Tal y como e esperaba las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por
unanimidad el dictamen que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales,
cuyo objetivo es establecer nuevas normas en la investigación, procesamiento y
sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y
federales.
El
nuevo Código regulará los juicios orales y transitará hacia un modelo
acusatorio adversarial, que se basará en lo estipulado en la reforma penal de junio de 2008, por lo que se acordó que las audiencias sean públicas, a fin de que tanto
las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.
También
se incluyó la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el
procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier
soporte que garantice su reproducción.
Además,
los legisladores avalaron que las pruebas obtenidas mediante violación a
derechos fundamentales, deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de
manera oficiosa y en cualquier etapa del procedimiento.
El
proyecto establece que el Ministerio Público, “bajo su más estricta
responsabilidad”, ordenará la aplicación de medidas que impliquen una
restricción a la libertad del imputado.
Por
ello, deberá celebrarse una audiencia ante el juez de control, a fin de que
éste la ratifique, modifique o cancele, mediante la emisión de las providencias
precautorias respectivas.
Los
senadores dejaron en claro que toda imposición de medidas de protección y
de providencias precautorias, así como
su duración, deberá estar debidamente fundada y motivada, además de que tendrán
una duración máxima.
En el
dictamen se precisa que los legisladores deberán armonizar los criterios
competenciales y jurisdiccionales que regirán los procedimientos en el orden
federal y local, por lo que se establecen reglas generales de competencia y la
facultad de atracción de la jurisdicción federal para aquellos delitos en los
que la Carta Magna así lo mandata.
Se
agrega la competencia por razón de seguridad, la competencia auxiliar y la
autorización judicial para realizar diligencias urgentes, así como las clases,
reglas y procedencia de la incompetencia.
Otro
de los aspectos del nuevo código es la reglamentación de los actos de
investigación “que se relacionen con la posible violación a derechos humanos o
afecten el debido proceso” como los cateos, intervención de comunicaciones
privadas o tecnologías de la información, órdenes de aprehensión, detenciones.
Asimismo,
se regula la toma de muestras sin el consentimiento del imputado, el registro
de la investigación, descubrimiento de la investigación e inspecciones
corporales.
En
cuanto a los procedimientos para miembros de las comunidades indígenas, se
incluyeron mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de
las comunidades originarias, así como de sus efectos.
Durante
la reunión de trabajo, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión
de Justicia, resaltó la importancia del nuevo Código, porque si bien se había
hecho ya la reforma constitucional, su implementación había quedado detenida.
"Su aprobación vendrá a fortalecer la forma en la que se imparte justicia
en nuestro país”, subrayó.
De
acuerdo con el legislador el Código “regula fundamentalmente el
desahogo de los juicios orales, (ya que) es el elemento que faltaba para hacer
realidad la reforma en materia de justicia penal que establece los juicios
orales, los juicios transparentes, los juicios en los que frente al juez se
vierten los argumentos y se desahogan las pruebas”.
Al
reconocer que sin duda quedan muchos pendientes ―como
ajustar la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Ejecución de Sanciones,
las disposiciones orgánicas, entre otras―, Gil
Zuarth instó al consejo técnico que apoyó en la redacción del dictamen a reunirse
dentro de un año para llevar a cabo un ejercicio de evaluación a fin de
escuchar experiencias concretas para mejorar “lo que hoy se materializa como
una reforma legislativa de gran calado”.
Agradeció
a todos los integrantes del Consejo Técnico, de la Secretaría Técnica, y a los
senadores integrantes de las comisiones unidas por su trabajo, el apoyo y la
generosidad brindados para la concreción de este esfuerzo.
En su
turno, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, integrante de la Comisión
de Estudios Legislativos Segunda, felicitó y reconoció la labor de todos los
participantes en la elaboración del Código único, “ya que fue un trabajo muy
complejo e inédito que se hizo de cara a la sociedad y de manera abierta”, y en
el cual participaron todos los actores y expertos que estarán involucrados en
el proceso de implementación.
Al
coincidir en que durante su aplicación el Código podrá ser perfectible, la
legisladora por Guanajuato consideró también que este tipo de ejercicio que
llevó a cabo la Comisión de Justicia debe sentar un precedente en el trabajo
legislativo del país.
En su
discusión en lo particular, el senador José María Martínez reservó cuatro
artículos del dictamen ―el 45, 61, 64 y 152―, los cuales fueron avalados por unanimidad.
En el
artículo 45, el senador panista propuso una adición para establecer el deber
del órgano jurisdiccional de proveer de traductor al indiciado durante su
comparecencia, en el caso de que no hable español, a fin de garantizarle sus
derechos.
En lo
que respecta al 61, José María Martínez propuso una adición para establecer el
deber de garantizar la conservación de los registros electrónicos de las
audiencias.
Sobre
el artículo 64, las comisiones unidas aceptaron la adición de una fracción V
para que se incorpore en el dictamen el interés superior del niño en las
excepciones del principio de publicidad.
Asimismo,
se avaló una adición al artículo 152 para garantizar el derecho a la asistencia
consular del detenido, cuando sea extranjero o mexicano con doble nacionalidad.
Finalmente,
las comisiones unidas aprobaron también una reserva de la senadora Ortega
Martínez para eliminar del artículo 167 el cuarto párrafo, relativo a las
causas de procedencia.
“Solicitamos
que se retire este párrafo ya que por virtud de la reforma constitucional, la
facultad de normar sobre procedimiento penal será del Congreso de la Unión, y
aquí (con la redacción original) le estaríamos dando una potestad a los
congresos locales para que normen cuestiones procesales dentro de su legislación
sustantiva, lo que pudiera generar una puerta peligrosa, además se que sería
inconstitucional”.
A la
reunión de trabajo también asistieron los senadores panistas Carlos Mendoza
Davis, de la Comisión de Justicia, y Luis Fernando Salazar Fernández, de la de
Estudios Legislativos Segunda.
**
Dijo Gil Zuart: Vamos
a discutir por ejemplo el Código Único de Procesos Penales en un momento más para
llevarlo al Pleno, y esperamos que eso no también afecte la tramitación de
estas piezas legislativas que son fundamentales para el país.
-Ante el Código Único, ¿qué es lo que viene para saber…?
RGZ:
Su aprobación, la aprobación del Código Único de Procedimientos Penales será la
ley que establezca los procedimientos para todo el país, hemos estado más de un
año discutiendo como ustedes lo saben esa iniciativa, ese conjunto de
iniciativas, hemos llegado a un consenso que estamos a punto de votar el día de
hoy.
-Si
nos habla un poquito nada más para que nos detalle este Código Único.
RGZ:
Regula fundamentalmente el desahogo de los juicios orales, es el elemento que
faltaba para hacer realidad la reforma en materia de justicia penal de hace
unos años que establece los juicios orales, los juicios transparentes, los
juicios en los que frente al juez se vierten los argumentos y se desahogan las
pruebas y es un elemento fundamental para fortalecer y acelerar la
implementación de los juicios orales en nuestro país.
Los
juicios orales tienen la ventaja de en razón de la transparencia en la que
funcionan permiten combatir la impunidad y permiten garantizar los derechos de
las víctimas y también los derechos de los acusados.
Es un
paso trascendental, es una verdadera reforma estructural que hoy vamos a
concretar, de darse los votos, sobre todo a partir de una reforma
constitucional que hicimos hace unos meses que autoriza al Congreso de la Unión
a legislar para todo el país en esa materia.
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