Revista
Proceso
# 2038, 21 de noviembre de 2015
Palabra incumplida: la búsqueda de
desaparecidos, sin ley ni presupuesto/GLORIA LETICIA DÍAZ
En noviembre de 2014, luego de reunirse
con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto
prometió la creación de una Ley General sobre Desaparición Forzada. Pero hasta
la fecha esa ley no existe. Lo que sí hay es una fiscalía especializada en la
búsqueda de desaparecidos, pero a ésta se le asigna cada vez menos dinero. Para
el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos esto no es más que el reflejo
del nulo interés del gobierno por atender una crisis que tiene a México bajo
los reflectores internacionales.
El incumplimiento de la palabra de
Enrique Peña Nieto, cuando ante el reclamo de familiares de desaparecidos lanzó
su decálogo para combatir la corrupción y la inseguridad, confirma una vez más
que los derechos humanos no forman parte de la agenda del gobierno.
Quien afirma lo anterior es Santiago
Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro
Prodh), organización que acompaña a los familiares y víctimas de la tragedia
de Iguala.
Agrega: no sólo se trata del
incumplimiento del decálogo presentado por Peña Nieto el 27 de noviembre de
2014 –luego de más de cinco horas de escuchar los reclamos de los padres de los
43 estudiantes de Ayotzinapa–, que para organizaciones de derechos humanos ya era
“insuficiente”, sino de que el presupuesto presentado por su gobierno y avalado
por la Cámara de Diputados no responde al tamaño de la crisis que ya puso a
México bajo el escrutinio internacional.
“Los eventos que vimos en el segundo
semestre del año pasado pusieron en evidencia la crisis de derechos humanos y
de corrupción que hay en México, y suponíamos que eran un punto de inflexión
para acelerar reformas profundas en materia de justicia”, reflexiona Aguirre.
Puntualiza: “Esa crisis, diagnosticada
y señalada por organismos internacionales, ya existía antes de Tlatlaya,
Ayotzinapa o la Casa Blanca; no es que el caso de Iguala sea más importante,
sino que hablamos de una acumulación de sucesos que debieron de generar ese
cambio; vemos que no se dio, ni siquiera en el cumplimiento del decálogo, el
cual para muchas organizaciones era insuficiente y transfería la
responsabilidad al Poder Legislativo”.
Testigo de la reunión que Peña Nieto se
vio forzado a encabezar en Los Pinos con los padres de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, Aguirre resalta que se llega a un año de esa promesa de compromisos
“sin una agenda de cambios que refleje una concepción cabal de lo sucedido el
año pasado; el Ejecutivo no ha impulsado los cambios y ningún partido abandera
esta agenda ciudadana”.
De los puntos enlistados por Peña
Nieto, resalta Aguirre, el de interés para las organizaciones y familiares de
víctimas de desaparecidos se resumía en “presentar una iniciativa de reforma
para facultar al Congreso a expedir leyes generales en materia de tortura y
desaparición forzada; además, fortalecer protocolos para evitar que
funcionarios cometan estos crímenes, crear un sistema nacional de búsqueda de
personas desaparecidas y publicar el reglamento de la Ley General de Víctimas”.
Ante la descomunal cifra oficial –más
de 23 mil desaparecidos–, Aguirre considera que una “Ley General sobre
Desaparición Forzada por sí misma no va a resolver el enorme problema de
desaparecidos, pero sí va a dotar de nuevas herramientas a los familiares para
exigir rendición de cuentas a los encargados de la investigación”.
Menos dinero, menos interés
Recuerda que el jueves 12, familiares
organizados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México y
organizaciones civiles, entre ellas el Centro Prodh, expresaron su preocupación
por las limitaciones presupuestarias a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de
Personas, organismo creado en junio de 2013 con el nombre de Unidad
Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) y que apenas en
octubre pasado cambió su denominación.
Ese día, el movimiento recordó que en
2014, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se le asignaron a la UEBPD
40 millones 209 mil 5 pesos, monto que cayó drásticamente un año después: 14
millones 676 mil 268 pesos.
Para 2016, la propuesta de Peña Nieto
para atender la crisis de desapariciones fue de 28 millones 114 mil 11 pesos,
“una disminución de 34% del presupuesto asignado en 2014 a la UEBPD”. Este
presupuesto fue aprobado en la Cámara de Diputados el viernes 13.
Retoma Aguirre: “La falta de una ley
general que se traduce en la falta de ese Sistema Nacional de Búsqueda y por
otro lado el decremento de la Unidad o Fiscalía Especializada en Búsqueda de
Personas Desaparecidas, de lo que habla es de que no hay priorización de la
problemática de los desaparecidos en el país, no se ha comprendido el tamaño de
la crisis en derechos humanos o no se quiere reconocer; lo que esta omisión
genera es que las familias sigan esperando una justicia y una verdad que no
están siendo priorizada por esta administración”.
Movidos por el interés de tener
incidencia en la elaboración de la ley en materia de desaparición forzada
prometida por Peña Nieto, miles de familiares de víctimas condensaron sus
pequeñas agrupaciones regionales en el Movimiento Nacional por Nuestros
Desaparecidos en México, que al inicio del periodo de sesiones en el Congreso
entregó un documento donde fijaba los puntos torales para la ley general,
producto de seis foros regionales en los que participaron 35 colectivos y 40
organizaciones civiles.
“El gobierno mexicano ha sido rebasado
por las desapariciones forzadas en el país, y si los 43 (normalistas) no
estuvieran desaparecidos, a nosotros no nos tomarían en cuenta como
organizaciones ni como nada”, dice a Proceso Mirna Medina Quiñones, madre de
Roberto Corrales, desaparecido en febrero de 2014 en El Fuerte, Sinaloa.
Representante del colectivo
Desaparecidos de El Fuerte –que agrupa al menos a 39 familias–, miembro a su
vez del Movimiento Nacional, Medina apunta que el problema no se circunscribe a
los estudiantes guerrerenses desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de
2014: “Con ellos se dio a conocer México como lo que es: una fosa gigante,
porque la mayoría de los desparecidos se encuentran sepultados, no sólo de
forma real sino por el gobierno de Peña Nieto, que hace un año se comprometió y
sigue sin existir un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos”.
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