Ceremonía de solicitud de declaratoria de inicio gradual del Código procesal penal único

México, D.F., 3 de septiembre de 2014.

La solicitud está dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y señala: 
“Con fundamento en el Primer Párrafo del Articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, solicitamos por su conducto ante el Honorable Congreso de la Unión la emisión de la Declaratoria de Entrada en vigor de dicho ordenamiento legal a nivel federal a partir del 24 de noviembre de este año en los Estados de Durango y Puebla”.
Respecto de la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales en las demás entidades federativas el Poder Judicial de la Federación, la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría General de la Republica, mediante acuerdos conjuntos solicitarán a ese Congreso de la Unión se proceda a emitir las declaratorias correspondientes. 
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Versión Estenográfica de la Ceremonia de Solicitud de Declaratoria de Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, llevada a cabo en el Auditorio del Edificio de Revolución 1508.
Integrantes del  presídium:
Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la SCJN y del CJF;
Jesús Murillo Karam, Procurador General de la Republica;
Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, en representación del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación;
Magistrados Cesar Esquinca Muñoa, Manuel Ernesto Saloma Vera, y José Guadalupe Tafoya Hernández, Consejeros de la Judicatura Federal.
María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y; 
Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR.
Hablaron, en primer lugar:
Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad.

Señor Ministro don Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura.
Señor licenciado don Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.
Señores consejeros.
Señoras y señores:
Es para mí un privilegio asistir a este evento en representación del señor Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, quien por mi conducto les envía un cordial saludo en ocasión de la firma de la solicitud de declaratoria del inicio gradual de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Nos encontramos aquí reunidos para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 2o transitorio del propio Código, según el cual éste entrará en vigor gradualmente a nivel federal en los términos en que prevea la declaratoria correspondiente.

Dicha declaratoria deberá emitirse una vez que el Congreso de la Unión reciba la solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la Republica y la Secretaria de Gobernación.
Desde el inicio de su gobierno el Presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado una política de seguridad pública y de procuración de justicia que, entre otros objetivos, busca que el país cuente con un Estado de Derecho solido y eficaz en el que la ley se cumpla sin excepción ni demora y que contempla, entre otros aspectos, los siguientes:
Celeridad y transparencia en los procedimientos. Oralidad y publicidad en las audiencias.
Investigación científica del delito y coordinación puntual entre el Ministerio Publico y las policías.
Mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Y, finalmente, la profesionalización de todos los operadores del sistema de justicia.
Para lograr estos objetivos se estableció, por acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, un grupo de trabajo federal en el que se diseñaron directrices y planes maestros de implementación.
Con base en ello, en las instituciones del Gobierno de la República nos encontramos formando a los futuros operadores en los cursos básicos y especializados, con base en sus nuevas funciones que habrán de desempeñar y en los protocolos de actuación.
Asimismo, el señor Presidente impulsó una legislación procesal penal única que fuera válida en todo el territorio nacional, lo cual permitirá  lograr una armónica transición de las instituciones del país al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Gracias al compromiso de los señores legisladores y al apoyo decidido de organizaciones de la sociedad civil, el Código Nacional de Procedimientos Penales es hoy una realidad.
Previo a la expedición del Código Nacional convivían 34 códigos procesales penales.
La existencia de diversas reglas procesales penales impedía la operación de un modelo unificado de justicia penal. Esto podía derivar en resultados contradictorios para resolver un mismo hecho.
Con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales se generó un modelo único que será aplicado en todo el país. Se trata de un Código que incorpora en sus disposiciones el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, mismo que conforme a lo dispuesto en la Constitución entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria ¡correspondiente sin exceder el plazo de ocho años, mismo que concluye en junio de 2016.
Actualmente 18 estados incorporaron ya el Sistema Acusatorio y un número importante está por hacerlo; sin embargo, para que esta profunda reforma logre cabalmente sus objetivos se requiere que la Federación adopte el nuevo sistema. Y para ello la primera piedra de este nuevo modelo en el ámbito federal es precisamente la puesta en vigencia de este código.
De esta manera avanzamos en el proceso de homologación normativa buscando generar esquemas de coordinación entre las instituciones responsables de la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Facilitar la capacitación para aplicar los mismos procedimientos, con la firme convicción de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, la integridad de las personas sujetas a proceso, así́ como de las victimas.
Señoras y señores:
Permítanme en esta lógica destacar algunos puntos que de manera enunciativa y no limitativa considero atributo fundamental en la legislación procesal única en materia penal.
Se facilita el tránsito hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se garantiza que la legislación cumpla con los objetivos de las reformas constitucionales del año 2008 al incorporar los principios del nuevo Sistema Penal Acusatorio y de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos.
Se disminuyen los obstáculos técnicos de acceso a la justicia y se genera una misma protección jurídica en todo el territorio nacional, con lo que se favorece la igualdad jurídica de los ciudadanos.
Se brinda mayor seguridad y certeza jurídica, a la vez que se evita la dispersión legislativa.
Se estandarizan los criterios de interpretación por parte de los juzgadores del país.
Se facilita el cumplimiento de diligencias procesales llevadas al cabo por las autoridades de procuración y administración de justicia.
Finalmente, se estrecha y se agiliza la colaboración entre los órganos que participan en el Sistema de Seguridad y Justicia.
Asimismo, quiero aprovechar este momento para reiterar lo que nos ha expresado el señor Secretario de Gobernación de manera contundente, en la implementación del nuevo sistema de justicia penal no puede haber marcha atrás.
Junto con el Poder Judicial de la Federación se ha proyectado que al cierre de este año inicien sus operaciones en una primera etapa.
Para ello se han realizado acciones de coordinación interinstitucional con las conferencias nacionales de procuración de justicia, de secretarios de seguridad pública, de tribunales superiores de justicia y del sistema penitenciario para diseñar la correcta estrategia para la vigencia del código a nivel federal.
Este esfuerzo inicia en los estados de Durango y de Puebla, con lo que formalmente se da el primer paso hacia la operación gradual del nuevo código en todo el territorio nacional.
Para definir los criterios de gradualidad los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Pena tomaron en cuenta el avance en materia de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información, así́ como la complejidad de las cargas de trabajo, rezago y tipo de asuntos, y el avance en la implementación que existe a nivel estatal.
La implementación del nuevo sistema de justicia penal se encuentra en una etapa decisiva y parte del reto de lograr un cambio cultural en la sociedad mexicana, a efecto de que las personas tengan confianza en la autoridad y colaboren con ella, para las instituciones el desafío consiste en romper inercias y practicas que desgastaron el sistema inquisitivo.
Este día, con la convicción y empeño que nos ha infundido el señor Presidente de la Republica y a través del esfuerzo y la suma de voluntades de los Tres Poderes de la Unión se da cumplimiento a lo establecido en el Segundo Transitorio del Código.
Mediante escrito firmado de manera conjunta por el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Procurador General de la Republica y el señor Secretario de Gobernación se presentará ante el Honorable Congreso de la Unión la solicitud de emisión de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De esta forma, el acto que hoy nos ha reunido representa un acontecimiento histórico, muestra del compromiso por acercar la justicia al ciudadano y la coordinación entre las instituciones del Estado mexicano para juntos logremos el México en paz, incluyente, próspero y pleno de derechos y libertades.
Muchas gracias.
En uso de la palabra el licenciado Jesús Murillo Karam, Procurador General de la Republica.
Quiero, primero que nada, agradecer la hospitalidad del Poder Judicial y, muy en especial, la del señor Presidente de la Corte y del Consejo, en un momento verdaderamente importante para la transformación de nuestro sistema de justicia penal.
Ya el señor Comisionado de Seguridad planteó extensamente los términos de esta, la razón de ser de esta reunión y el propósito que con ella se persigue.
Déjenme decirles que lo primero que me da gusto es oír a un Comisionado Nacional de Seguridad expresarse en esos términos. Ya me da una idea de un cambio enorme en cuanto a la visión de lo que tiene que ser la liga entre la seguridad, la procuración y la impartición de justicia; es decir, yo con toda franqueza me siento muy, muy satisfecho de oírlo y de que tengamos un criterio distinto de lo que debe de ser la seguridad pública.
Antes de llegar aquí hemos tenido muchas reuniones entre la policía, la Procuraduría y el Poder Judicial, en las que hemos venido afinando criterios, teorías, formas, después de que finalmente pudimos tener algo que fue la base de la gran transformación; algo discutible en un sistema federal, un Código de Procedimientos único, tanto para el ámbito local como para el ámbito federal.
Y digo discutible porque desde mi muy personal perspectiva afianza el federalismo, no lo desaparece ni lo enturbia; y lo afianza porque “federal”, el verdadero sentido de la palabra “federal” es sumiso y esto unifica un procedimiento.
En la unificación del procedimiento nos da una cantidad enorme de ventajas que debemos utilizar adecuadamente para poderle sacar más provecho.
Por poner un solo ejemplo: Los que pensamos que la colegiación de los profesionistas es muy importante para la superación de los gremios, teníamos como grave problema para un planteamiento de una Ley de Colegiación el hecho de que habría que certificar en cada estado, en el caso de los abogados, para poder lograr el propósito de que nuestros abogados fueran nacionales y no estatales.
Hubo un Código Único de Procedimientos Penales, y también en mi tesis personalísima de que el derecho penal es absoluta y totalmente distinto al derecho privado, que no es una división simplemente de nombres o de algunos procedimientos, sino de función, de intención, mientras que uno regula los acuerdos el otro regula la conducta, mientras que uno simple y sencillamente busca hasta dónde las voluntades pudieron ponerse de acuerdo, el otro habla de la voluntad de todos, de la voluntad de la sociedad que se fijó reglas y la forma en que éstas tienen que acatarse y cumplirse.
Y señala todo un procedimiento para que en ese acatamiento y cumplimiento se apliquen términos fundamentales de justicia, de orden, de equidad; y genera a los órganos para que esto lo hagan, y genera una enorme estructura, tan importante como la propia convivencia.
El derecho penal es el derecho del mantenimiento de la convivencia y es por eso que es tan importante y es por eso que es tan útil.
Por eso es que esta reunión me parece de la mayor importancia, porque también innova en cuanto a su forma, es la primera ley que va a tener vigencia por el propio mandato de la Constitución en forma gradual, es decir, vamos a tener pedacitos de vigencia legal de un procedimiento, del otro y de lo que nos quedó del otro, prácticamente vamos a tener que trabajar en tres pistas y la ley irá gradualmente conformando el procedimiento que cada una de las pistas debe tener: Buen trabajo para nuestros jueces, buen trabajo para nuestros Ministerios Públicos, enorme trabajo para policías que hoy, con el ejemplo de su Comisionado, deberán estar mucho más preparados, porque no sólo levantarán las evidencias de una escena de crimen, sino que tendrán que ir ante el juez a exponerle con, de qué manera y con veracidad; algo que tenemos que conquistar, podrá hacer valer la parte que a el le tocó.
Como podrán ver, o nos coordinamos o nos va a costar mucho trabajo. Por fortuna yo quiero agradecerle tanto a la Secretaria de Gobernación, que ve la sede de Seguridad, como al Poder Judicial, y a los miembros de la Procuraduría no los puedo excluir por esta coordinación que tiene sólo un propósito: Generar un mucho mejor procedimiento penal, más rápido, más justo, más creíble, más útil.
Muchas gracias.
Mensaje del Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Muy buenos días a todos ustedes.
Compañeros consejeros de la Judicatura Federal;
Don César Esquinca Muñoa; José Guadalupe Tafoya Hernández; Don Manuel Ernesto Saloma Vera;
Señor Procurador General de la Republica, don Jesús Murillo Karam;
Señor licenciado Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad y representante del señor Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio;
Señoras y señores:
En el marco de los grandes cambios paradigmáticos a partir de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de amparo y del sistema penal, se ha trazado una política de Estado en pro de los derechos fundamentales de las personas.
Para ello, resulta indispensable una estrecha colaboración y diálogo institucional entre los Poderes de la Unión para fortalecer las acciones necesarias en la implementación eficaz de las reformas del nuevo Sistema de Justicia Penal.
La confianza de la sociedad pasa por una defensa irrestricta a los derechos humanos y el combate a la impunidad, razón por la cual los tres órganos de gobierno estamos comprometidos a llevar por buen puerto la implementación de estas reformas, a fin de otorgar garantías institucionales a los gobernados, al confiar en que sus derechos serán eficazmente tutelados.
El acto que hoy nos reúne se encamina hacia ese tenor.
Como sabemos, en enero del presente año fue aprobado por el Congreso de la Unión el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su articulo 2o transitorio dispone que el Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente, como se ha enfatizado por el señor Procurador, en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría General de la Republica.
En el Poder Judicial de la Federación estamos convencidos de las bondades que tendrá́ la reforma en los cambios al Sistema Penal para la sociedad, por lo que hemos iniciado ya un intenso y comprometido proceso de implementación bajo la firme convicción de  transformar fundamentalmente la cultura penal y cambiar las actitudes que tradicionalmente han caracterizado la impartición de justicia en esta materia.
Nuestra búsqueda es consolidarnos como una institución que brinde confianza a la sociedad.
La reforma penal nos aclarará a todos que las victimas del delito no pueden ser re victimizadas por actos de las autoridades, que los procesos no pueden ser victimas tampoco del Estado, que México apuesta por un régimen penal sometido al respeto al Estado de derecho y de los derechos humanos.
La reforma penal y la implementación del nuevo sistema, insisto, es un esfuerzo de Estado para dotar a la impartición de justicia de un sentido más humano, al apuntar toda la Constitución al mismo paradigma, fortalecer los derechos y las libertades de las personas reconocidos en nuestra norma suprema y por los tratados internacionales de los que formamos parte.
En este sentido, la implementación de la reforma constitucional en materia penal ha requerido de
una participación comprometida, coordinada y puntual de los Poderes de la Unión, a fin de facilitar las herramientas necesarias y hacer efectivo el mandato constitucional.
Es así́ que se creó el grupo interinstitucional encargado de acelerar el proceso de implementación de la reforma integrado por el Poder Judicial de la Federación, la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría General de la República, a efecto de dar seguimiento a la declaratoria de inicio, a la gradualidad del nuevo Sistema de Justicia Penal, a la gestión al interior de los centros de justicia, de los métodos de videoconferencias, protocolos de seguridad y los proyectos de modificación a la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Defensoría Publica, entre otras disposiciones legales.
Dentro de los trabajos del Grupo Interinstitucional, se ha recordado, se asignaron cinco etapas de trabajo para la implementación gradual del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Cabe destacar, como también se ha dicho, que en la primera etapa correspondiente a los estados de Durango y Puebla, el Consejo de la Judicatura Federal trabaja con el fin de concluir lo más pronto posible esta fase.
Trabajamos juntos, trabajamos todos para continuar con una segunda etapa enfocada a las entidades de Yucatán y Zacatecas.
Una tercera se dirige a Baja California y esperamos concluirla en el primer trimestre de 2015.
La cuarta etapa agrupa a San Luis Potosí́, Guanajuato, Querétaro y Morelos, finalizando, tal vez, a mediados de 2015.
Por ultimo, una quinta etapa que considera a Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz, estableciéndose en enero de 2016.
Con estas acciones tendremos la certeza de que el dialogo y colaboración institucional entre poderes será́ permanente ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales requiere ser complementado con diversas adecuaciones legales a varios ordenamientos orgánicos y sustantivos con la finalidad de dotar a los operadores del sistema del andamiaje jurídico necesario para dar cumplimiento a los mandatos específicos que han sido conferidos por el marco jurídico procesal.
Señoras y señores:
Los Poderes de la Unión, cada uno en el ámbito de nuestras atribuciones constitucionales, estamos ante el cumplimiento de nuestras responsabilidades y la coordinación y el trabajo que llevamos a cabo diariamente representan nuestro compromiso con el país para entrar en democracia en una ruta de cambios en beneficio de México.
La implementación de la Reforma en Materia Penal representa un espacio para que el Estado mexicano redefina y perfeccione su política criminal.
Sigamos con este compromiso compartido, fortaleciendo las instituciones de impartición y procuración de justicia para así́ recuperar la confianza social. Esta es nuestra oportunidad para robustecer nuestro Estado de Derecho.
Muchas gracias.
Presentadora: A continuación invitamos al Ministro Presidente Juan Silva Meza, al Procurador General de la Republica, licenciado Jesús Murillo Karam y al licenciado Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, para que firmen la Solicitud de Declaratoria de Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales.
(FIRMA DE SOLICITUD)
Presentadora: La solicitud está dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y señala: “Con fundamento en el Primer Párrafo del Articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, solicitamos por su conducto ante el Honorable Congreso de la Unión la emisión de la Declaratoria de Entrada en vigor de dicho ordenamiento legal a nivel federal a partir del 24 de noviembre de este año en los Estados de Durango y Puebla”.
Respecto de la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales en las demás entidades federativas el Poder Judicial de la Federación, la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría General de la Republica, mediante acuerdos conjuntos solicitarán a ese Congreso de la Unión se proceda a emitir las declaratorias correspondientes.

Con este acto protocolario concluimos esta ceremonia agradeciendo a todos ustedes su amable presencia.