El gobierno federal desoyó denuncias y cedió Michoacán a los cárteles: Proceso

• Interesante reportaje de Anabel...
• “¿No lo quiere firmar, no se quiere dar por enterado?”, le preguntó el legislador; 
• “Me compromete”, habría dicho el subprocurador Santiago Vasconcelos.
• Seguramente algo dirá el Gral Macedo de la Concha aspirante hoy al cargo de embajaddor en Turquia

El gobierno federal desoyó denuncias y cedió Michoacán a los cárteles/Anabel Hernández

Revista Proceso # 1932, 9 de noviembre de 2013

Un legislador federal entregó en 2006 al titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, un documento que de haber sido atendido hubiera desactivado la narcoviolencia en Michoacán. Elaborado por ciudadanos que investigaron a varios de los principales jefes locales del narcotráfico, el escrito revela los domicilios de los criminales, los lugares de acopio de armas y drogas, sus casas de seguridad, empresas, hoteles y haciendas, así como los nombres de altos jefes policiacos sobornados. Pero, dice el ahora exlegislador en entrevista con Proceso, las autoridades “no les pusieron un hasta aquí y los dejaron crecer…”

Afinales de abril de 2006 el titular de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, recibió una denuncia detallada de las propiedades y movimientos de los principales jefes del crimen organizado en Michoacán.

Aunque se trataba de un documento de nueve fojas elaborado colectivamente por ciudadanos del estado, al calce aparecían el nombre, firma y teléfono de un responsable.

En el texto –dirigido al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y a Santiago Vasconcelos– se proporcionaban los nombres de varios líderes locales del narcotráfico con sus domicilios, casas de seguridad, empresas y hoteles, placas de sus vehículos y hasta números telefónicos mediante los cuales podían ser investigados para aprehenderlos.

La finalidad de los ciudadanos desesperados por la violencia era liberarse del yugo de los criminales, y decían esperar que fuera “de utilidad esta información y así nos ayuden a vivir tranquilos sin temor a ser asesinados por esos delincuentes”.

Fue un legislador federal quien entregó dicha denuncia –cuya copia tiene Proceso– a Santiago. Entrevistado por este semanario refiere que al pedirle firmar de recibido el subprocurador se negó, pues el escrito lo comprometía.

Seguro de que la atención a la denuncia pudo haber atajado la situación de caos que hoy vive Michoacán, el exlegislador federal narra a Proceso el encuentro con Santiago, pero pide omitir su nombre por temor a represalias y porque vive exactamente en el corazón de la zona michoacana en conflicto.

El entonces titular de la SIEDO, cuenta el exlegislador, “no quiso darse por enterado oficialmente. Por eso no firmó. Si firmaba, se hacía responsable de que eso existía y no quiso. Unos meses después surgió públicamente La Familia y se dio a conocer en La Voz de Michoacán”.

Célula Michoacán

Los denunciantes señalaban como líderes del “Cártel del Golfo, Célula Michoacán”, a Osiel Cárdenas, quien ya había sido detenido; a Carlos Rosales Mendoza, también aprehendido; a Nicandro Barrera Medrano, El Nica, y a Nazario Moreno, El Chayo. Estos dos, puntualizaba el escrito, “controlan Michoacán”. Hasta el momento siguen libres.

Mencionaban también a Chencho Moreno, “hermano del Chayo” (quien sería ejecutado por un grupo rival); a Arnoldo Rueda Medina, El Minsa, “compadre del Chayo” (detenido en 2009); a Mario Cárdenas, suegro de Alberto Moreno, hermano del Chayo (“detenido en USA”); a Martín Ibarra, “prestanombres y administrador de los bienes del Chayo y socio en la elaboración de droga”, y a “un profesor apodado La Tuta (Servando Gómez Martínez), sicario y lugarteniente del Chayo en la región de Arteaga”.

 Añadían que en 2003 todos ellos habían orquestado la fuga del Cereso de Apatzingán y advertían: “Tienen armas de grueso calibre y una flotilla de aproximadamente seis Cherokees blindadas, blancas y grises”.

 Especificaban la ubicación de casas de seguridad, empresas, un motel, huertas y hasta el domicilio de Nazario Moreno.

 Afirmaban que detrás de un Costco en Morelia, en la calle San José del Cerrito números 119 y 117, colonia Leona Vicario, había casas de seguridad de Nazario Moreno e indicaban: “Ahí pueden encontrar armas, vehículos blindados y drogas”. También denunciaban dos casas de seguridad en la misma zona, en la calle San Juan Bautista número 44, y la de junto, sin número, donde igualmente se podía hallar droga y armamento.

Apuntaban igualmente a un domicilio frente a Pizza Hut de la colonia Las Américas, en Juan de Medina Rincón sin número, al lado del número 111, usado por El Chayo y su hermano Chencho. Además, “a un costado de helados Bing de Las Américas vive El Chayo con su esposa (María Elena Loya), calle Nicaragua número 37”.

Según los denunciantes, en Agustín Ramírez 546, colonia Margarita Maza de Juárez, entre la salida de la carretera libre a Guadalajara y camino a San Juanito Itzícuaro, El Chayo tenía una bodega donde guardaba droga y armas.

El domicilio de Martín Ibarra, presunto lavador de dinero, lo ubicaban en el fraccionamiento Lomas de las Américas número 70, donde “pueden encontrar armas, autos, facturas de vehículos, escrituras de ranchos y casas propiedad de El Chayo”.

Daban igualmente las referencias de dos ranchos más de éste en Reynosa, Tamaulipas.

 Aseguraban que una casa de cambio llamada Centro de Divisas Barrera, en el 122 de Ponciano Arriaga, en Morelia, era propiedad de Nicandro Barrera Medrano, El Nica, pero estaba a nombre de sus familiares.

 En la lista de bienes presuntamente propiedad de Barrera Medrano incluían el motel Oasis, por la salida de la libre a Guadalajara, en la calle Arboleda 80, colonia La Loma; hasta la fecha sigue en funcionamiento.

 En el documento se referían a una mujer, Silvi, quien entonces vivía en Uruapan (número 22 de la Calle 2 de la colonia Eduardo Ruiz) y presuntamente era pareja de Barrera Medrano. Por si fuera poco daban el número de un celular del Nica y decían que entonces él vivía en el lujoso fraccionamiento San Javier, de Monterrey.

 “Los de inteligencia militar le dieron seguimiento (a Barrera Medrano) hasta Monterrey, pero no pudieron actuar y detenerlo porque El Nica era escoltado y cuidado por más de 40 sujetos armados, entre los que estaban varias autoridades de Monterrey”, asentaban.

 Daban pormenores de las huertas del municipio de Ario usadas tanto para la siembra de durazno y aguacate como para la producción de drogas sintéticas y almacenamiento de armas. Mencionaban el rancho Santa Elena y la huerta Loma Bonita, la cual, exponían, había pertenecido a Armando Valencia Cornelio, pero ya era propiedad de Nazario Moreno y la administraba Martín Ibarra.

 Como propiedades y refugios de Servando Gómez Martínez, La Tuta, en Arteaga mencionaban dos casas: una en Doctor Miguel Silva 53 y otra sin número; también un domicilio “en la esquina que forman las calles Independencia con Avenida Principal. El lugar queda del lado derecho de la Avenida Principal en dirección Morelia-Lázaro Cárdenas (…) Es ahí donde vive La Tuta con su señora (y) pueden encontrar armas, droga y vehículos robados”. Incluían dos ranchos que entonces pertenecían a La Tuta, uno “en la pista de aviación por el cementerio” y otro en una brecha que entronca con la carretera Las Cañas-Arteaga.

 Los sobornos

Tras expresar que los jefes de “la organización del Cártel del Golfo en Michoacán pagan a las diferentes autoridades estatales y federales”, añadían que el primer comandante regional de la Policía Ministerial de Michoacán, Jehová Cortés López, recibía 20 mil dólares al mes por encargarse “de taparles los homicidios y otros delitos cometidos, y les manda unas patrullas cuando están aquí en Morelia para que los cuiden y los protejan”.

Aunque Cortés no fue detenido sino hasta mayo de 2007, en efecto la PGR notificó que lo acusaba de dar protección a Carlos Rosales Mendoza, El Tísico, del Cártel del Golfo.

La dependencia refirió que cuando El Tísico fue detenido “se le aseguraron una escopeta, dos armas de fuego, cuatro cargadores para AR-15, cartuchos útiles de diferentes calibres, así como cinco gorras con insignias de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cinco pantalones negros tipo comando, cinco chamarras con insignias de la PGJE, dos videocámaras, cinco chalecos antibala, un overol negro, una placa metálica con insignias de la PGR, cinco grabadoras de cinta para escáner, un pasaporte, 11 mil 50 pesos, tres tarjetas bancarias y 50 panfletos de La Familia Michoacana”.

Los ciudadanos también acusaban a Miguel Ángel Arellano Pulido, procurador estatal en 2004 y 2005, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008). Afirmaban que aquél “recibió de Carlos Rosales, un mes antes de que lo agarraran (octubre de 2004), 100 mil dólares como regalo, pero no le dan mensualidad. Éstos (los dólares) se los hicieron llegar con un hermano, no sabemos si hermano del procurador o hermano de Carlos Rosales”.

En 2005 Arellano renunció a la Procuraduría para convertirse en diputado federal.

Durante el periodo de aprehensiones de presidentes municipales y funcionarios públicos acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada (2009) conocido como el michoacanazo, Arellano se amparó contra cualquier acción en su contra por parte de la PGR.

En febrero de 2012, a unos días de terminar su mandato, Leonel Godoy, gobernador de Michoacán de extracción perredista, le concedió una patente para crear la Notaría número 165.

Nadie les hizo caso

Los michoacanos contaron a la PGR y a la SIEDO que la investigación la hicieron en poco más de un mes y habían hecho contacto con miembros de inteligencia militar de Morelia, pero sin ningún resultado.

A ellos “se les remitió casi toda esta información, pero ya son casi 22 días y no vemos nada de avances. Necesitamos que nos ayuden (…) pero es que personal de inteligencia militar nos dijo que no confiáramos en nadie, porque podía pasar lo de Apatzingán, cuando un AFI se fugó con un detenido en un cuartel de ellos”.

En el escrito dirigido a Macedo de la Concha y a Santiago Vasconcelos, los ciudadanos michoacanos les pidieron que la autoridad se mantuviera en contacto para allegarle más información e incluso ofrecieron dos testigos de los crímenes de quienes comenzaban a formar La Familia, a condición de que los metieran al programa de testigos protegidos.

Todos los detalles y esfuerzos ofrecidos por los ciudadanos fueron ignorados.

En principio habían hecho llegar el documento a la PGR, pero al no estar seguros de que lo hubiera recibido en propia mano el titular de la SIEDO, le pidieron a un legislador federal de Michoacán entregarlo.

 “Cuando vi la información”, “se me puso la piel de gallina, era mucho riesgo. Pero dije: ‘Si yo me echo para atrás, entonces ¿en quién va a confiar la gente?’”

Así, a finales de abril de 2006 concertó una cita con Santiago Vasconcelos y cuando estuvo con él en su oficina le indicó que iba a entregarle un documento del cual seguramente ya tenía conocimiento. Según el testimonio del legislador, el titular de la SIEDO le dijo que se trataba de “un documento cualquiera”.

“Le dije que no era un documento cualquiera porque venía el nombre y el teléfono de la persona que denunciaba, y venía mucha información sobre el crimen organizado en la entidad, y lo menos que podía hacer la PGR era investigar y verificar la información.

“¿No lo quiere firmar, no se quiere dar por enterado?”, le preguntó.

“Me compromete”, respondió el subprocurador. “Ni a usted se lo voy a firmar”. Y dio por terminado el encuentro.

“¿Por qué si tenían esa información no pararon a esa ge   nte y le pusieron un hasta aquí? Los dejaron crecer. La pregunta es: ¿Los dejaron crecer gratis o recibieron algún estímulo económico?”, continua el exdiputado.

Esto a pesar de que 68% de la población total de Michoacán se encuentra bajo el yugo de los narcotraficantes.