“Me comuniqué directamente con Ricardo Nájera, titular de la FEADLE (…) Con una actitud lejana a la de un funcionario responsable de atender a víctimas del delito, el fiscal me advirtió que yo debía confiar en que estaban haciendo su trabajo, lo cual él mismo aceptó no haber hecho, y sentenció que me darán la “verdad histórica” de lo que pasó en mi casa….“
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Revista
Proceso
# 2038, 21 de noviembre de 2015
Anabel
Hernández denuncia nuevas agresiones en su contra
Señor
director:
A
través de esta carta quiero hacer pública la agresión que sufrí el pasado
miércoles 4 en mi domicilio de la Ciudad de México en el contexto de mi
actividad como periodista de investigación.
Tengo
20 años ejerciendo el periodismo y durante los últimos cinco, en represalia por
mi trabajo –enfocado en temas de corrupción, abuso de poder y crimen
organizado–, yo y mi familia hemos sido blanco de agresiones y actos de
intimidación. En al menos tres ocasiones han
participado personas armadas.
Todos
estos hechos los he denunciado formal y oportunamente ante la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (FSP/B/T2/2671/10-12), la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH/5/2010/6756/Q) y la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
de la Procuraduría General de la República (A.P.045/FEADLE/2011 y A.P.
179/FEADLE/2013).
En
ninguno de los expedientes abiertos por la FEADLE ha habido avances que lleven
al esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables, pese a la
Recomendación General No. 20 sobre “agravios a periodistas y la impunidad
imperante” emitida el 19 de agosto de 2013 por la CNDH. Respecto a mi caso
específico, marcado con la clave V 146, este organismo señaló la ineficiencia y
negligencia de las autoridades en las investigaciones de los actos de
represalia que he sufrido a consecuencia de mi trabajo de periodismo de
investigación.
El
21 de diciembre de 2013 un grupo de al menos 11 hombres armados, que dijeron ser de la Policía
Federal y zetas, tomó control de la calle donde vivo, en la zona conurbada del
Distrito Federal. Irrumpieron en el conjunto habitacional, amagaron a mis
vecinos con armas para preguntarles cuál era mi domicilio y entraron
violentamente a mi casa.
Yo
no estaba en ese momento ahí, pero en la acción se llevaron y golpearon a uno
de mis escoltas, al que abandonaron a varios kilómetros de distancia. Si bien
la FEADLE cuenta desde ese día con videos, retratos hablados, testimonios y
elementos para realizar una investigación, hasta ahora no hay ninguna persona
detenida.
Debido
a este tipo de agresiones, la última evaluación aplicada en 2014 por el
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodismo de la Secretaría de Gobernación determinó que mi situación es de
“riesgo extraordinario”.
Como
los agresores se encuentran impunes y el riesgo es inminente, en agosto de 2014
me vi obligada a buscar alternativas para poner a salvo a mi familia y lograr
condiciones de seguridad para continuar con mi labor periodística. Actualmente
me encuentro en Estados Unidos, colaboro con el Programa de Periodismo de
Investigación de la Universidad de California y alterno mi estancia en México
conforme a mis necesidades de trabajo y seguridad.
La
agresión del miércoles 4 fue perpetrada a plena luz del día. Mi domicilio fue
violentado por un grupo de al menos cuatro personas que viajaban en un vehículo
de modelo reciente: el conductor, una mujer y otros dos hombres.
Pese
a que notaron la presencia de cámaras de seguridad, la mujer y los dos últimos
sujetos allanaron el conjunto habitacional donde vivo y dejaron sus rostros
visibles. Aunque permanecieron largo tiempo en mi domicilio, no se robaron
ningún objeto de valor material.
Este
incidente ocurre en el marco de la investigación periodística que realizo desde
noviembre de 2014 sobre el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, perpetrado el 26 de
septiembre de 2014, y la desaparición de 43 de ellos.
Como
producto de esa investigación, del 14 diciembre de 2014 al 25 de octubre pasado
he publicado en la revista Proceso, Univisión, Telemundo y The Huffington Post
una serie de reportajes que implican a instituciones de seguridad e
inteligencia del gobierno de México en los ataques contra los normalistas, ya
sea de manera activa o presencial.
Asimismo,
con base en peritajes médicos de la propia PGR, revelé que fueron torturados
y/o golpeados la mayoría de los detenidos acusados por el ataque y desaparición
de los estudiantes. Todo esto ha contradicho la llamada “verdad histórica” en
torno al caso construida por la PGR (Proceso números 1989, 1990, 1996, 2015,
2027, 2028, 2029 y 2034, entre otros).
También
me encuentro realizando la investigación periodística sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Cefereso
No. 1 ocurrida el 11 de julio de este año. El reportaje, publicado en agosto
pasado, reveló información que la Segob ocultó acerca de la huida, como la
existencia del video con audio en el que antes y durante la evasión de Guzmán
Loera se escuchan golpes de metal contra el cemento, sin que ningún funcionario
impida que se concrete el escape.
El
capo gozaba de un trato privilegiado en la prisión de El Altiplano desde varios
meses antes de la fuga, y al menos desde marzo el gobierno de México tenía
información de que empleados de Guzmán Loera querían conseguir los planos del
penal. También he mencionado el presunto involucramiento de autoridades de la
Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en
el plan de evasión.
Por
la agresión del miércoles 4 la FEADLE abrió la averiguación previa
AP/120/FEADLE/2015. Me consta que las autoridades tienen informacion importante
para detener a los agresores, así como esclarecer el móvil de la agresión y la
magnitud de ésta, pero hasta ahora la fiscalía no tiene ningún avance en tal
sentido.
De
entrada, no se emprendieron acciones inmediatas, elementales en cualquier
investigación de esta naturaleza, para obtener y preservar evidencias, no se ha
tomado en cuenta el contexto de las investigaciones que estoy realizando ni las
agresiones anteriores, y tampoco se han revisado los expedientes de 2011 y 2013
que tiene la FEADLE. Todos estos elementos de juicio provienen de la
información que me fue proporcionada por la propia fiscalía.
De
hecho, me comuniqué directamente con Ricardo Nájera, titular de la FEADLE,
quien el 12 de noviembre último me confirmó que no han avanzado en las
investigaciones. Con una actitud lejana a la de un funcionario responsable de atender
a víctimas del delito, el fiscal me advirtió que yo debía confiar en que
estaban haciendo su trabajo, lo cual él mismo aceptó no haber hecho, y
sentenció que me darán la “verdad histórica” de lo que pasó en mi casa.
Esta
frase alude de manera inequívoca a la “verdad histórica” de la PGR sobre el
caso de los normalistas, la cual he cuestionado en mi trabajo de investigación.
Me preocupa que este mensaje del fiscal responsable de resolver los casos de
agravios a periodistas signifique que usa su cargo para tomar revancha contra
las publicaciones que le incomodan a él o la dependencia donde trabaja. Esta
actitud representa claramente un contrasentido en el trabajo de servidor
público.
Sin
la posibilidad de conocer la magnitud o gravedad de lo ocurrido, las hipótesis
sobre el móvil ni las diligencias practicadas, me es imposible tomar las
medidas de seguridad para salvaguardar mi integridad y la de mi familia.
En
México los crímenes contra periodistas son una brutal realidad; más de 100 de
ellos han sido asesinados en la última década y la mayoría de los casos siguen
impunes. Tan sólo en lo que va de 2015 han ocurrido los homicidios de siete
periodistas: Rubén Espinosa, Gerardo Nieto, Armando Saldaña, Abel Manuel
Bautista, Filadelfo Sánchez, Juan Mendoza
y Moisés Sánchez.
El
miércoles 18 solicité a la procuradora
general de la República, Areli Gómez González, así como a otras dependencias
del gobierno federal, que cumplan con su trabajo de manera imparcial, se haga
una investigación rápida y eficaz para esclarecer los hechos y se sancione a
los responsables.
Durante
mucho tiempo he luchado por no ser un número en la lista de periodistas
asesinados. Las agresiones que he sufrido a lo largo de cinco años han afectado
mi vida y la de mi familia por completo. Pese a eso, no voy a abandonar las investigaciones que estoy
realizando porque son asuntos de interés público sobre los que la sociedad
merece estar informada.
Atentamente
Anabel
Hernández
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