Crece el rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional
Palabra De Lector
Revista Proceso # 1837, 15 de enero de 2012
Daría paso a “un modelo confesional similar al franquista”
Señor director:
Le solicito la inserción de esta carta en la gustada sección Palabra de Lector del semanario a su digno cargo.
En relación con la reciente reforma del artículo 24 constitucional –aprobada el 15 de diciembre por la Cámara de Diputados–, en donde se cambió el concepto de libertad de creencias y de culto por el de “libertad de religión”, me permito compartir algunas reflexiones.
La modificación –que el Senado aprobará o rechazará en febrero– resulta en apariencia inocua; sin embargo, el problema radica en su interpretación. Me explico: el Episcopado Mexicano ha redefinido conceptos que gozan de aceptación para dotarlos de contenidos acordes con sus particulares intereses. En primer lugar, invoca los derechos humanos para recuperar privilegios; el principio jurídico de igualdad lo condiciona al reconocimiento de que su credo cuenta con mayor representatividad; admite la tolerancia siempre que sea selectiva; en los países donde es minoría pugna por un Estado laico y en donde es mayoría atropella los derechos de las demás confesiones, etiquetándolas peyorativamente como sectas.
Cuando los obispos y sus aliados hablan de libertad religiosa, el contexto es la enseñanza católica en las escuelas públicas y no la libertad de profesar el credo que cada uno juzgue conveniente. La añeja pretensión clerical de modificar el artículo 3º constitucional, cuyo texto vigente señala que la “educación que imparta el Estado será laica y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa”, es, de suyo, grave. Uno de los escenarios que plantean los opositores al Estado laico es la inclusión de la catequesis como asignatura en los libros de texto gratuitos, lo cual obligaría a los profesores –religiosos o laicos– a impartir esta materia y a otorgar calificación y, en su caso, reprobar a todo aquel que se resista. Es claro que los niños pertenecientes a las minorías religiosas sufrirían, innecesariamente, el flagelo de la discriminación, la violación de sus derechos humanos y deserción escolar a causa de un modelo educativo excluyente e intolerante.
Así, la jerarquía católica chantajea y exige al gobierno y al Congreso la restitución y ampliación de privilegios –que no de libertades–, entre los que se cuentan la instrucción religiosa en los “espacios públicos”, la posesión y control de medios de comunicación electrónicos y la participación de los ministros de culto en política electoral. Sobra decir que con tales pretensiones se pondrá fin al Estado laico y se dará paso a un modelo confesional similar al franquista.
Conviene recordar que la erosión del Estado mexicano tiene su origen en la subordinación del gobierno federal a la agenda político-religiosa que el Vaticano impulsa en nuestro país. En octubre de 2007, por citar un ejemplo, Dominique Mamberti exigió al presidente Calderón “una plena garantía de libertad religiosa” y “la supresión de equívocos” en las normas vigentes en nuestro país.
Los diputados que votaron a favor de dicha reforma (junto con los que se ausentaron del recinto legislativo, que convalidaron el golpe al Estado laico) traicionaron el legado de Benito Juárez y de los hombres de la Reforma: sus intereses personales y de grupo obnubilaron principios y pronto olvidaron que para establecer el Estado laico se pasó por guerras civiles y de intervención extranjera, ataques desaforados contra la tolerancia, reivindicaciones de la educación pública, luchas contra las inercias y los prejuicios históricos y enfrentamientos contra los poderes del clero y los terratenientes.
Por las razones citadas, exijo al Senado que dé marcha atrás a la precipitada aprobación que hizo la Cámara de Diputados. En manos de la Cámara Alta se encuentra el destino del país que queremos heredar a nuestros hijos. La consolidación del Estado laico exige la defensa de la educación laica. Ante las pretensiones del clero y sus aliados por retomar el sometimiento de las conciencias, lancemos la voz: ¡No a la reforma del artículo 24 constitucional! (Carta resumida.)
Atentamente
Laura Campos Jiménez
Historiadora por la Universidad de Guadalajara
www.lauracampos.wordpress.com
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Sería “el tiro de gracia” para la educación pública y laica
Palabra De Lector
Revista Proceso # 1837, 15 de enero de 2012
Señor director:
Los miembros de la Asociación Jalisciense “Gómez Farías” de Profesionistas y Técnicos, A.C. estamos conscientes de la importancia histórica, social y cultural que tienen las religiones en la vida de los pueblos como producto sociocultural de los mismos. Por ello expresamos, tanto en nuestra declaración de principios (XI) como en su objeto social (artículo 8 de nuestros estatutos), el respeto a todas las creencias religiosas
En ellos nos manifestamos respetuosos de todas las manifestaciones de culto, así como de la educación gratuita, laica, científica y democrática, como el mejor instrumento emancipador de las ataduras que no permiten el avance de las sociedades, y, por ende, somos defensores del principio de la separación Estado-Iglesia como requisito fundamental para garantizar la vigencia del Estado laico que promoviera don Valentín Gómez Farías y estableciera la generación de don Benito Juárez, porque lo consideramos como única garantía del respeto irrestricto a todas las creencias y a la educación científica que nos habrá de conducir a objetivos superiores de vida, libres de fanatismos, servidumbres y supersticiones.
Conscientes de que México pagó con creces sus cuotas de sangre en la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana y la revuelta cristera, creemos que estos sacrificios le dan derecho a plasmar en su Carta Magna artículos tan avanzados, desde el punto de vista social, económico, político y cultural, como el 3º, el 24, el 27, el 123 y el 130.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestra inconformidad con la propuesta reforma al artículo 24 de la Constitución, pues es contraria al Estado laico, a la educación científica y laica y a nuestra historia. De aprobarla el Senado, sumada al decreto de Calderón del 14 de febrero de 2011, en donde se autoriza a reducir fiscalmente los gastos que se realizan en educación privada, sería el tiro de gracia para la educación pública, gratuita y laica, que trata de garantizar el artículo 3º constitucional.
Atentamente
Por la Asociación Jalisciense “Gómez Farías”
de Profesionistas y Técnicos, A.C.:
maestro Pedro Olivares Dávalos,
presidente del Comité Directivo
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