Revista Proceso # 1879, 4 de noviembre de 2012.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ) anunció el pasado 30 de octubre el esclarecimiento del asesinato, hace seis meses, de la reconocida periodista Regina Martínez. La noticia da lugar a muchas dudas, derivadas tanto de la fragilidad del caso presentado como de la experiencia acumulada por la ciudadanía veracruzana en otros, cuando no se sustentó debidamente la supuesta aclaración de los crímenes.
Recordemos que el asesinato de Regina Martínez, el 28 de abril de 2012, fue por asfixia y golpes, lo que desde el principio planteó dudas sobre las causas del homicidio. Los primeros informes de la PGJ trataban de inducir la idea de un robo como posible móvil, pero no se ofrecieron pruebas concluyentes ni se explicó con claridad cuáles habían sido los objetos sustraídos. Lógicamente hubo una actitud de reserva y descreimiento por parte de la indignada opinión pública (jalapeña, nacional e internacional) y de la revista Proceso, para la cual trabajaba la periodista.
Seis meses después, la PGJ anunció la captura de uno de los asesinos de Regina, al parecer como respuesta a la presión de la propia revista, que en su número pasado (1878) denunció la falta de avance en las investigaciones. La acusación oficial se funda solamente en la propia confesión del inculpado.
Si bien la PGJ ofrece estadísticas impresionantes acerca del trabajo de investigación realizado en este caso y ofrece pruebas circunstanciales que podrían inculpar a las personas señaladas (otros dos testimonios de personas que vieron los objetos supuestamente robados), hay una omisión muy grave: En ningún momento la dependencia estatal ha dicho que las huellas digitales encontradas en la casa de Regina corresponden con las del sujeto detenido o las del prófugo.
Las huellas dactilares de ambos deberían estar en posesión de la procuraduría, puesto que tienen antecedentes penales. Y dado que se trata de delincuentes callejeros, sin antecedentes de homicidio, no se puede alegar que hayan tenido la capacidad para borrar sus huellas. Por tanto, las autoridades deberían haber conocido la identidad de los delincuentes desde el principio de la investigación.
Esta elemental omisión nos muestra un patrón similar al de casos anteriores. El 15 de agosto pasado, el procurador anunció la “resolución” de los crímenes contra cuatro reporteros en el puerto de Veracruz, cometidos días después del asesinato de Regina. Se culpó a supuestos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, atrapados unos días antes por elementos de la Marina, quienes según la PGJ confesaron 36 crímenes, entre ellos los de estos reporteros. Se dijo que los sicarios informaron, además, que los habían ejecutado porque ellos habían “puesto el dedo” a otros periodistas que fueron asesinados por Los Zetas el año anterior.
La PGJ daba por resueltos estos asesinatos con las meras confesiones de los sicarios, sin otra prueba adicional que la posesión de algunos objetos de una de las víctimas por uno de los delincuentes inculpados. El Comité Internacional para la Protección de Periodistas, Artículo 19 y diversas organizaciones civiles hicieron notar la ausencia de pruebas contundentes en los dichos oficiales.
La PGJ deberá convencer al pueblo de México, y especialmente al gremio periodístico, de que la investigación está sustentada en pruebas científicas. Es evidente que la autoinculpación de una persona no es suficiente para considerar resuelto un crimen, pues se sabe muy bien cómo se extraen estas “confesiones” en México.
El caso es débil, pues los inculpados son delincuentes callejeros menores a quienes se había detenido solamente por asalto y lesiones. Estas personas no tenían que amordazar, golpear con saña y ahorcar a la periodista simplemente para cometer un robo, y menos aun cuando dejaron computadoras y otros objetos de valor en la casa de la víctima.
En Veracruz no sólo han sido asesinados nueve periodistas en los dos años pasados, sino que más de 20 se han exiliado. Es muy urgente que estos crímenes y las amenazas sean resueltos de una manera transparente y profesional, de frente a la sociedad, puesto que el estado se ha convertido en el más peligroso para el ejercicio periodístico en México.
Para salir de esta gravísima circunstancia se requiere reconstruir una relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones de justicia. El hecho de que la PGJ haya hecho este anuncio sin previo aviso a los elementos coadyuvantes de esta investigación –la revista Proceso y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– no ayuda en este camino.
Falta mucho por andar en materia de justicia en Veracruz, uno de los estados más atrasados en la aplicación de la reforma penal y con mayores carencias en sus instituciones de justicia. Los asesinatos de periodistas deben colocarse en el contexto de muchos otros crímenes no resueltos, al menos 458 personas desaparecidas en la entidad (de acuerdo con registros federales) y los secuestros de inmigrantes centroamericanos, entre otros hechos de la coyuntura actual, que ciertamente no es privativa de Veracruz, sino de la nación.
Urge impulsar una reforma profunda de las instituciones de justicia de Veracruz, de cara a la sociedad y junto con ella.
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