindió su declaración preparatoria el 31 de octubre ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, empezó a tambalearse la versión oficial. Ante la juez Beatriz Rivera Hernández, cuyo juzgado se ubica en el centro penal de Pacho Viejo, en Xalapa, El Silva se negó a ratificar lo dicho ante la PGJ.
Dijo que estampó sus huellas digitales en la declaración amenazado por la policía judicial de que lo matarían a él o a su mamá, la única relación afectiva que tiene. Alegó tortura y que lo tenían retenido desde hace aproximadamente un mes en una bodega cerca de un lugar conocido como Las Trancas.
Aseguró que después de ser presentado ante la prensa lo volvieron a torturar, golpeándolo en la espalda y aplicándole toques eléctricos en el pecho, sin poder identificar a sus supuestos agresores porque lo tuvieron vendado de los ojos. Alegó que “un comandante” le dijo que le tenía que exponer a la juez lo mismo que había dicho en su declaración ministerial.
Lo único que confirmó fue que lo detuvieron en Colipa, pero aseguró no haber conocido a Regina Martínez, que nunca ha matado a nadie y que es él quien se está muriendo por padecer VIH.
No obstante, el viernes 2, cuando se cumplía el plazo para determinar la situación jurídica del Silva, la juez le decretó el auto de formal prisión. Al igual que la PGJ, dio como prueba prioritaria la confesión de Hernández Silva, además de que también le otorgó valor a otros testimonios presentados por la procuraduría veracruzana.
La PGJ dice sostener su versión también con declaraciones de El Mafer, el sexoservidor al que supuestamente le intentaron vender los objetos robados, y la hermana de crianza del Silva, con la que El Jarocho tiene un hijo.
La otra versión
La versión oficial contrasta con lo que dicen sus vecinos. Regina “era de las personas más serias y discretas del barrio”, refieren en entrevista residentes de la privada Rodríguez Clara. “Siempre andaba sola, no entraba en conflictos con los vecinos, jamás ponía música en niveles estridentes, salía temprano de su domicilio y regresaba ya tarde; solía sacar la basura personalmente, pero ni a la tienda iba”, relata Francisco Hernández, Don Paco, el tendero más cercano a la casa marcada con el número 208, donde la corresponsal de Proceso fue hallada sin vida.
Añade que desde unos seis meses antes de su muerte, Regina Martínez ya no acudía a las tiendas, verdulerías, carnicerías o farmacias de la zona, pues para comprar agua embotellada, cigarros y comida, tenía mandaderos; los últimos, unos niños de la misma privada.
“Religiosamente, a las 10 de la mañana salía a trabajar. La veíamos perderse al final de la privada, si iba a trabajar al centro de la ciudad llegaba a pie, si iba al Congreso local lo hacía en taxi”, dijeron otros vecinos entrevistados por este semanario en mayo, unos días después del homicidio de la reportera.
El columnista Andrés Timoteo, amigo cercano de Regina, quien fue corresponsal del periódico La Jornada y hoy está exiliado en Francia, consignó en su columna del 29 de octubre pasado en el periódico Notiver:
“Es preciso hacer del conocimiento público que el homicidio de la compañera no fue fortuito, sino que hubo antecedentes de amenazas y acoso en los meses previos al ataque sufrido. Regina confió a sus amigos que a finales del mes de diciembre pasado su domicilio fue allanado por un desconocido –o quizás varios–. Ella lo descubrió al regresar de unos días de asueto por motivos de fin de año en el municipio de Gutiérrez Zamora, donde radican algunos familiares”.
Escribió que el día 3 de enero de este año Regina Martínez llamó a un cerrajero para que cambiara las chapas y seguros de las puertas de su domicilio. El encargado de cambiar sus llaves le dijo que la persona que había entrado a su casa era un experto, pues lo hizo sin forzar las cerraduras, sin romper vidrios y sin alterar nada. Sostiene que la periodista “tenía miedo”, aunque “eso no lo manifestó”.
Durante la reunión sostenida con Javier Duarte al día siguiente del asesinato en la casa de Gobierno en Xalapa, los directivos de este semanario le hicieron saber del ambiente de hostilidad en que trabajaba Regina Martínez. El fundador de esta casa editorial, Julio Scherer García, le expresó claramente que no le creían su intención de realizar una investigación exhaustiva (Proceso 1853).
El 31 de octubre, luego de que el procurador diera por esclarecido el homicidio, este medio le ratificó sus reservas y dudas por la versión oficial de los hechos, por no haberse investigado ni el trabajo periodístico de su corresponsal ni la eventual presencia de la delincuencia organizada.
“En Veracruz y en otros lados querían que se resolviera como ellos querían; sé que me van a golpear, pero no voy a litigar en los medios. Defenderemos lo que tenemos aquí”, expresó molesto durante una reunión en su sala de juntas, donde la noche anterior había dado a conocer el móvil del robo.
En el encuentro, la directora de Investigaciones Ministeriales, Consuelo Lagunas, retó que si Proceso o algún periodista cercano o amigo de Regina tiene pruebas, indicios o pistas de que detrás del crimen hay algún político, exservidor público o empresario, “venga a declarar, le tomaremos su declaración ministerial e iniciaremos la investigación correspondiente”.
Cuestionados sobre la falta de información a Proceso y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), coadyuvantes en la investigación, los funcionarios fustigaron a esa instancia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Lagunas Jiménez dijo que la PGR se mantuvo al margen de la investigación. “Todo nos lo dejaron a nosotros… Las pocas veces que vinieron, sólo vinieron a estorbar… Lo que ellos tienen en la investigación espejo lo tienen por nosotros”.
El procurador se quejó: “Nunca agarra nada la PGR, no quiso el caso de Regina”. Y aseguró: “Nosotros sí estamos investigando, estamos en campo, a lo mejor la semana que entra tenemos otras cosas”.
La FEADLE evitó pronunciarse sobre la investigación de la PGJ. Su titular, Laura Angelina Borbolla, dijo que lo hará sólo cuando conozca el expediente y las indagatorias de la procuraduría estatal, que a diferencia de lo dicho por los funcionarios locales no fueron del todo compartidos, según consta en diferentes peticiones de información.
La administración de Duarte ya no se saldrá de su versión. El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, declaró el jueves 1: “Con la contundencia que se presentó (el caso) no hay duda”. Para el gobierno de Veracruz el caso está casi cerrado” (Con información de Noé Zavaleta).
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