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Columna Historias de Reporrtero/ Carlos Loret de Mola.
El Universal,
EL TERCER HIJO SECUESTRADO |
César Guzmán es el nombre del tercer hijo de El Chapo que fue secuestrado en Puerto Vallarta, Jalisco, según autoridades federales consultadas.
Unas horas después de que un grupo armado entró al prestigiado restaurante La Leche y se llevó a seis hombres la madrugada de este lunes 15, comenzó a trascender la versión de que uno de los “levantados” podría ser Alfredo Guzmán Salazar, hijo del capo del Cártel de Sinaloa. Al día siguiente, martes, me lo confirmó en entrevista el fiscal de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer.
Pero conforme han ido avanzando las indagatorias, funcionarios del área de inteligencia del gobierno federal que hablaron conmigo a condición de mantener el anonimato, supieron ayer que no fue uno ni fueron dos, sino tres los hijos de El Chapo Guzmán (súmele a César) a quienes se llevaron mientras estaban cenando para festejar el cumpleaños de Iván Archivaldo. La información que tiene la administración federal es que los tres ya fueron liberados.
Además, ha ido cobrando fuerza dentro del gobierno federal una hipótesis en particular sobre quién está detrás del secuestro:
Las miradas apuntan, según fuentes involucradas, hacia la figura de Alfredo Beltrán Salazar alias El Mochomito, sobrino de El Chapo e hijo de Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, detenido en México y extraditado a Estados Unidos hace dos años, donde se ha declarado culpable de conspiración para traficar droga.
En sus inicios, los hermanos Beltrán Leyva, comandados por Arturo, formaban parte de la organización criminal de Joaquín Guzmán Loera, pero en el sexenio pasado se separaron y entraron en guerra. Circuló en ese entonces que el rompimiento fue a consecuencia de que culparon a El Chapo de haber revelado al gobierno la ubicación de uno de los hermanos Beltrán.
Informantes de las autoridades federales dentro del mundo del hampa les han dicho que El Mochomito presuntamente estaría detrás de tres agresiones contra el Cártel de Sinaloa: la irrupción violenta en el rancho La Tuna, donde vive la mamá de El Chapo; el asesinato de dos sobrinos de Guzmán Loera en Ciudad Obregón, Sonora; y el secuestro de los hijos.
Su objetivo sería quedarse con el negocio del Cártel del Pacífico. Los funcionarios de las áreas de inteligencia indagan si habría también algún acuerdo entre El Mochomito y el Cártel Jalisco Nueva Generación para perpetrar el secuestro múltiple.
SACIAMORBOS. Llegó el director de la escuela privada A.B. en la Ciudad de México a la reunión de padres de familia de alumnos de secundaria. Subrayó la necesidad de explicarles a los adolescentes que no porque el Presidente del país copie, está bien copiar, que debe insistirse en la probidad académica. Abordó el tema serena, seria y formalmente, sin arengas partidistas ni rajas políticas, junto con la prevención de conductas indebidas con el teléfono celular y la prevención de adicciones.
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Columna ARSENAL/Francisco Garfias/
Excelsior
La desesperación de El Chapo
El reporte llegó del penal de Ciudad Juárez. Fue recibido hace unos días como balde de agua helada por las autoridades de Jalisco: “El Chapo está desesperado…”.
De inmediato se prendieron las luces amarillas. El estado de ánimo del jefe del Cártel del Pacífico no correspondía con las versiones de que su hijo Jesús Alfredo, levantado el 14 de agosto pasado en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, está libre y sano.
Las versiones venían de la propia familia de Guzmán Loera.
Pero ni en el Palacio de Gobierno de Jalisco, ni en la Fiscalía estatal tienen la mínima evidencia de que la versión es real. El fantasma de una guerra entre cárteles en Jalisco, territorio del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), volvía a aparecer.
Una versión dice que entre los seis levantados iba Jesús Alfredo, el menor de los hijos del primer matrimonio de Guzmán Loera.
El llamado “video del siglo”, difundido profusamente en redes y pantallas de televisión, lo confirma.
Se siguen varias líneas de investigación. La más firme es la que apunta al Cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso financieramente hablando. La Fiscalía del estado logró establecer que por lo menos dos de los plagiarios son de esa organización criminal. “Puede ser un mensaje al Cártel del Pacífico: no los queremos aquí”, subrayan.
El gobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, ha advertido en privado sobre las consecuencias para la entidad de potenciales “enfrentamientos callejeros” entre cárteles. Ya se establecieron medidas preventivas para intentar impedirlo.
Se sabe, por el testimonio de los cuatro meseros, que poco antes de la irrupción del comando armado en el lugar cantaron Las Mañanitas. El lugar lo tenían monopolizado. Sólo había una pareja ajena al grupo que celebraba.
Nos explican que los Chapitos eran muy cercanos a El Menchito, hijo del temido Nemesio Oseguera, jefe del CJNG. “Andaban juntos en la calle”, aseguran autoridades metidas en la investigación. El exceso de confianza pareciera confirmarlo, pero es sólo una hipótesis.
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KIOSKO | Corresponsales de El Universal
¿Terminará Peña en La Haya?/Raymundo Riva Palacio
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KIOSKO | Corresponsales de El Universal
Políticos, apurados por cercanía con operador del CJNG
Nos dicen que el tema de la detención de Sergio Kurt Schmidt, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha puesto a muchos políticos y empresarios con los pelos de punta porque podrían revelarse acuerdos que implican pactos inconfesables.
La papa caliente parece haber caído primero en las filas de Movimiento Ciudadano, puesto que Susana Mendoza Carreño, ex regidora de ese partido en Puerto Vallarta, acusó al hoy jefe de gabinete de Guadalajara, Hugo Luna (entonces coordinador del partido en Jalisco), de haberla presionado para aprobar un presupuesto de 6.3 millones de pesos provenientes del ayuntamiento para el espectáculo Fandango, que presuntamente operaba Kurt. Don Hugo, por supuesto, ha negado las acusaciones y nos dicen que doña Sudana y el también ex regidor de Puerto Vallarta, Humberto Gómez Arévalo (desaparecido desde enero de 2015), sostuvieron una confrontación con Kurt, quien los denunció penalmente por extorsión.
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Estrictamente Personal
El Financiero,
Tres textos esta semana esbozaron un cuadro sobre qué país de leyes ha construido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: 1) el secuestro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en Puerto Vallarta, resultado de un pleito entre cárteles de la droga, fue realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que el gobierno federal armó y usó en Michoacán en 2013 y 2014 para aniquilar a Los Caballeros Templarios; 2) las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato en 2015, donde el índice de letalidad fue 28 veces más alto que el tope establecido por los protocolos de uso de la fuerza; y 3) la decisión política de no castigar un crimen en Chilpancingo en 2009, para cuidar a sus aliados en el Pacto por México y sacar adelante sus reformas económicas.
Si el pasado pintó mal para México, el futuro pinta peor para el presidente Peña Nieto, a nivel político y personal.
Si el pasado pintó mal para México, el futuro pinta peor para el presidente Peña Nieto, a nivel político y personal.
En agosto del año pasado, Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al Poder Judicial en ese país, declaró en una entrevista con la agencia rusa Novosti que al concebirla, “siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceptó la propuesta para que una comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en México es un tema del que no habla el gobierno. En el mundo, no sólo es una conversación recurrente, sino hay acciones encaminadas a llevar a Peña Nieto, antes o después de que termine su administración, a una corte internacional para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos.
El consenso se está construyendo con organismos internacionales y varias cancillerías –la estadounidense, por ejemplo, está muy molesta con el gobierno peñista; la alemana y la canadiense, otros botones, están muy preocupadas por el deterioro de la situación de los derechos humanos en México–. Quien frasea con precisión lo que se piensa del gobierno de Peña Nieto en el mundo es José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, quien a propósito del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Tanhuato, declaró: “Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose”.
La política en materia de seguridad está colapsada, pese a lo que insistan las autoridades en sentido contrario, y los índices sobre la inseguridad siguen aumentando. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que lo que se vive es resultado de todo lo que han tenido que recomponer de la anterior administración, pero el argumento no se sostiene. Durante los ocho primeros meses del sexenio, se decidió no actuar contra la delincuencia organizada, lo que permitió que se rearmaran los cárteles, reorganizaran sus estructuras financieras, reacomodaran territorios y se fortaleciera el Cártel Jalisco Nueva Generación, sus aliados en Michoacán, un monstruo al que alimentaron, empoderaron y ya no han podido someter.
El problema para Peña Nieto en el mundo es doble. Por un lado está la construcción de un caso judicial en su contra para ser juzgado en cortes internacionales y, por el otro, está la presión para que admita una comisión como la de Guatemala en 2012, con la participación directa de la ONU, que subordine al Estado Mexicano a las leyes internacionales. Esa comisión comenzó como un apoyo al sistema de procuración de justicia, pero se involucró en investigaciones sobre corrupción, que finalmente produjeron la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar la organización criminal que cometió esos delitos.
Aquello sigue pareciendo muy lejano en México, pero el presidente Peña Nieto ha estado escuchando los escenarios de lo que pudiera sucederle si se inicia, en cambio, un juicio en su contra en una corte internacional. Funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de la PGR han discutido las posibilidades de que eso suceda, así como también le han asegurado que, de llegar el caso, se podría contener con el sacrificio de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Pero no le están diciendo la verdad al Presidente.
No está claro que Zerón pudiera ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, porque el aniquilamiento por decisión del gobierno de un grupo específico, como fue el caso de Los Caballeros Templarios, no fue una decisión ni una acción por parte de la PGR, sino de la Secretaría de Gobernación. Difícil sería también, incluso, juzgarlo internacionalmente por el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, donde se le podrá acusar de negligencia o manipulación en la investigación, y hasta de encubrimiento, pero las omisiones y las decisiones que definieron el crimen, tampoco salieron de la PGR, sino de Los Pinos y Bucareli.
En ambos casos, Peña Nieto es quien se encuentra en el corazón del problema, con documentación que prueban violaciones a las leyes como no se habían tenido contra ninguno de sus antecesores. Ser enjuiciado en la Corte Internacional de La Haya ya no es una hipótesis; es una realidad que están armando como caso grupos de expertos extranjeros.
Twitter: @rivapa
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