Los testimonios contra la impunidad...

Los testimonios contra la impunidad...

Ezequiel Flores Contreras

Revista Proceso # 1837, 15 de enero de 2012

Los testimonios de los tres normalistas de Ayotzinapa heridos el 12 de diciembre último en la Autopista del Sol, en Guerrero –que sirvieron de base al ómbudsman nacional Raúl Plascencia para elaborar su informe preliminar sobre el caso– evidencian la falta de pericia de las corporaciones policiacas estatales y federales; y algo más: apuntan hacia los uniformados ministeriales como los agresores. Aun cuando no es definitivo, el documento ya causó reacciones en la entidad. Con todo, los visitadores de la CNDH continúan con sus indagatorias para presentar su dictamen final en dos meses más.

CHILPANCINGO, GRO.- El dictamen preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa –presentado el lunes 9 en la Ciudad de México por su presidente Raúl Plascencia Villanueva– no sólo puso en evidencia la falta de preparación de los policías ministeriales para enfrentar manifestaciones; también provocó reacciones encontradas entre las autoridades estatales, sobre todo por los testimonios de tres de los normalistas que resultaron heridos.

“Existe una muy alta probabilidad de que dichos disparos hayan sido proferidos de poniente a oriente, lugar en que se encontraban diversos servidores públicos del estado de Guerrero”, expuso el ómbudsman nacional. El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero reaccionó de inmediato y emitió un boletín en el que expuso que separará de su cargo a los servidores que “hubiesen incurrido en acciones u omisiones sancionadas por la ley”.

A su vez, Alberto López Rosas –quien dimitió como procurador de Justicia del estado el 13 de diciembre, al día siguiente de la muerte de los normalistas Jorge Alexis Herrena Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– sostiene que la CNDH intenta proteger a los agentes federales y descalifica el informe porque, a su juicio, “no profundiza en la verdad histórica” y sólo se basa en supuestos.

El exfuncionario insiste en que los policías de la Secretaría de Seguridad Pública federal fueron los que dispararon contra Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 19 y 20 años, respectivamente.

Los testimonios

Para la elaboración del documento, la CNDH recurrió a los testimonios de Édgar David Espíritu Olmedo, Juan Alberto Álvarez Adame y Rubén Eduviges Coctololo, los normalistas que resultaron heridos durante la manifestación del 12 de diciembre, luego de que los policías comenzaron a disparar al aire para dispersarlos.

Y aun cuando arguyen que les dispararon policías federales y estatales, ninguno de los tres pudo especificar el origen de los impactos que los hirieron ese día.

En el caso de Eduviges Coctololo, según el documento del ómbudsman nacional, los médicos de la clínica particular que lo atendieron le extrajeron un fragmento de proyectil de arma de fuego que se encontraba alojado en su pie izquierdo.

Entrevistado por personal de la CNDH mientras convalecía en el Centro Médico Integral Santa Fe de esta capital, Eduviges Coctocolo dijo que “durante los hechos diferentes agentes armados (federales, estatales y ministeriales) que se encontraban apostados a bordo de patrullas comenzaron a disparar, en un principio al aire y luego contra los manifestantes”.

También comentó que cuando vio a dos de sus compañeros caídos –Herrera Pino y Echeverría de Jesús–, observó que aunque algunos de los manifestantes intentaron ayudarlos, no pudieron porque los policías seguían disparando.

Según el informe, Eduviges Coctololo intentó ayudar a un compañero “herido en el estómago”, pero un impacto en el pie izquierdo lo obligó a refugiarse detrás de un autobús que sus compañeros habían atravesado sobre la Autopista del Sol.

Los policías federales, estatales y ministeriales nunca intentaron auxiliar a los heridos, lo que evidenció no solamente su desinterés “sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellos”, indica el texto de la CNDH; en el caso de Espíritu Olmedo, quien pidió ayuda a los agentes federales, el estudiante insiste en que no quisieron atenderlo.

Espíritu Olmedo tenía una “herida de bala puntiforme en región axilar anterior, así como otro orificio en la parte anterior del tórax a nivel del esternón, de tres centímetros de diámetro”, de acuerdo al dictamen de la comisión.

En su testimonio, el normalista relató a los visitadores de la CNDH que lo interrogaron durante su convalecencia que los policías estatales que estaban del lado poniente y agentes federales que se apostaron al oriente estaban disparando a mansalva contra los manifestantes.

Luego de que empezaron los primeros disparos, continuó, se escondió detrás del citado autobús junto con otros de sus compañeros. Dijo que cuando la balacera cesó caminó hacia el punto donde se concentraba el resto de los normalistas.

Espíritu Olmedo también narró que, estando de frente –viendo hacia el centro comercial Galerías Chilpancingo–, volvió a escuchar disparos y vio que nuevamente les arrojaban granadas de gas lacrimógeno, lo que lo obligó a agacharse, y al tratar de incorporarse “sintió algo en el pecho, como si le dieran descargas eléctricas”.

Refirió que “al tocarse y levantarse la playera vio mucha sangre”, subraya el informe. Aunque solicitó auxilio a los policías federales, que se encontraban atrás de otros autobuses ubicados de frente sobre la carretera y les mostró la herida, uno de ellos le gritó que se largara. De lo contrario, le dijo, “le iba a ir peor”.

Espíritu Olmedo optó por alejarse del lugar y abordó un autobús que se dirigía hacia el sur. El conductor se detuvo junto a una ambulancia, que finalmente lo trasladó al hospital del ISSSTE en esta capital, donde estuvo internado durante una semana. Hoy se encuentra con sus padres.

Según su declaración, él estaba frente al centro comercial ubicado al poniente del punto donde se realizó el desalojo. Desde ahí pudo observar a los policías estatales –“a los que ubicó por el uniforme”, indica el informe– cuando estaban disparando contra sus compañeros; también observó a los federales que, dijo, se apostaron en una loma ubicada al oriente.

El normalista aclaró que los agentes federales que estaban frente a él, sobre la autopista, no estaban disparando contra los manifestantes; incluso argumentó que fue a ellos a los que pidió apoyo.

En el testimonio que rindió ante el personal de la CNDH que lo entrevistó el 14 de diciembre en las instalaciones de un hospital privado de esta capital, Álvarez Adame, quien fue herido en el muslo derecho, dijo que al principio los agentes federales y estatales comenzaron a disparar al aire y enseguida apuntaron de frente a la multitud. Recordó que al correr sintió un impacto en su pierna.

Sus compañeros lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, al sur de esta capital, donde fue internado en una clínica particular. De ahí lo trasladaron a un hospital privado de esta capital.

La tortura

Durante la presentación del informe preliminar, el ómbusman nacional señaló que en el desalojo de los normalistas del plantel “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa hubo uso indebido de armas de fuego y uso excesivo de la fuerza pública, lo que derivó en el homicidio de dos alumnos de esa institución y cuatro lesionados a tiros.

Tras la refriega, expuso, 24 personas fueron arrestadas en forma arbitraria y sometidas a “tratos crueles”; mientras permanecieron en los separos de la Policía Ministerial una de ellas –el normalista Gerardo Torres Pérez– fue torturada y los agentes le imputaron delitos falsos.

De los detenidos, 14 eran estudiantes: nueve de la normal de Ayotzinapa; cinco de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Instituto Tecnológico de Chilpancingo (Itech), entre ellos una mujer, que no tenían ninguna relación con la protesta; el resto eran campesinos de la región Costa Grande que habían acudido a respaldar el movimiento de Ayotzinapa, así como ciudadanos que se encontraban en el lugar a causa del bloqueo carretero.

En el caso de Torres Pérez, de acuerdo con el informe, el comandante regional de la Zona Centro de la Policía Ministerial, David Jesús Urquizo Molina, lo acusó de disparar contra los policías federales con un fusil AK-47, a pesar de que los hechos demostraron que él fue torturado y el arma le fue sembrada. Pese a ello, Urquizo Molina sigue en activo.

El mismo día de la balacera, el aún procurador Alberto López Rosas dijo en conferencia de prensa que los policías estatales habían llegado desarmados al desalojo. Su versión contrasta con la del informe preliminar de la CNDH.

En su testimonio, Torres Pérez, quien aparece en varios videos y fotografías con piedras en las manos enfrentándose a los policías armados, dijo a los visitadores de la comisión que fueron los uniformados estatales los que le sembraron el arma para inculparlo. Expuso que tras detenerlo y golpearlo, ellos lo llevaron a una casa abandonada donde le hicieron disparar el arma en repetidas ocasiones y tocar los casquillos percutidos.

Tras realizarle las pruebas médicas y psicológicas, la CNDH concluyó:

“Del análisis interdisciplinario de las evidencias médicas y psicológicas, se concluye que en el caso particular de Gerardo Torres Pérez presenta signos y síntomas positivos de tortura, que concuerdan con el relato de los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.”

Y añade: Todos los policías que participaron en el desalojo “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines”; también quedó demostrado que “ninguno de los manifestantes portaba armas de fuego”.

Galimatías policiaco

El documento preliminar –el definitivo estará listo dentro de dos meses más, según el ómbudsman nacional– también alude a los obstáculos que tuvieron que sortear los investigadores de la CNDH, en particular las versiones contradictorias de las diversas corporaciones policiacas en su afán por deslindarse de los hechos violentos.

Mintió Antonio Valenzuela, quien incluso renunció como director de la Policía Ministerial de Guerrero, al decir que sus subordinados acudieron desarmados; también lo hizo el vocero de la Policía Federal, quien aseguró que los federales no llegaron en primera instancia ni establecieron diálogo con los manifestantes, “lo que no concuerda con la realidad”, según la CNDH.

Las contradicciones afloraron un día después de la refriega –el 13 de diciembre–, cuando, por separado, los gobiernos estatal y federal exhibieron videos editados en un intento por deslindarse e imputar al otro los asesinatos de los normalistas.

No obstante, de acuerdo con la CNDH, la falta de respuesta oportuna de la SSP federal a las solicitudes de información constituyó uno de los obstáculos a su investigación; además, sólo envió “información parcial y de manera tardía” a la comisión.

Y aun cuando la dependencia federal insiste en que fueron agentes de las corporaciones locales los que llegaron primero, los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la carretera demuestran que los federales estuvieron ahí desde el principio.

Lo que aun no se define es quiénes fueron los uniformados que “realizaron acciones y omisiones en perjuicio de las investigaciones, respecto a la alteración y descuido en la preservación de los indicios, los cuerpos de las personas fallecidas y los medios de prueba en general que se encontraban en el lugar de los hechos”.

De los policías ministeriales que participaron, el informe de la CNDH señala al coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, Rey David Cortés Flores, quien, a pesar de que estaba de descanso el día del desalojo, aparece en múltiples fotografías y videos apuntando al grupo de manifestantes con un arma larga tipo Colt, calibre .223, modelo AR-6530.

Cortés Flores es uno de los 12 agentes estatales que permanecen arraigados desde el 18 de diciembre por su presunta responsabilidad en el homicidio de los dos estudiantes.

Y aun cuando la Ley Orgánica de la procuraduría estatal establece que los agentes ministeriales deben usar vehículos, armamento y demás equipo a su cargo con el “debido cuidado” y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, eso “no se observó en el caso del mencionado coordinador de la Policía Ministerial”, expuso el ómbudsman nacional el lunes 9.

En resumen, según él, “existen elementos que permitieron observar violaciones a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal; a la legalidad y al trato digno, en agravio de las víctimas, de las cuales cuatro son menores de edad y una es mujer”.

Además, no hubo justificación para el empleo de armas de fuego en el desalojo de los normalistas; tampoco en el caso de las conductas delictivas por parte de particulares o manifestantes, por lo que en ambos casos, según la CNDH, “deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para que las afectaciones no queden en la impunidad, las víctimas accedan al sistema de justicia respectivo y se obtengan las reparaciones adecuadas en correspondencia a los daños afrontados”.

Respecto de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el empleado de la gasolinera que murió a causa de las quemaduras provocadas por la explosión de una de las bombas de la estación, el documento indica que corresponderá al agente del Ministerio Público federal investigar quiénes son los responsables del incendio.

Por los hechos narrados, el organismo “turnará las evidencias de que se allegue para lograr el acceso a la justicia de las víctimas”; además, presentará las quejas y denuncias ante los Órganos Internos de Control respectivos y ante la PGR.

El jueves 12 por la noche, personal de la CNDH arribó a esta capital para realizar un peritaje de trayectoria de balística en el lugar donde fueron desalojados los normalistas. El propósito: determinar desde qué sitio se hicieron los disparos contra los estudiantes.

Los visitadores del organismo también acudieron a la sede de la normal de Ayotzinapa, ubicada en la cabecera municipal de Tixtla, donde recogieron testimonios entre la comunidad, que, según la matrícula, es de 520 estudiantes, la mayoría provenientes de las regiones más pobres del estado.