Guerrero, estado sin gobierno: Proceso

• Es un "estado fallido”, dice el diputado local priista Rubén Figueroa Smut.
• El secretario de gobierno hoy es Florentino Cruz Ramírez, "quien se declara admirador del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia"

Guerrero, estado sin gobierno/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

 Revista Proceso # 1912, 23 de junio de 2013.

Guerrero es un muestrario de problemas: sociales, económicos, de seguridad y de corrupción. La actual administración tropezó con todos, y algunos los creó o empeoró. En este contexto, el gobernador Ángel Aguirre decidió irse al extranjero para promocionar el turismo, en vez de abocarse a resolver los conflictos que hacen a la entidad poco atractiva. Los guerrerenses son los primeros en decirlo. La multiplicación de grupos de autodefensa y el rechazo de los empresarios evidencian el divorcio con su gobernante

CHILPANCINGO, GRO.- A pesar del clima de inseguridad y violencia que se vive en la entidad, el gobernador Ángel Aguirre Rivero decidió viajar a Estados Unidos donde estará dos semanas para “promocionar los destinos turísticos”. Como encargado de despacho dejó a su hombre de confianza, el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva.

Aguirre se aleja mientras el estado es atenazado por la narcoviolencia y en medio del surgimiento de grupos de autodefensa que se multiplican ante la falta de confianza en las autoridades. Por omisión o nexos con la delincuencia, afirman sus críticos, Aguirre no garantiza la paz ni el desarrollo social.

El ambiente se crispó aún más en los últimos días, luego de que alcaldes de Acapulco, Norte, Centro, Costa Grande y Tierra Caliente se declararon incompetentes para frenar la narcoviolencia.

 Tres activistas –entre ellos el dirigente perredista Arturo Hernández Cardona– fueron asesinados a tiros tres días después de que un comando los levantara en Iguala, junto a cinco personas más que lograron escapar.

 Además, una ola de secuestros contra trabajadores del gobierno estatal agrava la percepción de ingobernabilidad. Entre los levantados están dos sobrinos del encargado de despacho del gobernador, Jorge Salgado Leyva, quienes trabajan en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), así como una instructora del Instituto de Formación y Capacitación Policial (Infocap), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC).

 A la mitad de su administración, el gobierno de Aguirre muestra una “incapacidad brutal” y refleja “un Estado fallido” porque se encuentra rebasado en todos los aspectos, señala el diputado local priista Rubén Figueroa Smutny. Ejemplo de ello es el conflicto magisterial, la narcoviolencia y el surgimiento de los grupos de autodefensa ante la inoperancia gubernamental para garantizar seguridad.

Negociación

El conflicto magisterial desatado desde finales de febrero pasado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en rechazo a la reforma educativa, puso en jaque a la administración de Aguirre, pues exhibió su incapacidad de operación política para resolver tensiones sociales.

 El mandatario tuvo que destituir de la Secretaría de Gobierno a su mentor y principal hombre de confianza, Humberto Salgado Gómez. En su lugar designó al exdiputado local del partido Movimiento Ciudadano (MC) Florentino Cruz Ramírez, quien se declara admirador del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se caracteriza por su talante déspota y autoritario.

 Al gobernador no le quedó más remedio que negociar la aplicación de la ley con la dirigencia del magisterio disidente: su gobierno pagó la fianza de una veintena de integrantes de la CETEG, quienes se encuentran sujetos a proceso penal por manifestaciones pacíficas y no por los actos vandálicos que ocurrieron durante los dos meses que duró el conflicto, según expedientes judiciales consultados por Proceso.

 El dirigente de la CETEG, Minervino Morán Hernández, confirmó que el gobierno estatal pagó las fianzas de los cetegistas a través de Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del gobernador, quien sigue fungiendo como coordinador de Proyectos Estratégicos a pesar de que desde el año pasado se anunció su destitución tras el escándalo por acusaciones de nepotismo que enfrentó el mandatario postulado por la izquierda.

 El dirigente magisterial justificó el hecho con el argumento de que se trata de un acuerdo político: “El gobierno estatal provocó el conflicto y el gobierno está obligado a resolverlo”, dice a Proceso.

Autodefensa

En Chilpancingo, comerciantes y empresarios encabezados por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Meléndez Cortés, solicitaron asesoría al activista mixteco Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) e impulsor de grupos de autodefensa en la Costa Chica.

 Durante un encuentro realizado el lunes 17, los representantes empresariales denunciaron que la gente de Chilpancingo está “secuestrada y asfixiada” por la delincuencia y corrupción, lacras que han sido “toleradas y fomentadas”. Acusaron de esta situación al gobernador y al alcalde Mario Moreno Arcos.

 Como respuesta, al día siguiente el nuevo secretario de Seguridad Pública, Javier Lara Montellanos, anunció en una conferencia de prensa la transformación del sistema policiaco en la entidad. El nuevo, enfatizó, imitará el esquema de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, para recobrar la confianza de la sociedad.

 Sin embargo, el almirante en retiro y excomandante de la Octava Zona Naval (con sede en Acapulco) calificó de ilegal el hecho de que el brazo armado de la UPOEG asuma las funciones de seguridad en Acapulco y el municipio de Juan R. Escudero porque “están fuera de su jurisdicción”. Se pronunció así en referencia a la Ley estatal 701, la cual reconoce el derecho de los pueblos originarios a crear su propio sistema de seguridad y justicia en municipios con población indígena mayoritaria.

 Al respecto, los integrantes de la Coparmex junto a tres organizaciones más de representantes del sector productivo en la región Centro anunciaron este viernes 21 la conformación del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Desarrollo de Chilpancingo (CCSDC), y anunciaron que instaurarán el proyecto de seguridad y desarrollo impulsado por la UPOEG en Chilpancingo.

Mediante un comunicado los comerciantes y empresarios advirtieron: “La sociedad civil de Chilpancingo levanta la voz después de un letargo en el que el miedo y abandono de malos gobernantes causaron una descomposición del tejido social, dañando gravemente la economía y desarrollo de nuestro municipio, al grado de acostumbrarnos a la violencia, delincuencia y muerte de nuestros conciudadanos”.

Aseguraron que el consejo es ajeno a intereses partidistas y debe su origen a “la incapacidad” de las autoridades de los tres niveles para garantizar el derecho a la integridad y seguridad de la sociedad.

La alianza del sector productivo con la UPOEG –y su brazo armado, denominado Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC)– se basa en “los resultados, que de viva voz expresaron los pobladores de 42 municipios guerrerenses, en los que la UPOEG ha actuado de manera eficaz y eficiente recuperando la paz y estabilidad”, indicaron.

Por ello, demandaron a las autoridades gubernamentales “definir una estrategia inmediata de seguridad y prevención del delito para Chilpancingo; establecer un plan emergente de reactivación económica y desarrollo para Chilpancingo y conformar el Consejo Ciudadano para el Desarrollo del Estado de Guerrero”.

También llamaron a ciudadanos y organizaciones a sumarse a esta “gran lucha” para “la recuperación del tejido social y, unidos, propiciar el desarrollo de nuestro municipio”.

El alcalde capitalino, Mario Moreno Arcos, admitió que ciertas zonas se encuentran en alerta máxima después del anuncio hecho por el secretario de Seguridad Publica Estatal, Javier Lara Montellanos, sobre un recrudecimiento de la violencia en Chilpancingo, luego de la ejecución, el pasado fin de semana en Puebla, de José Nava Romero Don Che, identificado como jefe de la pandilla denominada Los Rojos.

Lara Montellanos advirtió de una reestructuración de esta célula criminal, un remanente del extinto cártel de los Beltrán Leyva, que opera en esta capital, donde controla toda la actividad delincuencial. También mencionó que este grupo tiene presencia en la zona centro y parte de la Sierra de Guerrero.

Zona narca

Mientras los empresarios de Chilpancingo se sumaban de manera pacífica y moderada a los grupos de autodefensa, en cuatro municipios de la Costa Grande se realizó una protesta más radical donde los pobladores manifestaron su hartazgo ante la violencia, la impunidad y los presuntos nexos de autoridades civiles y castrenses con el narco.

La mañana del jueves 20, más de mil personas, hombres y mujeres, armadas con rifles y escopetas de los municipios de Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Benito Juárez y Atoyac de Álvarez anunciaron la conformación del Grupo de Autodefensa Ciudadana, para enfrentarse al cártel de Los Caballeros Templarios.

El activista Leopoldo Soberanis Hernández, quien encabeza el grupo de autodefensa, dijo que pretenden revertir los secuestros, extorsiones y asesinatos cometidos por Los Caballeros Templarios en complicidad con autoridades civiles y militares del 19 Batallón de Infantería, con sede en Petatlán.

 Los manifestantes bloquearon durante más de 24 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de Tecpan, en los poblados de San Luis San Pedro y San Luis –zona emblemática del narco en la entidad, controlada por el grupo delictivo denominado Los Granados, remanente de los Beltrán Leyva– para exigir a las autoridades gubernamentales su reconocimiento como grupo de autodefensa.

 A pesar de que el bloqueo carretero colapsó la Costa Grande y dejó varados a miles de automovilistas, transportistas y paseantes, el secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, acudió al lugar al día siguiente de la protesta y cedió ante las demandas de los inconformes.

 Cerca de las 15:00 horas de este viernes, Cruz Ramírez prometió formalizar legalmente este grupo de autodefensa, para que puedan asumir las funciones de seguridad en su zona de influencia en “coordinación” con autoridades gubernamentales.

 También podrán realizar operativos policiacos en contra de Los Caballeros Templarios, informó a Proceso el dirigente de la Asociación Ciudadana Defensora de Derechos Humanos, Leopoldo Soberanis, quien calificó la acción como una “negociación exitosa”.

 La violencia se recrudeció en los municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán, donde operan sicarios al servicio de Rubén El Nene Granados y Rogaciano Alba Álvarez, dos delincuentes actualmente presos y ligados a los Beltrán Leyva y al cártel de Sinaloa.

 En su edición 1889, Proceso publicó dos reportajes sobre la problemática del narcotráfico y los grupos de autodefensa en la Costa Grande de Guerrero, donde Leopoldo Soberanis sirvió como guía de los enviados de este semanario. Desde entonces se documentó el desplazamiento forzoso de pobladores, por las amenazas de sicarios a causa de la disputa territorial. También se reportaron intimidaciones por parte de paramilitares y abusos de elementos castrenses contra la población civil, al amparo de la guerra contra el narcotráfico.

 En esa ocasión, Soberanis Hernández advirtió que habitantes del ejido Frenos de Puerto Rico, quienes desde 2007 son extorsionados por paramilitares surgidos durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, anunciaron que “ante el silencio de las autoridades van a armarse para defenderse. La población decidió no pagar los 3 millones de pesos que los maleantes exigen. El jefe de la banda, Serafín Alegre Cortés, vinculado a Los Caballeros Templarios, les advirtió que si para el 30 de enero no habían pagado, empezaría a matar a la gente, incluyendo mujeres y niños”.