Traicionó
FCH a víctimas.- Sicilia
Nota de Martha
Martínez
Enfoque de Reforma (23 junio 2013).- El 23 de
junio de 2011, en un encuentro histórico, Felipe Calderón se reunió con
familiares de las víctimas de su guerra contra el narcotráfico en el Castillo
de Chapultepec; ahí se comprometió a supervisar personalmente sus casos, hacer
lo necesario para brindarles justicia y revisar su estrategia contra el crimen
organizado. Acompañado de su esposa, Margarita Zavala, y de su gabinete, se mostró
conmovido y solidario. Escuchó y abrazó. Se indignó y ordenó a sus
colaboradores atender a las víctimas.
A
dos años de distancia, el poeta Javier Sicilia, quien levantó la voz tras el
asesinato de su hijo Juan Francisco –ocurrido por el 28 de marzo de 2011– acusa
al ex mandatario de haber simulado esos compromisos.
"Se
armaron las mesas de trabajo para los temas de la Ley de Víctimas, de justicia,
del cambio en la guerra contra el crimen organizado, había mucha esperanza, el
problema es que lentamente, como siempre sucede con el gobierno y con el
Estado, se fueron traicionando los acuerdos", reflexiona.
Entre
esas traiciones, señala, la peor fue la Ley General de Víctimas, pues a pesar
del compromiso del ex jefe del Ejecutivo de impulsarla, al final de su sexenio
quedó empantanada en una controversia constitucional.
"Ese
es un compromiso traicionado de forma terrible. La enviaron tarde, después la
secuestraron, la jugaron a nivel de campaña electoral, después apareció a
destiempo, querían cambios que iban a dañar la ley y terminó (Calderón) por
meterla y entramparla en una controversia constitucional", recuerda.
La
Ley General de Víctimas, en cuya confección participaron el Inacipe, la UNAM y
el Movimiento por la Paz, fue aprobada y enviada al Ejecutivo para su
publicación el 30 de abril de 2012. El 1o. de julio, éste la regresó al
Congreso con observaciones a pesar de que, a decir de legisladores, el plazo
para ello ya había fenecido.
El
Movimiento denunció que las observaciones a la ley fueron enviadas luego de que
se supo que los resultados electorales favorecían al PRI.
El
21 de julio de 2012 el gobierno federal presentó una controversia ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que fuera ésta la que
decidiera la legalidad de sus observaciones. Mientras ésta seguía su curso,
Calderón turnó al Congreso una Ley General de Atención y Protección a las
Víctimas que buscaba sustituir a la Ley General de Víctimas. Al concluir el
sexenio, ninguna de las dos había sido promulgada.
Sicilia
recuerda que durante los Diálogos por la Paz, el Movimiento demandó la creación
de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pero la respuesta del ex
presidente fue la creación de Províctima.
Esta
institución –creada en septiembre de 2011– fue otra simulación, pues no se le
dotó de los recursos, la infraestructura y el personal necesarios para
responder a la enorme responsabilidad que se le había encomendado.
Províctima
fue una reacción inmediata de Calderón a esos diálogos para tratar de asumir el
problema de las víctimas, de la criminalización, de esa ausencia de justicia,
de esa ausencia de protección, pero como una respuesta inmediata estaba muy mal
planteada: aunque el personal era bueno y su directora espléndida, no tenía
recursos, y contaba con poca capacidad y personal para responder al tamaño del
problema, de la tragedia humanitaria", sostiene.
Desde
que comenzó su operación, Províctima fue blanco de críticas debido a que nació
sin recursos presupuestarios suficientes, su infraestructura no llega a más de
la mitad del país y sus facultades son meramente asistencialistas.
Información
de la dependencia indica que entre el 1o. de octubre de 2011 y el 31 de marzo
de 2013, atendió a 15 mil 781 personas de manera presencial, y a 15 mil 341 vía
telefónica. De ellas, sólo el 14 por ciento son víctimas del delito de
desaparición forzada, el 9 por ciento del delito de homicidio, y menos del 7
por ciento del delito de secuestro; el resto corresponde a víctimas de
violencia familiar y abuso sexual, entre otros.
En
noviembre del año pasado su titular, Sara Irene Herrerías, reconoció ante
legisladores que una de las principales limitaciones de Províctima es que no
puede realizar investigaciones por los delitos que le reportan. Sus facultades,
dijo, se limitan a gestionar becas, créditos hipotecarios y atención médica y
psicológica.
Otra
de las limitaciones es la falta de recursos: en 2012 su presupuesto fue de
227.5 millones de pesos; para 2013 es de 448.9 millones. Debido a ello, cuenta
con sólo 16 centros de atención que ocupan las instalaciones de lo que antes
eran los centros de atención a víctimas de la PGR.
Dichos
centros están distribuidos en 14 entidades, quedando fuera estados como Sonora
y Tamaulipas, a pesar de que este último alberga dos ciudades que, hasta
febrero pasado, se encontraban entre las 50 más peligrosas del mundo: Reynosa y
Ciudad Victoria.
El
poeta reprocha que, a pesar de que durante el encuentro solicitaron a Calderón
un Monumento a la Memoria, su respuesta fue construir un memorial sin nombres
en un campo militar.
"Está
en un campo dedicado al Dios de la Guerra, sin nombres, frente a un memorial de
soldados donde sí hay nombres. Es verdaderamente un insulto, un elogio a la
fosa común, un elogio de Calderón a su propia guerra", señala.
Tampoco
el Congreso cumplió
Cinco
días después de la reunión con Calderón, el Movimiento sostuvo una reunión en
el Castillo de Chapultepec con 40 diputados y senadores de todos los partidos
políticos. El tema principal fue la Ley de Seguridad Nacional.
Las
modificaciones a dicha ley se encuentran en la congeladora desde entonces,
debido a que los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo en temas como la
eventual facultad del Presidente de declarar estados de excepción, la
eliminación del fuero a militares involucrados en delitos en contra de civiles
y el blindaje propuesto por Calderón para militares que participaran en
actividades de combate al crimen organizado.
A
pesar de las jornadas de diálogo, en 2011, la tragedia humanitaria no se detuvo:
miles de familias en todo el país siguieron perdiendo integrantes en retenes
militares o a manos del crimen organizado.
De
acuerdo con la PGR, hasta septiembre de 2011 –dato más actual– se registraron
47 mil 512 muertes como producto de la guerra contra el narcotráfico. El 15 de
febrero pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estimó
en 70 mil los muertos durante todo el sexenio calderonista.
A
esta cifra se suma la de personas desplazadas, desaparecidas y secuestradas.
Según el informe Un vistazo global 2012: Personas internamente desplazadas por
conflicto y violencia , del Centro de
Vigilancia del Desplazamiento Interno, en México 141 mil 900 personas han sido
desplazadas por la violencia relacionada con el crimen organizado.
Datos
de la CNDH indican que al menos 20 mil migrantes fueron secuestrados durante su
paso por el país entre 2009 y 2011; el mismo organismo señala que tienen
registradas 5 mil 397 personas desaparecidas, es decir, 4 mil 862 más que las
registradas durante la Guerra Sucia.
Esta
cifra fue actualizada en febrero pasado por la nueva administración, que elevó
a más de 22 mil el número de desaparecidos en el sexenio anterior.
Tras
el encuentro con Calderón el propio Movimiento por la Paz registró pérdidas, con
el asesinato de tres de sus activistas: Pedro Leyva, Trinidad Cruz y Nepomuceno
Moreno.
"Es
ahí donde están las grandes traiciones de Calderón. En el segundo diálogo
visibilizamos más víctimas y le pusimos enfrente a Nepomuceno Moreno.
Nepomuceno le dijo en ese momento a Calderón 'sé quienes son los asesinos de mi
hijo y estoy amenazado de muerte'... al poco tiempo lo estaban asesinando. Es
una muestra clara de que el Presidente simuló compromisos en esos
diálogos", advierte.
Nuevo
discurso, mismos resultados
Sicilia
considera que, a pesar de que Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de
Víctimas desde el 9 de enero, el único avance registrado en los últimos seis
meses es el cambio en el discurso.
"El
gobierno de Peña Nieto cambió el discurso, asumió el discurso del Movimiento,
asumió la deuda de Estado, pero la realidad no muestra cambios", opina.
Sobre
el padrón de desaparecidos, señala que además de la forma desafortunada en la
que se dio a conocer, las autoridades federales no han hecho pública la
depuración que prometieron realizar y, hasta el momento, desconocen de qué
manera dicha lista está ayudando a las indagatorias de las autoridades.
"Falta,
fuera de esa lista no nos han hablado de la depuración ni de cómo se está
trabajando", indica.
El
20 de febrero pasado la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Lía Limón, reconoció en una entrevista radiofónica la existencia
de una lista de 27 mil 523 desaparecidos entregada por la administración de
Calderón.
Tres
días después, Óscar Vega Marín, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, indicó que el único registro que dejó la administración
anterior contabilizaba 5 mil 319 desaparecidos. El 26 de febrero, Lía Limón
rectificó la cifra a 22 mil 121 personas.
El
26 de febrero, Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de
Segob, indicó que dicha lista no estaba depurada y que en las próximas semanas
darían a conocer una nueva base de datos. Hasta la fecha ésta no se ha hecho
pública.
Sobre
la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el escritor critica que ésta
se anunció hasta que madres de desaparecidos hicieron una huelga de hambre
frente a las instalaciones de la PGR.
El
27 de mayo pasado, 18 días después de que dichas mujeres iniciaran su protesta,
el gobierno federal presentó la Unidad que se encargará de indagar el paradero
de más de 22 mil personas, según el registro de la Segob.
Durante
su presentación, Osorio Chong reconoció que aún falta saber "cómo acomodar
recursos, de dónde jalarlos". Actualmente la unidad no tiene responsable,
ni presupuesto, ni sede, y los 12 ministerios públicos adscritos serán
capacitados sobre la marcha.
Mientras,
el gobierno de Peña Nieto despliega una estrategia de combate al crimen organizado
similar a la de Calderón. "Cambió el discurso, pero la estrategia sigue y
el horror también", apunta el poeta, "los muertos siguen, los
desaparecidos siguen y la justicia es muy pobre, esa es la realidad del país.
Aunque quieran cambiar la percepción, los ciudadanos que vivimos diariamente
las calles de este país, las carreteras, sabemos que no es así".
Desde
enero pasado, cuando promulgó la Ley de Víctimas, Peña Nieto no ha vuelto a
reunirse con el Movimiento por la Paz, a pesar de que durante el encuentro que
como candidato sostuvo con éste, se comprometió a mantener un diálogo
constante.
Fuera
de la entrega de la Ley no hemos tenido ninguna reunión, cosa que lamentamos,
porque los diálogos tienen que mantenerse vivos para ver los avances, y dónde
están los errores", lamenta Sicilia.
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