Revista
Proceso
# 2038, 21 de noviembre de 2015
Complicidades
en Gobernación detrás de la fuga del “Chapo”/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Con
la “disciplina del silencio”, como la describió a Proceso un alto
representante del gabinete de seguridad, Joaquín Guzmán Loera operó su fuga sin
descuidar el control de su negocio. En la cárcel de El Altiplano se sabía de
sus relaciones y negociaciones internas y externas y, de acuerdo con
información obtenida mediante la plataforma de Méxicoleaks, se conocieron
también los contactos de sus abogados con funcionarios de la Secretaría de
Gobernación. Las autoridades estaban al tanto de sus planes a detalle, pero
dejaron actuar al líder del Cártel de Sinaloa. Proceso buscó el punto de vista
de la Segob, a través de su Dirección de Comunicación Social, pero hasta el
cierre de la edición no había contestado.
Un
día después de la segunda detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el
domingo 23 de febrero de 2014, el director en jefe de la Agencia de Investigación
Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, le hizo saber que en el departamento donde fue
aprehendido, en Mazatlán, se habían encontrado documentos del Ejército y la
Marina sobre su persecución.
El
Chapo dijo que nadie lo ayudaba. Zerón le aseguró que la documentación de las
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se refería a las actividades de
él, los vehículos que usaba y mapas militares de la sierra de Sinaloa. Guzmán
insistió en negar cualquier protección oficial.
El
diálogo fue referido como “información de inteligencia” por los agentes de la
Policía Federal encargados de vigilar al capo en el Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano. Los policías federales
dijeron que sólo era una parte de la conversación entre el jefe policial y el
interno, identificado en su expediente penitenciario y policial como Benito.
No
sería la última vez que desde El Altiplano se hablara de protección
gubernamental en torno al líder más perseguido del Cártel de Sinaloa.
Información
de inteligencia obtenida por Proceso mediante la plataforma Méxicoleaks y
corroborada con funcionarios del gabinete de seguridad y del sistema
penitenciario da cuenta de una supuesta protección desde la propia Secretaría
de Gobernación (Segob) para facilitar la segunda fuga del Chapo de una prisión
llamada de máxima seguridad.
Recopilada
durante más de un año, mientras Guzmán estuvo preso en El Altiplano, en el
Estado de México, esa información refiere también pactos y alianzas del líder
del Cártel de Sinaloa dentro y fuera de la cárcel para seguir operando como uno
de los principales jefes del narcotráfico en México. El acuerdo más importante
lo alcanzó con Los Zetas, o por lo menos con el grupo de Sigifredo Nájera Talamantes, El
Canicón, señalado como jefe regional en Tamaulipas de esa organización
delictiva y quien murió en el penal en septiembre pasado por causas aún no
aclaradas.
Para
ambas operaciones Guzmán se apoyó en dos de sus abogados: Andrés Granados Flores y Óscar Manuel Gómez Núñez, quienes le
permitieron operar la fuga y la búsqueda de acuerdos dentro del penal no sólo
por su seguridad sino para continuar con sus actividades delictivas, según las
acusaciones en su contra. El Chapo complementó esa doble operación con lo que
un funcionario del gabinete de seguridad describió como la “disciplina del
silencio”.
La
actitud “mesurada, de bajo perfil” de la que dan cuenta los datos obtenidos
siguió a la pretensión inicial del Chapo de buscar una negociación con las
autoridades para no ser extraditado a Estados Unidos, donde tiene abiertos por
los menos seis expedientes penales en cortes de California, Texas, Nueva York,
Nueva Hampshire y Chicago.
Cada
uno cumplía funciones específicas; Badillo Soto, por ejemplo, estaba encargado
únicamente de promover amparos contra la extradición de Guzmán a Estados
Unidos, según informó el propio abogado a este semanario (Proceso 2022).
Rodríguez
Núñez tenía la encomienda de organizar la “asesoría jurídica” para la
publicación del libro El Ahijado, sobre la vida del capo. El libro sería una
biografía autorizada por el propio Guzmán Loera.
Los
abogados fueron su principal contacto con el exterior. En octubre pasado, el
senador perredista Alejandro Encinas, integrante de la comisión bicamaral de
Seguridad Nacional, reveló que El Chapo recibió 272 visitas de sus abogados, 68
de familiares y 46 conyugales. Esas visitas frecuentes le permitieron tener
contacto con lo que pasaba afuera del penal durante 386 de los 477 días que
estuvo en prisión; es decir, 80% de su tiempo en reclusión.
Aseguran
que el abogado tenía “conocimiento de la escala jerárquica de funcionarios
relacionados con los Centros Penitenciarios en otras instituciones de
gobierno”. En particular, refirió en una ocasión “a un amigo que está por
arriba de la licenciada Celina Oseguera Parra”, coordinadora general de los
Centros Federales, en el OADPRS.
Por
encima de Oseguera Parra sólo había tres personas: el comisionado del OADPRS,
Ignacio Hernández Mora; el titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García, y
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La
PGR, en cambio, detuvo a Granados Flores tras la evasión, pero el litigante
obtuvo su pronta libertad porque, a decir de la justicia federal, el Ministerio
Público no presentó suficiente evidencia en su contra al consignar su
expediente.
Los
datos entregados a este semanario a través de la plataforma Méxicoleaks
refieren que el 23 de junio de 2014 Granados Flores mencionó a Hernández Mora
“probablemente con la finalidad de contactarlo y llegar a ciertos acuerdos, por
lo que probablemente ofrecerá dinero a cambio de obtener beneficios para
Benito”. Ese mismo día, de acuerdo con los reportes policiales, Celina Oseguera
Parra fue a El Altiplano.
La
misma información refiere que desde el 11 de julio de 2014, exactamente un año
antes de la evasión, se reportó “fuga de información sensible” porque “Benito
cuenta con contactos en la Secretaría de Gobernación”.
Precisa:
“Mediante inteligencia penitenciaria se pudo identificar que Benito tiene
contactos en la Secretaría de Gobernación”, que le informan de las decisiones
de la dependencia sobre los traslados de internos a otros centros federales, en
su caso primero durante dos meses a Matamoros y luego a Durango, donde podrían
atentar en su contra. Según los agentes policiales, Oseguera Parra insistió en
que “el exjefe del Cártel de Sinaloa” fuera trasladado al Cefereso 3, Noreste,
en Tamaulipas.
El
Chapo encargó a sus abogados que investigaran “todo lo referente a dichos
ceferesos”, desde la comida, las visitas y la tranquilidad, “porque actualmente
se encuentra a gusto, pero desea saber si le conviene el cambio”. La
información es insistente en que sus abogados eran informados “por una persona
cercana al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”.
Joaquín
Guzmán incluso se enteró en junio de 2014 que sus abogados habían conversado
“con cierta persona, quien tomará el mando de la Gendarmería”. Dos meses
después, Manelich Castilla Craviotto –quien formó parte del equipo de Genaro
García Luna cuando éste fungió como secretario de Seguridad Pública– fue
designado comisario de la División de Gendarmería. Lo mismo ocurrió con el
nombramiento de Celina Oseguera. El Chapo se enteró un día antes de que se
anunciara la designación, el 30 de julio de 2014.
Según
el monitoreo policial, Gómez Núñez expresó optimismo por la llegada de Oseguera
Parra. De Granados Flores dice que se reunió también con la entonces
funcionaria el 25 de enero de este año porque a Guzmán le habían retirado el
televisor.
El
Chapo fue informado por Granados Flores de que todos los internos del pasillo 2
del área de Tratamientos Especiales, donde él se encontraba, serían cambiados
de penal, por lo que Guzmán le pidió al litigante los datos de su amparo a fin
de evitar el traslado.
El
adelanto sobre el movimiento masivo de internos lo compartió Guzmán con El
Canicón; con Mario Cárdenas Guillén, M-1, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez
Herrera, El Texas, narcotraficante y traficante de personas en el norte de
Tamaulipas, y con Eduardo Teodoro García Simental, El Teo, que operaba en
Tijuana.
Los
datos señalan que a través del abogado Gómez Núñez el sinaloense recibió
información de funcionarios públicos “con quienes posiblemente tienen vínculos,
con la finalidad de obtener beneficios en su proceso legal”. Gómez Núñez está
ahora detenido, acusado de haber sido el principal operador y organizador de la
fuga.
Siempre
al tanto
El
Chapo continuaba sus operaciones ilícitas por conducto de Gómez Núñez. “Con
apoyo de dicho defensor se mantiene informado acerca de los nuevos grupos
delictivos que está formando su gente al exterior del Centro Federal”.
El
monitoreo lo señala como contacto con otros grupos delictivos, en particular
con integrantes de Los Zetas, con el fin de “realizar un pacto entre organizaciones
para mediar los intereses en común”.
De
acuerdo con el seguimiento policial, reportado en noviembre del año pasado, el
propósito de ambas organizaciones era reducir los niveles de violencia.
Añade
que debido a los 10 procesos penales que el capo tenía en ese momento en su
contra, fueron constantes sus traslados al área de juzgados, lo cual le
permitió comunicarse con otros internos, entre ellos con El Teo, El Canicón y
con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss.
Asegura
que desde su llegada al penal, El Chapo se mostró mesurado, con un perfil bajo,
“aunque alerta ante señalamientos de la posibilidad de que algunos enemigos
internos en dicho penal pudieran atentar contra su vida o la de sus familiares,
por lo que mantuvo una conducta conciliadora y de no agresión”. Uno de sus
hermanos, Arturo, fue asesinado en 2004 en ese mismo penal.
La
misma actitud negociadora la tuvo con funcionarios de la PGR y del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional desde el primer día en que lo entrevistaron
en El Altiplano, con quienes buscó evitar que lo extraditaran a Estados Unidos.
El
seguimiento policiaco reportó que la actitud reservada del Chapo obedeció
también a las prerrogativas legales y “algunos privilegios cedidos por las
autoridades del penal”. El énfasis fue puesto por sus vigilantes en la relación
con sus defensores: “Se observa más relajado en cuanto a la comunicación que
mantiene con sus abogados, a los cuales utiliza como mensajeros, al igual que a
su pareja, Emma Modesta Coronel Aispuro”.
Los
“pactos de no agresión” incluyeron al Cártel del Golfo mediante Mario Cárdenas
Guillén, El M-1, quien supuestamente le propuso actividades conjuntas, así como
a los hermanos Teodoro, Marco Antonio y Eleazar García Simental, con influencia
en Tijuana, y con quienes supuestamente acordó el trasiego de una droga
identificada como “paloma”.
También
se menciona el mismo tipo de acuerdos con Guerreros Unidos, a quienes se
responsabiliza de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y con
Los Paisas, grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
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