Estado
fallido, política fallida, mandatario fallido.../Francisco Castellanos
Revista Proceso # 1932, 9 de noviembre de 2013
A contracorriente del desconcierto de amplios sectores de la sociedad michoacana, el gobernador Fausto Vallejo dice a Proceso que el “excelente” operativo militar del domingo 3 para controlar las actividades en Lázaro Cárdenas no fue sorpresivo, sino que fue planeado desde 2012. Y mientras el mandatario de las prolongadas ausencias y de la salud quebrantada se regodea con ese aparatoso despliegue policiaco y militar, la oposición en Michoacán exige políticas públicas eficaces y el obispo de Apatzingán denuncia el “estado fallido”.
A contracorriente del desconcierto de amplios sectores de la sociedad michoacana, el gobernador Fausto Vallejo dice a Proceso que el “excelente” operativo militar del domingo 3 para controlar las actividades en Lázaro Cárdenas no fue sorpresivo, sino que fue planeado desde 2012. Y mientras el mandatario de las prolongadas ausencias y de la salud quebrantada se regodea con ese aparatoso despliegue policiaco y militar, la oposición en Michoacán exige políticas públicas eficaces y el obispo de Apatzingán denuncia el “estado fallido”.
LÁZARO
CÁRDENAS, MICH.- Los michoacanos se sorprendieron cuando militares, marinos y
agentes federales irrumpieron en este puerto y tomaron el control de las
instalaciones de Aduanas y de la Policía Municipal el domingo 3. Sin embargo,
el gobernador Fausto Vallejo Figueroa declaró que no se trató de un “operativo
sorpresa”, sino de una medida planeada hace más de un año por los gobiernos municipal,
estatal y federal.
Según
el mandatario, la llegada de refuerzos se esperaba desde 2012, cuando pidió a
la federación cuidar las actividades en las aduanas y en el puerto ante la
presunción de la entrada de productos ilícitos. E insiste: el cambio de
personal de aduanas y del puerto es significativo.
–¿Qué
opina sobre la toma de Lázaro Cárdenas? –le pregunta el corresponsal.
–Excelente.
Lo
otro, la intervención de la Policía Militar, dice, “la aplaudimos en todo el
país, pues se requiere la acreditación y certificación de los uniformados. (En
el caso de Morelia) no se les está despidiendo ni sustituyendo. Sólo pedimos
que vinieran a certificar y capacitar a los policías municipales; llegaron 144
de los 195 elementos del puerto.
En
el momento en que los agentes municipales estén listos, regresarán a ocupar sus
funciones. No los estamos despidiendo: se trata de un acuerdo que tuvimos con
el presidente municipal de Lázaro Cárdenas (el perredista Arquímides Oseguera
Solorio). Estamos en la misma sintonía.”
Vallejo
confía en que la federación continuará apoyándolo en el resto de los municipios
de la entidad. “Es imprescindible certificar a los policías de los 2 mil 244
municipios del país”, insiste.
A
partir de la toma de Apatzingán por grupos de autodefensa y policías
comunitarias el pasado 26 de octubre, el miedo invade a los michoacanos.
Desde
el domingo 3, las actividades portuarias son controladas por elementos de la
Secretaría de Marina Armada de México (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena),
la Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y del
Servicio de Administración Tributaria (SAT). El operativo no tiene precedentes
en el municipio.
“Este
tipo de acciones alcanzarán a otros municipios en los próximos días. La idea es
que los cuerpos de seguridad municipal reciban adiestramiento y capacitación
por parte de la Sedena”, dice a Proceso el secretario general de Gobierno,
Jaime Mares Camarena.
En
la Ciudad de México, Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad
de Medios de la Secretaría de Gobernación, expuso que el gobierno federal
encomendó a la Sedena la seguridad periférica y las vías de acceso al puerto de
Lázaro Cárdenas. Asimismo, dijo, ordenó “evaluar y adiestrar” a los elementos
de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas.
Y
así como el Ejército se encarga hoy de la seguridad pública en el municipio y
en la entidad, según el funcionario, la PF refuerza la seguridad periférica y
las vías de acceso al puerto en coordinación con la Sedena, mientras la PGR
participa en las revisiones portuarias y atiende las denuncias.
De
acuerdo con Sánchez Hernández, quien en mayo pasado fue nombrado también vocero
del gabinete de seguridad, a petición de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la Semar comisionó a su personal de alto rango para ocupar los
cargos administrativos en el puerto y en la capitanía local, que
tradicionalmente están a cargo de la Marina Mercante.
Reparto
de tareas
El
titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, asegura que fueron relevados los
supervisores de las operaciones de comercio exterior y verificación de
mercancías. Hoy, 156 empleados del SAT controlan las actividades. El propósito,
insiste Núñez, es rotar al personal asignado a Lázaro Cárdenas para evitar
actos de corrupción.
Este
puerto, refiere el titular del SAT, es uno de los más importantes del país –en
lo que va del año se han realizado aquí operaciones por más de 165 mil millones
de pesos–; el segundo en manejo de contenedores, y el tercero respecto al valor
de la mercancía que se importa y exporta. Sólo lo superan los de Manzanillo y
Veracruz.
Por
lo que atañe a la Semar, se encargará de la seguridad y de las operaciones
portuarias y fortalecerá los esquemas de operación del Centro Unificado de
Respuesta de Incidentes Marítimos, encargado de organizar acciones coordinadas
para garantizar la protección y seguridad de las instalaciones y buques.
Desde
el principio, el Ejército desarmó y acuarteló a los 195 elementos de la policía
local y los envió a un centro de adiestramiento mientras revisa sus
expedientes.
Silvia
Estrada Esquivel, coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la
legislatura local, comenta que “Michoacán requiere paz y tranquilidad”. Pero
advierte: “Eso no sólo debe atenderse con efectivos federales, sino con
políticas públicas encaminadas a incentivar la economía de las regiones y
combatir la pobreza”.
Y
si bien considera positiva la presencia de fuerzas federales en este puerto,
insiste: las acciones deben ir acompañadas de una estrategia social para
combatir la inseguridad de raíz. El problema no es privativo sólo de Lázaro
Cárdenas, por lo que, dice, deben implementarse acciones en todo el estado, de
manera particular en donde se han reportado conflictos.
En
la comunidad nahua de Pomaro, sus habitantes tomaron la carretera federal
México 200 la mañana del lunes 4. Bloquearon la circulación a la altura de la
localidad de Maruata, frente a la estación naval Avanzada de la Semar, para
demandar a los gobiernos estatal y federal el restablecimiento del estado de
derecho en San Pedro Naranjestil. También piden que las autodefensas de
Coalcomán salgan de su territorio, rico en bosques y yacimientos minerales.
El
presidente del Consejo de Vigilancia de Pomaro, Efraín Arroyo Chávez, comentó
que la carretera se mantendrá tomada de manera indefinida y advirtió que los
indígenas sólo se retirarán cuando se cumplan sus exigencias que, dijo, son
avaladas por los pueblos nahuas de Aquila, Coire y Ostula.
La
carta pastoral
–¿Es
Michoacán un estado fallido? –se le pregunta a Fausto Vallejo.
–No,
no es cierto. Que conozcan la realidad. Que no minimicen el esfuerzo de la
federación, del gobierno de la entidad y de los municipios. Le estamos entrando
con todo para eliminar los problemas; estamos atacando algunos relacionados con
el crimen organizado –responde.
Y
agrega: “Tenemos que ver también lo de las guardias comunitarias. Las estamos
conminando a que se apeguen al estado de derecho para que el estado le dé
seguridad y estabilidad a la población”.
Por
eso, justifica, llegaron fuerzas federales al estado. E insiste: “Hay algo más
significativo. No se trata de tener más soldados, marinos, policías… También
hay un buen paquete mucho muy importante para el desarrollo social en todo
Michoacán, en particular en el puerto Lázaro Cárdenas. Lo autorizó el
presidente de la República e incluye atención sanitaria, asistencia social,
deportiva y carretera”.
El
obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, publicó el martes 5 una carta
pastoral en la que denuncia las arbitrariedades de los grupos del crimen
organizado. La misiva, que causó polémica, empieza con una cita bíblica:
“¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, y denunciaré a
gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme?”.
“Tal
pareciera –prosigue el texto– que el profeta estuviera denunciando la situación
que se está viviendo en el país, en el estado de Michoacán y concretamente en
nuestro querido Valle de Apatzingán.
“Los
filósofos nos dicen que para que haya un estado de derecho se necesita que éste
sea regido por la ley, que nos lleve a la práctica de la justicia, y de esta
manera dar seguridad y bienestar al pueblo. La justicia conduce a la paz, donde
se viven valores tan fundamentales como la alegría, la fraternidad, el amor, el
respeto a la vida, la libertad y el trabajo. Todo esto tiene como resultado el
desarrollo, la prosperidad y el bienestar para toda la comunidad social.
“Su
contraparte es el Estado fallido, donde hay ausencia de la ley y la justicia
provocando inseguridad, miedo, tristeza, ira, desconfianza, rivalidades,
indiferencia, muerte y opresión. Cuando no hay justicia, tampoco hay paz ni
desarrollo ni prosperidad ni bienestar en la sociedad.”
–¿Qué
opina de las declaraciones del obispo de Apatzingán, de la nueva postura de la
Iglesia católica ante los problemas de la entidad? –se le pregunta a Vallejo.
–Es
positivo. Y no debemos de molestarnos ni enojarnos cuando se señalan tales
cuestiones, sobre todo cuando se trata de una personalidad como don Miguel
Patiño. Habrá que platicar con él. Habrá que revisar el asunto, porque, por
ejemplo, cuando dice que el gobierno estatal y municipal están infiltrados,
habrá que revisar. Nunca debemos desdeñar lo que dice una personalidad seria,
pero sobre todo muy valiente, como es el obispo de Apatzingán.
Uruapan,
Los Reyes, Peribán y Zamora viven en constante zozobra ante posibles
incursiones de grupos de autodefensa, policías comunitarias, tropas de la
Sedena y de la Semar, así como de elementos de la Policía Federal y de la PGR,
cuyo cometido es “tomar y rescatar” del crimen organizado esas ciudades, como
lo hicieron con Apatzingán, Aguililla, Aquila, Coalcomán, Buenavista Tomatlán y
Tepalcatepec.
Hoy,
los habitantes de estas localidades evitan salir de sus casas por las noches.
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