Versión estenográfica de la sesión ordinaria del
martes 2 de septiembre de 2014
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada
Graciela Saldaña Fraire: Con gusto, señor presidente. Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 270 diputados y diputadas. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo
(11:13 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del
día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del
día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura
del acta de la sesión preparatoria. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea
si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en
la Gaceta Parlamentaria.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a
la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la
sesión preparatoria, tomando en consideración que ha sido publicada en la
Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Con qué objeto, diputado Ricardo Mejía? Sonido en
la curul del diputado.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para llamar la atención que en el orden del
día, como es común, se deben inscribir las iniciativas y puntos de acuerdo de
los diferentes grupos parlamentarios y legisladoras y legisladores, no obstante
que no sean de urgente resolución, o incluso las iniciativas.
Ayer
se inscribieron de manera oportuna en la Junta de Coordinación Política
diferentes iniciativas y puntos de acuerdo que no aparecen en la Gaceta
Parlamentaria, en el orden del día, entonces pedimos que se pueda hacer la
corrección y se puedan incluir, ya que fueron oportunamente registradas.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado. Le informo que la Junta de
Coordinación Política, en la sesión de ayer, acordó las iniciativas desahogarlas
hasta el próximo jueves, de tal manera que hoy solamente se atenderían los
demás asuntos. Iniciativas el próximo jueves. Sin embargo, voy a pedir a
Servicios Parlamentarios que revise su solicitud de que las iniciativas que
usted inscribió aparezcan publicadas.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sonido en la curul, por favor.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sí, presidente. Agradeciendo su buena disposición sí
hacer la observación que en el capítulo de iniciativas sí aparece inscrita una
que celebramos de la compañera Aleida, que valoramos, pero queremos que sea el
mismo tratamiento y no solamente de las iniciativas, sino de los puntos de
acuerdo que registramos oportunamente al margen de que se les vaya a dar
lectura en la próxima sesión como efectivamente sí hubo un acuerdo de la Junta
de Coordinación.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Y siendo un derecho principal de las legisladoras
y de los legisladores el registrar iniciativas tomo su preocupación y le pido a
Servicios Parlamentarios que se hagan los trámites correspondientes para que se
inscriban y se publiquen las iniciativas como lo ha pedido el diputado Mejía.
El
diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Añorve, ¿con qué objeto? Sonido
ahí, por favor.
El
diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Sí, gracias. Señor presidente, solamente para subrayar un
acuerdo que tuvimos ayer en Junta de Coordinación Política, como lo hemos hecho
en otras sesiones, para determinar el tiempo de los dictámenes y abrir un
espacio para los puntos de acuerdo. Esto se trató ayer en Jucopo y solamente
quiero corresponder la atención a quienes presentaron puntos de acuerdo.
Gracias por su atención, señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Añorve. Diputado
Belaunzarán, ¿con qué objeto? Sonido, por favor.
El
diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente, para tres cosas. La primera
es que por causas de fuerza mayor no pude estar en la instalación. Simplemente
para que quede en el Diario de los Debates mi reconocimiento al papel que hizo
el diputado José González Morfín, muy institucional, muy cercano y la verdad es
que en el tema por ejemplo del Foro Internacional de Política de drogas siempre
conté con su colaboración, y hacerle el reconocimiento.
Por
supuesto desearle a usted, compañero de partido además, éxito en su labor al
frente del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Sé que lo hará muy
bien y simplemente un reconocimiento.
Segundo.
Hoy en Gaceta Parlamentaria aparece que yo retiré mi iniciativa sobre
regulación completa de la marihuana, cosa que no es cierta y simplemente
pediría que se haga la aclaración. Haré la aclaración pertinente y buscaré los
conductos, pero que quede también asentado que no hice tal trámite para que en
esta ocasión se bajara.
Es
cierto que en anteriores ocasiones lo había hecho para que no fuera desechada y
la volvía presentar, pero en el caso que aparece hoy en la Gaceta no hice tal
retiro y es correcto que se mantenga, porque sigo pensando que es indispensable
hacer la regulación de la marihuana.
El
tercer punto, simplemente hacer un reconocimiento al Congreso de Coahuila,
porque es la segunda entidad después del Distrito Federal que legisla
matrimonio igualitario, es decir que le hace caso a la Constitución y a los
tratados internacionales en materia de derechos humanos, y ya tenemos dos
entidades en México que en correspondencia con el artículo 1 constitucional de
evitar cualquier discriminación, modifican sus Códigos Civiles y permiten el
matrimonio igualitario. Mi reconocimiento a la soberanía del Congreso de
Coahuila por este paso importante.
Espero
que las otras 30 entidades no esperen mucho para cumplir con la Constitución y
también homologuen y hagan sus Códigos Civiles de tal manera que las parejas
del mismo sexo no tengan que recurrir a la Corte vía amparos para poder ejercer
su derecho a contraer matrimonio cuando así lo deseen. Es cuanto, presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Fernando Belaunzarán. Voy a
instruir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que vea el caso,
tanto del diputado Mejía como del diputado Fernando Belaunzarán. Continúe la
Secretaría.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga
uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura
del acta de la sesión extraordinaria del día 28 de julio, publicada en su
oportunidad. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la
lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta
Parlamentaria.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a
la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la
sesión extraordinaria, tomando en cuenta que ha sido publicada oportunamente en
la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente,
mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría
poner a discusión el acta de la sesión extraordinaria.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga
uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que comunica
que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio se recibieron
solicitudes de ciudadanos diputados para retirar iniciativas y proposición, de
conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
fr
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas. Actualícense los
registros parlamentarios.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica
que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio se realizaron
modificaciones de turno a diversas iniciativas y minutas, el cual se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo dispuesto por los artículos
73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los
turnos. Actualícense los registros parlamentarios.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica
que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se recibió escrito
del diputado Xavier Azuara Zúñiga, por el que se solicita sea retirada su
adhesión a la iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 25 de junio del año en
curso y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Actualícense los registros
parlamentarios.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Junta de Coordinación Política. Se informa
que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se recibieron
oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que comunica cambios de
integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias,
especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales, que se
publicaron oportunamente en la Gaceta Parlamentaria, de conformidad con el
acuerdo aprobado el 30 de abril de 2014.
Asimismo,
la creación e integración de la Comisión Especial que dé seguimiento a la
problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes del
río Sonora.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que se encuentran publicados los
oficios de la Junta de Coordinación Política en la Gaceta Parlamentaria,
consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueban.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Coordinación del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, por el que comunica que la diputada
Judith Magdalena Guerrero López, se integra a ese Grupo Parlamentario a partir
del 28 de agosto del año en curso.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la Cámara de Senadores oficios
por los que se comunican, la elección de su Mesa Directiva para el tercer año
de ejercicio de la LXII Legislatura y la instalación para su primer periodo de
sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa que durante el segundo receso del
segundo año de ejercicio se recibieron oficios de la Junta de Coordinación
Política, por los que comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de
diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad de
organismos internacionales que se publicaron oportunamente en la Gaceta
Parlamentaria, de conformidad con el acuerdo aprobado el 30 de abril de 2014.
Asimismo,
la creación e integración de la Comisión Especial que dé seguimiento a la
problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el
Río Sonora.
En
votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría, por favor.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Solicitud de licencia, a partir del 1 de
septiembre de 2014, del Diputado Omar Antonio Borboa Becerra.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Solicito a la Secretaría someter a consideración
de la asamblea los puntos de acuerdo.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica están a discusión los puntos
de acuerdo:
Primero.
Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Omar Antonio Borboa
Becerra para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el
distrito 10 del estado de Jalisco a partir de esta fecha.
Segundo.
Llámese al suplente.
Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de
acuerdo:
Primero.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral
1, fracción XVI; numeral 1, fracción V y XIII, todos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, me permito solicitar por su conducto al pleno de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión licencia por un periodo de 20 días
naturales, efectivos a partir del jueves 4 de septiembre de 2014 para separarme
de mi cargo como diputada federal electa en el distrito 8 del estado de Puebla.
Agradeciendo de antemano su consideración quedo de usted, atentamente diputada
Ana Isabel Allende Cano.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Solicito a la Secretaría someter a la
consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de
acuerdo:
Primero.
Se concede licencia por un periodo de 20 días naturales, a la diputada Ana
Isabel Allende Cano, para separarse de sus funciones como diputada federal
electa en el distrito 8 del estado de Puebla, a partir de 4 de septiembre del
año en curso.
Segundo.
Llámese al suplente.
Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentra a las puertas de este recinto el
ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, diputado federal electo en el X
distrito electoral del estado de Jalisco. Se designa en comisión para que lo
acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes diputados y
diputadas.
Diputada
Cecilia González Gómez, diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, diputado
Isaías Cortés Berumen, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, diputada Margarita
Licea González, diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, diputada María del
Carmen Martínez Santillán y al diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La
comisión cumple con su encargo)
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes,
¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión?
El
ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes: Sí, protesto.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
Felicidades. Continúe la Secretaría.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el
que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII al
Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador
Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, para el dictamen correspondiente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposición de acuerdo
de los órganos de gobierno.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: De la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos, se propone el siguiente calendario legislativo de
la Sexagésima Segunda Legislatura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio, para el mes de septiembre a diciembre de 2014.
En
el caso del mes de septiembre sería el día 1o. , el 2, el 4, el 9, el 10, 11,
17, 18, 23, 25, y 30 de septiembre.
En
el caso del mes de octubre sería el 2, 7, 9, 14, 16, 20, 22, 23, 28 y 30 de
octubre.
Para
el mes de noviembre sería 4, 6, 11, 13, 15, 19, 20, 25 y 27 de noviembre.
En
el caso del mes de diciembre sería el 2, 4, 9, 11 y 15 de diciembre,
posiblemente.
Segundo.
Este órgano determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los
trabajos legislativos hagan necesaria la modificación del presente calendario.
Tercero.
Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que no tenemos registrados oradores,
consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa, señor Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaria con proposición de acuerdo
de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
relativo al análisis del II Informe de Gobierno del Presidente de la República,
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo
Primero.
El objeto del presente acuerdo es establecer el formato conforme al cual la
Cámara de Diputados desarrollará el análisis del segundo informe de gobierno
del presidente de la república que refiere el segundo párrafo del artículo 69
constitucional.
Segundo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7, numeral 4, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este análisis se
desarrollará en torno a los siguientes temas y con base en el siguiente
calendario.
a)
Fecha. Martes 9 de septiembre del 2014. Análisis de los temas: política
económica y política social.
b)
Fecha. Jueves 11 de septiembre del 2014. Análisis de los temas: política
interior y política exterior.
Tercero.
Para cada tema analizado se estará sujeto al siguiente formato.
1.
Se realizará una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios hasta por
10 minutos cada uno.
2.
El orden de la ronda será el siguiente: Grupo Parlamentario Nueva Alianza,
Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
3.
Durante el análisis del II Informe de Gobierno sólo tendrán lugar las
intervenciones descritas.
4.
Corresponderá a la Mesa Directiva velar por el cumplimiento del presente
acuerdo.
Quinto.
Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.
Sexto.
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el
pleno de la Cámara de Diputados.
Firma
la Junta de Coordinación Política.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que no tenemos registrados oradores,
consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si es de
aprobarse.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si
se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado, comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposición de acuerdo
de los órganos de gobierno, específicamente de la Junta de Coordinación
Política.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De la Junta de Coordinación Política relativo a la
comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público para el análisis del
II Informe de Gobierno en materia económica y a fin de que dé cuenta de las
iniciativas que comprenden el paquete económico del Ejercicio Fiscal de 2015.
Acuerdo
Primero.
Con la finalidad de profundizar en el análisis del II Informe de Gobierno en
materia económica, y dar cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante
el pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda y Crédito Público,
el miércoles 10 de septiembre del 2014, a las 11:00 horas.
Segundo.
El funcionario compareciente rendirá ante el pleno, protesta de decir verdad
como dispone el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Tercero.
El formato de la comparecencia será el siguiente:
1.
Presentación del secretario de Hacienda y Crédito Público en la cual deberá
referirse al II Informe de Gobierno en materia de política-económica y al
paquete económico para el ejercicio fiscal del 2015, hasta por quince minutos.
2.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos cada uno, en
orden descendente: Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México; Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano; Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza.
3.
Habrá dos rondas de pregunta-respuesta-comentario en las que se abordará el
análisis del II Informe de Gobierno en materia económica, así como el paquete
fiscal 2015.
El
orden de intervenciones de los grupos parlamentarios en las dos rondas será el
siguiente:
Primera
ronda: Grupo Parlamentario del PRI; Grupo Parlamentario del PAN; Grupo
Parlamentario del PRD; Grupo Parlamentario del Verde Ecologista; Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano; Grupo Parlamentario Partido del Trabajo y
Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Segunda
ronda: Grupo Parlamentario Nueva Alianza; Grupo Parlamentario Partido del
Trabajo; Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; Grupo Parlamentario Partido
Verde Ecologista; Grupo Parlamentario PRD; Grupo Parlamentario Acción Nacional
y Grupo Parlamentario PRI.
4.
Las intervenciones se desarrollarán de la siguiente forma: pregunta de cada
grupo parlamentario hasta por cinco minutos; respuesta del secretario del ramo
hasta por cinco minutos; comentario del grupo parlamentario hasta por tres
minutos.
Cuarto.
En términos del artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa
Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.
Quinto.
Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firman:
la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación
económica, si se aprueba. Permítame, por favor.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, solicito la palabra.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, por favor, diputado Ricardo Mejía.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Nosotros reiteradamente hemos solicitado la
comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no sólo como en esta
ocasión que es obligado por mandato constitucional por la presentación del
paquete económico, nos parece que desde hace muchos meses, incluso en la
discusión de la reforma energética donde se le dan ahora a la Secretaría de
Hacienda múltiples facultades en la materia, que viniera el secretario de
Hacienda, que viniera a explicar el fracaso económico del gobierno federal, que
viniera a explicar por qué el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
el Banco de México, diferentes organismos financieros privados nacionales e
internacionales han venido ajustando las metas del crecimiento económico.
Nos
parece además que se le debe cuestionar sobre la reforma hacendaria recesiva
que golpea a los empresarios medianos, pequeños, a los comerciantes, y que esta
reforma fue validada en una decisión nefasta de la Suprema Corte de Justicia,
donde validaron el aumento del IVA en la frontera, donde validaron la
eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, el tema de las
deducibilidades para los profesionistas.
En
fin, hay múltiples preguntas para el secretario de Hacienda que, como
responsable de la política económica y fiscal del gobierno, ha sido un fracaso,
pero sabemos que es el enlace de Peña Nieto con los grupos de interés, con
todas las transnacionales que habrán de llevarse grandes tajadas con los
negocios que van a construir.
Nosotros
vamos a votar a favor de esta comparecencia, porque es un mandato
constitucional. Pero creemos que deben ser llamados, no solamente Videgaray,
sino otros secretarios, también al pleno, para que aquí den cuentas de este
colapso económico del cual hoy dan cuentas todas las encuestas –hasta Motofsky
reprueba a Peña Nieto hoy–, porque no han servido en la conducción económica
del país.
Y
por eso estamos a favor de esta comparecencia, que no será un día de campo para
el secretario por más que tenga por ahí aduladores y lambiscones. Creemos que
los resultados están a la vista y el gobierno federal que hoy en una ceremonia
palaciega que quema auto incienso nosotros sí vamos a evaluar con todo detalle
y todo cuestionamiento este colapso económico, fiscal y financiero del gobierno.
Es cuanto, presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Ahora sí consulte la Secretaría
a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea
si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El Presidente
diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposiciones de
acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Junta de Coordinación Política, por el que
se designa al presidente del Comité de Administración para el tercer año de
ejercicio de la LXII Legislatura.
Con
fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y el resolutivo sexto del Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración
en la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, aprobado por el pleno el 6 de
septiembre de 2012 se adopta el siguiente:
Acuerdo
Primero.
En términos del acuerdo de creación del Comité de Administración y su propia
integración, se determina que el diputado Manuel Añorve Baños presida el órgano
referido para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Segundo.
Se instruye para que se realice el cambio correspondiente y los trámites
administrativos pertinentes.
Tercero.
Comuníquese para los efectos conducentes al pleno de la Cámara de Diputados.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la
asamblea en votación económica, si se aprueba.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por
el que se exhorta a la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática
generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora.
La
Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b),
numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo
relativo a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Ricardo
Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, por lo que somete a consideración del pleno el siguiente
acuerdo.
Primero.
Se exhorta a la Comisión Especial de seguimiento a la problemática generada por
el derrame de diversas sustancias contaminantes en el rio Sonora, a efecto de
que ejerza a la mayor brevedad posible las funciones para las cuales fue
creada, y se allegue de toda aquella información que estime pertinente para
cumplir con su objetivo y en su caso proponga aquellas reformas que mejoren y
hagan más efectiva la legislación que regula la materia objeto de su creación.
Segundo.
Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, a las Secretarías
de Economía, de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la
Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y
la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a efecto de
que impongan multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte aplicable,
en contra de la empresa denominada Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo
México, como consecuencia del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y
Bacanuchi.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se ha registrado para hablar en pro, el diputado
Ricardo Mejía Berdeja. Por favor, haga uso de la palabra, señor diputado.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Hace ya casi un mes de lo que ha sido bautizada como
la principal afectación, el principal desastre ambiental en la historia del
país, donde fueron derramados toneladas y toneladas de metros cúbicos de
sulfato de cobre, 40 mil metros cúbicos de cobre, en el arroyo Tinajas,
municipio de Cananea. Esta contaminación ha afectado 17 kilómetros de dicho
arroyo, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, en el
estado del mismo nombre.
Esta
tragedia ambiental es una de cuatro tragedias que se han suscitado en un mes,
como bien lo señala la organización Greenpeace, que ha señalado que en el
gobierno de Enrique Peña Nieto se ha consolidado un modelo extractivo de los
recursos naturales bajo la falsa promesa de crecimiento económico y un claro
menosprecio al medio ambiente.
Además
de este desastre está el de Cadereyta, Nuevo León; el de Huimanguillo, Tabasco;
en el municipio de Oro en Durango, con cianuro. Y este crimen que se cometió en
Sonora.
Esto,
compañeras y compañeros legisladores, es el preludio de la mayor devastación
ecológica que viene para el país, que es el tema de la fractura hidráulica, del
fracking, que es un tema que ha sido soslayado y menospreciado por el
secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, que incluso cínicamente dijo
que eran más los beneficios que los perjuicios del fracking.
Pero
ya estamos viendo lo que va a pasar con esta impunidad, el Grupo México, de
Germán Larrea, se ha destacado por insultantes márgenes de ganancia, que hoy lo
colocan como el segundo hombre más rico de México, que aparece junto con Carlos
Slim, en la revista Forbes y que hace gala de su impunidad, porque siempre ha
contado con la complicidad del PAN y del PRI.
Hay
que recordar el tema de Pasta de Conchos, en Coahuila, donde aún yacen
abandonados 63 cuerpos de mineros y no ha habido poder gubernamental que pueda
frenar estos agravios del Grupo México.
Hasta
hoy los responsables no han recibido castigo penal y las viudas y familiares
han tenido que ser hostigados por este grupo, que ha sido calificado por el grupo
Covalence, empresa consultora d Ginebra, Suiza, como un grupo que no tiene
ética en su gestión empresarial.
Por
esa razón nosotros denunciamos esta actuación y siempre ha contado Germán
Larrea con personeros en el gobierno, como el caso del ex secretario de Trabajo
de Felipe Calderón, hoy amparado en la impunidad del fuero, Javier Lozano, que
toleró lo de Pasta de Conchos y no solamente toleró otro tipo de tragedias,
sino que fue el sicario para temas como la huelga de Cananea; de Taxco,
Guerrero y otros que se han presentado, además de lo de Mexicana y lo del SME.
Pero
lo que queremos señalar es que los Larrea, los impunes, los ecocidas son
producto de este contubernio prianista que ha generado devastación. Por eso
nosotros creemos que qué bueno que está esta Comisión y que se le exhorta a
cumplir con su mandato, pero el tema es de fondo. El tema es que detrás de la
devastación, detrás de los ecocidios, está la impunidad y el contubernio con el
poder. Y así como hay Germanes Larrea, vendrán los Exxon y los Chevron que
explotarán nuestros recursos, que dejarán pobreza, devastación ecológica, pero
siempre contarán con la impunidad del PRI y del PAN.
Nosotros
vamos a seguir combatiendo esta devastación y vamos a seguir oponiéndonos al fracking
y a todos estos modelos que lesionan nuestro medio ambiente y a la
población. Es cuanto.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. En uso de la
palabra para hablar también en pro la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido
del Trabajo.
La
diputada Lilia Aguilar Gil: Como todos ustedes saben, el pasado 6 de agosto la subsidiaria de Grupo
México, en Buenavista de Cobre, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de
cobre acidulado, proveniente de la mina de Cananea.
Primero,
dijeron que éste era el resultado de las lluvias excesivas. El día de ayer han
dicho que éste es el error de uno de sus proveedores que no hizo un trabajo
adecuado al unir uno de los tubos que deberían de transportar este sulfato de
cobre acidulado.
La
verdad es, y el resultado, es que se han visto afectados 700 pozos aledaños al
río Sonora, esta problemática nos causa una doble preocupación. La primera, en
efecto, es la terrible afectación que sufre el medio ambiente, la economía y
los derechos humanos de las personas que habitan la zona cercana al derrame.
Y
por qué decimos que además de un ecocidio, el grupo que encabeza Germán Larrea
está también dañando la economía y está dañando también los derechos humanos de
los ciudadanos en Sonora.
Qué
pasa con todos los agricultores y todos los pequeños productores que tenían
productos y que hoy no pueden venderlos por el temor que tiene la gente de que
estén contaminados.
Qué
pasa con todas estas personas que hoy se ven afectadas porque no tienen agua,
porque no tienen servicios básicos y porque la mina, ni siquiera el Grupo
México que tiene todavía el cinismo de no responsabilizarse por este ecocidio y
el daño a los derechos humanos de los ciudadanos.
Germán
Larrea, como ya se dijo en esta tribuna, que es el principal accionista de
Grupo México, es el tercer hombre más rico de México y el número 79 del mundo.
¿Cómo ha llegado a tener esta fortuna? Bueno, pues recordemos el caso donde 65
mineros en la mina de Pasta de Conchos quedaron atrapados y donde la empresa no
solamente no se responsabilizó, sino que en contubernio con el ahora senador
Javier Lozano dejaron que estos mineros, que estas personas sufrieran la peor
de las suertes.
Pero
no es ése el único error y el único acto de indolencia que ha cometido Grupo
México. En 1934 quedaron también muertos en las minas de carbón de este grupo
57 mineros, 36 en el 38, 39 en 1942, 12 mineros en 1948 y de ahí podemos ir a
una lista inacabada.
La
multa que se le está poniendo a Grupo México, según una ley que nosotros mismos
aprobamos es de 40 millones de pesos, con base a la Ley de Responsabilidad
Ambiental. La verdad es, compañeras y compañeros, que esta ley que creíamos que
iba a venir a ayudarnos ha quedado corta y queda corta para esta gran tragedia
donde Grupo México no solamente ha utilizado sus relaciones con el gobierno
calderonista, con el gobierno priista actual, sino que ahora gasta millones y
millones en desplegados para felicitar al presidente Peña Nieto.
Ojalá
Grupo México invirtiera los millones que le cuestan sus desplegados en diarios
a atender de inmediato el ecocidio que cometió en Sonora.
La
sociedad exige sanciones y exige responsables. Por qué. Porque lo que estamos
viendo hoy es solamente el principio de lo que veremos hacia delante con los
daños ecológicos, como lo ha dicho el diputado Mejía, en el tema del fracking y
todas estas prácticas que no están reguladas.
Aquí
hay que dejar claro, queda en duda la normatividad para las empresas mineras,
específicamente en el tema de responsabilidades y queda claro que esta Ley de
Responsabilidad Ambiental ha quedado corta. Pero sobre todo nos debe quedar
claro que se ha hecho una comisión especial y que esta comisión especial tendrá
que ir e investigar y lo haremos ya in situ en Sonora.
Y
decirlo muy claro, muy bajo en público y en privado. Éste será el antecedente
Grupo México de la sanción y la responsabilidad que el Congreso de la Unión
deberá tener frente a la sociedad, no solamente de Sonora y frente a la
indolencia de empresas como Grupo México.
Esperemos
que ésta sea la primera de muchas y que quede en antecedente que en este país
el que la hace la paga. Inclusive en el tema de indolencia empresarial. Muchas
gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Aguilar Gil. Para fijar
la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la
palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El
diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, hace unas semanas en la
Comisión Permanente se aprobó un punto de acuerdo por unanimidad, con motivo
del daño ecológico que se suscitó en Sonora, en el Río Sonora y que es una
tragedia sin precedente en aquel estado.
En
el punto de acuerdo se establecían varios apartados, entre otros la suspensión
de la minera e incluso la posibilidad de cancelar la concesión. A pesar de que
fue por unanimidad, el gobierno a través de sus voceros de inmediato replicaron
que no era procedente la cancelación porque era mayor el beneficio que el daño,
cosa absurda y que coloca a estos funcionarios, como el de Semarnat, en peones,
en meros interlocutores y achichincles de las grandes empresas mineras
nacionales y extranjeras.
El
Grupo México causó daños por tres mil millones de pesos en Sonora, pero solo lo
multan con 40 millones de pesos; es decir, el 1.33 por ciento; eso se llama
derecho a contaminar.
Por
cierto debemos recordarles, nosotros votamos en contra de la Ley de
Responsabilidad Ambiental. Les advertimos y les dijimos que era insuficiente,
ahora todos se rasgan las vestiduras de que es insuficiente lo que nosotros
hemos advertido, pero déjenme decirles de qué grado es y de qué nivel es la
diferencia de cómo los norteamericanos y sus leyes tratan a este mismo Grupo
México y cómo los tratan en México.
En
el 2009 multaron a Zarco en Estados Unidos, que es filial del Grupo México, con
mil 700 millones de dólares por contaminar a varios estados —así o más claro—,
mil 700 millones de dólares. Aquí se multó con 40 millones de pesos. Sostenemos
que es apenas el inicio de lo que habrá de ser la depredación más grande que la
historia y la patria hayan sufrido.
Es
un asunto muy grave que advierte la tragedia ecológica en la que nos veremos
envueltos gracias a esta mayoría mecánica que no pudo reflexionar acerca del
daño que causará la reforma energética. La energética se ha convertido en la
madre de todas las entregas de la riqueza del país al transferir la rectoría
del Estado a la matriz de un mercado global caracterizado por esto, la
depredación ambiental, la corrupción política, la explotación laboral, la
evasión fiscal y el saqueo económico.
Les
pregunto, si no pueden contener, ni castigar a los responsables de los
desastres naturales en el Río Sonora y en Cadereyta, en Tabasco y en Durango,
¿cómo podrán regular, responsabilizar y contener los excesos y el poder
corruptor de las transnacionales petroleras? Me preocupa mucho que se cree una
comisión, normalmente sirven para mediatizar, ocultar y evadir la
responsabilidad de aquellos que cometieron delitos y daños.
Por
último saludo con mucho afecto a los familiares directos de José Revueltas. Sus
hijos, sus nietos y bisnietos. Por cierto, la Junta de Coordinación Política
aprobó un justo homenaje a éste gran prócer, a este gran hombre, que México se
siente orgulloso. Presidente, muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado. Para expresar la
postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le
otorgo el uso de la palabra a la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Por
favor.
La diputada
Lourdes Adriana López Moreno: Con su permiso, señor presidente. Por cierto, qué gusto saludar a un
presidente verde en esta sesión de Cámara.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada, adelante por favor.
La
diputada Lourdes Adriana López Moreno: Quiero comentar que para nosotros como grupo
parlamentario es sumamente importante el tema de esta terrible situación en
cuanto a daño ambiental se está viviendo en nuestro país.
Quiero
por ello felicitar, en primer orden, a esta Cámara de Diputados por la
integración de esta Comisión Especial para dar seguimiento a esta problemática,
de la cual comento que desde la Comisión de Medio Ambiente estaremos también
muy al pendiente acompañando los resultados de esta comisión especial.
Pero
quiero decirles que si bien es cierto ya se ha hablado mucho de los daños que
ha ocasionado el derrame de esos 40 millones de litros de sustancias tóxicas
contaminando los ríos que hemos mencionado a causa de una situación de completa
irresponsabilidad de Grupo México, que es quien explota la Mina de Cananea,
quiero comentar que más allá de esta situación de presentar la creación de una
comisión especial para dar seguimiento al tema, hay varias cosas que debemos
reflexionar y que nos deben de llevar a acciones mucho más contundentes y en
eso coincido con quienes me han antecedido en la palabra.
Primeramente
decir que la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ha sido
sin lugar a dudas un acierto. Que si bien es cierto una ley perfectible, me parece
a mí que hasta antes de la existencia de la Ley de Responsabilidad ambiental no
existía en la legislación ambiental mexicana una conceptualización de daño
ambiental. No existía en concepto de daño ambiental y mucho menos la exigencia
de reparar el daño ambiental.
Si
bien es cierto las multas no son las máximas que hubiéramos querido -hablamos
de multas de 400 mil días de salario mínimo-, quiero aquí comentar y voy a
compartir la frase que decía quien me antecedió en la palabra que aquéllos que
se rasgan las vestiduras, en realidad la propuesta original de mi Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, era de multas de hasta
800 mil días de salario mínimo.
Y
muchos diputados de distintos grupos parlamentarios que seguramente me están escuchando,
deben recordar que fueron quienes vinieron a hablar a nombre de las empresas a
pedir que las multas se redujeran. Pedían que se redujeran hasta 200 mil días
de salario mínimo.
Sin
embargo se hizo un excelente proceso de cabildeo por parte, y aquí el
reconocimiento a los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente, para
subir esa cifra que estaban planteando en un proceso de negociación, y quedó de
400 mil días de salario mínimo.
Quiero
comentarles que el día de hoy está registrándose en el Senado una iniciativa
por parte de mi grupo parlamentario, a cargo del senador Jorge Emilio González,
para incrementar al doble estas sanciones y para que estas sanciones queden en
el orden de los 800 mil días de salario mínimo, y esperamos que así como todos
han manifestado su inconformidad a estas cifras y así como hubo quienes
solicitaron que estas cifras se redujeran en aquel momento, apoyen en su
preciso momento esta iniciativa de incrementar al doble todas las sanciones que
manifiesta la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Y
finalmente comentarles que presentaremos un punto de acuerdo desde el grupo
parlamentario del Partido Verde, para exigir no solamente la aplicación de
responsabilidad ambiental, ya que ha sido una decisión que tuvo la Semarnat,
que por primera vez a un año de aprobada esta ley, se está aplicando la Ley de
Responsabilidad Ambiental, y bueno, creo que ya era hora que Profepa y Semarnat
hicieran esto. Finalmente lo están haciendo, van por la pena máxima, pero
también vamos a pedirles la coadyuvancia del Ministerio Público, la
presentación de las denuncias ante la PGR para actuar también en orden de
materia penal y por supuesto, que se eche a andar el Fondo Ambiental que la Ley
de Responsabilidad Ambiental plantea para atender de manera inmediata acciones
de saneamiento por las afectaciones que ha suscitado esta contaminación tan
terrible en Sonora.
Así
que me da mucho gusto escuchar a muchos preocupados por el tema, me da mucho
gusto ver que finalmente se le está poniendo atención. Qué triste que haya sido
después de una afectación de este tamaño, pero esperamos contar con el respaldo
de todos los diputados aquí presentes en estas acciones para endurecer las
leyes que permitan castigar a quienes están dañando los recursos naturales en nuestro
país. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lourdes López Moreno. Le
concedemos ahora el uso de la palabra para que manifieste la posición del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la diputada Lorenia
Yveth Valles Sampedro.
La
diputada Lorenia Yveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. Hablar de este tema en
verdad –yo soy sonorense- y nos preocupa mucho, también nos debe ocupar a esta
Cámara la solución integral a esta situación que es gravísima.
El
6 de agosto en la mina de Cananea el Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos
de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, cubriendo 60 kilómetros de
las aguas de los ríos, afectando a siete municipios de: Cananea, Hermosillo,
incluidos Arizpe, Cures, San Felipe, Banámichi y Baviácora.
A
la población de estos lugares las autoridades ambientales y de protección civil
no alcanzaron a avisarles, sino cinco días después del derrame.
Por
supuesto Grupo México no hizo nada para alertar a la población de Cananea, la
más cercana de todas, ni a los otros municipios ni por supuesto a la capital
del estado de Sonora, Hermosillo.
“La
empresa ocultó deliberadamente la falla”, afirma el delegado estatal de Conagua
en Sonora.
Al
ácido sulfúrico derramado, hay que agregar que se han encontrado arsénico,
cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en concentraciones
superiores a las permitidas, en el río Sonora.
Se
trata del daño más grande, el desastre ecológico más grande del estado de
Sonora, y señalan algunos especialistas que en los últimos años no se había
presentado en México, en todo México, una situación tan grave.
De
todos los grupos mineros del país, incluyendo transnacionales, Grupo México
tiene la mayor propiedad del terreno nacional, lo que junto, con los terrenos
de Ferromex y otras empresas del mismo Germán Larrea, se convierten en una
amenaza nacional si no se les obliga a cumplir con las leyes, no sólo las que
tienen que ver con el medio ambiente que por supuesto son muy importante, sino
también las de seguridad e higiene, las condiciones en que laboran sus
trabajadores, y por supuesto también que se le obligue a respetar los
derechos humanos de sus trabajadores y de las poblaciones donde se asientan.
El
día 13 de agosto Grupo México, bajo el nombre de Buenavista del Cobre, publica
un desplegado en el diario Reforma, en el que hace responsable a las
lluvias torrenciales de la tragedia ecológica y ambiental. Ha señalado Semarnat
que esto es mentira. Grupo México es el responsable del derrame de tóxicos en
esta región.
Cabe
recordar que en las recientes aprobadas leyes energéticas Grupo México tiene
muchos intereses en juego pues, como se sabe, su fortuna, la segunda más grande
del país, se formó a la sombra del Estado y de los gobiernos privatizadores de
la riqueza nacional.
Por
ello, compañeras y compañeros, tenemos que atender este tema, que no es un tema
nada más de Sonora, es un tema de México.
Como
ustedes saben, el pasado 20 de agosto el pleno de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que decida la creación de
una comisión especial.
Ha
sido ya constituida esta comisión especial, de la cual formo parte. Hemos
aprobado ya un plan de trabajo y el día de mañana estaremos realizando una
visita a la zona afectada y llevaremos a cabo algunas reuniones de trabajo con
las autoridades federales, estatales, con los alcaldes de las zonas afectadas
por supuesto, y los directivos de la empresa.
No
podemos, no debemos en esta Cámara ser débiles ante el poder económico. Tiene
que haber en México un precedente que permita que se aplique la ley con mano
dura. Por ello no debemos quitar de la mesa la discusión sobre el retiro de la
concesión. Debemos decir basta y que a través de las redes de influencia y de
corrupción se pueda en México estar por encima de las leyes y se pueda afectar
al medio ambiente, a los trabajadores y a los habitantes de las poblaciones que
están resultando afectados por una minería irresponsable.
Necesitamos
poner el ejemplo y se tiene que atender este tema de manera integral. Hay que
reparar, hay que resolver el asunto del medio ambiente, pero no hay que olvidar
los graves problemas que esta situación de contaminación puede generar y están
generando en la población.
Por
supuesto tampoco podemos dejar de mencionar el aspecto social. La población que
vive de la agricultura, de la ganadería, de la producción de algunos artículos
regionales, productos regionales que tienen mucho renombre en el estado, que
incluso son una marca registrada Río Sonora, no tienen posibilidad de venta, no
están recibiendo turismo, la gente está en condiciones sumamente adversas y se
tienen que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Una solución integral
y una sanción ejemplar para que en México por fin se acabe la corrupción, se
acabe el tráfico de influencias y por fin se haga valer la ley. Muchísimas
gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Lorenia Iveth Valles. Del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, le concedo el uso de la
palabra al diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado.
El
diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y
diputados: como representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, y representante también de los ciudadanos de la región afectada del
río Sonora, quiero compartirles que en efecto fueron 40 mil metros cúbicos de
sulfato de cobre los que se derramaron sobre 17.6 kilómetros del arroyo de las
Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora.
La
región del río Sonora alberga a 22 mil habitantes que practican la agricultura,
la ganadería y el turismo. Es por eso que los diputados del PAN entendemos la
magnitud de lo que se presenta en el tema ambiental y ecológico de la región y,
en consecuencia, avalamos y respaldamos el acuerdo que en esta Cámara durante
la sesión de la Comisión Permanente se ha aprobado.
Pero
solicitamos que se aplique con justicia, que se aplique con claridad la ley y
que la misma legislatura que en materia ambiental hace un año se aprobó en esta
Cámara de Diputados sea llevada en consecuencia, que se hagan los esfuerzos por
parte del gobierno federal, no sólo en aplicar las sanciones correspondientes a
los responsables, sino en trabajar para regresar al estado en que se encontraba
el medio ambiente y el entorno ecológico de la región hasta antes de lo
sucedido.
También
queremos decir los diputados del PAN, desde esta tribuna, que en el país en lo
que va del sexenio se han presentado mil 124 emergencias ambientales, y es
pertinente que el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña
Nieto, fortalezca a las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente
como lo son la Semarnat, la Profepa y demás que dependen del titular del
gobierno federal.
Es
preciso que a través de la Ley de Responsabilidad Ambiental se ejecuten los
mecanismos que precisen el trabajo de las dependencias en prevenir este tipo de
desastres mediante la inspección, la vigilancia y la aplicación de la ley.
Quiero
aprovechar también para hacer un reconocimiento al gobernador del estado, el
licenciado Guillermo Padrés Elías, que ha estado atendiendo desde el primer
momento la afectación que se tiene en la región y mandarle nuestra solidaridad,
la del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estoy seguro que la del
pleno de la Cámara de Diputados, a los afectados de la región y decirles que
con claridad estaremos muy pendientes de que este tema no se convierta en una
situación política, sino que realmente lleve soluciones para quienes han sido
afectados, no sólo de momento, porque el reactivar la economía de la región en
los temas de la ganadería, la agricultura y el turismo no serán menores, se
requiere de un gran esfuerzo, y saludamos de nueva cuenta que este pleno haya
tomado acciones en su momento. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Galindo.
Para
que fije la postura en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva
Alianza, le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Cristina Olvera
Barrios.
La
diputada Cristina Olvera Barrios: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
La
diputada Cristina Olvera Barrios: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a 27
días que sucediera el derrame de los 40 millones de litros de lixiviados de
sulfato de cobre, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas de la mina
Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicado en el municipio de
Cananea, Sonora, sustancias que se han propagado a lo largo del río Sonora y
Bacanuchi, generando una grave contaminación que llega a la presa El Molinito,
la Comisión Nacional de Agua, Conagua, nos advierte los niveles de
contaminación de los citados ríos que se encuentran fuera de la Norma Oficial y
que la calidad del agua aún sufre las afectaciones causadas principalmente por
la presencia de metales contaminantes.
Los
municipios afectados por la contingencia ambiental son los municipios de
Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Miguel, Baviácora y Ures. Grupo México
finalmente reconoció que la contaminación del río Sonora se debió a una falla
en la construcción del sello de una de sus tuberías y señaló además que esta
construcción le fue encomendada a la firma del contratista especializado de la
región, denominada Tecovifesa, la cual era responsable de la construcción de
una nueva planta de procesos de cobre, lo que de ninguna manera exime la
responsabilidad de la minera Grupo México.
La
negligencia de Grupo México, empresa concesionaria de la mina Cananea, provocó
el derrame de millones de litros en el río Sonora y con ello ocasionó que se
viera gravemente afectado con la presencia de diversas sustancias contaminantes
de metales pesados y metaloides.
Entre
los saldos de este desastre que cerciora en la historia de Sonora se encuentra
el cierre temporal de más de 700 pozos, lo que ha privado a miles de personas
de agua necesaria para realizar actividades cotidianas. De igual forma, los
agricultores y ganaderos están siendo afectados por este hecho ante la
imposibilidad de regar sus tierras con aguas contaminadas.
La
negligencia de la minera trae consecuencias sociales que agravan la situación
de los sectores más desprotegidos de la sociedad sonorense, debido a la caída
de la producción agropecuaria. Y dada la gravedad de los daños ocasionados lo
procedente es exigirles a las autoridades competentes las sanciones
correspondientes para este tipo de desastres ecológicos, petición que se
encuentra suficientemente sustentada en las Leyes de Aguas Nacionales, Minería,
y Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, porque no basta la sola
aplicación de multas para sentar los precedentes ejemplares.
Las
afectaciones provocadas por este derrame superan por mucho la afectación en el
ámbito de actividad económica y del medio ambiente, teniendo grandes impactos
entre otros sectores al grado de suspender el inicio del ciclo escolar en
diversos planteles educativos ubicados en las cercanías de la región
contaminada, lo que ha venido a perjudicar a cerca de 6 mil alumnos.
El
cooperativo de la empresa responsable mintió al dar a conocer las causas de la
tragedia, pues los atribuyeron a la presencia de lluvias, cuando en realidad se
trataba de un problema originado en las instalaciones de la mina, situación que
ya ha sido suficientemente aclarada por el gobierno federal.
Coincidimos
plenamente que es indispensable actuar con todo el rigor de la ley,
imparcialidad y sin perjuicio en lo concerniente a la reparación del daño
causado, no obstante sin olvidar el desinterés irresponsable con el que hasta
ahora se ha conducido Grupo México frente a éste, y que pone en evidencia la
actitud irresponsable de este corporativo ha tenido a este lamentable desastre
ecológico que ha golpeado en forma directa la economía de la región, actuando
únicamente para resguardar sus intereses económicos.
Vigilando
que estas dependencias federales entreguen informes detallados sobre la
revisión y visitas de inspección a las áreas afectadas, particularmente a lo
que se refiere al cumplimiento tanto de las sanciones como de las medidas
necesarias para revertir los daños, debiendo vigilar igualmente la aplicación
de medidas y multas contempladas en la legislación, y especialmente
encaminadas a la reparación del daño.
Resulta
improcedente la función que habrá que desempeñar la Comisión Especial para
recopilar toda la información necesaria para que en su momento se pueda
verificar que tanto el gobierno del estado de Sonora como las Secretarías de
Economía, de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la
Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lleven a cabo
las acciones legales que se contemplan en la legislación vigente, de manera que
impongan multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte aplicable en
contra de la empresa responsable denominada Buenavista del Cobre.
Es
indudable que la protección de los intereses superiores del país y de los
intereses particulares de todos y cada uno de los afectados serán oportuna y
eficazmente protegidos con las acciones que pueda implementar esta Cámara de
Diputados, sujetándose en la información y conclusión derivados del desempeño
de la responsabilidad que se ha asignado a la Comisión Especial, y es por ello
que en Nueva Alianza sabemos de la importancia que tiene la aprobación del
presente punto de acuerdo y con nuestro voto a favor reiteramos nuestro
compromiso por el cuidado del medio ambiente para el bienestar de la población
y reparación del daño ambiental que se ha ocasionado. Es cuanto, diputado
presidente, y muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Olvera Barrios.
Corresponde
hacer uso de la palabra al señor diputado Manuel Añorve Baños, y lo hará a
nombre del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Adelante, por
favor diputado.
El
diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor presidente. Aquí mucho se ha dicho ya de los daños
que se han ocasionado en el estado de Sonora, pero vale la pena volver a
subrayar cuáles han sido, porque la opinión pública debe conocer cuáles son las
afectaciones y, por supuesto, las consecuencias de estas afectaciones: el
desabasto del vital líquido, el encarecimiento que están viviendo nuestros
amigos del estado de Sonora del agua embotellada en la región, el haber
afectado a más de 20 mil sonorenses, por supuesto el ganado, que ha sido
retirado de los márgenes de estos ríos y se ha suspendido la ordeña y la
elaboración de queso. También cómo está afectando que se contraiga la
exportación de carne. Y, por supuesto, se ha suspendido el inicio del ciclo
escolar, o así sucedió cuando estos hechos se presentaron en el estado de
Sonora.
Tengo
que subrayar que esta empresa es responsable del desastre obvio y ha tenido un
comportamiento poco ético durante la crisis que se está viviendo. El
corporativo mintió, el corporativo sigue mintiendo. Dio a conocer que las
causas de la tragedia se atribuyeron a la presencia de lluvias atípicas. Eso es
mentira, como lo estoy subrayando. Cuando en realidad se trataba de un problema
originado en las instalaciones de la mina y así ha quedado asentado.
Por
supuesto que estuvieron echando cal. Uno de estos días ya quisieron con una
campaña mediática decir que estaban atendiendo la tragedia. Obvio que ha habido
respuestas de los sonorenses con bloqueos y muchas manifestaciones más.
No
es esta la primera vez que Grupo México se ve inmiscuido en un problema de esta
naturaleza. Así lo dijo el diputado Ricardo Monreal y muchos más de los que
aquí han hecho uso de la palabra. Por eso esta comisión especial, que nació con
un mandato de la Comisión Permanente, por supuesto va a coadyuvar a la
construcción de la verdad legal, a fin de establecer indemnizaciones a favor de
las víctimas. No tengo la menor duda que así será, ya que es presidida por el
diputado Marco Antonio Bernal y además está sumada la pluralidad política de
esta Cámara de Diputados y se sumarán más diputados y diputadas interesados en
resolver y sancionar a esta empresa.
Por
supuesto que ya se ha hablado de otros desastres en términos de sucesos, como
ha pasado en el estado de Sonora a nivel internacional y las sanciones que se
han aplicado con miles de millones de dólares.
Por
este tema queremos una sanción y un resarcimiento del daño ejemplar. No tengo
la menor duda que esta comisión especial que mañana irá al estado de Sonora
tomará cartas en el asunto y esta comisión especial tendrá como conclusión,
porque así es la unanimidad que aquí hemos señalado, porque eso queremos: la
suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta
en tanto se evalúen los daños y se garantice el resarcimiento del medio
ambiente y la indemnización a toda la población afectada.
No
tengo la menor duda. Esta comisión no irá solamente de paso, sino irá a tomar
nota, a escuchar a todos los afectados y aplicar las sanciones correspondientes.
Es cuanto, señor presidente. El Presidente diputado Tomás Torres Mercado:
Gracias, señor diputado Manuel Añorve.
Con
su participación ha concluido la lista de oradores, por ello pido a la
Secretaría, en votación económica, consulte a la asamblea si se aprueba el
punto de acuerdo.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le pido a la Secretaría continúe dando cuenta a
esta Presidencia con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política en relación a cambios de integrantes de las Comisiones de
Igualdad de Género; Especial que da seguimiento a la problemática generada por
el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora; y del
Parlamento Latinoamericano, que se encuentran disponibles en los monitores de
su curul.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus
curules los siguientes dictámenes.
De
la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de
la Ley de la Policía Federal.
De
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de
decreto que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
De
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con
proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dos
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. La primera, con proyecto de
decreto que adiciona una fracción XII al artículo 3o. y un artículo 3o. Bis a
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Un
segundo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social.
Y
de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma los
artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De
la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo
71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.
De
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.
De
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 28 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De
la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 48,
párrafo primero, 54 y el artículo cuatro transitorio de la Ley General de
Turismo.
Cuatro
de la Comisión de Pesca. La primera, con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 4o. y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentable.
Un
segundo, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 20 de
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Un
tercero con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 62
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y con proyecto de decreto
que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario. De conformidad con lo que
establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con
la declaratoria de publicidad.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la
discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo
del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Tiene
la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Arely Madrid Tovilla, para
fundamentar el dictamen de conformidad con lo que establece el artículo 104,
numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que antes hemos
invocado. Tiene el uso de palabra, diputada, por favor.
La
diputada Arely Madrid Tovilla: Gracias, presidente. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y
compañeros legisladores, en mi carácter de presidenta de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción y por parte de la Comisión, someto a
consideración de esta honorable asamblea el dictamen que reforma el tercer
párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el
cual es fruto de un trabajo de todos los diputados integrantes, quienes con una
visión plural incluyente y con el ánimo de velar en todo momento por el interés
de la ciudadanía encaminan sus esfuerzos para perfeccionar las normas en pro de
la agilización de los procedimientos administrativos y la reducción del rezago
de la justicia administrativa.
Una
de las cargas más fuertes en la administración pública es precisamente la falta
de agilización de los procedimientos administrativos.
La
seguridad y certeza jurídica son pilares de la democracia y eje rector de todo
Estado de derecho, y es por ello que el dictamen se propone reformar la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo para reforzar dichos principios en
beneficio de los gobernados, que son parte de un procedimiento iniciado de
oficio por la autoridad administrativa.
En
este contexto, para el caso del procedimiento administrativo iniciado de oficio
por la autoridad, el dictamen prevé que estos se entenderán caducados no solo
en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del
plazo para dictar resolución, sino también en los casos en que la autoridad por
su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres
meses. Ésa es la propuesta y ése es el objetivo.
Debe
recordarse que la caducidad es una institución procesal que encuentra su
fundamento en razones de seguridad jurídica, en tanto que evita la
incertidumbre que supone un procedimiento dilatorio; es decir, la razón de ser
de la caducidad es dar certeza jurídica y puntualizar la eficacia para no dejar
abierta la arbitrariedad o la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen
de hacerlo a su arbitrio, sino por el contrario, observen y atiendan a
cabalidad las reglas que establecen el nacimiento y conclusión de sus
facultades; para no generar incertidumbre y arbitrariedad, sino por el
contrario, generar transparencia y legalidad en todas las etapas procesales.
Con
la propuesta se busca que las autoridades administrativas cumplan plenamente
sus funciones, las funciones procedimentales en plena observancia del principio
de legalidad, y evitar que los ciudadanos —escúchese bien— que sean sujetos a
un procedimiento administrativo iniciado de oficio como por ejemplo una
verificación administrativa en materia ambiental que se encuentren subyugados y
por este tiempo indeterminado, pues ello vulnera sus derechos y crea
incertidumbre en cuanto a su estatus jurídico.
En
este sentido, la propuesta viene a fortalecer la figura de la caducidad sin
causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público e interés
social perseguido por el Estado, pues con la visión propuesta por los autores
de la iniciativa, el diputado Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ricardo Mejía
Berdeja, se brinda por una parte mayor seguridad y certeza jurídica; y por la
otra opera en pro del derecho fundamental a una justicia pronta y expedita
contenida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.
En
mi carácter de presidente de la comisión y también recalco acá que es de
reconocerse el trabajo por los diputados integrantes de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, pues con su decidida participación en este tema
se avala la tarea de generar normas que nos permitan contar con un marco
jurídico más justo en el tema, con un México más justo donde se tutele de
manera real y efectiva los derechos de todos los ciudadanos.
Compañeras
y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción solicito a ustedes el voto positivo para la aprobación de la
presente iniciativa. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Areli Madrid Tovilla.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo
particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del
Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar la posición de sus grupos
parlamentarios, por ahora le otorgamos la palabra al diputado Luis Antonio
González Roldán, del Grupo de Nueva Alianza. Tiene la palabra, diputado.
Adelante, por favor.
El
diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia. Señoras y señores legisladores. La
seguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido que
encuentra su fundamento en la certeza propia del derecho, tanto en el ámbito de
su publicidad como en su propia aplicación.
Los
derechos de seguridad jurídica de todas las personas deben de estar eficientemente
garantizados por el Estado, con la finalidad de fortalecer el desarrollo pleno
del individuo y de la misma sociedad. Es uno de los elementos más importantes
de cualquier régimen democrático. En éstos concurren el orden jurídico y la
función gubernamental real.
Así,
en mi bancada, Nueva Alianza, lo entendemos como un conjunto de derechos
humanos fundamentales que ofrecen la certeza del derecho que tiene el individuo
para que su situación jurídica no sea modificada más que por procedimientos regulares
y conductos legales establecidos previamente y debidamente publicados.
En
este sentido, el tiempo es un elemento fundamental de la seguridad jurídica que
no es inofensivo en el derecho. La justicia pronta y expedita, cuando no es
pronta y no es expedita, no es justicia. El tema de la lentitud de los
procedimientos está presente en el derecho. La evidente prolongación a veces de
muchos años en la tramitación de los asuntos procesales, obliga a hacer una
reflexión sobre la importancia de los plazos y de los términos.
Los
tiempos en un procedimiento adquieren singular importancia al tratar de buscar
un mayor equilibrio entre la potestad pública y el derecho o el interés
legítimo de cada uno de los ciudadanos. Es por ello que ha sido necesario
plantearse el problema de la dimensión temporal y su incidencia en la calidad
de algunas relaciones jurídicas entre la administración y el propio ciudadano.
Si
no se administra adecuadamente los tiempos en el ejercicio de la potestad
sancionadora, la infracción puede prescribir, además de que alarga el proceso
de manera negligente, violenta el derecho fundamental a la certeza jurídica de
cada individuo.
En
este contexto, en el proceso administrativo se debe de cumplir con la garantía
de la seguridad jurídica de los individuos reduciendo en todo momento los
espacios de la indeterminación.
Es
por ello que en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del
presente dictamen que establece la caducidad de los procesos en el caso de que
la autoridad por inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento
por tres meses, entendiendo que la caducidad es una institución procesal que
encuentra su fundamento en razones de seguridad jurídica al evitar o tratar de
erradicar la incertidumbre que supone un procedimiento, por lo que las fechas
son primordiales.
En
este sentido, el dictamen va encaminado a agilizar los procesos administrativos
fijando un plazo máximo para el término del proceso sancionador. De esta manera
se evitan las demoras y alargamiento de los procedimientos al libre arbitrio de
la autoridad.
Al
aprobar el presente dictamen, estoy seguro que abonaremos para que los procesos
se lleven a cabo con mayor eficacia y prontitud, sancionando de facto el no
ejercicio de las facultades de la autoridad para actuar de manera pronta y
expedita en la aplicación de la ley. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimado diputado González Roldán.
Compañeros,
compañeras diputadas, diputados, se encuentran en este recinto estudiantes que
integran la asociación denominada “Jóvenes Embajadores de Taiwán”, invitados
por el diputado Jesús Oviedo Herrera, quienes vienen acompañados por el maestro
Carlos Liao, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en
México. Sean ustedes bienvenidos.
Para
fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso
de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González.
La
diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. No quiero dejar pasar, dejar
de mencionar, que hoy estamos discutiendo un dictamen de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, que fue aprobado desde el 6 de marzo de este
año, a partir de una iniciativa de los diputados Ricardo Mejía y Ricardo
Monreal.
Y
solamente hago este comentario no sólo por las fechas, sino para dar a conocer
a la sociedad la intención que tienen ustedes, diputadas y diputados, para
decir que están cumpliendo con los temas que han manifestado serán su prioridad
en este periodo, la transparencia y anticorrupción, pero que de todos modos
siguen sin estar en el pleno.
Claro
que celebramos que una de las 378 iniciativas que el Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano ha presentado, se esté discutiendo, el primer día de este
periodo y en este pleno.
Pero
no por eso dejaremos de ser críticos porque la transparencia y anticorrupción
ha sido la prioridad del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Hoy
se discute esta iniciativa que en esta materia se presentó desde el 2013 y como
se puede ver no sólo criticamos, también hay propuestas viables. Es sólo
cuestión que la mayoría en esta Cámara tenga la voluntad de analizarla.
Tenemos
que el derecho administrativo sancionador corresponde a la capacidad punitiva
del Estado y de la mención de los tipos de sanciones. Observamos que se trata
de penas que pueden vulnerar tanto la esfera de derechos de los gobernados como
su esfera patrimonial, según sea el caso.
Es
evidente que el ejercicio de esta potestad sancionadora debe de contar con
límites y principios que garanticen al gobernado la salvaguarda de su esfera de
derecho. Ante esta disyuntiva en la construcción de esta rama de derecho
administrativo, los doctrinarios han recurrido a arreglar los procedimientos
desde una perspectiva garantista para los gobernados.
Y
cuestionamos que el ciudadano se encuentre sujeto a la tramitación de un
procedimiento administrativo por un periodo indeterminado que vulnera desde
toda perspectiva sus derechos.
Es
decir, la naturaleza de cada procedimiento legal debe tener un inicio claro y
un final, permitiendo que ante la inactividad de las partes, en especial de la
autoridad, se sancione con la caducidad del proceso, entendiendo la
caducidad como la pérdida de un derecho o una potestad debido a la omisión de
ejercerlo durante un período determinado.
En
el caso concreto de las autoridades administrativas, la sanción por no concluir
el proceso administrativo de la emisión de un acto debe ser la caducidad del
mismo; de lo contrario, el gobernado se verá afectado profundamente pues se le
sujetará a un estado de indeterminación frente al proceso.
La
Ley Federal de Procedimiento Administrativo no establece la existencia de la
caducidad para el proceso omiso, salvo cuando se violente el plazo para la
emisión de la resolución, es decir, únicamente cuando se hayan sustanciado
todas las etapas del proceso, quedando únicamente pendiente la emisión de la
resolución y, en caso que no se emita en el tiempo correspondiente, se
considerará que el proceso de concluirá por la caducidad del mismo.
Lo
anterior habilita que existan casos en que se notifique a la parte de la
autoridad el inicio de un procedimiento de verificación administrativa y que
posteriormente no existan actuaciones por parte de ella en un período
considerable, como pudiera ser un año, pudiendo en todo momento reanudar el
procedimiento sin que el particular pueda apelar a la caducidad de éste.
El
problema planteado encierra una profunda violación a la garantía de seguridad
jurídica del gobernado pues le impide conocer la previsibilidad de sus actos.
Por
eso también celebramos que en el dictamen de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción coincidan en que la iniciativa será la figura de caducidad, sin
causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público o interés social
perseguido por el Estado, ya que la autoridad contará con el tiempo suficiente
para el estudio del asunto y resolverá conforme a derecho y que con esta
propuesta, de ser aprobada, brindará mayor seguridad y certeza jurídica, así
como cumplirá con el derecho fundamental de una justicia pronta y expedita. El
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Huidobro González. Del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática le otorgamos el
uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas.
La
diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Honorable asamblea: está a discusión el
dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que remite a este pleno la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
La
iniciativa presentada el pasado 31 de noviembre del 2013 por los diputados
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano, proponía también la reforma al artículo 18
de la misma norma y fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y elaboración
de dictamen correspondiente.
La
comisión dictaminadora consideró inviable la propuesta al artículo 18 de la
citada norma, donde se establece que ante la continuación de oficio de un
procedimiento administrativo iniciado a instancia del interesado, operará la
caducidad de la instancia por la inactividad procesal de la partes, cuando en
tres meses no existan actuaciones de las autoridades o los interesados.
Ello,
con base en lo siguiente, pues en los artículos 17, 17 A y 17 B de la misma
ley, se regulan los procedimientos iniciados a instancia del particular, pues
ahí mismo se establece que la continuidad del procedimiento en este caso será
de oficio y obliga a la autoridad a concluirlo cuando fue iniciado a petición
del ciudadano o ciudadana.
Por
otro lado, contraviene el espíritu del artículo 8o constitucional, el cual
establece el derecho de petición por el cual la autoridad está obligada a
responder un acuerdo por escrito a la persona que lo haya dirigido. Eso debe
ser en un breve término, lo cual, en el caso que nos ocupa, está regulado por
la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Por
su parte, la dictaminadora estimó viable la modificación al artículo 60 que
propone que para el caso de procedimientos iniciados de oficio, prevé que se
entenderán caducados, no sólo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días
a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, sino también en los
casos en que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización
del procedimiento por tres meses.
Aquí
vale la pena señalar que la caducidad de la instancia es una figura procesal
que tiene por objeto aportar seguridad jurídica a las personas en un
procedimiento determinado para evitar la incertidumbre, la discrecionalidad hasta
la arbitrariedad y lograr la eficacia en el mismo para que cualquier autoridad
cumpla en tiempo y forma con las obligaciones propias del ejercicio de sus
funciones en cuanto a sus facultades y competencias constitucionales y legales
en beneficio de la ciudadanía.
La
modificación planteada al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo fortalece la institución procesal de la caducidad de la
instancia, pues permite acotar los tiempos para que la autoridad se apegue a
los términos señalados en la propia ley, y dé una respuesta oportuna, pronta,
expedita, en beneficio de la ciudanía, además de que se le otorga mayor certeza
jurídica.
Consideramos
que con esta propuesta se apuntala derecho a una justicia pronta y expedita
establecida en el artículo 17 constitucional y, por supuesto, en pro del debido
proceso en materia administrativa, al cual tienen derecho todas las personas.
Por
lo aquí expuesto nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor del presente
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del
artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es cuanto.
El
Vicepresidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Fijará la postura del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional el diputado Enrique Alejandro Flores
Flores.
El
diputado Enrique Alejandro Flores Flores: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras
diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional felicita a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por la
aprobación de este dictamen, asimismo hacemos el reconocimiento a los
promoventes.
Acción
Nacional siempre ha estado a favor de la transparencia, Acción Nacional siempre
ha estado a favor de la rendición de cuentas, pero sobre todo Acción Nacional
siempre ha estado a favor de los ciudadanos.
Este
dictamen da certeza jurídica a los ciudadanos, ya que ante los procedimientos
administrativos en materia de transparencia y anticorrupción debe operar la
caducidad de la instancia más no de la acción. Consideramos que esto brinda sin
duda alguna la motivación la autoridad para que trabaje de forma
eficiente y de manera eficaz en la resolución de los problemas y los conflictos
que atañen en materia de transparencia y anticorrupción.
Decirles
que este dictamen está dando tres meses para que no exista la inactividad de
los procesos administrativos, estamos dando un término cierto y que
consideramos justo para que estos temas en materia de transparencia se
resuelvan y tengan un curso fluido, ya que no es posible que la autoridad
dilate los procesos o bien el ciudadano dilate los procesos con la inactividad,
ya que al interior de los órganos de gobierno existen ciertas herramientas que
dilatan los procedimientos administrativos.
Con
esto estamos dando la certeza jurídica de que si no se continúa con estos
procedimientos vana a caducar. Por supuesto que también estamos reafirmando el
compromiso que tiene Acción Nacional con los ciudadanos, ya que estamos dando
equidad a la certeza para que los ciudadanos tengan la convicción y puedan
tener cierto que la autoridad va a dar trámite a sus procedimientos
administrativos sin dilatarlos. No podemos permitir que la autoridad siga
siendo dilatoria de los procedimientos administrativos.
La
propuesta contenida en el presente dictamen dota de mayor seguridad jurídica al
gobernado al evitar incertidumbre que supone un procedimiento administrativo en
cuanto al tiempo para su ejecución. Esto cierra la posibilidad de que las
autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio; sino por el contrario,
observen y atiendan puntualmente las reglas que establecen cuando nace o cuando
concluye una facultad para no generar incertidumbre.
En
este sentido es importante señalar que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional
el presente dictamen debe ser aprobado con el fin de otorgar mayor seguridad
jurídica a los gobernados, a afecto de que los procedimientos administrativos
encuentren un inicio y una conclusión sin arbitrariedad de los encargados en
resolver estos procedimientos.
Con
esto, Acción Nacional nuevamente vuelve a dar el paso para los ciudadanos,
nuevamente da el paso adelante en la certeza jurídica y por supuesto volvemos a
dar el paso y refrendamos el compromiso con la transparencia, ya que este
dictamen es el primero que se discute en el último año de ejercicio de esta
legislatura y por supuesto Acción Nacional tiene como prioridad la
transparencia y la rendición de cuentas. Muchísimas gracias, diputado
presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Del Partido Revolucionario Institucional, para
fijar la postura de este grupo parlamentario, le otorgamos el uso de la palabra
a la diputada María del Rocío García Olmedo.
La
diputada María del Rocío García Olmedo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y
compañeros legisladores, llevar a cabo una adecuada impartición de justicia ha
sido uno de los principales objetivos del Estado mexicano y por ello es
necesaria la implementación de mecanismos de regulación cada vez más precisos y
estrictos, que permitan avanzar hacia un mayor control de los órganos
encargados de llevar a cabo esta función, asegurando así la protección de los
derechos de los gobernados.
En
el artículo 17 de nuestra Carta Magna se establece que ninguna persona podrá
hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho,
así como que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial.
La
caducidad es una institución procesal de seguridad jurídica que evita la
incertidumbre que supone un procedimiento, y puntualiza la eficacia de un
procedimiento en cuanto al tiempo para no dejar abierta la posibilidad de que
las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino que observen y
atiendan puntualmente las reglas que establecen para no generar incertidumbre y
arbitrariedad.
Por
tal motivo, en la reforma planteada en el dictamen que hoy nos encontramos
discutiendo ha quedado de manifiesto que en los procedimientos que se inician
por oficio, únicamente operará la caducidad hasta el momento en que corra el
plazo para la emisión de la resolución, permitiendo con esto que la autoridad
reanude en todo momento la vigencia del proceso, incluso cuando pudieran haber
transcurrido años sin que se cuente con una sanción para su inactividad
procesal.
Es
por esto que consideramos acertado establecer en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, que para el caso de procedimientos iniciados de
oficio se prevea, que se entenderán caducados, no sólo en el caso de que
transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar
resolución, sino también en aquellos en que la autoridad por su inactividad
haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses.
Lo
anterior, no sólo garantiza que se lleve a cabo una adecuada impartición de
justicia, sino que se ajusta a lo establecido en el artículo 13 de nuestra
Constitución, el cual establece que la actuación administrativa en el
procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía,
celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
Es
así que la adición propuesta por los legisladores promoventes de la iniciativa
brindará mayor seguridad y certeza jurídica, así como operará en pro del
derecho fundamental de una justicia pronta y expedita. De igual forma, al
robustecer la figura de caducidad en el procedimiento administrativo mediante
esta reforma, permitirá fortalecer aún más la impartición de justicia, la cual
se encuentra enfocada en la protección de los derechos de la sociedad. Por lo
que en este caso se conservan los principios de impartición de justicia y se
conserva también el interés social perseguido por el Estado.
Compañeras
y compañeros legisladores, la impartición de justicia en el país ha avanzado
mucho en las materias familiar, civil y penal. Las reformas aprobadas por el
Congreso han sido primordiales para asegurar que se respeten los derechos de la
sociedad.
Sin
embargo, no podemos olvidar la impartición de justicia en el ramo
administrativo, ya que también en esta rama se debe garantizar la seguridad
jurídica de los gobernados. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PRI
votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada García Olmedo.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 104, numeral 1,
fracción V del Reglamento de esta Cámara, esta Presidencia informa que se han
registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes
diputados, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano; el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano.
En
esos términos, hasta por tres minutos le otorgamos el uso de la palabra al
primero de los señores diputados que he nombrado.
El
diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, a pesar de estar en esta
asamblea semivacía, este dictamen es sumamente importante. Debo advertir que
hay en este tema de la caducidad, como institución procesal, opiniones
distintas, dispares y hasta encontradas acerca del alcance, acerca del
propósito y acerca de si debe de persistir en el derecho procesal mexicano la
figura de la caducidad, que en algunos textos de derecho procesal se han
eliminado.
Hace
un rato conversaba con un diputado del Partido Verde sobre una reflexión que
hacía él sobre el término de la caducidad, pero también en un análisis
comparativo con el término de la negativa ficta y la afirmativa ficta.
Quiero
expresarles, que en algunos textos se ha venido abonando esta figura procesal y
en algunos otros se han eliminado, en el contexto del contencioso
administrativo, en algunos códigos procesales. Y también es una figura que es
necesario aplicar para no dejar sin defensa a los gobernados. Podría pensarse
al contrario, que son en beneficio de la autoridad estas disposiciones
contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo
60. Hemos acordado revisarlo, me parece correcta su observación.
Y
quiero agradecerles, sobre todo a la comisión que preside Areli Madrid, hemos
presentado cerca de 400 iniciativas de ley en estos dos años de ejercicio
legislativo. En estas 400 iniciativas que hemos presentado, sólo se han
obtenido una decena de dictámenes positivos. No obstante, que el contenido de
muchas de estas normas son indispensables.
Por
ejemplo, presentamos una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que duerme
el sueño de los justos. Presentamos también múltiples iniciativas para combatir
la corrupción, para fortalecer el federalismo, para combatir la pobreza.
De
las 400 iniciativas, muy pocas han tenido este sentido positivo en su dictamen,
por eso, aunque no es muy dado felicitar a miembros del PRI, miembros de otros
partidos, en esta ocasión yo quiero expresar mi felicitación a Areli Madrid y a
la comisión por haber dictaminado positivamente.
Hay
otras comisiones, como la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que no han
pasado muchas de ellas, a pesar de que tenemos la razón, pero que por el simple
hecho de presentarlas nosotros, como adversarios políticos, los diputados
asumen una actitud de estar en contra de nosotros, por presentarlas nosotros, a
pesar de la voluntad que pueda expresar positivamente el presidente de la
comisión.
Ojalá
y pudiéramos sacar más iniciativas de las que hemos presentado y que de verdad
son indispensables para actualizar el derecho vigente, para actualizar la norma
y para generar condiciones propicias de gobernabilidad en este país.
Muchas
gracias y éste es un ejemplo de lo que pudiera hacerse. Creo que va a ser muy
difícil, sobre todo ahora que ustedes han retrocedido en materia de
nacionalismo y en materia de una actitud en beneficio de la patria. No va a ser
fácil después del daño que le han causado al país.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Tiene ahora el
uso de la palabra y para hablar en pro, y hasta por tres minutos, el diputado
Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, sumarme al
reconocimiento de la Comisión de Transparencia en este tema que busca dar
certeza jurídica en los procedimientos administrativos.
Originalmente
habíamos planteado modificar dos artículos, pero esta reforma al artículo 60 de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, me parece que le da más certeza
a los procedimientos que se llevan a cabo tanto por lo que tiene qué ver con la
autoridad como lo que tiene qué ver con los gobernados, con los ciudadanos y
con quienes son materia de esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Nosotros
en Movimiento Ciudadano buscamos reducir la discrecionalidad y que haya un
marco jurídico más claro tanto para la autoridad como para quienes impugnan
actos que puedan ser llevados a cabo y que afecten sus derechos, que afecten
sus garantías, que afecten su esfera como seres privados.
En
ese sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo no solo en este tema que tiene
qué ver con la Ley de Procedimiento Administrativo sino en el tema de la
transparencia y el combate a la corrupción.
Me
parece, lo hemos escuchado de dientes para afuera, que todos los partidos
indican para este periodo de sesiones una visión de combate a la corrupción,
pero vamos a verlo ya en los hechos. Nosotros no creemos que la solución esté
en seguir creando más organismos como la Comisión Anticorrupción, sino quizá
fortalecer las competencias de atribuciones de la Auditoría Superior de la
Federación, de la propia Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, revisar los órganos de control interno de las dependencias, de los
organismos públicos. Y me parece que debe haber un combate a fondo, no nada más
para taparle el ojo al macho y que se vea como que hay una decisión del
gobierno por combatir este flagelo, sino que se traduzca en verdaderas
instancias.
No
insisto en crear más organismos, porque de qué han servido hoy, por ejemplo,
para los que son agredidos en sus derechos humanos, una Comisión Nacional de
Derechos Humanos que es omisa, que no cumple su función, que cuando hay grandes
intereses que se afectan el Ombudsman se hace de la vista gorda; de qué nos
sirve un Ifai cuando no presenta acciones de inconstitucionalidad en temas como
fue la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece limitaciones a las
libertades y a las comunicaciones privadas.
Pero
ése será sin duda tema de la agenda legislativa de este periodo, y en tanto
celebramos que esta iniciativa haya sido aprobada por la Comisión de
Transparencia y que pueda ser aprobada por este pleno. Es cuanto.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. En atención a que
se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en
votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y
en lo particular.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas
y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general y en lo
particular.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se pide a la Secretaría que abra el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo
144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular.
(Votación)
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir
su voto?
El
diputado Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (desde la curul): A favor
La
diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 393 votos a
favor, 3 abstenciones y 0 en contra.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 393
votos el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pasa al Senado de la República
para sus efectos constitucionales.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estimadas diputadas, estimados diputados. Los
grupos parlamentarios han planteado a esta Mesa Directiva el que pasemos a la
discusión de proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Esta Mesa Directiva obsequia en consecuencia la petición.
El
diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul). Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, señor diputado? Sonido. Adelante,
diputado Jorrín.
El
diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Es un tema en relación a lo que está
ocurriendo en Guerrero en el tema de seguridad. Tenemos graves problemas en
Tixtla y en Chilpancingo, con el efecto -tal vez- cucaracha -que le llaman- en
el tema de seguridad, en donde la gente está viviendo una zozobra eterna y se
requiere que este Congreso tome las medidas correspondientes para que no
solamente al estado de México vaya la Gendarmería, sino también en estos dos
estados, en Morelos que está ocurriendo lo mismo, una situación muy delicada
con una cantidad enorme de secuestros, lo mismo que está ocurriendo en el
centro del estado de Guerrero.
Por
lo tanto, señor presidente, yo le pido que usted tome las medidas
correspondientes para que la Gendarmería también sea asignada a estos lugares.
Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Víctor Jorrín. Por ahora su
planteamiento queda incorporado al Diario de los Debates. Muchas gracias.
En
los términos que les he expresado y, de conformidad con el artículo 76,
fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por
cinco minutos la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de
Relaciones a Exteriores convoquen a una cumbre con sus homólogos de los Estados
Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El
Salvador, para que elaboren una declaración conjunta que garantice la
salvaguarda de los derechos humanos y la dignidad de los niños migrantes no
acompañados. Diputada Jiménez Esquivel, tiene el uso de la palabra.
La
diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su permiso, señor presidente. Estimadas
diputadas y diputados, es doloroso ver el hambre, la discriminación y el
maltrato que padecen los llamados “niños no acompañados” en su tránsito por
Centroamérica, México y la frontera sur con Estados Unidos de Norteamérica.
Pero
esto no es lo único que sufren; también son víctimas de la delincuencia
organizada, la trata y la explotación inhumana y degradante.
A
pesar de esos peligros, el número de niños migrante no acompañados ha aumento
considerablemente debido a la violencia e inseguridad existente en sus países
de origen, así como su deseo natural de reunirse nuevamente con sus padres o
familiares residentes en los Estados Unidos.
Los
datos del Colegio de la Frontera Norte son contundentes; fueron detenidos por
las patrullas fronterizas de Estados Unidos, hasta hace un mes, 46 mil 188
menores y actualmente la cifra ya supera los 52 mil 193 niñas y niños.
De
acuerdo a las investigaciones realizadas por la institución académica, 11 mil
son mexicanos; 13 mil son hondureños; 11 mil guatemaltecos y 9 mil proviene de
El Salvador. Así el total de menores centroamericanos detenidos en 2014
equivale al 45 por ciento de las deportaciones hechas en los cinco años.
En
2009 se reportaron 3 mil 304 detenidos; en el 2010, más de 4 mil; en el 2011, 3
mil 933; para 2012 la cifra aumentó a más del doble, es decir, a más de 10 mil
deportaciones; y en el 2013 a más de 20 mil.
Por
eso debemos anteponer el interés superior al menor y defender en el corto plazo
esta crisis humanitaria infantil.
Ante
esta problemática en los últimos 15 días de junio nuestro gobierno sostuvo al
menos tres reuniones con autoridades de los países centroamericanos. Al
respecto el secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, detalló que
se ha fortalecido la coordinación con las embajadas de Guatemala, El Salvador y
Honduras e incluyó a la Red Consular Mexicana en Estados Unidos a contactar a
sus contrapartes centroamericanos para hacer frente a esta situación.
A
la luz de lo anterior los mexicanos debemos hacer frente a esta penosa y
vergonzosa situación con liderazgo y decisión, para ser congruentes con los
instrumentos internacionales que se han firmado como son: la Convención Sobre
los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los
Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación del
Niño en los Conflictos Armados; el Convenio Sobre la Edad Mínima de 1973, y el
Convenio Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, en 1999.
Esta
amplia legislación internacional coincide en que las niñas y niños tienen
derecho a disfrutar de una vida plena y feliz, a vivir en el seno de una
familia, a disfrutar de una alimentación saludable, a la educación, a la salud
y a un medio ambiente sano y sustentable, entre otros.
Bajo
estos principios, los Estados, independientemente de su forma de gobierno o de
poder económico, tienen la obligación de hacerlos efectivos, además de
garantizar el derecho a la vida y el bienestar de la infancia.
Lo
anterior pone en claro la necesidad de establecer un instrumento internacional
en la materia que reconozca la problemática en cuestión y establezca
responsabilidades compartidas entre los Estados involucrados a efecto de
salvaguardar de manera integral los derechos de las niñas y los niños.
Es
urgente que los jefes de Estado y de gobierno, así como los secretarios y
ministros del exterior, se reúnan para elaborar, de manera consensuada, dentro
del ámbito de sus competencias, una declaración que garantice la protección y
salvaguarda de los derechos humanos de las niñas y los niños no acompañados y
además establezcan las garantías necesarias a efecto de construir mecanismos
que propicien mejores condiciones de vida en sus países de origen.
Hagamos
un llamado al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a tomar conciencia
del problema para darle una solución de responsabilidad compartida y, a partir
de un enfoque humanista, evitar resolverlo bajo una interpretación de seguridad
nacional.
Ya
hay antecedentes. El pasado 29 de julio los gobiernos de México y California
exigieron que se dé un enfoque humanitario al problema de los niños migrantes
no acompañados y rechazaron el uso de las fuerzas públicas o militares como una
respuesta ante las emergencias, como ha sido el despliegue de la guardia
nacional y personal militar en Texas.
Por
esta razón, la Cámara de Diputados eleva un llamado urgente a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en los términos de los artículo 1o y 4o
constitucionales, y a sus homólogos de los países mencionados en los términos
de sus leyes locales para que, de manera corresponsable, se elaboren soluciones
a la pobreza y a la violencia e inseguridad para evitar que las niñas y los
niños sigan abandonando sus países de origen.
Por
lo anterior expuesto el Partido Acción Nacional somete a consideración de esta
soberanía lo siguiente:
Primero.
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias y a través de los
conductos adecuados, convoquen a una cumbre de sus homólogos de los Estados
Unidos de Norteamérica, Guatemala, Belice, Costa Rica, Hondura, Nicaragua y El
Salvador para que, de manera coordinada, elaboren una declaración
conjunta que garantice los derechos humanos y la dignidad de niñas y niños
migrantes no acompañados en su camino a los Estados Unidos de Norteamérica, con
el fin de luchar contra esta crisis humanitaria.
Segundo.
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, a través de los
conductos adecuados promuevan, junto con los Estados Unidos de Norteamérica,
Guatemala, Belice, Costa Rica, Hondura, Nicaragua y El Salvador, la elaboración
de políticas comunes para que, en un marco de corresponsabilidad y de apoyo
financiero compartido, se garanticen mejores condiciones de vida, se revierta
la violencia y la inseguridad existente en dichos países que provocan la
expulsión de las niñas y los niños.
Tercero.
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de
sus competencias y a través de los conductos adecuados, promueva junto con los
Estados Unidos de Norteamérica, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El
Salvador, mecanismos e instrumentos que permitan abordar la problemática desde
un punto de vista humanitario, a efecto de evitar el despliegue de personas u
organizaciones armadas que atentan contra la vida de esta niñas y niños, y
personas que cruzan la frontera norte, particularmente del personal militar y
de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Es cuanto, señor
presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Jiménez Esquivel. Para los
efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la
Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente
resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se considera de urgente resolución. Para los
efectos del artículo 100 y 113 numeral 1, fracción I, del reiterado Reglamento
de esta Cámara, se han registrado para hablar sobre el tema los siguientes
señores diputados y señoras diputadas: diputado René Ricardo Fujiwara
Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; diputada Loretta Ortíz Ahlf,
del Partido del Trabajo; diputada Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano;
diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática; diputado Raúl Gómez Ramírez, del
Partido Acción Nacional, y la diputada Leticia Calderón Ramírez, del Partido
Revolucionario Institucional.
Tiene
el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado nombrado en primer
término, Ricardo Fujiwara. Adelante, por favor.
El
diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Perdón, rectifico, señor diputado, con su
autorización; el uso de la palabra será hasta por tres minutos. Por favor,
adelante.
El
diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con su permiso, diputado
presidente; con el permiso de mis compañeras y compañeros.
La
migración, como todos lo sabemos, es un fenómeno creciente que evidencia las
condiciones de pobreza, marginación y falta de oportunidades que viven los
países expulsadores de indocumentados.
El
desempleo y la inseguridad, son factores determinantes para que miles de
personas año con año abandonen sus países de origen y decidan migrar en forma
indocumentada hacia los Estados Unidos.
En
sí mismo, éste ya es un fenómeno con grandes aristas, pero que en los últimos
años y en los últimos meses ha cobrado dimensiones superiores, debido al
considerable aumento del flujo migratorio de niños no acompañados.
Estos
niños han decidido viajar solos porque ya atraviesan difíciles situaciones que
los obligan a dejar sus hogares, ya sea buscando reunirse con sus familias que
previamente se han movido a Estados Unidos o por la necesidad imperante de
escapar de la violencia o de cualquiera de sus múltiples variantes.
Las
cifras nos muestran la extensión del problema, de acuerdo con datos presentados
por Estados Unidos en los últimos ocho meses 52 mil 193 niños llegaron a ese
país sin padres, provenientes principalmente de países como México, Honduras,
Guatemala, El Salvador y Belice. Y en los primeros cinco meses de este año las
autoridades estadounidenses han deportado a México cerca de 6 mil 330 niños,
principalmente originarios de Centroamérica.
Todos
estos pequeños están expulsados y están expuestos también a una gran cantidad
de peligro. Por su condición de vulnerabilidad son proclives a riesgos para su
salud, su integridad física, su dignidad e incluso su propia vida.
En
el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos la convicción de salvaguardar
los derechos de cada una de estas niñas y de cada uno de estos niños. En primer
lugar hay que recordar que todos los niños están protegidos por la Convención
de Derechos del Niño sin importar su categorización, nacionalidad o estatus
migratorio.
Desde
este punto de vista es importante establecer que esta crisis tiene que ser
tratada de manera humanitaria, anteponiendo siempre el interés superior del
niño. No podemos permitir que se va a estos infantes como invasores de un país
y que se les trate o se les persiga como criminales.
Al
ser un fenómeno multinacional es competencia de los países involucrados: de
Estados Unidos, como país receptor, de México, de Honduras, de Guatemala, de
Belice, de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador. De todos estos países es
su obligación implementar programas y políticas para hacer frente a esta gran
crisis.
Por
ello la urgente necesidad de promover la búsqueda de consensos a nivel regional
para atender de esta manera el fenómeno de los niños migrantes, siempre en el
marco del respeto a sus derechos humanos.
El
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de
acuerdo para establecer mecanismos e instrumentos internacionales que
reconozcan y aborden de manera específica la problemática humanitaria que este
tipo de migración significa, para que de manera conjunta se establezcan
responsabilidades compartidas entre los Estados a efecto de salvaguardar de
manera integral los derechos humanos de cada uno de los infantes que están
migrando solos.
Compañeras
y compañeros, es una situación dramática la que viven miles de niñas, niños y
adolescentes, que se ven en la necesidad de viajar solos a lo largo del país,
debemos hacer algo para mitigar su carga, evitarles peligros que pongan en
riesgo su integridad y brindarles la seguridad y protección que tanto merecen.
Por su atención y comprensión, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas
gracias, diputado presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada
Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por
tres minutos.
La
diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros
diputados, es increíble que con nuestro socio comercial después de la
celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994 y
de igual forma que han firmado los países de Centroamérica instrumentos
internacionales en materia comercial, en las fronteras tanto de Estados Unidos
como la propia de México y en ese tránsito de los países centroamericanos hacia
ese país que es Estados Unidos, tengan más facilidades de ingreso y mejor
trato, trato nacional y cláusula de la nación más favorecida, las mercancías
díganse las sillas, mesas, computadoras, en fin, un sinnúmero de artículos, a
las personas, a los niños en específico.
El
Tratado de Libre Comercio de América del Norte no establece una sola cláusula,
una de respeto a los derechos humanos, sin embargo somos uno de los principales
socios comerciales de Estados Unidos de Norteamérica, y a su vez tampoco no
tenemos una sola cláusula de protección de los centroamericanos que reclaman
también el mismo trato en nuestro país, con los cuales hemos celebrado acuerdos
comerciales de respeto de los derechos fundamentales.
Curiosamente
en Europa la piedra angular de todos los tratados de la Unión Europea y la
materia obviamente comercial, está inserto el respeto a la democracia y a los
derechos humanos. Y ello a razón del papel que jugó el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y los propios países europeos. En cambio en este continente
tienen más preocupación por los asuntos comerciales que por los derechos
humanos de las personas.
En
el caso de los niños es especialmente grave la situación. Si los migrantes
indocumentados son invisibles, el caso de las afectaciones con los niños es
angustioso, de suma urgencia y una situación dramática.
También
llama la atención que este fenómeno no es reciente, es de hace más de 20
años pero ahorita, como ha causado una crisis humanitaria, ahorita sí,
ahorita se quieren acordar, quizás también porque es año de elecciones, no lo
sé, pero tuvieron mucho tiempo para acordarse de esta problemática y no tenemos
a nivel interno ni a nivel tampoco con acuerdos con Estados Unidos o con
Centroamérica, una preocupación real por firmar sendos acuerdos, tratados
internacionales referentes al trato que deben recibir los migrantes, no importa
si son legales o ilegales, y si entre ellos obviamente a mayoría de razón, si
hay niños, mujeres o ancianos.
El
Partido del Trabajo obviamente está de acuerdo y da un beneplácito al punto de
acuerdo de urgente u obvia resolución, sin embargo lamentamos y creemos que sea
insuficiente esas reuniones parlamentarias o conferencias que se vayan a dar,
mientras no se inserte en instrumento, un instrumento internacional donde
acepten los Estados obligaciones y compromisos relativos a esta materia, que ya
están establecidos en los tratados de derechos humanos, porque están en la
Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Trabajadores
Migratorios y sus Familias, en fin, en un sinnúmero más de instrumentos
internacionales. Estos instrumentos no distinguen entre migrantes legales o
ilegales, entre niños o adultos, protegen a todo ser humano, sin importar si
este es de cualquier raza, cualquier condición social y si bien es legal o
ilegal.
Por
las consideraciones antes señaladas hacemos votos para que estas reuniones se
lleven a cabo con éxito y aprobamos el punto de acuerdo que se nos está
presentando, no sin antes hacer un llamado para exigir al gobierno de Estados
Unidos de América un acuerdo donde se exija un trato de respeto a los derechos
humanos para todos los niños. Es cuanto, diputado presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Tiene el uso de
la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.
La
diputada Lorena Méndez Denis: Con su venia, señor presidente. El Estado mexicano no ha asumido su
responsabilidad con la niñez. Tenemos más de 23 años de rezago en la aplicación
de la Convención de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas.
En
nuestro país cuatro de cada 10 mexicanos son menores de edad. Debido al alto
porcentaje que representa este sector de la sociedad, el 29 de mayo del 2000
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto
garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución.
Desafortunadamente
dicho ordenamiento ha quedado en letra muerta, tal y como lo demuestra el
apartado C de su artículo 14, el cual estipula que se debería diseñar y
ejecutar las políticas públicas que sean necesarias para la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual, a 14 años de su
promulgación continua sin ocurrir.
Como
consecuencia de lo anterior, constantemente somos testigos de noticias en las
que los menores de edad son sometidos a malos tratos, viven en condiciones
insalubres y experimentan abusos sexuales, situación que se ha evidenciado en
casos como el operativo de la Procuraduría General de la República en el
albergue de La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, o en la red de trata
encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur.
Dentro
de los menores de edad existe un grupo que sobresale por su vulnerabilidad, el
cual corresponde a los niños migrantes. En el caso particular de nuestro país,
de acuerdo con el censo de población y vivienda 2010, 609 mexicanos dejan el
país al día, de los cuales el 50 por ciento corresponde a jóvenes y
adolescentes.
Por
su parte, el boletín estadístico de la Secretaría de Gobernación, Repatriación
de mexicanos 2014, revela que existen 20 mil 546 menores migrantes repatriados
desde Estados Unidos de América, integrados de la siguiente forma: 19 mil 230
son mayores de 18 años; mil 173 tienen entre 12 y 17 años, y 143 oscilan entre
los cero y 11 años de edad.
Asimismo,
resulta importante mencionar que de manera geográfica el problema se acentúa en
Centroamérica, pues tan sólo en los primeros cinco meses del 2014, las
autoridades de Estados Unidos han deportado a nuestro país cerca de 6 mil 330
niños, principalmente pertenecientes a esta zona.
Lamentablemente
se estima que este fenómeno aumentará en los próximos años, debido a la
dinámica poblacional, a la desigualdad económica, a los conflictos de
violencia, a los estados fallidos, a la escasez de recursos y a los desastres
naturales y presiones medioambientales.
Como
respuesta a ello, el gobierno mexicano ha sostenido reuniones con
anterioridades de diversas naciones centroamericanas, entre las que destacan
Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Por
lo previo, Movimiento Ciudadana votaremos a favor del punto de acuerdo que hoy
se discute, pues la elaboración de una declaración conjunta que garantice la
salvaguarda de los derechos humanos de las niñas y niños migrantes no sólo
resulta deseable, sino urgente. No obstante, consideramos que este tipo de
exhortos se traducen en acciones insuficientes ante un problema que vulnera a
la sociedad desde lo más profundo.
Estamos
convencidos de que no basta únicamente con crear una declaratoria, sino que
ésta se debe implementar de manera eficaz, ya que actualmente existen numerosas
disposiciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño;
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo
a la participación de niños en los conflictos armados; el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Convenio
sobre la edad mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
que no se han traducido en resultados concretos que representa un beneficio
para los menores de edad.
Del
mismo modo, por qué limitarnos a un punto de acuerdo, cuando las medidas
propuestas pueden influir en la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados, que próximamente se discutirá en
el Congreso.
Por
qué no luchar por la inclusión de estos temas dentro de la iniciativa
preferente, anunciada por Peña Nieto, sobre la Ley General de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Dejemos
de lado los pronunciamientos tibios y asumamos nuestra labor como legisladores,
con propuestas concretas, que aborden la problemática de los niños migrantes de
forma integral, ya que ésta viene acompañada de maltratos, aislamientos,
violencia, malas condiciones de trabajo, omisión del pago de salario y la
amenaza de ser denunciados a las autoridades, y que propongan el otorgamiento
de ayuda humanitaria por parte de organismos de cooperación internacional, como
la Cruz Roja, sólo así lograremos un verdadero impacto y no sólo buenas
voluntades que al bajar de tribuna se traducen en letra muerta.
Por
lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a
favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lorena Méndez.
Tiene
ahora la palabra hasta por tres minutos el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El
diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente, y que además aprovecho para felicitarlo
por esta nueva responsabilidad.
Compañeras
diputadas, compañeros diputados, la Convención sobre los Derechos del Niño es
el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, incorpora a toda
la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales.
En
1989 los líderes mundiales se dieron cuenta de que los niños y niñas debían
contar con una convención especial, creada específicamente para ellos. Debido a
que los menores de 18 años precisan de cuidados especiales.
En
el caso de los niños migrantes no acompañados, la Convención sobre los Derechos
del Niño en su artículo 22 menciona que los Estados parte reconocen que
adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de tener el
estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el
derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables, reciba
tanto si está solo como si está acompañado de sus padres, la protección y
asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos enunciados en
la presente Convención.
Los
niños migrantes no acompañados son considerados migrantes políticos, ya que
debido a conflictos internos la violación masiva de los derechos humanos en su
país de origen, entre otras razones, se ven obligados a abandonar sus países.
Este tipo de migración se caracteriza primordialmente por ser forzada y
urgente.
Resultado
de lo anterior y en cumplimiento a las obligaciones y resultado de la
Convención sobre los Derechos del Niño y particularmente en atención al
principio de No devolución, el Estado no trasladará al niño, la niña o el
adolescente a un país donde haya motivos racionales para pensar que existe un
peligro real de daño reparable que los afecte, como por ejemplo: tortura,
tratos degradantes y privación de la libertad.
En
este sentido y en concordancia con las ideas vertidas con antelación, las
detenciones y deportaciones implementadas por los gobiernos de los Estados
Unidos de Norteamérica viene a trastocar el enramado jurídico internacional,
cosa que no puede seguir pasando.
En
un estudio realizado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados para los Estados Unidos y El Caribe, la ACNUR, donde se
entrevistaron a 404 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, se
llegó a la conclusión de que las diversas historias demuestran inequívocamente
que muchos de estos niños desplazados se enfrentan a graves peligros y
dificultades en sus países de origen.
Nuestro
país no es ajeno a esta problemática, ya que la cuarta parte de los 47 mil niños
detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, entre octubre de 2013 y
mayo de 2014 son mexicanos. Según informes de la Unicef es imperativo en este
tenor enfocar los esfuerzos de prevención en entidades como Zacatecas,
Michoacán y Oaxaca que es en los lugares de nuestro país donde mayor migración
hay.
Resulta
pues de gran relevancia encontrar los mecanismos idóneos para que los estados,
la sociedad civil y el ACNUR puedan trabajar en la colaboración para asegurar
de la mejor manera que a estos niños se les provea la protección que necesitan
y merecen desesperadamente.
En
síntesis tenemos que reconocer que la violencia e inseguridad tanto en México
como en la mayor parte de Centroamérica han resultado en el desplazamiento de
niños en la región, por lo tanto es necesario priorizar la protección
internacional de estos menores, asegurar que el principio del interés superior
del niño sea un componente central de cualquier respuesta que esté relacionada
con las necesidades de protección de los niños, incluida la evaluación de una
solicitud de refugio, asilo o cualquier otra forma de protección internacional.
Por
último, resulta fundamental llevar a cabo medidas tanto regionales como
nacionales para abarcar las causas de base desplazamiento de estos niños en un
esfuerzo para reducir los factores que conducen a su desplazamiento forzado.
En
la fracción del Partido Verde creemos que los niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados no deberían de ser privados de su libertad por causas
relacionadas con la migración; por lo tanto, los Estados deben presentar
medidas alternativas, establecer las medidas en su legislación y elaborar
políticas públicas que garanticen la aplicación efectiva de dichas medidas
alternativas por las autoridades competentes.
Es
por lo anteriormente establecido que apoyamos el presente exhorto, ya que
consideramos que los problemas regionales solo podrán resolverse por medio de
la cooperación internacional y el diálogo de la diplomacia. Muchas gracias,
señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Ernesto Núñez. Tiene la
palabra ahora la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
La
diputada Amalia Dolores García Medina: Estimado señor presidente, paisano; compañeras,
compañeros. Esta propuesta, este punto de acuerdo, me resulta y nos debe
resultar muy relevante.
¿De
qué debemos partir? Debemos partir de un concepto fundamental: los niños
migrantes, antes que migrantes son niños, tienen derechos y hemos firmado
convenciones internacionales poniendo en el centro que se deberán garantizar el
respeto de la niñez. Yo subrayo y reitero. Antes que migrantes son niños y
tienen que tener garantizado su interés superior.
Segundo.
El fenómeno de la migración, este fenómeno de este éxodo tremendo que se ha
vivido con niños migrantes no acompañados, es un fenómeno regional y, por lo
tanto, efectivamente, la visión, las decisiones, las acciones, las políticas
públicas, las leyes que se aprueben, tienen que tener una dimensión regional.
Hay
un fenómeno de movilidad humana de tránsito, un éxodo, pero también hay que
decir que de lo que se trata –y éste es un debate a nivel internacional; el
propio gobierno mexicano y Estados Unidos tendrán que entrar a este debate- es
que tenemos que poner en el centro otro concepto. No se trata, cuando hablamos
de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de un asunto de
seguridad nacional. En absoluto y de ninguna manera puede ser aceptable que sea
ese el concepto que se utilice. El que se tiene que utilizar es el de seguridad
humana. Ése es el que deben garantizar los países de la región ante este
fenómeno donde deberían estar implícitos el respeto y la garantía a la
protección de los derechos de niñas y de niños.
Se
tiene que ir a las causas de fondo. ¿Por qué están emigrando? ¿Por qué hay este
éxodo de niñas y niños? Es cierto que ha existido siempre, pero el número, la
cantidad del volumen de niñas, niños emigrando en los últimos cuatro años ha
rebasado absolutamente todo. No es igual lo que sucedía con niños migrantes
hace seis, ocho años, a lo que sucede en los últimos cuatro años El fenómeno
entonces tiene que revisarse y hay que revisar las causas.
Yo
quiero subrayar algo que resulta también relevante y por eso la propuesta de
una reunión de los gobernantes, de los jefes de Estado de Centroamérica, México
y Estados Unidos resulta pertinente.
Quiero
poner en el centro un tema que resulta muy doloroso, muy fuerte. La mayor parte
de estos niños que están en este éxodo provienen de Honduras, y Honduras se ha
convertido en el país con más alto índice de homicidios en el planeta en los
últimos cuatro años. Pero paradójicamente –hay que decirlo- resulta que la
mayor parte de las armas que inundan nuestra región provienen de los Estados
Unidos. Son armas que han cruzado y han llegado a México y han llegado a
Centroamérica.
Yo
deseo subrayar que resulta increíble e insoportable, inaceptable por supuesto,
que el gobernador de Texas, Rick Perry, haya decidido que vaya la Guardia
Nacional para actuar frente a los niños migrantes que llegan de Centro América,
cuando el 50 por ciento de las armas que cruzan a México y a Centroamérica
fueron vendidas en Texas.
Si
no quiere que lleguen los migrantes tenemos que parar la violencia y controlar
el tráfico de armas. La venta de armas en esos 12 mil puntos de venta que hay
en Estados Unidos, frontera con México, tendría que ser parte de los acuerdos.
Es un asunto sustancial.
El
otro tiene que ver con pobreza. Ésta es la región más desigual del planeta. Ya
decía el padre Solalinde, –decía– haciéndole un llamado al obispo de Honduras,
le decía “la pobreza es tremenda en Honduras; cinco familias dominan la riqueza
de ese país y los demás viven en la pobreza”.
Pero
no dejemos de hablar de México. En México tenemos al hombre más rico del
planeta.
Y
de este éxodo de cerca de 60 mil niños migrantes en Estados Unidos, una cuarta
parte son mexicanos. Hay que ir a las cusas. Tiene que haber inversión
productiva, tiene que haber empleo, tiene que haber educación, tiene que
garantizarse que cese la violencia. Es sólo atendiendo a las cusas de fondo
como esto se podrá enfrentar. Y se requieren políticas públicas con una visión
regional, con responsabilidad compartida, se requieren recursos, se requiere
atender aquello que obliga a la migración.
Bien
lo dice Héctor Aguilar Camín: “querer legislar en contra de la migración o
poner grupos y corporaciones y fuerzas armadas para querer detener la
migración, es como querer legislar contra la ley de gravedad”. Mientras las
causas existan seguirá habiendo migración.
Y
por eso me parece pertinente esta reunión, esta declaración que en realidad
debe de ser un compromiso conjunto de los gobernantes de la región.
Por
cierto, en la iniciativa preferente que ha enviado el presidente de la
república sobre niñas, niños y adolescentes, incluye en una parte niños
migrantes.
Me
parece interesante y hay que revisar la iniciativa. Pero hay un punto en el
cual estoy en desacuerdo: el interés superior de los niños migrantes no
acompañados y adolescentes, de ninguna manera lo puede determinar el Instituto
Nacional de Migración. Ni siquiera en Estados Unidos está establecido así.
En
Estados Unidos la Border Patrol y el AIC, canalizan a los niños
migrantes, termino, señor presidente, los canalizan a un procedimiento judicial
en donde hay abogados y puede tardar incluso varios años la determinación de la
situación de los niños.
¿Por
qué? Y termino con esto, porque frente a ellos la medida fundamental no puede
ser la deportación. Si estamos hablando de violencia, deportar a los niños como
medida principal, es seguramente exponerlos a un daño muy grave e inclusive con
la posibilidad de la muerte.
Esto
es lo que ante niños que antes que migrantes son niños, no podemos, no debemos
hacer, ni los gobiernos de la región ni tampoco los congresos de la región ni
las sociedades de nuestros países.
Estoy
de acuerdo con la propuesta y por supuesto tenemos que enfrentarla con una
visión de derechos humanos, de derechos, de inversión productiva y de fin a las
armas, al tráfico de armas que vienen desde los Estados Unidos y lastiman a
nuestra región. Gracias, señor presidente y gracias, compañeras y compañeros.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada García Medina. Tiene
ahora la palabra el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, también por tres minutos.
El
diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el día de
hoy nos ocupa un hecho que demanda una atención urgente.
Para
dar solución a una problemática que se traduce en una grave crisis humanitaria
que afecta a un sector particularmente vulnerable de la población migrante, es
decir, los migrantes menores de edad no acompañados.
Como
se menciona en el presente punto de acuerdo, el incremento del flujo de niñas y
niños menores migrantes que viajan sin compañía, principalmente desde México,
Guatemala, Hondura, Nicaragua y El Salvador hacia los Estados Unidos, se ha
incrementado considerablemente en los últimos cinco años. Esto obedece a una
situación de inseguridad y violencia que viven en sus países de origen, así
como por un deseo de reunificación con sus familias que radican en nuestro
vecino país del norte.
De
acuerdo con información vertida por diversos medios de comunicación, el
problema de desplazamiento de niñas y niños centroamericanos y mexicanos se
debe al rumor que se ha corrido en el sentido de que cuando lleguen a Estados
Unidos van a gozar de una protección automática, lo cual carece de verdad
debido a una ausencia de una reforma migratoria en Estados Unidos.
Los
alcances y beneficios de esta materia se han visto muy limitados. Por todos son
conocidos los principios y riesgos a los que se enfrentan los menores migrantes
no acompañados durante su camino hacia Estados Unidos, entre los que destacan
la explotación sexual, la explotación laboral, la criminalización por parte de
autoridades migratorias y secuestro por parte de asociaciones delictivas para
ser parte de las filas del crimen organizado, entre otros.
Esta
situación requiere de una atención puntual por parte de los países
anteriormente mencionados a través del reconocimiento de responsabilidades a
efecto de retomar y redoblar esfuerzos para atender las causas fundamentales de
la salida de las niños y niñas de sus países de origen.
Señoras
y señores legisladores: como lo hemos manifestado en oportunidades anteriores,
para Acción Nacional la migración se inscribe como un fenómeno cuya atención
requiere de un esfuerzo integral por parte de los países con la finalidad de
velar por la salvaguarda de los derechos humanos más allá de las fronteras
entre los mismos, es decir, asegurar y promover su cumplimiento dentro del
concierto internacional.
Es
por ello que, enfocados en salvaguardar la dignidad de la persona humana,
solicitamos su voto a favor del presente punto de acuerdo con la finalidad de
asegurar que los niños cuenten con una protección eficaz e integral de cada uno
de sus derechos y cuyo cumplimiento se inscriba como una obligación puntual por
parte de los países involucrados en esta problemática.
Señoras
y señores: el problema de las niñas y niños migrantes no acompañados no es para
estar dando discursos mediáticos ni de los legisladores ni de los gobiernos que
están inmiscuidos en esta problemática. Por eso el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional votará a favor y les pide a todas y todos ustedes votar
a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado Raúl Gómez. Tiene
ahora la palabra la diputada Leticia Calderón Ramírez, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La
diputada Leticia Calderón Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y
compañeros legisladores: es imposible negar que el flujo migratorio de las
niños, niños y adolescentes no acompañados hacia los Estados Unidos de
Norteamérica ha sufrido un aumento considerable, debido a la problemática
social y económica de sus países de origen.
Es
obligado también señalar que, desde esta misma tribuna, el Grupo Parlamentario
del PRI ha insistido una y otra vez en que los flujos migratorios no son
responsabilidad exclusiva de los países de origen, sino también de los países
de tránsito y destino.
El
tema migratorio por la problemática que representa en nuestros días, debe
posicionarse como una prioridad en las agendas nacional e internacional,
particularmente en la de los países implicados en la región.
El
fenómeno migratorio debe ser atendido de manera urgente e integral debido a la
magnitud y alcances del mismo. El sueño americano pasa por territorio mexicano,
un sueño que persigue diferentes objetivos, todos ellos sin duda legítimos, y
que tienen como eje rector gozar de una mejor calidad de vida y nuevas
oportunidades.
Es
preciso reconocer que este fenómeno social también implica un drama humano, y
ha derivado en una verdadera crisis humanitaria debido a la gran cantidad de
menores de edad que se han visto reducidos a situaciones de máxima
vulnerabilidad; niñas, niños enfrentan todos los días condiciones de soledad,
de desamparo, de desigualdad y de exclusión en un entorno social ajeno,
indiferente y hostil.
Es
imperante que la comunidad mundial asuma de manera permanente y con una visión
humanitaria y humanista la responsabilidad de garantizar la vida, la seguridad,
la dignidad y los derechos humanos de las y los menores de edad que van en
busca de un futuro más promisorio.
Miles
de menores de edad sólo han cruzado y siguen cruzando la frontera de México
hacia Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, reunirse con sus
familiares, huir de su realidad y encontrar alguna oportunidad que les permita
hacer sus sueños realidad, por lo que es menester encontrar una respuesta a
este éxodo de niñas y niños centroamericanos.
Sabemos
por las cifras reveladoras en los medios de comunicación, que desde octubre del
2013, más de 52 mil niños y niñas fueron detenidos en Estados Unidos,
particularmente en Texas y Arizona, dos estados fronterizos con México, en
donde los centros de detención y bases militares se vieron saturados; las
imágenes, por más desgarradoras, dieron cuenta del hacinamiento en la espera de
su deportación. De cada diez, cuatro menores ni siquiera llegan a la frontera
norte, es decir, quedan a su suerte siendo presa fácil de los peores delitos y
peligros. La realidad es alarmante.
La
cruda realidad por la que atraviesa la infancia migrante nos lleva a esgrimir
lo establecido en los diversos instrumentos internacionales, así como
salvaguardar sus derechos humanos y fundamentales, no importa su lugar de
origen, las causas que los motivan, el lugar donde son interceptados, lo
relevante es que son nuestros congéneres.
Son
nuevas generaciones de seres humanos que tienen derecho a habitar el mundo en
condiciones de respeto, de igualdad, de equidad y de justicia. En razón de lo
anterior, el Grupo Parlamentario del PRI coincide con la necesidad de impulsar
acciones conjuntas con nuestras naciones hermanas. De ahí, que tomar la
iniciativa para convocar tanto a los países expulsores de tránsito y
receptores, resulta una medida no sólo viable sino también urgente.
Estamos
a favor del punto de acuerdo que se ha puesto a nuestra consideración porque
estamos a favor de la coordinación internacional para enfrentar y resolver los
problemas que nos son comunes. Estamos a favor de la propuesta porque pensamos
que las niñas y los niños del mundo son responsabilidad de todos.
Nuestro
voto será a favor, porque la realidad de la niñez de nuestro continente reclama
acciones humanitarias y visiones humanistas. Hoy las niñas y los niños de
América y del resto del orbe deben ser mirados en su integralidad, en su
totalidad y en su dimensión humana, para lo cual es preciso posibilitarles el
libre goce y ejercicio de todos sus derechos. Muchas gracias por su atención.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Leticia Calderón. En atención de
que se ha agotado la lista de oradores y con apoyo en el artículo 113 del
Reglamento de la Cámara de Diputados pido a la Secretaría que consulte, en
votación económica, a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y
los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 76, fracción IV,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco
minutos el diputado Enrique Aubry para presentar proporción con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de realizar las
acciones necesarias para instrumentar un programa que asegure el suministro
oportuno y completo de las recetas prescritas a los asegurados y
derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, y suscrita por integrantes –la
propuesta– del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Adelante, diputado.
El
diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Con su venia, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El
diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde
el inicio de la administración el actual gobierno federal reconoció que
diversos factores sociales, como la protección de los derechos humanos, la
salud y la educación, forman parte fundamental para que México logre su máximo
potencial de desarrollo.
El
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un instrumento que fija cinco metas
prioritarias: la paz, la inclusión, la educación de calidad, la prosperidad y,
en general, la responsabilidad global.
En
el México incluyente se establecen las estrategias para garantizar los derechos
fundamentales a través de una red de protección social que permita el acceso a
la salud con finalidad de evitar enfermedades inesperadas que perjudiquen la
economía familiar.
Esta
acción es identificada por el gobierno federal en el Programa Sectorial, como
el abasto de medicamentos en las instituciones del sector público, ésta en lo
más alto de la agenda gubernamental. Con ello el gobierno federal está
demostrando que no sólo considera la salud como una garantía individual, sino
como un elemento fundamental para incrementar la calidad de vida de los
mexicanos y una estrategia que permita el desarrollo de México.
En
este sentido, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 señala que el
surtimiento de medicamentos es un aspecto integrado al acceso a la salud, por
ello debe analizarse con puntualidad con la finalidad de garantizar este
derecho constitucional.
En
el diagnóstico de dicho Programa se determinó que existen diferencias del 35.6
por ciento del surtimiento total de una receta. Adicionalmente, la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012 indicó que los medicamentos constituyen más
del 50 por ciento del gasto en salud de los hogares de México.
Asimismo,
el Instituto Nacional de Salud Pública señala que en la mitad de las entidades
del país la proporción de recetas surtidas completamente por el gobierno fue de
apenas 46 por ciento, lo que significa que en promedio no se surtieron de
manera completa más de 50 por ciento de las recetas médicas.
Esta
situación coloca a nuestro país como el segundo a nivel mundial con mayor gasto
en medicamentos en relación con el gasto total en salud, de acuerdo con la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Todo esto nos resulta
muy preocupante ya que los mexicanos deben sumar a sus gastos mensuales el
correspondiente al pago de medicinas, aun cuando éstos cuentan con la
protección de salud a la que por ley tienen derecho.
Desafortunadamente
hasta el día de hoy no ha existido un mecanismo eficiente que garantice el
suficiente abasto de medicamentos básicos, por ello el presente punto de
acuerdo busca generar estrategias que permitan garantizar los derechohabientes
del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el abasto oportuno de
sus medicamentos.
Asimismo,
se pretende que el gobierno federal dé cumplimiento a los objetivos planteados
tanto en el Plan Nacional de Derecho del Desarrollo 2013-2018 y el Programa
Sectorial de Salud, que buscan ampliar el acceso a la seguridad social a través
de programas de distribución de medicinas que ajusten los incentivos de las
instituciones de salud pública, los proveedores de medicamentos y los
ciudadanos usuarios.
En
atención a lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Partido
Verde Ecologista de México ponemos a consideración del pleno de la Cámara de
Diputados la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias
para instrumentar un programa para la emisión de vales de medicinas, o bien un
mecanismo que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas
prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a sus
derechohabientes. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadano diputado, gracias a
usted. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se
considera de urgente resolución.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente
resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia,
tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Partido
Nueva Alianza.
El
diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y
compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos
convencidos de la prioridad que debe tener en la agenda federal el tema de la
salud pública y en especial el enorme desabasto de medicamentos que existe en
las clínicas, tanto en el IMSS, ISSSTE, así como en el sector salud federal.
Es
urgente que la Secretaría de Salud federal implemente o modifique las
estrategias para combatir el desabasto de medicamentos. Las estadísticas son
alarmantes si consideramos que en las zonas rurales y en las regiones
marginadas las familias pueden llegar a destinar más de la mitad de su ingreso
mensual en la atención médica y compra de fármacos.
El
artículo 4o. constitucional señala que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general.
Lo
que sin duda refiere a la atención médica de calidad y, sobre todo, la garantía
de acceso a medicamentos prescritos para los diversos padecimientos de las y
los mexicanos.
En
el PEF 2014 se regresó al control de la federación la compra consolidada de los
medicamentos, buscando una mayor transparencia en el combate a la corrupción en
las entidades federativas. Esta acción implementada por el gobierno federal
parecía ser un gran avance. Sin embargo, hoy en día el desabasto de
medicamentos sigue siendo recurrentemente una de las mayores quejas que
presentan los derechohabientes del sistema salud.
La
histórica corrupción de la que ha sido víctima el sector salud en materia de
compra de medicamentos sólo repercute en las y los ciudadanos que han tenido
qué destinar parte de sus quincenas a subsanar las deficiencias que las
diversas instituciones de salud tienen en este rubro.
Las
y los diputados de Nueva Alianza exigimos que el gobierno federal, a través de
la Secretaría de Salud modifique la política y los programas para la
distribución de medicamentos. De tal forma que se garantice en su totalidad el
abasto de los mismos y así los pacientes no tengan qué desembolsar de su dinero
para la compra de los mismos.
Por
lo anterior, las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del
presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Rubén Benjamín
Félix. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Martínez
Santillán, del Partido del Trabajo.
La
diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Los integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, queremos expresarle al pueblo
de México y a esta soberanía, nuestro desacuerdo en convalidar la descarada
intención de convertir el derecho a la salud de los mexicanos en un asunto
mercantil.
La
economía en materia de salud es un tema delicado y especial, en razón de que
las reglas mercantiles ordinarias no tienen aplicación en el tema de salud. Lo
que el presente punto de acuerdo describe de fondo tiene que ver con una
promesa electoral, que desvincula la obligación del Estado en materia de
derecho en salud.
Nuestra
postura no es un solo acto de simple y llana oposición, sino de un acto de
justicia y reconocimiento de los logros de las instituciones de salud social
más importantes y benévolas de nuestro país.
En
nuestra postura, el seguir luchando por dar una adecuada solución al tema de
los rezagos en el sistema de seguridad social, se trata de garantizar el buen
funcionamiento, operatividad, transparencia y eficacia de los institutos
públicos en materia de seguridad social.
Compañeras
y compañeros diputados, al pueblo de México queremos decirle, que la aprobación
en instrumentar un programa para la emisión de vales de medicina en el IMSS e
ISSSTE es una contradicción en el sistema de salud, ello en virtud de que los
mismos nacieron con la idea de ser públicos, solidarios, subsidiarios para las
clases trabajadoras. Sin embargo, hoy se pretende privatizar poco a poco,
iniciando con un sector que debería ser público del Estado para beneficio de
los mexicanos.
Sabemos
que se está tratando de hacer creer a la población que el IMSS e ISSSTE ya no
cumplen con sus funciones, a efecto de perfilar una futura privatización del
sector. En el Partido del Trabajo no estamos de acuerdo con aquello que ven a
la salud pública como algo insostenible, manera disimulada para pronunciarse a
favor de la privatización del sector salud, en el que siguiendo la tendencia
neoliberal serán los más pobres condenados a morir.
No
se trata sólo de satisfacer la demanda de medicamentos, sino de implementar
programas de salud preventiva. Es la información una valiosa herramienta para
que los ciudadanos sepan cuidarse mejor, reduciendo los riesgos de una
enfermedad.
No
sólo es un asunto de responsabilidad personal, sino un asunto que también
compete al Estado y sus instituciones. Hay que decirlo claramente, son muchos
los intereses personales y perversos, que quieren convertir a los mexicanos en
personas enfermas, desde las grandes cadenas de comida rápida hasta las grandes
farmacéuticas que han visto en la salud el gran negocio económico.
Por
qué otorgar vales de medicina, si se supone que las farmacias propias de los
institutos de salud deberían de contar con todo lo necesario, ¿acaso no es
responsabilidad del gobierno mantener el adecuado abastecimiento de las
farmacias del IMSS e ISSSTE?
El
vale de medicamentos tendrá que ser pagado por el gobierno a los particulares,
entonces, ¿por qué no se usa este dinero para el abastecimiento de medicamentos
y del Instituto de Seguridad Social e IMSS? Muchísimas gracias y es cuanto, diputado
presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la
palabra ahora, al diputado José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano.
El
diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el derecho
irrestricto de toda persona a la protección de su derecho a la salud en nuestro
orden jurídico se encuentra consagrado en el párrafo cuarto, del artículo 4 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así
también, la Ley General de Salud contempla que el amparo social de la salud
resulta ser el mecanismo por excelencia, a través del cual el Estado garantiza
el pleno ejercicio de esta prerrogativa constitucional, por medio del acceso
efectivo, oportuno, adecuado y de calidad y sin discriminación de los servicios
médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera
integral las necesidades de salud a favor de toda persona.
De
igual manera, la posibilidad de acceso a las medicinas suficientes que permitan
mantener o preservar las condiciones de salud adecuadas son un requisito
indispensable para garantizar efectivamente la protección de este derecho.
Así,
todo medicamento representa un insumo básico dentro de un proceso terapéutico,
por lo que el uso racional de los mismos demanda un abasto suficiente y
oportuno, el cual debe ser uno de los principales objetivos dentro del sistema
público de salud.
No
obstante lo anterior, en México un número cada vez mayor de usuarios de los
servicios de medicina pública experimentan un verdadero calvario día a día,
pues el desabasto de medicinas es una constante, lo cual los obliga a acudir,
en reiteradas ocasiones, a la unidad médica para que se los proporcionen.
En
algunos casos se habla que el retraso en la entrega del medicamento va de tres
hasta 30 días, lo cual pone en riesgo la salud de los pacientes, impidiendo que
sus problemas de salud sean superados.
A
pesar de la negativa de las autoridades de salud, son innegables y recurrentes
las noticias respecto al desabasto de medicamentos en diversas unidades médicas
de todo el país, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo
cual es por demás lamentable, ya que nos habla que es un conflicto que se
minimiza y no se le está viendo en su debida proporción.
Actualmente
la incapacidad para proporcionar las medicinas que necesitan los pacientes, de
enfermedades de tipo crónico degenerativas forman parte del principal
desabasto, afectando cientos de usuarios de clínicas y hospitales de las
instituciones de salud pública.
Ante
la permanente falta de medicamos y la imposibilidad de los pacientes de esperar
semanas para recibir la dosis asignada, familiares de estos o ellos mismos, en
el mejor de los casos, adquieren el producto por su cuenta.
Sin
embargo, el gasto en medicinas tiene un impacto sustancial en el ingreso de las
familias, ya que esto significa un doble pago por un servicio de salud pública,
ya que además de cubrir la cuota correspondiente, en cualquiera de los
institutos, costean la compra de sus medicamentos, especialmente en las más
pobres que pueden llegar a consumir más de la mitad de su ingreso mensual en
atención médica, por ello, este gasto se convierte en un evento catastrófico
para ellas.
Debemos
ser conscientes que la falta de medicamentos en las clínicas y hospitales de
los sistemas públicos de salud no solo atiende a un problema de mala
administración, falta de transparencia, corrupción, en cuanto a la asignación
del gasto, sino que atenta contra la salud y vida de miles de mexicanos
vulnerando sus derechos constitucionales.
Por
lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, votará a
favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la
palabra, la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
La
diputada Jessica Salazar Trejo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Si bien es cierto que hay un
problema de surtimiento de recetas que tiene mucho que ver con los procesos de
licitación y la logística de distribución, también es cierto que durante el
sexenio pasado ya presentaron esta misma intención de apoyar el surtimiento de
recetas a través de vales de medicamentos.
El
ISSSTE durante el sexenio pasado se enfrentó al escándalo más grande de
adquisición de medicamentos con un sobreprecio de hasta el mil 300 por ciento,
sin que a la fecha no haya un responsable este fraude el cual no se ha
solucionado, localizando en otras farmacias el medicamento que no se encontró
en el de la unidad médica de prescripción o comprando aquellos que sean de
urgente aplicación.
Como
muestra un botón, la campaña mediática de la campaña electoral de Enrique Peña
Nieto por lo de los vales de medicina, sin duda es un negocio para los
distribuidores farmacéuticos, como se muestra a continuación.
El
ISSSTE desde el 2009 decidió requerir el servicio de logística y distribución
de medicamentos por la problemática que se tenía en los almacenes y farmacias,
consistente en ciclos de abasto muy prolongados, 45 días, de hasta cinco veces
en inventario, ausencia de un sistema de información confiable, alto nivel de
merma cuyo costo es asumido por el instituto, caduco, robos o rotos, desabasto,
recursos humanos limitados, falta de áreas adecuadas para resguardar y
controlar los medicamentos e insumos para la salud entre otros.
Por
lo anterior, en el año 2009 se licitó al Servicio Integral de Administración y
Operación de la cadena de suministros de medicamentos y material de curación en
el ámbito nacional, cuyo objetivo consiste en garantizar el abasto de
medicamento y material de curación así como abatir el tiempo de surtimiento,
niveles de caducidad de medicamentos y sistematizar los procesos internos de la
cadena de distribución de medicamentos desde el proveedor hasta el
derechohabiente.
La
salud del país es sometida a las reglas del mercado, al avance tecnológico, a
las patentes farmacéuticas, al registro de medicamentos y a la corrupción que
hemos observado en las instituciones, como es el caso del Instituto de
Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado.
En
diciembre de 2009 el programa Medex otorgó más de 69 mil vales con un costo de
100 millones 500 mil pesos, con un costo promedio de mil 500 pesos por vale. El
mismo mes, pero de 2010, Medex otorgó más de 463 mil vales con un costo de 331
millones 432 mil 431 pesos. Es decir, cada medicamento tuvo un costo promedio
de 714 pesos. En un año los vales de medicamentos crecieron en 571.1 por
ciento.
En
el mes de marzo de 2001 se otorgaron 205 mil 938 vales de medicinas con un
costo de 386 millones de pesos. Es decir, cada vale de medicamentos en marzo
costó mil 874 pesos.
Según
la revisión de diversos documentos del programa Medex, se puede constatar que
hay un multimillonario negocio que favorece a una sola empresa: Fármacos
Nacionales que es filial de Fármacos Especializados.
La
distribución de medicamentos que se hace en las farmacias del ISSSTE es a
través de una licitación multianual que desde el 2009 funciona y que fue
adjudicada por tres mil 500 millones de pesos, para el almacenamiento y
distribución de medicamentos a favor de Fármacos Especializados.
Cabe
mencionar que los productos que no se encuentran en las farmacias del ISSSTE
serán surtidos por la empresa de Fármacos Nacionales a través del programa
Medex. Es decir, la empresa del padre que no surta, lo surtirá la empresa de
los hijos. Un negocio redondo.
El
ISSSTE tiene gastos para compra de medicamentos por al menos de dos mil 500
millones de pesos anuales y Fármacos Especializados ha ganado al menos 700
millones de pesos en licitaciones.
Medex
distribuye exclusivamente medicamentos patentados. Todos son tratamientos
individuales donde se encuentran efectivamente todo tipo de medicamentos como
son Viagra, Melox, Paracetamol, etcétera.
Sorprende
mucho que Medex es una empresa que compra en promedio los siguientes
medicamentos. Medicamentos para el tratamiento de cáncer 430 mil pesos;
medicamentos para el Sida 23 mil pesos, viagra seis mil pesos, medicamentos
para hipertensión 28 mil pesos, medicamentos para la diabetes 88 mil pesos,
medicamentos para artritis reumatoide 230 mil pesos, medicamentos para
esclerosis múltiple 21 mil pesos.
Estos
medicamentos no son producto de una licitación pública conforme a la Ley de
Adquisiciones y está en riesgo el patrimonio de los mexicanos y los recursos
para los derechohabientes. ¿Por qué todos estos medicamentos se gastan en una
semana promedio por el Medex? ¿Es legal un acuerdo de la Junta Directiva del
ISSSTE para que no pasen por licitación ni a precios nacionales estos
medicamentos? Medex es una adjudicación directa a un particular con costos
altísimos donde transgreden todas las normas del cuidado patrimonial.
Los
problemas de abasto de medicamentos en el ISSSTE tienen que ver con una pésima
administración que, por omisión o instrucción, están jugando con la salud de la
gente para mantener contratos de subrogación de medicamentos y de la
distribución de los mismos.
El
planteamiento del diputado Escudero tiene mucho que ver con una propuesta de
dicho partido para que si el IMSS no te proporciona las medicinas, que el
gobierno te las pague, conforme a la campaña política que enarbolaron cuya
publicidad sigue diciendo espera resultados.
Esto
significa simplemente una propuesta electorera que además tiene un componente
comercial si se considera que los vales de medicina pueden canalizarse a
cadenas de farmacias que venden medicamentos a bajo costo como las Farmacias
Similares y cuyos dueños tienen relación con el partido político ya mencionado.
La
propuesta del Grupo Parlamentario del PRD es que la Cámara de Diputados incluya
en el Presupuesto de Egresos el gasto que haga el IMSSS e ISSSTE en la compra
de estas medicinas que no surten.
El
compromiso de dar atención farmacéutica está establecido en la Ley del IMSS y
del ISSSTE y no tendría sustento decir que con recursos fiscales se va a suplir
lo que en dicho instituto no hay.
Por
otra parte aceptar esta subrogación como en los hechos se aceptado la
subrogación de guarderías, no es sino seguir también la ruta de la
privatización silenciosa de todos los demás servicios que presta el IMSS
incluidos los servicios médicos. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Salazar Trejo. Antes de
continuar quiero a nombre de la Cámara de Diputados darles la bienvenida y
saludar a un grupo de ciudadanos de la tercera edad, el Grupo Reforma Agraria
Cuarta Sección y Grupo Conis, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega.
Bienvenidas y bienvenidos.
Tiene
ahora el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del
Partido Acción Nacional.
El
diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado
presidente.
El
Partido Acción Nacional desde sus inicios ha manifestado que para mejorar la
calidad de vida de los habitantes es necesario promover políticas públicas
eficientes, adecuadas e integrales sobre el acceso a los servicios de salud.
El
diseño correcto de dichas políticas determinará el abastecimiento de
medicamentos, eficiencia en servicios, cobertura médica y quizás lo más
importante, el desarrollo y la calidad de vida de la población.
Efectivamente
en los últimos años el gasto en salud por parte de las familias mexicanas ha
crecido considerablemente, específicamente en el rubro de los gastos
relacionados con la adquisición de medicamentos.
Esto
por un lado ha afectado a las economías familiares menos favorecidas y por otro
es un indicador de las necesidades más urgentes que debe atender el gobierno
mexicano en esta materia.
El
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados,
hemos sostenido que es indispensable mejorar los mecanismos para la eficiencia
en los servicios de salud como por ejemplo el abasto adecuado de los
medicamentos.
Sorprende
que la propuesta del Partido Verde se dé hasta ahora. Reconocemos que se trata
de un asunto que desde la campaña manejaron como una de sus banderas.
Pero
cabe decir que nosotros no daríamos nuestro aval a sabiendas de que este tema
sea utilizado de mera acción de coyuntura tratándose de un asunto tan sensible
y que se aprovechen los rasgos vulnerables de una sociedad con un fuerte
interés político, sobre todo en vísperas de un proceso electoral. Hay que ver
un poco más allá.
El
presidente Peña Nieto ha señalado el impulso que dará a la universalidad de los
servicios de salud.
En
nuestro grupo parlamentario seguiremos atentos a sus propuestas y consideramos
que sería bueno que ésta que hoy discutimos sea considerada e incluida como
parte de una estrategia integral y ampliamente estructurada.
Señoras
diputadas, señores diputados, como grupo parlamentario reiteramos que las
políticas en salud deben garantizar mejores condiciones a todos los ciudadanos.
El
abasto de medicamentos y el acceso de los servicios de salud, no debe estar
subordinados a intereses políticos, sino que se trata de un asunto que hay que
atender para garantizar los derechos sociales de todos los mexicanos.
El
PAN se suma a proyectos que garanticen mejores prácticas en los servicios de
salud como es este caso específico en el que votaremos a favor, pero dejamos
muy en claro que este tema se debe de atender en el marco de una política
social más integral en beneficio de todos los ciudadanos. Es cuanto, diputado
Presidente. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadano diputado. Tiene ahora
el uso de la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo
Parlamentario del PRI.
El
diputado Leobardo Alcalá Padilla: Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de la
Mesa Directiva y de mis compañeras y compañeros. Es para mí un privilegio el
poder representar a mi partido en este posicionamiento sobre una serie de
medicamentos y los vales que deberían de entregarle a miles y millones de
ciudadanos. Felicito a Enrique Aubry, proponente de este punto de acuerdo, por
la sensibilidad que ha tenido para con los ciudadanos.
Y
miren, los pongo en expectativa. Hoy México ha tenido, junto con el resto del
mundo, la posibilidad de que sus ciudadanos sean mejor atendidos y atendidos en
salud. La expectativa de vida ahora para las mujeres es de 76 años y para los
varones es de 74 años. El grave problema es cómo envejecemos, es cómo crecemos
y qué posibilidades tenemos de verdaderamente atender algún tipo de enfermedad.
Hablar
de la diabetes: 14 millones de mexicanos, entre siete mil y hasta 70, 80 mil
pesos mensuales. Hablar de la hipertensión, más de 20 millones de mexicanos
hipertensos y oscilan las cantidades, si no se tiene complicación, entre siete,
ocho mil pesos hasta 30 mil pesos mensuales de tratamiento médico. Ya no
hablaría de hospitalización ni hablaría de intervenciones quirúrgicas.
Es
lamentable que hoy una leve infección, el comprar antibióticos cueste más de
500 pesos el tratamiento semanal. Por eso decirles que el derecho a la
protección de la salud es una prerrogativa contenida en nuestra carta magna,
misma que, dentro de sus finalidades, se encuentra el bienestar físico —o
debería de encontrarse— y mental de las personas para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades, así como de la prolongación y el mejoramiento de la
calidad de vida. No es lo mismo prolongar la vida que prolongar la muerte.
En
cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución, el gobierno federal ha
planteado diversas acciones tendientes a prevenir y en su caso atender las
diversas enfermedades que nuestra población padece, mismas que se encuentran
planeadas de forma específica en el Plan Nacional de Desarrollo y en el
Programa Sectorial de Salud 2013-1018.
Sin
embargo, la atención adecuada para prevenir y combatir una enfermedad va
estrechamente vinculada, entre otros factores, al medicamento que les
proporcionen a los pacientes, si no existe un tratamiento adecuado y si no
existe el hecho de poder manejarse con oportunidad y cumplir los tratamientos,
conlleva a que haya resistencias bacterianas y que el costo del tratamiento por
ende sea cada día más costoso.
La
Encuesta Nacional de Salud efectuada en el año 2012, establece que el
surtimiento total de los medicamentos que contienen las recetas médicas muestra
que ya hay deficiencias que alcanzan cerca del 40 por ciento, por lo que
consideramos que es un problema que se tiene que atender.
Hoy
compañeras, compañeros, tengamos presente que el tratamiento adecuado de una
enfermedad a través de la ingestión de los medicamentos necesarios permite
proteger y mejorar el estado de salud de las personas, lo cual conlleva a un
bienestar personal y familiar, así como un beneficio para el Estado, ya que se
reducirán costos asociados a la atención médica de enfermedades que se pueden
agravar incrementando, como ya lo había mencionado, los costos.
Por
ello, los integrantes del grupo parlamentario de mi partido votaremos a favor
del punto de acuerdo por el que se exhorta, y de manera respetuosa, al Poder
Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para que instrumenten un
programa para la emisión de vales de medicina, o bien, un mecanismo que asegure
el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el Instituto
Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado a sus derechohabientes.
La
promoción, implementación e impulso de las acciones tendientes al aumento del
bienestar físico y la calidad de salud en la población siempre serán impulsadas
por los legisladores de mi partido.
Es
por ello que nos unimos al enfoque de la Secretaría de Salud al considerar que
el tema de abasto de medicamentos en las instituciones del sector público, está
en lo más alto de la agenda gubernamental, porque con ello se cumplirá con unos
de los fines emanados del derecho a la salud.
Por
su atención, muchas gracias.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada
Graciela Saldaña Fraire: Con gusto, señor presidente. Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 270 diputados y diputadas. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo
(11:13 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo:
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del
día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del
día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura
del acta de la sesión preparatoria. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea
si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en
la Gaceta Parlamentaria.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a
la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la
sesión preparatoria, tomando en consideración que ha sido publicada en la
Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Con qué objeto, diputado Ricardo Mejía? Sonido en
la curul del diputado.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para llamar la atención que en el orden del
día, como es común, se deben inscribir las iniciativas y puntos de acuerdo de
los diferentes grupos parlamentarios y legisladoras y legisladores, no obstante
que no sean de urgente resolución, o incluso las iniciativas.
Ayer
se inscribieron de manera oportuna en la Junta de Coordinación Política
diferentes iniciativas y puntos de acuerdo que no aparecen en la Gaceta
Parlamentaria, en el orden del día, entonces pedimos que se pueda hacer la
corrección y se puedan incluir, ya que fueron oportunamente registradas.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado. Le informo que la Junta de
Coordinación Política, en la sesión de ayer, acordó las iniciativas desahogarlas
hasta el próximo jueves, de tal manera que hoy solamente se atenderían los
demás asuntos. Iniciativas el próximo jueves. Sin embargo, voy a pedir a
Servicios Parlamentarios que revise su solicitud de que las iniciativas que
usted inscribió aparezcan publicadas.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sonido en la curul, por favor.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sí, presidente. Agradeciendo su buena disposición sí
hacer la observación que en el capítulo de iniciativas sí aparece inscrita una
que celebramos de la compañera Aleida, que valoramos, pero queremos que sea el
mismo tratamiento y no solamente de las iniciativas, sino de los puntos de
acuerdo que registramos oportunamente al margen de que se les vaya a dar
lectura en la próxima sesión como efectivamente sí hubo un acuerdo de la Junta
de Coordinación.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Y siendo un derecho principal de las legisladoras
y de los legisladores el registrar iniciativas tomo su preocupación y le pido a
Servicios Parlamentarios que se hagan los trámites correspondientes para que se
inscriban y se publiquen las iniciativas como lo ha pedido el diputado Mejía.
El
diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Añorve, ¿con qué objeto? Sonido
ahí, por favor.
El
diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Sí, gracias. Señor presidente, solamente para subrayar un
acuerdo que tuvimos ayer en Junta de Coordinación Política, como lo hemos hecho
en otras sesiones, para determinar el tiempo de los dictámenes y abrir un
espacio para los puntos de acuerdo. Esto se trató ayer en Jucopo y solamente
quiero corresponder la atención a quienes presentaron puntos de acuerdo.
Gracias por su atención, señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Añorve. Diputado
Belaunzarán, ¿con qué objeto? Sonido, por favor.
El
diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente, para tres cosas. La primera
es que por causas de fuerza mayor no pude estar en la instalación. Simplemente
para que quede en el Diario de los Debates mi reconocimiento al papel que hizo
el diputado José González Morfín, muy institucional, muy cercano y la verdad es
que en el tema por ejemplo del Foro Internacional de Política de drogas siempre
conté con su colaboración, y hacerle el reconocimiento.
Por
supuesto desearle a usted, compañero de partido además, éxito en su labor al
frente del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Sé que lo hará muy
bien y simplemente un reconocimiento.
Segundo.
Hoy en Gaceta Parlamentaria aparece que yo retiré mi iniciativa sobre
regulación completa de la marihuana, cosa que no es cierta y simplemente
pediría que se haga la aclaración. Haré la aclaración pertinente y buscaré los
conductos, pero que quede también asentado que no hice tal trámite para que en
esta ocasión se bajara.
Es
cierto que en anteriores ocasiones lo había hecho para que no fuera desechada y
la volvía presentar, pero en el caso que aparece hoy en la Gaceta no hice tal
retiro y es correcto que se mantenga, porque sigo pensando que es indispensable
hacer la regulación de la marihuana.
El
tercer punto, simplemente hacer un reconocimiento al Congreso de Coahuila,
porque es la segunda entidad después del Distrito Federal que legisla
matrimonio igualitario, es decir que le hace caso a la Constitución y a los
tratados internacionales en materia de derechos humanos, y ya tenemos dos
entidades en México que en correspondencia con el artículo 1 constitucional de
evitar cualquier discriminación, modifican sus Códigos Civiles y permiten el
matrimonio igualitario. Mi reconocimiento a la soberanía del Congreso de
Coahuila por este paso importante.
Espero
que las otras 30 entidades no esperen mucho para cumplir con la Constitución y
también homologuen y hagan sus Códigos Civiles de tal manera que las parejas
del mismo sexo no tengan que recurrir a la Corte vía amparos para poder ejercer
su derecho a contraer matrimonio cuando así lo deseen. Es cuanto, presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Fernando Belaunzarán. Voy a
instruir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que vea el caso,
tanto del diputado Mejía como del diputado Fernando Belaunzarán. Continúe la
Secretaría.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga
uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura
del acta de la sesión extraordinaria del día 28 de julio, publicada en su
oportunidad. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la
lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta
Parlamentaria.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a
la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la
sesión extraordinaria, tomando en cuenta que ha sido publicada oportunamente en
la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente,
mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría
poner a discusión el acta de la sesión extraordinaria.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga
uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que comunica
que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio se recibieron
solicitudes de ciudadanos diputados para retirar iniciativas y proposición, de
conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
fr
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas. Actualícense los
registros parlamentarios.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica
que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio se realizaron
modificaciones de turno a diversas iniciativas y minutas, el cual se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo dispuesto por los artículos
73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los
turnos. Actualícense los registros parlamentarios.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica
que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se recibió escrito
del diputado Xavier Azuara Zúñiga, por el que se solicita sea retirada su
adhesión a la iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 25 de junio del año en
curso y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Actualícense los registros
parlamentarios.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Junta de Coordinación Política. Se informa
que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se recibieron
oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que comunica cambios de
integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias,
especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales, que se
publicaron oportunamente en la Gaceta Parlamentaria, de conformidad con el
acuerdo aprobado el 30 de abril de 2014.
Asimismo,
la creación e integración de la Comisión Especial que dé seguimiento a la
problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes del
río Sonora.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que se encuentran publicados los
oficios de la Junta de Coordinación Política en la Gaceta Parlamentaria,
consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueban.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Coordinación del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, por el que comunica que la diputada
Judith Magdalena Guerrero López, se integra a ese Grupo Parlamentario a partir
del 28 de agosto del año en curso.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la Cámara de Senadores oficios
por los que se comunican, la elección de su Mesa Directiva para el tercer año
de ejercicio de la LXII Legislatura y la instalación para su primer periodo de
sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa que durante el segundo receso del
segundo año de ejercicio se recibieron oficios de la Junta de Coordinación
Política, por los que comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de
diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad de
organismos internacionales que se publicaron oportunamente en la Gaceta
Parlamentaria, de conformidad con el acuerdo aprobado el 30 de abril de 2014.
Asimismo,
la creación e integración de la Comisión Especial que dé seguimiento a la
problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el
Río Sonora.
En
votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría, por favor.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Solicitud de licencia, a partir del 1 de
septiembre de 2014, del Diputado Omar Antonio Borboa Becerra.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Solicito a la Secretaría someter a consideración
de la asamblea los puntos de acuerdo.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica están a discusión los puntos
de acuerdo:
Primero.
Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Omar Antonio Borboa
Becerra para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el
distrito 10 del estado de Jalisco a partir de esta fecha.
Segundo.
Llámese al suplente.
Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de
acuerdo:
Primero.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral
1, fracción XVI; numeral 1, fracción V y XIII, todos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, me permito solicitar por su conducto al pleno de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión licencia por un periodo de 20 días
naturales, efectivos a partir del jueves 4 de septiembre de 2014 para separarme
de mi cargo como diputada federal electa en el distrito 8 del estado de Puebla.
Agradeciendo de antemano su consideración quedo de usted, atentamente diputada
Ana Isabel Allende Cano.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Solicito a la Secretaría someter a la
consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de
acuerdo:
Primero.
Se concede licencia por un periodo de 20 días naturales, a la diputada Ana
Isabel Allende Cano, para separarse de sus funciones como diputada federal
electa en el distrito 8 del estado de Puebla, a partir de 4 de septiembre del
año en curso.
Segundo.
Llámese al suplente.
Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentra a las puertas de este recinto el
ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, diputado federal electo en el X
distrito electoral del estado de Jalisco. Se designa en comisión para que lo
acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes diputados y
diputadas.
Diputada
Cecilia González Gómez, diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, diputado
Isaías Cortés Berumen, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, diputada Margarita
Licea González, diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, diputada María del
Carmen Martínez Santillán y al diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La
comisión cumple con su encargo)
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes,
¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión?
El
ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes: Sí, protesto.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
Felicidades. Continúe la Secretaría.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el
que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII al
Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador
Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, para el dictamen correspondiente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposición de acuerdo
de los órganos de gobierno.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: De la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos, se propone el siguiente calendario legislativo de
la Sexagésima Segunda Legislatura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio, para el mes de septiembre a diciembre de 2014.
En
el caso del mes de septiembre sería el día 1o. , el 2, el 4, el 9, el 10, 11,
17, 18, 23, 25, y 30 de septiembre.
En
el caso del mes de octubre sería el 2, 7, 9, 14, 16, 20, 22, 23, 28 y 30 de
octubre.
Para
el mes de noviembre sería 4, 6, 11, 13, 15, 19, 20, 25 y 27 de noviembre.
En
el caso del mes de diciembre sería el 2, 4, 9, 11 y 15 de diciembre,
posiblemente.
Segundo.
Este órgano determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los
trabajos legislativos hagan necesaria la modificación del presente calendario.
Tercero.
Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que no tenemos registrados oradores,
consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa, señor Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaria con proposición de acuerdo
de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
relativo al análisis del II Informe de Gobierno del Presidente de la República,
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo
Primero.
El objeto del presente acuerdo es establecer el formato conforme al cual la
Cámara de Diputados desarrollará el análisis del segundo informe de gobierno
del presidente de la república que refiere el segundo párrafo del artículo 69
constitucional.
Segundo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7, numeral 4, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este análisis se
desarrollará en torno a los siguientes temas y con base en el siguiente
calendario.
a)
Fecha. Martes 9 de septiembre del 2014. Análisis de los temas: política
económica y política social.
b)
Fecha. Jueves 11 de septiembre del 2014. Análisis de los temas: política
interior y política exterior.
Tercero.
Para cada tema analizado se estará sujeto al siguiente formato.
1.
Se realizará una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios hasta por
10 minutos cada uno.
2.
El orden de la ronda será el siguiente: Grupo Parlamentario Nueva Alianza,
Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
3.
Durante el análisis del II Informe de Gobierno sólo tendrán lugar las
intervenciones descritas.
4.
Corresponderá a la Mesa Directiva velar por el cumplimiento del presente
acuerdo.
Quinto.
Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.
Sexto.
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el
pleno de la Cámara de Diputados.
Firma
la Junta de Coordinación Política.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que no tenemos registrados oradores,
consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si es de
aprobarse.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si
se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado, comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposición de acuerdo
de los órganos de gobierno, específicamente de la Junta de Coordinación
Política.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De la Junta de Coordinación Política relativo a la
comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público para el análisis del
II Informe de Gobierno en materia económica y a fin de que dé cuenta de las
iniciativas que comprenden el paquete económico del Ejercicio Fiscal de 2015.
Acuerdo
Primero.
Con la finalidad de profundizar en el análisis del II Informe de Gobierno en
materia económica, y dar cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante
el pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda y Crédito Público,
el miércoles 10 de septiembre del 2014, a las 11:00 horas.
Segundo.
El funcionario compareciente rendirá ante el pleno, protesta de decir verdad
como dispone el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Tercero.
El formato de la comparecencia será el siguiente:
1.
Presentación del secretario de Hacienda y Crédito Público en la cual deberá
referirse al II Informe de Gobierno en materia de política-económica y al
paquete económico para el ejercicio fiscal del 2015, hasta por quince minutos.
2.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos cada uno, en
orden descendente: Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México; Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano; Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza.
3.
Habrá dos rondas de pregunta-respuesta-comentario en las que se abordará el
análisis del II Informe de Gobierno en materia económica, así como el paquete
fiscal 2015.
El
orden de intervenciones de los grupos parlamentarios en las dos rondas será el
siguiente:
Primera
ronda: Grupo Parlamentario del PRI; Grupo Parlamentario del PAN; Grupo
Parlamentario del PRD; Grupo Parlamentario del Verde Ecologista; Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano; Grupo Parlamentario Partido del Trabajo y
Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Segunda
ronda: Grupo Parlamentario Nueva Alianza; Grupo Parlamentario Partido del
Trabajo; Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; Grupo Parlamentario Partido
Verde Ecologista; Grupo Parlamentario PRD; Grupo Parlamentario Acción Nacional
y Grupo Parlamentario PRI.
4.
Las intervenciones se desarrollarán de la siguiente forma: pregunta de cada
grupo parlamentario hasta por cinco minutos; respuesta del secretario del ramo
hasta por cinco minutos; comentario del grupo parlamentario hasta por tres
minutos.
Cuarto.
En términos del artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa
Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.
Quinto.
Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firman:
la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación
económica, si se aprueba. Permítame, por favor.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, solicito la palabra.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, por favor, diputado Ricardo Mejía.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Nosotros reiteradamente hemos solicitado la
comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no sólo como en esta
ocasión que es obligado por mandato constitucional por la presentación del
paquete económico, nos parece que desde hace muchos meses, incluso en la
discusión de la reforma energética donde se le dan ahora a la Secretaría de
Hacienda múltiples facultades en la materia, que viniera el secretario de
Hacienda, que viniera a explicar el fracaso económico del gobierno federal, que
viniera a explicar por qué el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
el Banco de México, diferentes organismos financieros privados nacionales e
internacionales han venido ajustando las metas del crecimiento económico.
Nos
parece además que se le debe cuestionar sobre la reforma hacendaria recesiva
que golpea a los empresarios medianos, pequeños, a los comerciantes, y que esta
reforma fue validada en una decisión nefasta de la Suprema Corte de Justicia,
donde validaron el aumento del IVA en la frontera, donde validaron la
eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, el tema de las
deducibilidades para los profesionistas.
En
fin, hay múltiples preguntas para el secretario de Hacienda que, como
responsable de la política económica y fiscal del gobierno, ha sido un fracaso,
pero sabemos que es el enlace de Peña Nieto con los grupos de interés, con
todas las transnacionales que habrán de llevarse grandes tajadas con los
negocios que van a construir.
Nosotros
vamos a votar a favor de esta comparecencia, porque es un mandato
constitucional. Pero creemos que deben ser llamados, no solamente Videgaray,
sino otros secretarios, también al pleno, para que aquí den cuentas de este
colapso económico del cual hoy dan cuentas todas las encuestas –hasta Motofsky
reprueba a Peña Nieto hoy–, porque no han servido en la conducción económica
del país.
Y
por eso estamos a favor de esta comparecencia, que no será un día de campo para
el secretario por más que tenga por ahí aduladores y lambiscones. Creemos que
los resultados están a la vista y el gobierno federal que hoy en una ceremonia
palaciega que quema auto incienso nosotros sí vamos a evaluar con todo detalle
y todo cuestionamiento este colapso económico, fiscal y financiero del gobierno.
Es cuanto, presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Ahora sí consulte la Secretaría
a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea
si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El Presidente
diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposiciones de
acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Junta de Coordinación Política, por el que
se designa al presidente del Comité de Administración para el tercer año de
ejercicio de la LXII Legislatura.
Con
fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y el resolutivo sexto del Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración
en la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, aprobado por el pleno el 6 de
septiembre de 2012 se adopta el siguiente:
Acuerdo
Primero.
En términos del acuerdo de creación del Comité de Administración y su propia
integración, se determina que el diputado Manuel Añorve Baños presida el órgano
referido para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Segundo.
Se instruye para que se realice el cambio correspondiente y los trámites
administrativos pertinentes.
Tercero.
Comuníquese para los efectos conducentes al pleno de la Cámara de Diputados.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la
asamblea en votación económica, si se aprueba.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por
el que se exhorta a la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática
generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora.
La
Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b),
numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo
relativo a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Ricardo
Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, por lo que somete a consideración del pleno el siguiente
acuerdo.
Primero.
Se exhorta a la Comisión Especial de seguimiento a la problemática generada por
el derrame de diversas sustancias contaminantes en el rio Sonora, a efecto de
que ejerza a la mayor brevedad posible las funciones para las cuales fue
creada, y se allegue de toda aquella información que estime pertinente para
cumplir con su objetivo y en su caso proponga aquellas reformas que mejoren y
hagan más efectiva la legislación que regula la materia objeto de su creación.
Segundo.
Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, a las Secretarías
de Economía, de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la
Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y
la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a efecto de
que impongan multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte aplicable,
en contra de la empresa denominada Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo
México, como consecuencia del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y
Bacanuchi.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se ha registrado para hablar en pro, el diputado
Ricardo Mejía Berdeja. Por favor, haga uso de la palabra, señor diputado.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Hace ya casi un mes de lo que ha sido bautizada como
la principal afectación, el principal desastre ambiental en la historia del
país, donde fueron derramados toneladas y toneladas de metros cúbicos de
sulfato de cobre, 40 mil metros cúbicos de cobre, en el arroyo Tinajas,
municipio de Cananea. Esta contaminación ha afectado 17 kilómetros de dicho
arroyo, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, en el
estado del mismo nombre.
Esta
tragedia ambiental es una de cuatro tragedias que se han suscitado en un mes,
como bien lo señala la organización Greenpeace, que ha señalado que en el
gobierno de Enrique Peña Nieto se ha consolidado un modelo extractivo de los
recursos naturales bajo la falsa promesa de crecimiento económico y un claro
menosprecio al medio ambiente.
Además
de este desastre está el de Cadereyta, Nuevo León; el de Huimanguillo, Tabasco;
en el municipio de Oro en Durango, con cianuro. Y este crimen que se cometió en
Sonora.
Esto,
compañeras y compañeros legisladores, es el preludio de la mayor devastación
ecológica que viene para el país, que es el tema de la fractura hidráulica, del
fracking, que es un tema que ha sido soslayado y menospreciado por el
secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, que incluso cínicamente dijo
que eran más los beneficios que los perjuicios del fracking.
Pero
ya estamos viendo lo que va a pasar con esta impunidad, el Grupo México, de
Germán Larrea, se ha destacado por insultantes márgenes de ganancia, que hoy lo
colocan como el segundo hombre más rico de México, que aparece junto con Carlos
Slim, en la revista Forbes y que hace gala de su impunidad, porque siempre ha
contado con la complicidad del PAN y del PRI.
Hay
que recordar el tema de Pasta de Conchos, en Coahuila, donde aún yacen
abandonados 63 cuerpos de mineros y no ha habido poder gubernamental que pueda
frenar estos agravios del Grupo México.
Hasta
hoy los responsables no han recibido castigo penal y las viudas y familiares
han tenido que ser hostigados por este grupo, que ha sido calificado por el grupo
Covalence, empresa consultora d Ginebra, Suiza, como un grupo que no tiene
ética en su gestión empresarial.
Por
esa razón nosotros denunciamos esta actuación y siempre ha contado Germán
Larrea con personeros en el gobierno, como el caso del ex secretario de Trabajo
de Felipe Calderón, hoy amparado en la impunidad del fuero, Javier Lozano, que
toleró lo de Pasta de Conchos y no solamente toleró otro tipo de tragedias,
sino que fue el sicario para temas como la huelga de Cananea; de Taxco,
Guerrero y otros que se han presentado, además de lo de Mexicana y lo del SME.
Pero
lo que queremos señalar es que los Larrea, los impunes, los ecocidas son
producto de este contubernio prianista que ha generado devastación. Por eso
nosotros creemos que qué bueno que está esta Comisión y que se le exhorta a
cumplir con su mandato, pero el tema es de fondo. El tema es que detrás de la
devastación, detrás de los ecocidios, está la impunidad y el contubernio con el
poder. Y así como hay Germanes Larrea, vendrán los Exxon y los Chevron que
explotarán nuestros recursos, que dejarán pobreza, devastación ecológica, pero
siempre contarán con la impunidad del PRI y del PAN.
Nosotros
vamos a seguir combatiendo esta devastación y vamos a seguir oponiéndonos al fracking
y a todos estos modelos que lesionan nuestro medio ambiente y a la
población. Es cuanto.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. En uso de la
palabra para hablar también en pro la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido
del Trabajo.
La
diputada Lilia Aguilar Gil: Como todos ustedes saben, el pasado 6 de agosto la subsidiaria de Grupo
México, en Buenavista de Cobre, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de
cobre acidulado, proveniente de la mina de Cananea.
Primero,
dijeron que éste era el resultado de las lluvias excesivas. El día de ayer han
dicho que éste es el error de uno de sus proveedores que no hizo un trabajo
adecuado al unir uno de los tubos que deberían de transportar este sulfato de
cobre acidulado.
La
verdad es, y el resultado, es que se han visto afectados 700 pozos aledaños al
río Sonora, esta problemática nos causa una doble preocupación. La primera, en
efecto, es la terrible afectación que sufre el medio ambiente, la economía y
los derechos humanos de las personas que habitan la zona cercana al derrame.
Y
por qué decimos que además de un ecocidio, el grupo que encabeza Germán Larrea
está también dañando la economía y está dañando también los derechos humanos de
los ciudadanos en Sonora.
Qué
pasa con todos los agricultores y todos los pequeños productores que tenían
productos y que hoy no pueden venderlos por el temor que tiene la gente de que
estén contaminados.
Qué
pasa con todas estas personas que hoy se ven afectadas porque no tienen agua,
porque no tienen servicios básicos y porque la mina, ni siquiera el Grupo
México que tiene todavía el cinismo de no responsabilizarse por este ecocidio y
el daño a los derechos humanos de los ciudadanos.
Germán
Larrea, como ya se dijo en esta tribuna, que es el principal accionista de
Grupo México, es el tercer hombre más rico de México y el número 79 del mundo.
¿Cómo ha llegado a tener esta fortuna? Bueno, pues recordemos el caso donde 65
mineros en la mina de Pasta de Conchos quedaron atrapados y donde la empresa no
solamente no se responsabilizó, sino que en contubernio con el ahora senador
Javier Lozano dejaron que estos mineros, que estas personas sufrieran la peor
de las suertes.
Pero
no es ése el único error y el único acto de indolencia que ha cometido Grupo
México. En 1934 quedaron también muertos en las minas de carbón de este grupo
57 mineros, 36 en el 38, 39 en 1942, 12 mineros en 1948 y de ahí podemos ir a
una lista inacabada.
La
multa que se le está poniendo a Grupo México, según una ley que nosotros mismos
aprobamos es de 40 millones de pesos, con base a la Ley de Responsabilidad
Ambiental. La verdad es, compañeras y compañeros, que esta ley que creíamos que
iba a venir a ayudarnos ha quedado corta y queda corta para esta gran tragedia
donde Grupo México no solamente ha utilizado sus relaciones con el gobierno
calderonista, con el gobierno priista actual, sino que ahora gasta millones y
millones en desplegados para felicitar al presidente Peña Nieto.
Ojalá
Grupo México invirtiera los millones que le cuestan sus desplegados en diarios
a atender de inmediato el ecocidio que cometió en Sonora.
La
sociedad exige sanciones y exige responsables. Por qué. Porque lo que estamos
viendo hoy es solamente el principio de lo que veremos hacia delante con los
daños ecológicos, como lo ha dicho el diputado Mejía, en el tema del fracking y
todas estas prácticas que no están reguladas.
Aquí
hay que dejar claro, queda en duda la normatividad para las empresas mineras,
específicamente en el tema de responsabilidades y queda claro que esta Ley de
Responsabilidad Ambiental ha quedado corta. Pero sobre todo nos debe quedar
claro que se ha hecho una comisión especial y que esta comisión especial tendrá
que ir e investigar y lo haremos ya in situ en Sonora.
Y
decirlo muy claro, muy bajo en público y en privado. Éste será el antecedente
Grupo México de la sanción y la responsabilidad que el Congreso de la Unión
deberá tener frente a la sociedad, no solamente de Sonora y frente a la
indolencia de empresas como Grupo México.
Esperemos
que ésta sea la primera de muchas y que quede en antecedente que en este país
el que la hace la paga. Inclusive en el tema de indolencia empresarial. Muchas
gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Aguilar Gil. Para fijar
la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la
palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El
diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, hace unas semanas en la
Comisión Permanente se aprobó un punto de acuerdo por unanimidad, con motivo
del daño ecológico que se suscitó en Sonora, en el Río Sonora y que es una
tragedia sin precedente en aquel estado.
En
el punto de acuerdo se establecían varios apartados, entre otros la suspensión
de la minera e incluso la posibilidad de cancelar la concesión. A pesar de que
fue por unanimidad, el gobierno a través de sus voceros de inmediato replicaron
que no era procedente la cancelación porque era mayor el beneficio que el daño,
cosa absurda y que coloca a estos funcionarios, como el de Semarnat, en peones,
en meros interlocutores y achichincles de las grandes empresas mineras
nacionales y extranjeras.
El
Grupo México causó daños por tres mil millones de pesos en Sonora, pero solo lo
multan con 40 millones de pesos; es decir, el 1.33 por ciento; eso se llama
derecho a contaminar.
Por
cierto debemos recordarles, nosotros votamos en contra de la Ley de
Responsabilidad Ambiental. Les advertimos y les dijimos que era insuficiente,
ahora todos se rasgan las vestiduras de que es insuficiente lo que nosotros
hemos advertido, pero déjenme decirles de qué grado es y de qué nivel es la
diferencia de cómo los norteamericanos y sus leyes tratan a este mismo Grupo
México y cómo los tratan en México.
En
el 2009 multaron a Zarco en Estados Unidos, que es filial del Grupo México, con
mil 700 millones de dólares por contaminar a varios estados —así o más claro—,
mil 700 millones de dólares. Aquí se multó con 40 millones de pesos. Sostenemos
que es apenas el inicio de lo que habrá de ser la depredación más grande que la
historia y la patria hayan sufrido.
Es
un asunto muy grave que advierte la tragedia ecológica en la que nos veremos
envueltos gracias a esta mayoría mecánica que no pudo reflexionar acerca del
daño que causará la reforma energética. La energética se ha convertido en la
madre de todas las entregas de la riqueza del país al transferir la rectoría
del Estado a la matriz de un mercado global caracterizado por esto, la
depredación ambiental, la corrupción política, la explotación laboral, la
evasión fiscal y el saqueo económico.
Les
pregunto, si no pueden contener, ni castigar a los responsables de los
desastres naturales en el Río Sonora y en Cadereyta, en Tabasco y en Durango,
¿cómo podrán regular, responsabilizar y contener los excesos y el poder
corruptor de las transnacionales petroleras? Me preocupa mucho que se cree una
comisión, normalmente sirven para mediatizar, ocultar y evadir la
responsabilidad de aquellos que cometieron delitos y daños.
Por
último saludo con mucho afecto a los familiares directos de José Revueltas. Sus
hijos, sus nietos y bisnietos. Por cierto, la Junta de Coordinación Política
aprobó un justo homenaje a éste gran prócer, a este gran hombre, que México se
siente orgulloso. Presidente, muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado. Para expresar la
postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le
otorgo el uso de la palabra a la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Por
favor.
La diputada
Lourdes Adriana López Moreno: Con su permiso, señor presidente. Por cierto, qué gusto saludar a un
presidente verde en esta sesión de Cámara.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada, adelante por favor.
La
diputada Lourdes Adriana López Moreno: Quiero comentar que para nosotros como grupo
parlamentario es sumamente importante el tema de esta terrible situación en
cuanto a daño ambiental se está viviendo en nuestro país.
Quiero
por ello felicitar, en primer orden, a esta Cámara de Diputados por la
integración de esta Comisión Especial para dar seguimiento a esta problemática,
de la cual comento que desde la Comisión de Medio Ambiente estaremos también
muy al pendiente acompañando los resultados de esta comisión especial.
Pero
quiero decirles que si bien es cierto ya se ha hablado mucho de los daños que
ha ocasionado el derrame de esos 40 millones de litros de sustancias tóxicas
contaminando los ríos que hemos mencionado a causa de una situación de completa
irresponsabilidad de Grupo México, que es quien explota la Mina de Cananea,
quiero comentar que más allá de esta situación de presentar la creación de una
comisión especial para dar seguimiento al tema, hay varias cosas que debemos
reflexionar y que nos deben de llevar a acciones mucho más contundentes y en
eso coincido con quienes me han antecedido en la palabra.
Primeramente
decir que la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ha sido
sin lugar a dudas un acierto. Que si bien es cierto una ley perfectible, me parece
a mí que hasta antes de la existencia de la Ley de Responsabilidad ambiental no
existía en la legislación ambiental mexicana una conceptualización de daño
ambiental. No existía en concepto de daño ambiental y mucho menos la exigencia
de reparar el daño ambiental.
Si
bien es cierto las multas no son las máximas que hubiéramos querido -hablamos
de multas de 400 mil días de salario mínimo-, quiero aquí comentar y voy a
compartir la frase que decía quien me antecedió en la palabra que aquéllos que
se rasgan las vestiduras, en realidad la propuesta original de mi Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, era de multas de hasta
800 mil días de salario mínimo.
Y
muchos diputados de distintos grupos parlamentarios que seguramente me están escuchando,
deben recordar que fueron quienes vinieron a hablar a nombre de las empresas a
pedir que las multas se redujeran. Pedían que se redujeran hasta 200 mil días
de salario mínimo.
Sin
embargo se hizo un excelente proceso de cabildeo por parte, y aquí el
reconocimiento a los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente, para
subir esa cifra que estaban planteando en un proceso de negociación, y quedó de
400 mil días de salario mínimo.
Quiero
comentarles que el día de hoy está registrándose en el Senado una iniciativa
por parte de mi grupo parlamentario, a cargo del senador Jorge Emilio González,
para incrementar al doble estas sanciones y para que estas sanciones queden en
el orden de los 800 mil días de salario mínimo, y esperamos que así como todos
han manifestado su inconformidad a estas cifras y así como hubo quienes
solicitaron que estas cifras se redujeran en aquel momento, apoyen en su
preciso momento esta iniciativa de incrementar al doble todas las sanciones que
manifiesta la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Y
finalmente comentarles que presentaremos un punto de acuerdo desde el grupo
parlamentario del Partido Verde, para exigir no solamente la aplicación de
responsabilidad ambiental, ya que ha sido una decisión que tuvo la Semarnat,
que por primera vez a un año de aprobada esta ley, se está aplicando la Ley de
Responsabilidad Ambiental, y bueno, creo que ya era hora que Profepa y Semarnat
hicieran esto. Finalmente lo están haciendo, van por la pena máxima, pero
también vamos a pedirles la coadyuvancia del Ministerio Público, la
presentación de las denuncias ante la PGR para actuar también en orden de
materia penal y por supuesto, que se eche a andar el Fondo Ambiental que la Ley
de Responsabilidad Ambiental plantea para atender de manera inmediata acciones
de saneamiento por las afectaciones que ha suscitado esta contaminación tan
terrible en Sonora.
Así
que me da mucho gusto escuchar a muchos preocupados por el tema, me da mucho
gusto ver que finalmente se le está poniendo atención. Qué triste que haya sido
después de una afectación de este tamaño, pero esperamos contar con el respaldo
de todos los diputados aquí presentes en estas acciones para endurecer las
leyes que permitan castigar a quienes están dañando los recursos naturales en nuestro
país. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lourdes López Moreno. Le
concedemos ahora el uso de la palabra para que manifieste la posición del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la diputada Lorenia
Yveth Valles Sampedro.
La
diputada Lorenia Yveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. Hablar de este tema en
verdad –yo soy sonorense- y nos preocupa mucho, también nos debe ocupar a esta
Cámara la solución integral a esta situación que es gravísima.
El
6 de agosto en la mina de Cananea el Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos
de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, cubriendo 60 kilómetros de
las aguas de los ríos, afectando a siete municipios de: Cananea, Hermosillo,
incluidos Arizpe, Cures, San Felipe, Banámichi y Baviácora.
A
la población de estos lugares las autoridades ambientales y de protección civil
no alcanzaron a avisarles, sino cinco días después del derrame.
Por
supuesto Grupo México no hizo nada para alertar a la población de Cananea, la
más cercana de todas, ni a los otros municipios ni por supuesto a la capital
del estado de Sonora, Hermosillo.
“La
empresa ocultó deliberadamente la falla”, afirma el delegado estatal de Conagua
en Sonora.
Al
ácido sulfúrico derramado, hay que agregar que se han encontrado arsénico,
cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en concentraciones
superiores a las permitidas, en el río Sonora.
Se
trata del daño más grande, el desastre ecológico más grande del estado de
Sonora, y señalan algunos especialistas que en los últimos años no se había
presentado en México, en todo México, una situación tan grave.
De
todos los grupos mineros del país, incluyendo transnacionales, Grupo México
tiene la mayor propiedad del terreno nacional, lo que junto, con los terrenos
de Ferromex y otras empresas del mismo Germán Larrea, se convierten en una
amenaza nacional si no se les obliga a cumplir con las leyes, no sólo las que
tienen que ver con el medio ambiente que por supuesto son muy importante, sino
también las de seguridad e higiene, las condiciones en que laboran sus
trabajadores, y por supuesto también que se le obligue a respetar los
derechos humanos de sus trabajadores y de las poblaciones donde se asientan.
El
día 13 de agosto Grupo México, bajo el nombre de Buenavista del Cobre, publica
un desplegado en el diario Reforma, en el que hace responsable a las
lluvias torrenciales de la tragedia ecológica y ambiental. Ha señalado Semarnat
que esto es mentira. Grupo México es el responsable del derrame de tóxicos en
esta región.
Cabe
recordar que en las recientes aprobadas leyes energéticas Grupo México tiene
muchos intereses en juego pues, como se sabe, su fortuna, la segunda más grande
del país, se formó a la sombra del Estado y de los gobiernos privatizadores de
la riqueza nacional.
Por
ello, compañeras y compañeros, tenemos que atender este tema, que no es un tema
nada más de Sonora, es un tema de México.
Como
ustedes saben, el pasado 20 de agosto el pleno de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que decida la creación de
una comisión especial.
Ha
sido ya constituida esta comisión especial, de la cual formo parte. Hemos
aprobado ya un plan de trabajo y el día de mañana estaremos realizando una
visita a la zona afectada y llevaremos a cabo algunas reuniones de trabajo con
las autoridades federales, estatales, con los alcaldes de las zonas afectadas
por supuesto, y los directivos de la empresa.
No
podemos, no debemos en esta Cámara ser débiles ante el poder económico. Tiene
que haber en México un precedente que permita que se aplique la ley con mano
dura. Por ello no debemos quitar de la mesa la discusión sobre el retiro de la
concesión. Debemos decir basta y que a través de las redes de influencia y de
corrupción se pueda en México estar por encima de las leyes y se pueda afectar
al medio ambiente, a los trabajadores y a los habitantes de las poblaciones que
están resultando afectados por una minería irresponsable.
Necesitamos
poner el ejemplo y se tiene que atender este tema de manera integral. Hay que
reparar, hay que resolver el asunto del medio ambiente, pero no hay que olvidar
los graves problemas que esta situación de contaminación puede generar y están
generando en la población.
Por
supuesto tampoco podemos dejar de mencionar el aspecto social. La población que
vive de la agricultura, de la ganadería, de la producción de algunos artículos
regionales, productos regionales que tienen mucho renombre en el estado, que
incluso son una marca registrada Río Sonora, no tienen posibilidad de venta, no
están recibiendo turismo, la gente está en condiciones sumamente adversas y se
tienen que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Una solución integral
y una sanción ejemplar para que en México por fin se acabe la corrupción, se
acabe el tráfico de influencias y por fin se haga valer la ley. Muchísimas
gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Lorenia Iveth Valles. Del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, le concedo el uso de la
palabra al diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado.
El
diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y
diputados: como representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, y representante también de los ciudadanos de la región afectada del
río Sonora, quiero compartirles que en efecto fueron 40 mil metros cúbicos de
sulfato de cobre los que se derramaron sobre 17.6 kilómetros del arroyo de las
Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora.
La
región del río Sonora alberga a 22 mil habitantes que practican la agricultura,
la ganadería y el turismo. Es por eso que los diputados del PAN entendemos la
magnitud de lo que se presenta en el tema ambiental y ecológico de la región y,
en consecuencia, avalamos y respaldamos el acuerdo que en esta Cámara durante
la sesión de la Comisión Permanente se ha aprobado.
Pero
solicitamos que se aplique con justicia, que se aplique con claridad la ley y
que la misma legislatura que en materia ambiental hace un año se aprobó en esta
Cámara de Diputados sea llevada en consecuencia, que se hagan los esfuerzos por
parte del gobierno federal, no sólo en aplicar las sanciones correspondientes a
los responsables, sino en trabajar para regresar al estado en que se encontraba
el medio ambiente y el entorno ecológico de la región hasta antes de lo
sucedido.
También
queremos decir los diputados del PAN, desde esta tribuna, que en el país en lo
que va del sexenio se han presentado mil 124 emergencias ambientales, y es
pertinente que el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña
Nieto, fortalezca a las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente
como lo son la Semarnat, la Profepa y demás que dependen del titular del
gobierno federal.
Es
preciso que a través de la Ley de Responsabilidad Ambiental se ejecuten los
mecanismos que precisen el trabajo de las dependencias en prevenir este tipo de
desastres mediante la inspección, la vigilancia y la aplicación de la ley.
Quiero
aprovechar también para hacer un reconocimiento al gobernador del estado, el
licenciado Guillermo Padrés Elías, que ha estado atendiendo desde el primer
momento la afectación que se tiene en la región y mandarle nuestra solidaridad,
la del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estoy seguro que la del
pleno de la Cámara de Diputados, a los afectados de la región y decirles que
con claridad estaremos muy pendientes de que este tema no se convierta en una
situación política, sino que realmente lleve soluciones para quienes han sido
afectados, no sólo de momento, porque el reactivar la economía de la región en
los temas de la ganadería, la agricultura y el turismo no serán menores, se
requiere de un gran esfuerzo, y saludamos de nueva cuenta que este pleno haya
tomado acciones en su momento. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Galindo.
Para
que fije la postura en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva
Alianza, le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Cristina Olvera
Barrios.
La
diputada Cristina Olvera Barrios: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
La
diputada Cristina Olvera Barrios: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a 27
días que sucediera el derrame de los 40 millones de litros de lixiviados de
sulfato de cobre, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas de la mina
Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicado en el municipio de
Cananea, Sonora, sustancias que se han propagado a lo largo del río Sonora y
Bacanuchi, generando una grave contaminación que llega a la presa El Molinito,
la Comisión Nacional de Agua, Conagua, nos advierte los niveles de
contaminación de los citados ríos que se encuentran fuera de la Norma Oficial y
que la calidad del agua aún sufre las afectaciones causadas principalmente por
la presencia de metales contaminantes.
Los
municipios afectados por la contingencia ambiental son los municipios de
Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Miguel, Baviácora y Ures. Grupo México
finalmente reconoció que la contaminación del río Sonora se debió a una falla
en la construcción del sello de una de sus tuberías y señaló además que esta
construcción le fue encomendada a la firma del contratista especializado de la
región, denominada Tecovifesa, la cual era responsable de la construcción de
una nueva planta de procesos de cobre, lo que de ninguna manera exime la
responsabilidad de la minera Grupo México.
La
negligencia de Grupo México, empresa concesionaria de la mina Cananea, provocó
el derrame de millones de litros en el río Sonora y con ello ocasionó que se
viera gravemente afectado con la presencia de diversas sustancias contaminantes
de metales pesados y metaloides.
Entre
los saldos de este desastre que cerciora en la historia de Sonora se encuentra
el cierre temporal de más de 700 pozos, lo que ha privado a miles de personas
de agua necesaria para realizar actividades cotidianas. De igual forma, los
agricultores y ganaderos están siendo afectados por este hecho ante la
imposibilidad de regar sus tierras con aguas contaminadas.
La
negligencia de la minera trae consecuencias sociales que agravan la situación
de los sectores más desprotegidos de la sociedad sonorense, debido a la caída
de la producción agropecuaria. Y dada la gravedad de los daños ocasionados lo
procedente es exigirles a las autoridades competentes las sanciones
correspondientes para este tipo de desastres ecológicos, petición que se
encuentra suficientemente sustentada en las Leyes de Aguas Nacionales, Minería,
y Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, porque no basta la sola
aplicación de multas para sentar los precedentes ejemplares.
Las
afectaciones provocadas por este derrame superan por mucho la afectación en el
ámbito de actividad económica y del medio ambiente, teniendo grandes impactos
entre otros sectores al grado de suspender el inicio del ciclo escolar en
diversos planteles educativos ubicados en las cercanías de la región
contaminada, lo que ha venido a perjudicar a cerca de 6 mil alumnos.
El
cooperativo de la empresa responsable mintió al dar a conocer las causas de la
tragedia, pues los atribuyeron a la presencia de lluvias, cuando en realidad se
trataba de un problema originado en las instalaciones de la mina, situación que
ya ha sido suficientemente aclarada por el gobierno federal.
Coincidimos
plenamente que es indispensable actuar con todo el rigor de la ley,
imparcialidad y sin perjuicio en lo concerniente a la reparación del daño
causado, no obstante sin olvidar el desinterés irresponsable con el que hasta
ahora se ha conducido Grupo México frente a éste, y que pone en evidencia la
actitud irresponsable de este corporativo ha tenido a este lamentable desastre
ecológico que ha golpeado en forma directa la economía de la región, actuando
únicamente para resguardar sus intereses económicos.
Vigilando
que estas dependencias federales entreguen informes detallados sobre la
revisión y visitas de inspección a las áreas afectadas, particularmente a lo
que se refiere al cumplimiento tanto de las sanciones como de las medidas
necesarias para revertir los daños, debiendo vigilar igualmente la aplicación
de medidas y multas contempladas en la legislación, y especialmente
encaminadas a la reparación del daño.
Resulta
improcedente la función que habrá que desempeñar la Comisión Especial para
recopilar toda la información necesaria para que en su momento se pueda
verificar que tanto el gobierno del estado de Sonora como las Secretarías de
Economía, de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la
Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lleven a cabo
las acciones legales que se contemplan en la legislación vigente, de manera que
impongan multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte aplicable en
contra de la empresa responsable denominada Buenavista del Cobre.
Es
indudable que la protección de los intereses superiores del país y de los
intereses particulares de todos y cada uno de los afectados serán oportuna y
eficazmente protegidos con las acciones que pueda implementar esta Cámara de
Diputados, sujetándose en la información y conclusión derivados del desempeño
de la responsabilidad que se ha asignado a la Comisión Especial, y es por ello
que en Nueva Alianza sabemos de la importancia que tiene la aprobación del
presente punto de acuerdo y con nuestro voto a favor reiteramos nuestro
compromiso por el cuidado del medio ambiente para el bienestar de la población
y reparación del daño ambiental que se ha ocasionado. Es cuanto, diputado
presidente, y muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Olvera Barrios.
Corresponde
hacer uso de la palabra al señor diputado Manuel Añorve Baños, y lo hará a
nombre del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Adelante, por
favor diputado.
El
diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor presidente. Aquí mucho se ha dicho ya de los daños
que se han ocasionado en el estado de Sonora, pero vale la pena volver a
subrayar cuáles han sido, porque la opinión pública debe conocer cuáles son las
afectaciones y, por supuesto, las consecuencias de estas afectaciones: el
desabasto del vital líquido, el encarecimiento que están viviendo nuestros
amigos del estado de Sonora del agua embotellada en la región, el haber
afectado a más de 20 mil sonorenses, por supuesto el ganado, que ha sido
retirado de los márgenes de estos ríos y se ha suspendido la ordeña y la
elaboración de queso. También cómo está afectando que se contraiga la
exportación de carne. Y, por supuesto, se ha suspendido el inicio del ciclo
escolar, o así sucedió cuando estos hechos se presentaron en el estado de
Sonora.
Tengo
que subrayar que esta empresa es responsable del desastre obvio y ha tenido un
comportamiento poco ético durante la crisis que se está viviendo. El
corporativo mintió, el corporativo sigue mintiendo. Dio a conocer que las
causas de la tragedia se atribuyeron a la presencia de lluvias atípicas. Eso es
mentira, como lo estoy subrayando. Cuando en realidad se trataba de un problema
originado en las instalaciones de la mina y así ha quedado asentado.
Por
supuesto que estuvieron echando cal. Uno de estos días ya quisieron con una
campaña mediática decir que estaban atendiendo la tragedia. Obvio que ha habido
respuestas de los sonorenses con bloqueos y muchas manifestaciones más.
No
es esta la primera vez que Grupo México se ve inmiscuido en un problema de esta
naturaleza. Así lo dijo el diputado Ricardo Monreal y muchos más de los que
aquí han hecho uso de la palabra. Por eso esta comisión especial, que nació con
un mandato de la Comisión Permanente, por supuesto va a coadyuvar a la
construcción de la verdad legal, a fin de establecer indemnizaciones a favor de
las víctimas. No tengo la menor duda que así será, ya que es presidida por el
diputado Marco Antonio Bernal y además está sumada la pluralidad política de
esta Cámara de Diputados y se sumarán más diputados y diputadas interesados en
resolver y sancionar a esta empresa.
Por
supuesto que ya se ha hablado de otros desastres en términos de sucesos, como
ha pasado en el estado de Sonora a nivel internacional y las sanciones que se
han aplicado con miles de millones de dólares.
Por
este tema queremos una sanción y un resarcimiento del daño ejemplar. No tengo
la menor duda que esta comisión especial que mañana irá al estado de Sonora
tomará cartas en el asunto y esta comisión especial tendrá como conclusión,
porque así es la unanimidad que aquí hemos señalado, porque eso queremos: la
suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta
en tanto se evalúen los daños y se garantice el resarcimiento del medio
ambiente y la indemnización a toda la población afectada.
No
tengo la menor duda. Esta comisión no irá solamente de paso, sino irá a tomar
nota, a escuchar a todos los afectados y aplicar las sanciones correspondientes.
Es cuanto, señor presidente. El Presidente diputado Tomás Torres Mercado:
Gracias, señor diputado Manuel Añorve.
Con
su participación ha concluido la lista de oradores, por ello pido a la
Secretaría, en votación económica, consulte a la asamblea si se aprueba el
punto de acuerdo.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le pido a la Secretaría continúe dando cuenta a
esta Presidencia con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política en relación a cambios de integrantes de las Comisiones de
Igualdad de Género; Especial que da seguimiento a la problemática generada por
el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora; y del
Parlamento Latinoamericano, que se encuentran disponibles en los monitores de
su curul.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.
El
Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus
curules los siguientes dictámenes.
De
la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de
la Ley de la Policía Federal.
De
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de
decreto que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
De
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con
proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dos
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. La primera, con proyecto de
decreto que adiciona una fracción XII al artículo 3o. y un artículo 3o. Bis a
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Un
segundo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social.
Y
de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma los
artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De
la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo
71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.
De
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.
De
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 28 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De
la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 48,
párrafo primero, 54 y el artículo cuatro transitorio de la Ley General de
Turismo.
Cuatro
de la Comisión de Pesca. La primera, con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 4o. y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentable.
Un
segundo, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 20 de
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Un
tercero con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 62
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y con proyecto de decreto
que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario. De conformidad con lo que
establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con
la declaratoria de publicidad.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la
discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo
del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Tiene
la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Arely Madrid Tovilla, para
fundamentar el dictamen de conformidad con lo que establece el artículo 104,
numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que antes hemos
invocado. Tiene el uso de palabra, diputada, por favor.
La
diputada Arely Madrid Tovilla: Gracias, presidente. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y
compañeros legisladores, en mi carácter de presidenta de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción y por parte de la Comisión, someto a
consideración de esta honorable asamblea el dictamen que reforma el tercer
párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el
cual es fruto de un trabajo de todos los diputados integrantes, quienes con una
visión plural incluyente y con el ánimo de velar en todo momento por el interés
de la ciudadanía encaminan sus esfuerzos para perfeccionar las normas en pro de
la agilización de los procedimientos administrativos y la reducción del rezago
de la justicia administrativa.
Una
de las cargas más fuertes en la administración pública es precisamente la falta
de agilización de los procedimientos administrativos.
La
seguridad y certeza jurídica son pilares de la democracia y eje rector de todo
Estado de derecho, y es por ello que el dictamen se propone reformar la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo para reforzar dichos principios en
beneficio de los gobernados, que son parte de un procedimiento iniciado de
oficio por la autoridad administrativa.
En
este contexto, para el caso del procedimiento administrativo iniciado de oficio
por la autoridad, el dictamen prevé que estos se entenderán caducados no solo
en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del
plazo para dictar resolución, sino también en los casos en que la autoridad por
su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres
meses. Ésa es la propuesta y ése es el objetivo.
Debe
recordarse que la caducidad es una institución procesal que encuentra su
fundamento en razones de seguridad jurídica, en tanto que evita la
incertidumbre que supone un procedimiento dilatorio; es decir, la razón de ser
de la caducidad es dar certeza jurídica y puntualizar la eficacia para no dejar
abierta la arbitrariedad o la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen
de hacerlo a su arbitrio, sino por el contrario, observen y atiendan a
cabalidad las reglas que establecen el nacimiento y conclusión de sus
facultades; para no generar incertidumbre y arbitrariedad, sino por el
contrario, generar transparencia y legalidad en todas las etapas procesales.
Con
la propuesta se busca que las autoridades administrativas cumplan plenamente
sus funciones, las funciones procedimentales en plena observancia del principio
de legalidad, y evitar que los ciudadanos —escúchese bien— que sean sujetos a
un procedimiento administrativo iniciado de oficio como por ejemplo una
verificación administrativa en materia ambiental que se encuentren subyugados y
por este tiempo indeterminado, pues ello vulnera sus derechos y crea
incertidumbre en cuanto a su estatus jurídico.
En
este sentido, la propuesta viene a fortalecer la figura de la caducidad sin
causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público e interés
social perseguido por el Estado, pues con la visión propuesta por los autores
de la iniciativa, el diputado Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ricardo Mejía
Berdeja, se brinda por una parte mayor seguridad y certeza jurídica; y por la
otra opera en pro del derecho fundamental a una justicia pronta y expedita
contenida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.
En
mi carácter de presidente de la comisión y también recalco acá que es de
reconocerse el trabajo por los diputados integrantes de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, pues con su decidida participación en este tema
se avala la tarea de generar normas que nos permitan contar con un marco
jurídico más justo en el tema, con un México más justo donde se tutele de
manera real y efectiva los derechos de todos los ciudadanos.
Compañeras
y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción solicito a ustedes el voto positivo para la aprobación de la
presente iniciativa. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Areli Madrid Tovilla.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo
particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del
Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar la posición de sus grupos
parlamentarios, por ahora le otorgamos la palabra al diputado Luis Antonio
González Roldán, del Grupo de Nueva Alianza. Tiene la palabra, diputado.
Adelante, por favor.
El
diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia. Señoras y señores legisladores. La
seguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido que
encuentra su fundamento en la certeza propia del derecho, tanto en el ámbito de
su publicidad como en su propia aplicación.
Los
derechos de seguridad jurídica de todas las personas deben de estar eficientemente
garantizados por el Estado, con la finalidad de fortalecer el desarrollo pleno
del individuo y de la misma sociedad. Es uno de los elementos más importantes
de cualquier régimen democrático. En éstos concurren el orden jurídico y la
función gubernamental real.
Así,
en mi bancada, Nueva Alianza, lo entendemos como un conjunto de derechos
humanos fundamentales que ofrecen la certeza del derecho que tiene el individuo
para que su situación jurídica no sea modificada más que por procedimientos regulares
y conductos legales establecidos previamente y debidamente publicados.
En
este sentido, el tiempo es un elemento fundamental de la seguridad jurídica que
no es inofensivo en el derecho. La justicia pronta y expedita, cuando no es
pronta y no es expedita, no es justicia. El tema de la lentitud de los
procedimientos está presente en el derecho. La evidente prolongación a veces de
muchos años en la tramitación de los asuntos procesales, obliga a hacer una
reflexión sobre la importancia de los plazos y de los términos.
Los
tiempos en un procedimiento adquieren singular importancia al tratar de buscar
un mayor equilibrio entre la potestad pública y el derecho o el interés
legítimo de cada uno de los ciudadanos. Es por ello que ha sido necesario
plantearse el problema de la dimensión temporal y su incidencia en la calidad
de algunas relaciones jurídicas entre la administración y el propio ciudadano.
Si
no se administra adecuadamente los tiempos en el ejercicio de la potestad
sancionadora, la infracción puede prescribir, además de que alarga el proceso
de manera negligente, violenta el derecho fundamental a la certeza jurídica de
cada individuo.
En
este contexto, en el proceso administrativo se debe de cumplir con la garantía
de la seguridad jurídica de los individuos reduciendo en todo momento los
espacios de la indeterminación.
Es
por ello que en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del
presente dictamen que establece la caducidad de los procesos en el caso de que
la autoridad por inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento
por tres meses, entendiendo que la caducidad es una institución procesal que
encuentra su fundamento en razones de seguridad jurídica al evitar o tratar de
erradicar la incertidumbre que supone un procedimiento, por lo que las fechas
son primordiales.
En
este sentido, el dictamen va encaminado a agilizar los procesos administrativos
fijando un plazo máximo para el término del proceso sancionador. De esta manera
se evitan las demoras y alargamiento de los procedimientos al libre arbitrio de
la autoridad.
Al
aprobar el presente dictamen, estoy seguro que abonaremos para que los procesos
se lleven a cabo con mayor eficacia y prontitud, sancionando de facto el no
ejercicio de las facultades de la autoridad para actuar de manera pronta y
expedita en la aplicación de la ley. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimado diputado González Roldán.
Compañeros,
compañeras diputadas, diputados, se encuentran en este recinto estudiantes que
integran la asociación denominada “Jóvenes Embajadores de Taiwán”, invitados
por el diputado Jesús Oviedo Herrera, quienes vienen acompañados por el maestro
Carlos Liao, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en
México. Sean ustedes bienvenidos.
Para
fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso
de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González.
La
diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. No quiero dejar pasar, dejar
de mencionar, que hoy estamos discutiendo un dictamen de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, que fue aprobado desde el 6 de marzo de este
año, a partir de una iniciativa de los diputados Ricardo Mejía y Ricardo
Monreal.
Y
solamente hago este comentario no sólo por las fechas, sino para dar a conocer
a la sociedad la intención que tienen ustedes, diputadas y diputados, para
decir que están cumpliendo con los temas que han manifestado serán su prioridad
en este periodo, la transparencia y anticorrupción, pero que de todos modos
siguen sin estar en el pleno.
Claro
que celebramos que una de las 378 iniciativas que el Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano ha presentado, se esté discutiendo, el primer día de este
periodo y en este pleno.
Pero
no por eso dejaremos de ser críticos porque la transparencia y anticorrupción
ha sido la prioridad del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Hoy
se discute esta iniciativa que en esta materia se presentó desde el 2013 y como
se puede ver no sólo criticamos, también hay propuestas viables. Es sólo
cuestión que la mayoría en esta Cámara tenga la voluntad de analizarla.
Tenemos
que el derecho administrativo sancionador corresponde a la capacidad punitiva
del Estado y de la mención de los tipos de sanciones. Observamos que se trata
de penas que pueden vulnerar tanto la esfera de derechos de los gobernados como
su esfera patrimonial, según sea el caso.
Es
evidente que el ejercicio de esta potestad sancionadora debe de contar con
límites y principios que garanticen al gobernado la salvaguarda de su esfera de
derecho. Ante esta disyuntiva en la construcción de esta rama de derecho
administrativo, los doctrinarios han recurrido a arreglar los procedimientos
desde una perspectiva garantista para los gobernados.
Y
cuestionamos que el ciudadano se encuentre sujeto a la tramitación de un
procedimiento administrativo por un periodo indeterminado que vulnera desde
toda perspectiva sus derechos.
Es
decir, la naturaleza de cada procedimiento legal debe tener un inicio claro y
un final, permitiendo que ante la inactividad de las partes, en especial de la
autoridad, se sancione con la caducidad del proceso, entendiendo la
caducidad como la pérdida de un derecho o una potestad debido a la omisión de
ejercerlo durante un período determinado.
En
el caso concreto de las autoridades administrativas, la sanción por no concluir
el proceso administrativo de la emisión de un acto debe ser la caducidad del
mismo; de lo contrario, el gobernado se verá afectado profundamente pues se le
sujetará a un estado de indeterminación frente al proceso.
La
Ley Federal de Procedimiento Administrativo no establece la existencia de la
caducidad para el proceso omiso, salvo cuando se violente el plazo para la
emisión de la resolución, es decir, únicamente cuando se hayan sustanciado
todas las etapas del proceso, quedando únicamente pendiente la emisión de la
resolución y, en caso que no se emita en el tiempo correspondiente, se
considerará que el proceso de concluirá por la caducidad del mismo.
Lo
anterior habilita que existan casos en que se notifique a la parte de la
autoridad el inicio de un procedimiento de verificación administrativa y que
posteriormente no existan actuaciones por parte de ella en un período
considerable, como pudiera ser un año, pudiendo en todo momento reanudar el
procedimiento sin que el particular pueda apelar a la caducidad de éste.
El
problema planteado encierra una profunda violación a la garantía de seguridad
jurídica del gobernado pues le impide conocer la previsibilidad de sus actos.
Por
eso también celebramos que en el dictamen de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción coincidan en que la iniciativa será la figura de caducidad, sin
causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público o interés social
perseguido por el Estado, ya que la autoridad contará con el tiempo suficiente
para el estudio del asunto y resolverá conforme a derecho y que con esta
propuesta, de ser aprobada, brindará mayor seguridad y certeza jurídica, así
como cumplirá con el derecho fundamental de una justicia pronta y expedita. El
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Huidobro González. Del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática le otorgamos el
uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas.
La
diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Honorable asamblea: está a discusión el
dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que remite a este pleno la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
La
iniciativa presentada el pasado 31 de noviembre del 2013 por los diputados
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano, proponía también la reforma al artículo 18
de la misma norma y fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y elaboración
de dictamen correspondiente.
La
comisión dictaminadora consideró inviable la propuesta al artículo 18 de la
citada norma, donde se establece que ante la continuación de oficio de un
procedimiento administrativo iniciado a instancia del interesado, operará la
caducidad de la instancia por la inactividad procesal de la partes, cuando en
tres meses no existan actuaciones de las autoridades o los interesados.
Ello,
con base en lo siguiente, pues en los artículos 17, 17 A y 17 B de la misma
ley, se regulan los procedimientos iniciados a instancia del particular, pues
ahí mismo se establece que la continuidad del procedimiento en este caso será
de oficio y obliga a la autoridad a concluirlo cuando fue iniciado a petición
del ciudadano o ciudadana.
Por
otro lado, contraviene el espíritu del artículo 8o constitucional, el cual
establece el derecho de petición por el cual la autoridad está obligada a
responder un acuerdo por escrito a la persona que lo haya dirigido. Eso debe
ser en un breve término, lo cual, en el caso que nos ocupa, está regulado por
la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Por
su parte, la dictaminadora estimó viable la modificación al artículo 60 que
propone que para el caso de procedimientos iniciados de oficio, prevé que se
entenderán caducados, no sólo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días
a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, sino también en los
casos en que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización
del procedimiento por tres meses.
Aquí
vale la pena señalar que la caducidad de la instancia es una figura procesal
que tiene por objeto aportar seguridad jurídica a las personas en un
procedimiento determinado para evitar la incertidumbre, la discrecionalidad hasta
la arbitrariedad y lograr la eficacia en el mismo para que cualquier autoridad
cumpla en tiempo y forma con las obligaciones propias del ejercicio de sus
funciones en cuanto a sus facultades y competencias constitucionales y legales
en beneficio de la ciudadanía.
La
modificación planteada al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo fortalece la institución procesal de la caducidad de la
instancia, pues permite acotar los tiempos para que la autoridad se apegue a
los términos señalados en la propia ley, y dé una respuesta oportuna, pronta,
expedita, en beneficio de la ciudanía, además de que se le otorga mayor certeza
jurídica.
Consideramos
que con esta propuesta se apuntala derecho a una justicia pronta y expedita
establecida en el artículo 17 constitucional y, por supuesto, en pro del debido
proceso en materia administrativa, al cual tienen derecho todas las personas.
Por
lo aquí expuesto nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor del presente
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del
artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es cuanto.
El
Vicepresidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Fijará la postura del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional el diputado Enrique Alejandro Flores
Flores.
El
diputado Enrique Alejandro Flores Flores: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras
diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional felicita a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por la
aprobación de este dictamen, asimismo hacemos el reconocimiento a los
promoventes.
Acción
Nacional siempre ha estado a favor de la transparencia, Acción Nacional siempre
ha estado a favor de la rendición de cuentas, pero sobre todo Acción Nacional
siempre ha estado a favor de los ciudadanos.
Este
dictamen da certeza jurídica a los ciudadanos, ya que ante los procedimientos
administrativos en materia de transparencia y anticorrupción debe operar la
caducidad de la instancia más no de la acción. Consideramos que esto brinda sin
duda alguna la motivación la autoridad para que trabaje de forma
eficiente y de manera eficaz en la resolución de los problemas y los conflictos
que atañen en materia de transparencia y anticorrupción.
Decirles
que este dictamen está dando tres meses para que no exista la inactividad de
los procesos administrativos, estamos dando un término cierto y que
consideramos justo para que estos temas en materia de transparencia se
resuelvan y tengan un curso fluido, ya que no es posible que la autoridad
dilate los procesos o bien el ciudadano dilate los procesos con la inactividad,
ya que al interior de los órganos de gobierno existen ciertas herramientas que
dilatan los procedimientos administrativos.
Con
esto estamos dando la certeza jurídica de que si no se continúa con estos
procedimientos vana a caducar. Por supuesto que también estamos reafirmando el
compromiso que tiene Acción Nacional con los ciudadanos, ya que estamos dando
equidad a la certeza para que los ciudadanos tengan la convicción y puedan
tener cierto que la autoridad va a dar trámite a sus procedimientos
administrativos sin dilatarlos. No podemos permitir que la autoridad siga
siendo dilatoria de los procedimientos administrativos.
La
propuesta contenida en el presente dictamen dota de mayor seguridad jurídica al
gobernado al evitar incertidumbre que supone un procedimiento administrativo en
cuanto al tiempo para su ejecución. Esto cierra la posibilidad de que las
autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio; sino por el contrario,
observen y atiendan puntualmente las reglas que establecen cuando nace o cuando
concluye una facultad para no generar incertidumbre.
En
este sentido es importante señalar que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional
el presente dictamen debe ser aprobado con el fin de otorgar mayor seguridad
jurídica a los gobernados, a afecto de que los procedimientos administrativos
encuentren un inicio y una conclusión sin arbitrariedad de los encargados en
resolver estos procedimientos.
Con
esto, Acción Nacional nuevamente vuelve a dar el paso para los ciudadanos,
nuevamente da el paso adelante en la certeza jurídica y por supuesto volvemos a
dar el paso y refrendamos el compromiso con la transparencia, ya que este
dictamen es el primero que se discute en el último año de ejercicio de esta
legislatura y por supuesto Acción Nacional tiene como prioridad la
transparencia y la rendición de cuentas. Muchísimas gracias, diputado
presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Del Partido Revolucionario Institucional, para
fijar la postura de este grupo parlamentario, le otorgamos el uso de la palabra
a la diputada María del Rocío García Olmedo.
La
diputada María del Rocío García Olmedo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y
compañeros legisladores, llevar a cabo una adecuada impartición de justicia ha
sido uno de los principales objetivos del Estado mexicano y por ello es
necesaria la implementación de mecanismos de regulación cada vez más precisos y
estrictos, que permitan avanzar hacia un mayor control de los órganos
encargados de llevar a cabo esta función, asegurando así la protección de los
derechos de los gobernados.
En
el artículo 17 de nuestra Carta Magna se establece que ninguna persona podrá
hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho,
así como que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial.
La
caducidad es una institución procesal de seguridad jurídica que evita la
incertidumbre que supone un procedimiento, y puntualiza la eficacia de un
procedimiento en cuanto al tiempo para no dejar abierta la posibilidad de que
las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino que observen y
atiendan puntualmente las reglas que establecen para no generar incertidumbre y
arbitrariedad.
Por
tal motivo, en la reforma planteada en el dictamen que hoy nos encontramos
discutiendo ha quedado de manifiesto que en los procedimientos que se inician
por oficio, únicamente operará la caducidad hasta el momento en que corra el
plazo para la emisión de la resolución, permitiendo con esto que la autoridad
reanude en todo momento la vigencia del proceso, incluso cuando pudieran haber
transcurrido años sin que se cuente con una sanción para su inactividad
procesal.
Es
por esto que consideramos acertado establecer en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, que para el caso de procedimientos iniciados de
oficio se prevea, que se entenderán caducados, no sólo en el caso de que
transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar
resolución, sino también en aquellos en que la autoridad por su inactividad
haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses.
Lo
anterior, no sólo garantiza que se lleve a cabo una adecuada impartición de
justicia, sino que se ajusta a lo establecido en el artículo 13 de nuestra
Constitución, el cual establece que la actuación administrativa en el
procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía,
celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
Es
así que la adición propuesta por los legisladores promoventes de la iniciativa
brindará mayor seguridad y certeza jurídica, así como operará en pro del
derecho fundamental de una justicia pronta y expedita. De igual forma, al
robustecer la figura de caducidad en el procedimiento administrativo mediante
esta reforma, permitirá fortalecer aún más la impartición de justicia, la cual
se encuentra enfocada en la protección de los derechos de la sociedad. Por lo
que en este caso se conservan los principios de impartición de justicia y se
conserva también el interés social perseguido por el Estado.
Compañeras
y compañeros legisladores, la impartición de justicia en el país ha avanzado
mucho en las materias familiar, civil y penal. Las reformas aprobadas por el
Congreso han sido primordiales para asegurar que se respeten los derechos de la
sociedad.
Sin
embargo, no podemos olvidar la impartición de justicia en el ramo
administrativo, ya que también en esta rama se debe garantizar la seguridad
jurídica de los gobernados. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PRI
votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada García Olmedo.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 104, numeral 1,
fracción V del Reglamento de esta Cámara, esta Presidencia informa que se han
registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes
diputados, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano; el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano.
En
esos términos, hasta por tres minutos le otorgamos el uso de la palabra al
primero de los señores diputados que he nombrado.
El
diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, a pesar de estar en esta
asamblea semivacía, este dictamen es sumamente importante. Debo advertir que
hay en este tema de la caducidad, como institución procesal, opiniones
distintas, dispares y hasta encontradas acerca del alcance, acerca del
propósito y acerca de si debe de persistir en el derecho procesal mexicano la
figura de la caducidad, que en algunos textos de derecho procesal se han
eliminado.
Hace
un rato conversaba con un diputado del Partido Verde sobre una reflexión que
hacía él sobre el término de la caducidad, pero también en un análisis
comparativo con el término de la negativa ficta y la afirmativa ficta.
Quiero
expresarles, que en algunos textos se ha venido abonando esta figura procesal y
en algunos otros se han eliminado, en el contexto del contencioso
administrativo, en algunos códigos procesales. Y también es una figura que es
necesario aplicar para no dejar sin defensa a los gobernados. Podría pensarse
al contrario, que son en beneficio de la autoridad estas disposiciones
contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo
60. Hemos acordado revisarlo, me parece correcta su observación.
Y
quiero agradecerles, sobre todo a la comisión que preside Areli Madrid, hemos
presentado cerca de 400 iniciativas de ley en estos dos años de ejercicio
legislativo. En estas 400 iniciativas que hemos presentado, sólo se han
obtenido una decena de dictámenes positivos. No obstante, que el contenido de
muchas de estas normas son indispensables.
Por
ejemplo, presentamos una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que duerme
el sueño de los justos. Presentamos también múltiples iniciativas para combatir
la corrupción, para fortalecer el federalismo, para combatir la pobreza.
De
las 400 iniciativas, muy pocas han tenido este sentido positivo en su dictamen,
por eso, aunque no es muy dado felicitar a miembros del PRI, miembros de otros
partidos, en esta ocasión yo quiero expresar mi felicitación a Areli Madrid y a
la comisión por haber dictaminado positivamente.
Hay
otras comisiones, como la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que no han
pasado muchas de ellas, a pesar de que tenemos la razón, pero que por el simple
hecho de presentarlas nosotros, como adversarios políticos, los diputados
asumen una actitud de estar en contra de nosotros, por presentarlas nosotros, a
pesar de la voluntad que pueda expresar positivamente el presidente de la
comisión.
Ojalá
y pudiéramos sacar más iniciativas de las que hemos presentado y que de verdad
son indispensables para actualizar el derecho vigente, para actualizar la norma
y para generar condiciones propicias de gobernabilidad en este país.
Muchas
gracias y éste es un ejemplo de lo que pudiera hacerse. Creo que va a ser muy
difícil, sobre todo ahora que ustedes han retrocedido en materia de
nacionalismo y en materia de una actitud en beneficio de la patria. No va a ser
fácil después del daño que le han causado al país.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Tiene ahora el
uso de la palabra y para hablar en pro, y hasta por tres minutos, el diputado
Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, sumarme al
reconocimiento de la Comisión de Transparencia en este tema que busca dar
certeza jurídica en los procedimientos administrativos.
Originalmente
habíamos planteado modificar dos artículos, pero esta reforma al artículo 60 de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, me parece que le da más certeza
a los procedimientos que se llevan a cabo tanto por lo que tiene qué ver con la
autoridad como lo que tiene qué ver con los gobernados, con los ciudadanos y
con quienes son materia de esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Nosotros
en Movimiento Ciudadano buscamos reducir la discrecionalidad y que haya un
marco jurídico más claro tanto para la autoridad como para quienes impugnan
actos que puedan ser llevados a cabo y que afecten sus derechos, que afecten
sus garantías, que afecten su esfera como seres privados.
En
ese sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo no solo en este tema que tiene
qué ver con la Ley de Procedimiento Administrativo sino en el tema de la
transparencia y el combate a la corrupción.
Me
parece, lo hemos escuchado de dientes para afuera, que todos los partidos
indican para este periodo de sesiones una visión de combate a la corrupción,
pero vamos a verlo ya en los hechos. Nosotros no creemos que la solución esté
en seguir creando más organismos como la Comisión Anticorrupción, sino quizá
fortalecer las competencias de atribuciones de la Auditoría Superior de la
Federación, de la propia Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, revisar los órganos de control interno de las dependencias, de los
organismos públicos. Y me parece que debe haber un combate a fondo, no nada más
para taparle el ojo al macho y que se vea como que hay una decisión del
gobierno por combatir este flagelo, sino que se traduzca en verdaderas
instancias.
No
insisto en crear más organismos, porque de qué han servido hoy, por ejemplo,
para los que son agredidos en sus derechos humanos, una Comisión Nacional de
Derechos Humanos que es omisa, que no cumple su función, que cuando hay grandes
intereses que se afectan el Ombudsman se hace de la vista gorda; de qué nos
sirve un Ifai cuando no presenta acciones de inconstitucionalidad en temas como
fue la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece limitaciones a las
libertades y a las comunicaciones privadas.
Pero
ése será sin duda tema de la agenda legislativa de este periodo, y en tanto
celebramos que esta iniciativa haya sido aprobada por la Comisión de
Transparencia y que pueda ser aprobada por este pleno. Es cuanto.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. En atención a que
se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en
votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y
en lo particular.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas
y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general y en lo
particular.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se pide a la Secretaría que abra el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo
144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular.
(Votación)
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir
su voto?
El
diputado Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (desde la curul): A favor
La
diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 393 votos a
favor, 3 abstenciones y 0 en contra.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 393
votos el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pasa al Senado de la República
para sus efectos constitucionales.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estimadas diputadas, estimados diputados. Los
grupos parlamentarios han planteado a esta Mesa Directiva el que pasemos a la
discusión de proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Esta Mesa Directiva obsequia en consecuencia la petición.
El
diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul). Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, señor diputado? Sonido. Adelante,
diputado Jorrín.
El
diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Es un tema en relación a lo que está
ocurriendo en Guerrero en el tema de seguridad. Tenemos graves problemas en
Tixtla y en Chilpancingo, con el efecto -tal vez- cucaracha -que le llaman- en
el tema de seguridad, en donde la gente está viviendo una zozobra eterna y se
requiere que este Congreso tome las medidas correspondientes para que no
solamente al estado de México vaya la Gendarmería, sino también en estos dos
estados, en Morelos que está ocurriendo lo mismo, una situación muy delicada
con una cantidad enorme de secuestros, lo mismo que está ocurriendo en el
centro del estado de Guerrero.
Por
lo tanto, señor presidente, yo le pido que usted tome las medidas
correspondientes para que la Gendarmería también sea asignada a estos lugares.
Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Víctor Jorrín. Por ahora su
planteamiento queda incorporado al Diario de los Debates. Muchas gracias.
En
los términos que les he expresado y, de conformidad con el artículo 76,
fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por
cinco minutos la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de
Relaciones a Exteriores convoquen a una cumbre con sus homólogos de los Estados
Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El
Salvador, para que elaboren una declaración conjunta que garantice la
salvaguarda de los derechos humanos y la dignidad de los niños migrantes no
acompañados. Diputada Jiménez Esquivel, tiene el uso de la palabra.
La
diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su permiso, señor presidente. Estimadas
diputadas y diputados, es doloroso ver el hambre, la discriminación y el
maltrato que padecen los llamados “niños no acompañados” en su tránsito por
Centroamérica, México y la frontera sur con Estados Unidos de Norteamérica.
Pero
esto no es lo único que sufren; también son víctimas de la delincuencia
organizada, la trata y la explotación inhumana y degradante.
A
pesar de esos peligros, el número de niños migrante no acompañados ha aumento
considerablemente debido a la violencia e inseguridad existente en sus países
de origen, así como su deseo natural de reunirse nuevamente con sus padres o
familiares residentes en los Estados Unidos.
Los
datos del Colegio de la Frontera Norte son contundentes; fueron detenidos por
las patrullas fronterizas de Estados Unidos, hasta hace un mes, 46 mil 188
menores y actualmente la cifra ya supera los 52 mil 193 niñas y niños.
De
acuerdo a las investigaciones realizadas por la institución académica, 11 mil
son mexicanos; 13 mil son hondureños; 11 mil guatemaltecos y 9 mil proviene de
El Salvador. Así el total de menores centroamericanos detenidos en 2014
equivale al 45 por ciento de las deportaciones hechas en los cinco años.
En
2009 se reportaron 3 mil 304 detenidos; en el 2010, más de 4 mil; en el 2011, 3
mil 933; para 2012 la cifra aumentó a más del doble, es decir, a más de 10 mil
deportaciones; y en el 2013 a más de 20 mil.
Por
eso debemos anteponer el interés superior al menor y defender en el corto plazo
esta crisis humanitaria infantil.
Ante
esta problemática en los últimos 15 días de junio nuestro gobierno sostuvo al
menos tres reuniones con autoridades de los países centroamericanos. Al
respecto el secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, detalló que
se ha fortalecido la coordinación con las embajadas de Guatemala, El Salvador y
Honduras e incluyó a la Red Consular Mexicana en Estados Unidos a contactar a
sus contrapartes centroamericanos para hacer frente a esta situación.
A
la luz de lo anterior los mexicanos debemos hacer frente a esta penosa y
vergonzosa situación con liderazgo y decisión, para ser congruentes con los
instrumentos internacionales que se han firmado como son: la Convención Sobre
los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los
Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación del
Niño en los Conflictos Armados; el Convenio Sobre la Edad Mínima de 1973, y el
Convenio Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, en 1999.
Esta
amplia legislación internacional coincide en que las niñas y niños tienen
derecho a disfrutar de una vida plena y feliz, a vivir en el seno de una
familia, a disfrutar de una alimentación saludable, a la educación, a la salud
y a un medio ambiente sano y sustentable, entre otros.
Bajo
estos principios, los Estados, independientemente de su forma de gobierno o de
poder económico, tienen la obligación de hacerlos efectivos, además de
garantizar el derecho a la vida y el bienestar de la infancia.
Lo
anterior pone en claro la necesidad de establecer un instrumento internacional
en la materia que reconozca la problemática en cuestión y establezca
responsabilidades compartidas entre los Estados involucrados a efecto de
salvaguardar de manera integral los derechos de las niñas y los niños.
Es
urgente que los jefes de Estado y de gobierno, así como los secretarios y
ministros del exterior, se reúnan para elaborar, de manera consensuada, dentro
del ámbito de sus competencias, una declaración que garantice la protección y
salvaguarda de los derechos humanos de las niñas y los niños no acompañados y
además establezcan las garantías necesarias a efecto de construir mecanismos
que propicien mejores condiciones de vida en sus países de origen.
Hagamos
un llamado al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a tomar conciencia
del problema para darle una solución de responsabilidad compartida y, a partir
de un enfoque humanista, evitar resolverlo bajo una interpretación de seguridad
nacional.
Ya
hay antecedentes. El pasado 29 de julio los gobiernos de México y California
exigieron que se dé un enfoque humanitario al problema de los niños migrantes
no acompañados y rechazaron el uso de las fuerzas públicas o militares como una
respuesta ante las emergencias, como ha sido el despliegue de la guardia
nacional y personal militar en Texas.
Por
esta razón, la Cámara de Diputados eleva un llamado urgente a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en los términos de los artículo 1o y 4o
constitucionales, y a sus homólogos de los países mencionados en los términos
de sus leyes locales para que, de manera corresponsable, se elaboren soluciones
a la pobreza y a la violencia e inseguridad para evitar que las niñas y los
niños sigan abandonando sus países de origen.
Por
lo anterior expuesto el Partido Acción Nacional somete a consideración de esta
soberanía lo siguiente:
Primero.
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias y a través de los
conductos adecuados, convoquen a una cumbre de sus homólogos de los Estados
Unidos de Norteamérica, Guatemala, Belice, Costa Rica, Hondura, Nicaragua y El
Salvador para que, de manera coordinada, elaboren una declaración
conjunta que garantice los derechos humanos y la dignidad de niñas y niños
migrantes no acompañados en su camino a los Estados Unidos de Norteamérica, con
el fin de luchar contra esta crisis humanitaria.
Segundo.
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, a través de los
conductos adecuados promuevan, junto con los Estados Unidos de Norteamérica,
Guatemala, Belice, Costa Rica, Hondura, Nicaragua y El Salvador, la elaboración
de políticas comunes para que, en un marco de corresponsabilidad y de apoyo
financiero compartido, se garanticen mejores condiciones de vida, se revierta
la violencia y la inseguridad existente en dichos países que provocan la
expulsión de las niñas y los niños.
Tercero.
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de
sus competencias y a través de los conductos adecuados, promueva junto con los
Estados Unidos de Norteamérica, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El
Salvador, mecanismos e instrumentos que permitan abordar la problemática desde
un punto de vista humanitario, a efecto de evitar el despliegue de personas u
organizaciones armadas que atentan contra la vida de esta niñas y niños, y
personas que cruzan la frontera norte, particularmente del personal militar y
de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Es cuanto, señor
presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Jiménez Esquivel. Para los
efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la
Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente
resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se considera de urgente resolución. Para los
efectos del artículo 100 y 113 numeral 1, fracción I, del reiterado Reglamento
de esta Cámara, se han registrado para hablar sobre el tema los siguientes
señores diputados y señoras diputadas: diputado René Ricardo Fujiwara
Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; diputada Loretta Ortíz Ahlf,
del Partido del Trabajo; diputada Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano;
diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática; diputado Raúl Gómez Ramírez, del
Partido Acción Nacional, y la diputada Leticia Calderón Ramírez, del Partido
Revolucionario Institucional.
Tiene
el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado nombrado en primer
término, Ricardo Fujiwara. Adelante, por favor.
El
diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado Presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Perdón, rectifico, señor diputado, con su
autorización; el uso de la palabra será hasta por tres minutos. Por favor,
adelante.
El
diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con su permiso, diputado
presidente; con el permiso de mis compañeras y compañeros.
La
migración, como todos lo sabemos, es un fenómeno creciente que evidencia las
condiciones de pobreza, marginación y falta de oportunidades que viven los
países expulsadores de indocumentados.
El
desempleo y la inseguridad, son factores determinantes para que miles de
personas año con año abandonen sus países de origen y decidan migrar en forma
indocumentada hacia los Estados Unidos.
En
sí mismo, éste ya es un fenómeno con grandes aristas, pero que en los últimos
años y en los últimos meses ha cobrado dimensiones superiores, debido al
considerable aumento del flujo migratorio de niños no acompañados.
Estos
niños han decidido viajar solos porque ya atraviesan difíciles situaciones que
los obligan a dejar sus hogares, ya sea buscando reunirse con sus familias que
previamente se han movido a Estados Unidos o por la necesidad imperante de
escapar de la violencia o de cualquiera de sus múltiples variantes.
Las
cifras nos muestran la extensión del problema, de acuerdo con datos presentados
por Estados Unidos en los últimos ocho meses 52 mil 193 niños llegaron a ese
país sin padres, provenientes principalmente de países como México, Honduras,
Guatemala, El Salvador y Belice. Y en los primeros cinco meses de este año las
autoridades estadounidenses han deportado a México cerca de 6 mil 330 niños,
principalmente originarios de Centroamérica.
Todos
estos pequeños están expulsados y están expuestos también a una gran cantidad
de peligro. Por su condición de vulnerabilidad son proclives a riesgos para su
salud, su integridad física, su dignidad e incluso su propia vida.
En
el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos la convicción de salvaguardar
los derechos de cada una de estas niñas y de cada uno de estos niños. En primer
lugar hay que recordar que todos los niños están protegidos por la Convención
de Derechos del Niño sin importar su categorización, nacionalidad o estatus
migratorio.
Desde
este punto de vista es importante establecer que esta crisis tiene que ser
tratada de manera humanitaria, anteponiendo siempre el interés superior del
niño. No podemos permitir que se va a estos infantes como invasores de un país
y que se les trate o se les persiga como criminales.
Al
ser un fenómeno multinacional es competencia de los países involucrados: de
Estados Unidos, como país receptor, de México, de Honduras, de Guatemala, de
Belice, de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador. De todos estos países es
su obligación implementar programas y políticas para hacer frente a esta gran
crisis.
Por
ello la urgente necesidad de promover la búsqueda de consensos a nivel regional
para atender de esta manera el fenómeno de los niños migrantes, siempre en el
marco del respeto a sus derechos humanos.
El
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de
acuerdo para establecer mecanismos e instrumentos internacionales que
reconozcan y aborden de manera específica la problemática humanitaria que este
tipo de migración significa, para que de manera conjunta se establezcan
responsabilidades compartidas entre los Estados a efecto de salvaguardar de
manera integral los derechos humanos de cada uno de los infantes que están
migrando solos.
Compañeras
y compañeros, es una situación dramática la que viven miles de niñas, niños y
adolescentes, que se ven en la necesidad de viajar solos a lo largo del país,
debemos hacer algo para mitigar su carga, evitarles peligros que pongan en
riesgo su integridad y brindarles la seguridad y protección que tanto merecen.
Por su atención y comprensión, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas
gracias, diputado presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada
Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por
tres minutos.
La
diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros
diputados, es increíble que con nuestro socio comercial después de la
celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994 y
de igual forma que han firmado los países de Centroamérica instrumentos
internacionales en materia comercial, en las fronteras tanto de Estados Unidos
como la propia de México y en ese tránsito de los países centroamericanos hacia
ese país que es Estados Unidos, tengan más facilidades de ingreso y mejor
trato, trato nacional y cláusula de la nación más favorecida, las mercancías
díganse las sillas, mesas, computadoras, en fin, un sinnúmero de artículos, a
las personas, a los niños en específico.
El
Tratado de Libre Comercio de América del Norte no establece una sola cláusula,
una de respeto a los derechos humanos, sin embargo somos uno de los principales
socios comerciales de Estados Unidos de Norteamérica, y a su vez tampoco no
tenemos una sola cláusula de protección de los centroamericanos que reclaman
también el mismo trato en nuestro país, con los cuales hemos celebrado acuerdos
comerciales de respeto de los derechos fundamentales.
Curiosamente
en Europa la piedra angular de todos los tratados de la Unión Europea y la
materia obviamente comercial, está inserto el respeto a la democracia y a los
derechos humanos. Y ello a razón del papel que jugó el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y los propios países europeos. En cambio en este continente
tienen más preocupación por los asuntos comerciales que por los derechos
humanos de las personas.
En
el caso de los niños es especialmente grave la situación. Si los migrantes
indocumentados son invisibles, el caso de las afectaciones con los niños es
angustioso, de suma urgencia y una situación dramática.
También
llama la atención que este fenómeno no es reciente, es de hace más de 20
años pero ahorita, como ha causado una crisis humanitaria, ahorita sí,
ahorita se quieren acordar, quizás también porque es año de elecciones, no lo
sé, pero tuvieron mucho tiempo para acordarse de esta problemática y no tenemos
a nivel interno ni a nivel tampoco con acuerdos con Estados Unidos o con
Centroamérica, una preocupación real por firmar sendos acuerdos, tratados
internacionales referentes al trato que deben recibir los migrantes, no importa
si son legales o ilegales, y si entre ellos obviamente a mayoría de razón, si
hay niños, mujeres o ancianos.
El
Partido del Trabajo obviamente está de acuerdo y da un beneplácito al punto de
acuerdo de urgente u obvia resolución, sin embargo lamentamos y creemos que sea
insuficiente esas reuniones parlamentarias o conferencias que se vayan a dar,
mientras no se inserte en instrumento, un instrumento internacional donde
acepten los Estados obligaciones y compromisos relativos a esta materia, que ya
están establecidos en los tratados de derechos humanos, porque están en la
Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Trabajadores
Migratorios y sus Familias, en fin, en un sinnúmero más de instrumentos
internacionales. Estos instrumentos no distinguen entre migrantes legales o
ilegales, entre niños o adultos, protegen a todo ser humano, sin importar si
este es de cualquier raza, cualquier condición social y si bien es legal o
ilegal.
Por
las consideraciones antes señaladas hacemos votos para que estas reuniones se
lleven a cabo con éxito y aprobamos el punto de acuerdo que se nos está
presentando, no sin antes hacer un llamado para exigir al gobierno de Estados
Unidos de América un acuerdo donde se exija un trato de respeto a los derechos
humanos para todos los niños. Es cuanto, diputado presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Tiene el uso de
la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.
La
diputada Lorena Méndez Denis: Con su venia, señor presidente. El Estado mexicano no ha asumido su
responsabilidad con la niñez. Tenemos más de 23 años de rezago en la aplicación
de la Convención de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas.
En
nuestro país cuatro de cada 10 mexicanos son menores de edad. Debido al alto
porcentaje que representa este sector de la sociedad, el 29 de mayo del 2000
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto
garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución.
Desafortunadamente
dicho ordenamiento ha quedado en letra muerta, tal y como lo demuestra el
apartado C de su artículo 14, el cual estipula que se debería diseñar y
ejecutar las políticas públicas que sean necesarias para la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual, a 14 años de su
promulgación continua sin ocurrir.
Como
consecuencia de lo anterior, constantemente somos testigos de noticias en las
que los menores de edad son sometidos a malos tratos, viven en condiciones
insalubres y experimentan abusos sexuales, situación que se ha evidenciado en
casos como el operativo de la Procuraduría General de la República en el
albergue de La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, o en la red de trata
encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur.
Dentro
de los menores de edad existe un grupo que sobresale por su vulnerabilidad, el
cual corresponde a los niños migrantes. En el caso particular de nuestro país,
de acuerdo con el censo de población y vivienda 2010, 609 mexicanos dejan el
país al día, de los cuales el 50 por ciento corresponde a jóvenes y
adolescentes.
Por
su parte, el boletín estadístico de la Secretaría de Gobernación, Repatriación
de mexicanos 2014, revela que existen 20 mil 546 menores migrantes repatriados
desde Estados Unidos de América, integrados de la siguiente forma: 19 mil 230
son mayores de 18 años; mil 173 tienen entre 12 y 17 años, y 143 oscilan entre
los cero y 11 años de edad.
Asimismo,
resulta importante mencionar que de manera geográfica el problema se acentúa en
Centroamérica, pues tan sólo en los primeros cinco meses del 2014, las
autoridades de Estados Unidos han deportado a nuestro país cerca de 6 mil 330
niños, principalmente pertenecientes a esta zona.
Lamentablemente
se estima que este fenómeno aumentará en los próximos años, debido a la
dinámica poblacional, a la desigualdad económica, a los conflictos de
violencia, a los estados fallidos, a la escasez de recursos y a los desastres
naturales y presiones medioambientales.
Como
respuesta a ello, el gobierno mexicano ha sostenido reuniones con
anterioridades de diversas naciones centroamericanas, entre las que destacan
Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Por
lo previo, Movimiento Ciudadana votaremos a favor del punto de acuerdo que hoy
se discute, pues la elaboración de una declaración conjunta que garantice la
salvaguarda de los derechos humanos de las niñas y niños migrantes no sólo
resulta deseable, sino urgente. No obstante, consideramos que este tipo de
exhortos se traducen en acciones insuficientes ante un problema que vulnera a
la sociedad desde lo más profundo.
Estamos
convencidos de que no basta únicamente con crear una declaratoria, sino que
ésta se debe implementar de manera eficaz, ya que actualmente existen numerosas
disposiciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño;
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo
a la participación de niños en los conflictos armados; el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Convenio
sobre la edad mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
que no se han traducido en resultados concretos que representa un beneficio
para los menores de edad.
Del
mismo modo, por qué limitarnos a un punto de acuerdo, cuando las medidas
propuestas pueden influir en la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados, que próximamente se discutirá en
el Congreso.
Por
qué no luchar por la inclusión de estos temas dentro de la iniciativa
preferente, anunciada por Peña Nieto, sobre la Ley General de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Dejemos
de lado los pronunciamientos tibios y asumamos nuestra labor como legisladores,
con propuestas concretas, que aborden la problemática de los niños migrantes de
forma integral, ya que ésta viene acompañada de maltratos, aislamientos,
violencia, malas condiciones de trabajo, omisión del pago de salario y la
amenaza de ser denunciados a las autoridades, y que propongan el otorgamiento
de ayuda humanitaria por parte de organismos de cooperación internacional, como
la Cruz Roja, sólo así lograremos un verdadero impacto y no sólo buenas
voluntades que al bajar de tribuna se traducen en letra muerta.
Por
lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a
favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lorena Méndez.
Tiene
ahora la palabra hasta por tres minutos el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El
diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente, y que además aprovecho para felicitarlo
por esta nueva responsabilidad.
Compañeras
diputadas, compañeros diputados, la Convención sobre los Derechos del Niño es
el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, incorpora a toda
la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales.
En
1989 los líderes mundiales se dieron cuenta de que los niños y niñas debían
contar con una convención especial, creada específicamente para ellos. Debido a
que los menores de 18 años precisan de cuidados especiales.
En
el caso de los niños migrantes no acompañados, la Convención sobre los Derechos
del Niño en su artículo 22 menciona que los Estados parte reconocen que
adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de tener el
estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el
derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables, reciba
tanto si está solo como si está acompañado de sus padres, la protección y
asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos enunciados en
la presente Convención.
Los
niños migrantes no acompañados son considerados migrantes políticos, ya que
debido a conflictos internos la violación masiva de los derechos humanos en su
país de origen, entre otras razones, se ven obligados a abandonar sus países.
Este tipo de migración se caracteriza primordialmente por ser forzada y
urgente.
Resultado
de lo anterior y en cumplimiento a las obligaciones y resultado de la
Convención sobre los Derechos del Niño y particularmente en atención al
principio de No devolución, el Estado no trasladará al niño, la niña o el
adolescente a un país donde haya motivos racionales para pensar que existe un
peligro real de daño reparable que los afecte, como por ejemplo: tortura,
tratos degradantes y privación de la libertad.
En
este sentido y en concordancia con las ideas vertidas con antelación, las
detenciones y deportaciones implementadas por los gobiernos de los Estados
Unidos de Norteamérica viene a trastocar el enramado jurídico internacional,
cosa que no puede seguir pasando.
En
un estudio realizado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados para los Estados Unidos y El Caribe, la ACNUR, donde se
entrevistaron a 404 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, se
llegó a la conclusión de que las diversas historias demuestran inequívocamente
que muchos de estos niños desplazados se enfrentan a graves peligros y
dificultades en sus países de origen.
Nuestro
país no es ajeno a esta problemática, ya que la cuarta parte de los 47 mil niños
detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, entre octubre de 2013 y
mayo de 2014 son mexicanos. Según informes de la Unicef es imperativo en este
tenor enfocar los esfuerzos de prevención en entidades como Zacatecas,
Michoacán y Oaxaca que es en los lugares de nuestro país donde mayor migración
hay.
Resulta
pues de gran relevancia encontrar los mecanismos idóneos para que los estados,
la sociedad civil y el ACNUR puedan trabajar en la colaboración para asegurar
de la mejor manera que a estos niños se les provea la protección que necesitan
y merecen desesperadamente.
En
síntesis tenemos que reconocer que la violencia e inseguridad tanto en México
como en la mayor parte de Centroamérica han resultado en el desplazamiento de
niños en la región, por lo tanto es necesario priorizar la protección
internacional de estos menores, asegurar que el principio del interés superior
del niño sea un componente central de cualquier respuesta que esté relacionada
con las necesidades de protección de los niños, incluida la evaluación de una
solicitud de refugio, asilo o cualquier otra forma de protección internacional.
Por
último, resulta fundamental llevar a cabo medidas tanto regionales como
nacionales para abarcar las causas de base desplazamiento de estos niños en un
esfuerzo para reducir los factores que conducen a su desplazamiento forzado.
En
la fracción del Partido Verde creemos que los niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados no deberían de ser privados de su libertad por causas
relacionadas con la migración; por lo tanto, los Estados deben presentar
medidas alternativas, establecer las medidas en su legislación y elaborar
políticas públicas que garanticen la aplicación efectiva de dichas medidas
alternativas por las autoridades competentes.
Es
por lo anteriormente establecido que apoyamos el presente exhorto, ya que
consideramos que los problemas regionales solo podrán resolverse por medio de
la cooperación internacional y el diálogo de la diplomacia. Muchas gracias,
señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Ernesto Núñez. Tiene la
palabra ahora la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
La
diputada Amalia Dolores García Medina: Estimado señor presidente, paisano; compañeras,
compañeros. Esta propuesta, este punto de acuerdo, me resulta y nos debe
resultar muy relevante.
¿De
qué debemos partir? Debemos partir de un concepto fundamental: los niños
migrantes, antes que migrantes son niños, tienen derechos y hemos firmado
convenciones internacionales poniendo en el centro que se deberán garantizar el
respeto de la niñez. Yo subrayo y reitero. Antes que migrantes son niños y
tienen que tener garantizado su interés superior.
Segundo.
El fenómeno de la migración, este fenómeno de este éxodo tremendo que se ha
vivido con niños migrantes no acompañados, es un fenómeno regional y, por lo
tanto, efectivamente, la visión, las decisiones, las acciones, las políticas
públicas, las leyes que se aprueben, tienen que tener una dimensión regional.
Hay
un fenómeno de movilidad humana de tránsito, un éxodo, pero también hay que
decir que de lo que se trata –y éste es un debate a nivel internacional; el
propio gobierno mexicano y Estados Unidos tendrán que entrar a este debate- es
que tenemos que poner en el centro otro concepto. No se trata, cuando hablamos
de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de un asunto de
seguridad nacional. En absoluto y de ninguna manera puede ser aceptable que sea
ese el concepto que se utilice. El que se tiene que utilizar es el de seguridad
humana. Ése es el que deben garantizar los países de la región ante este
fenómeno donde deberían estar implícitos el respeto y la garantía a la
protección de los derechos de niñas y de niños.
Se
tiene que ir a las causas de fondo. ¿Por qué están emigrando? ¿Por qué hay este
éxodo de niñas y niños? Es cierto que ha existido siempre, pero el número, la
cantidad del volumen de niñas, niños emigrando en los últimos cuatro años ha
rebasado absolutamente todo. No es igual lo que sucedía con niños migrantes
hace seis, ocho años, a lo que sucede en los últimos cuatro años El fenómeno
entonces tiene que revisarse y hay que revisar las causas.
Yo
quiero subrayar algo que resulta también relevante y por eso la propuesta de
una reunión de los gobernantes, de los jefes de Estado de Centroamérica, México
y Estados Unidos resulta pertinente.
Quiero
poner en el centro un tema que resulta muy doloroso, muy fuerte. La mayor parte
de estos niños que están en este éxodo provienen de Honduras, y Honduras se ha
convertido en el país con más alto índice de homicidios en el planeta en los
últimos cuatro años. Pero paradójicamente –hay que decirlo- resulta que la
mayor parte de las armas que inundan nuestra región provienen de los Estados
Unidos. Son armas que han cruzado y han llegado a México y han llegado a
Centroamérica.
Yo
deseo subrayar que resulta increíble e insoportable, inaceptable por supuesto,
que el gobernador de Texas, Rick Perry, haya decidido que vaya la Guardia
Nacional para actuar frente a los niños migrantes que llegan de Centro América,
cuando el 50 por ciento de las armas que cruzan a México y a Centroamérica
fueron vendidas en Texas.
Si
no quiere que lleguen los migrantes tenemos que parar la violencia y controlar
el tráfico de armas. La venta de armas en esos 12 mil puntos de venta que hay
en Estados Unidos, frontera con México, tendría que ser parte de los acuerdos.
Es un asunto sustancial.
El
otro tiene que ver con pobreza. Ésta es la región más desigual del planeta. Ya
decía el padre Solalinde, –decía– haciéndole un llamado al obispo de Honduras,
le decía “la pobreza es tremenda en Honduras; cinco familias dominan la riqueza
de ese país y los demás viven en la pobreza”.
Pero
no dejemos de hablar de México. En México tenemos al hombre más rico del
planeta.
Y
de este éxodo de cerca de 60 mil niños migrantes en Estados Unidos, una cuarta
parte son mexicanos. Hay que ir a las cusas. Tiene que haber inversión
productiva, tiene que haber empleo, tiene que haber educación, tiene que
garantizarse que cese la violencia. Es sólo atendiendo a las cusas de fondo
como esto se podrá enfrentar. Y se requieren políticas públicas con una visión
regional, con responsabilidad compartida, se requieren recursos, se requiere
atender aquello que obliga a la migración.
Bien
lo dice Héctor Aguilar Camín: “querer legislar en contra de la migración o
poner grupos y corporaciones y fuerzas armadas para querer detener la
migración, es como querer legislar contra la ley de gravedad”. Mientras las
causas existan seguirá habiendo migración.
Y
por eso me parece pertinente esta reunión, esta declaración que en realidad
debe de ser un compromiso conjunto de los gobernantes de la región.
Por
cierto, en la iniciativa preferente que ha enviado el presidente de la
república sobre niñas, niños y adolescentes, incluye en una parte niños
migrantes.
Me
parece interesante y hay que revisar la iniciativa. Pero hay un punto en el
cual estoy en desacuerdo: el interés superior de los niños migrantes no
acompañados y adolescentes, de ninguna manera lo puede determinar el Instituto
Nacional de Migración. Ni siquiera en Estados Unidos está establecido así.
En
Estados Unidos la Border Patrol y el AIC, canalizan a los niños
migrantes, termino, señor presidente, los canalizan a un procedimiento judicial
en donde hay abogados y puede tardar incluso varios años la determinación de la
situación de los niños.
¿Por
qué? Y termino con esto, porque frente a ellos la medida fundamental no puede
ser la deportación. Si estamos hablando de violencia, deportar a los niños como
medida principal, es seguramente exponerlos a un daño muy grave e inclusive con
la posibilidad de la muerte.
Esto
es lo que ante niños que antes que migrantes son niños, no podemos, no debemos
hacer, ni los gobiernos de la región ni tampoco los congresos de la región ni
las sociedades de nuestros países.
Estoy
de acuerdo con la propuesta y por supuesto tenemos que enfrentarla con una
visión de derechos humanos, de derechos, de inversión productiva y de fin a las
armas, al tráfico de armas que vienen desde los Estados Unidos y lastiman a
nuestra región. Gracias, señor presidente y gracias, compañeras y compañeros.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada García Medina. Tiene
ahora la palabra el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, también por tres minutos.
El
diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el día de
hoy nos ocupa un hecho que demanda una atención urgente.
Para
dar solución a una problemática que se traduce en una grave crisis humanitaria
que afecta a un sector particularmente vulnerable de la población migrante, es
decir, los migrantes menores de edad no acompañados.
Como
se menciona en el presente punto de acuerdo, el incremento del flujo de niñas y
niños menores migrantes que viajan sin compañía, principalmente desde México,
Guatemala, Hondura, Nicaragua y El Salvador hacia los Estados Unidos, se ha
incrementado considerablemente en los últimos cinco años. Esto obedece a una
situación de inseguridad y violencia que viven en sus países de origen, así
como por un deseo de reunificación con sus familias que radican en nuestro
vecino país del norte.
De
acuerdo con información vertida por diversos medios de comunicación, el
problema de desplazamiento de niñas y niños centroamericanos y mexicanos se
debe al rumor que se ha corrido en el sentido de que cuando lleguen a Estados
Unidos van a gozar de una protección automática, lo cual carece de verdad
debido a una ausencia de una reforma migratoria en Estados Unidos.
Los
alcances y beneficios de esta materia se han visto muy limitados. Por todos son
conocidos los principios y riesgos a los que se enfrentan los menores migrantes
no acompañados durante su camino hacia Estados Unidos, entre los que destacan
la explotación sexual, la explotación laboral, la criminalización por parte de
autoridades migratorias y secuestro por parte de asociaciones delictivas para
ser parte de las filas del crimen organizado, entre otros.
Esta
situación requiere de una atención puntual por parte de los países
anteriormente mencionados a través del reconocimiento de responsabilidades a
efecto de retomar y redoblar esfuerzos para atender las causas fundamentales de
la salida de las niños y niñas de sus países de origen.
Señoras
y señores legisladores: como lo hemos manifestado en oportunidades anteriores,
para Acción Nacional la migración se inscribe como un fenómeno cuya atención
requiere de un esfuerzo integral por parte de los países con la finalidad de
velar por la salvaguarda de los derechos humanos más allá de las fronteras
entre los mismos, es decir, asegurar y promover su cumplimiento dentro del
concierto internacional.
Es
por ello que, enfocados en salvaguardar la dignidad de la persona humana,
solicitamos su voto a favor del presente punto de acuerdo con la finalidad de
asegurar que los niños cuenten con una protección eficaz e integral de cada uno
de sus derechos y cuyo cumplimiento se inscriba como una obligación puntual por
parte de los países involucrados en esta problemática.
Señoras
y señores: el problema de las niñas y niños migrantes no acompañados no es para
estar dando discursos mediáticos ni de los legisladores ni de los gobiernos que
están inmiscuidos en esta problemática. Por eso el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional votará a favor y les pide a todas y todos ustedes votar
a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado Raúl Gómez. Tiene
ahora la palabra la diputada Leticia Calderón Ramírez, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La
diputada Leticia Calderón Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y
compañeros legisladores: es imposible negar que el flujo migratorio de las
niños, niños y adolescentes no acompañados hacia los Estados Unidos de
Norteamérica ha sufrido un aumento considerable, debido a la problemática
social y económica de sus países de origen.
Es
obligado también señalar que, desde esta misma tribuna, el Grupo Parlamentario
del PRI ha insistido una y otra vez en que los flujos migratorios no son
responsabilidad exclusiva de los países de origen, sino también de los países
de tránsito y destino.
El
tema migratorio por la problemática que representa en nuestros días, debe
posicionarse como una prioridad en las agendas nacional e internacional,
particularmente en la de los países implicados en la región.
El
fenómeno migratorio debe ser atendido de manera urgente e integral debido a la
magnitud y alcances del mismo. El sueño americano pasa por territorio mexicano,
un sueño que persigue diferentes objetivos, todos ellos sin duda legítimos, y
que tienen como eje rector gozar de una mejor calidad de vida y nuevas
oportunidades.
Es
preciso reconocer que este fenómeno social también implica un drama humano, y
ha derivado en una verdadera crisis humanitaria debido a la gran cantidad de
menores de edad que se han visto reducidos a situaciones de máxima
vulnerabilidad; niñas, niños enfrentan todos los días condiciones de soledad,
de desamparo, de desigualdad y de exclusión en un entorno social ajeno,
indiferente y hostil.
Es
imperante que la comunidad mundial asuma de manera permanente y con una visión
humanitaria y humanista la responsabilidad de garantizar la vida, la seguridad,
la dignidad y los derechos humanos de las y los menores de edad que van en
busca de un futuro más promisorio.
Miles
de menores de edad sólo han cruzado y siguen cruzando la frontera de México
hacia Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, reunirse con sus
familiares, huir de su realidad y encontrar alguna oportunidad que les permita
hacer sus sueños realidad, por lo que es menester encontrar una respuesta a
este éxodo de niñas y niños centroamericanos.
Sabemos
por las cifras reveladoras en los medios de comunicación, que desde octubre del
2013, más de 52 mil niños y niñas fueron detenidos en Estados Unidos,
particularmente en Texas y Arizona, dos estados fronterizos con México, en
donde los centros de detención y bases militares se vieron saturados; las
imágenes, por más desgarradoras, dieron cuenta del hacinamiento en la espera de
su deportación. De cada diez, cuatro menores ni siquiera llegan a la frontera
norte, es decir, quedan a su suerte siendo presa fácil de los peores delitos y
peligros. La realidad es alarmante.
La
cruda realidad por la que atraviesa la infancia migrante nos lleva a esgrimir
lo establecido en los diversos instrumentos internacionales, así como
salvaguardar sus derechos humanos y fundamentales, no importa su lugar de
origen, las causas que los motivan, el lugar donde son interceptados, lo
relevante es que son nuestros congéneres.
Son
nuevas generaciones de seres humanos que tienen derecho a habitar el mundo en
condiciones de respeto, de igualdad, de equidad y de justicia. En razón de lo
anterior, el Grupo Parlamentario del PRI coincide con la necesidad de impulsar
acciones conjuntas con nuestras naciones hermanas. De ahí, que tomar la
iniciativa para convocar tanto a los países expulsores de tránsito y
receptores, resulta una medida no sólo viable sino también urgente.
Estamos
a favor del punto de acuerdo que se ha puesto a nuestra consideración porque
estamos a favor de la coordinación internacional para enfrentar y resolver los
problemas que nos son comunes. Estamos a favor de la propuesta porque pensamos
que las niñas y los niños del mundo son responsabilidad de todos.
Nuestro
voto será a favor, porque la realidad de la niñez de nuestro continente reclama
acciones humanitarias y visiones humanistas. Hoy las niñas y los niños de
América y del resto del orbe deben ser mirados en su integralidad, en su
totalidad y en su dimensión humana, para lo cual es preciso posibilitarles el
libre goce y ejercicio de todos sus derechos. Muchas gracias por su atención.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Leticia Calderón. En atención de
que se ha agotado la lista de oradores y con apoyo en el artículo 113 del
Reglamento de la Cámara de Diputados pido a la Secretaría que consulte, en
votación económica, a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.
La
Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y
los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 76, fracción IV,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco
minutos el diputado Enrique Aubry para presentar proporción con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de realizar las
acciones necesarias para instrumentar un programa que asegure el suministro
oportuno y completo de las recetas prescritas a los asegurados y
derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, y suscrita por integrantes –la
propuesta– del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Adelante, diputado.
El
diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Con su venia, señor presidente.
El
Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El
diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde
el inicio de la administración el actual gobierno federal reconoció que
diversos factores sociales, como la protección de los derechos humanos, la
salud y la educación, forman parte fundamental para que México logre su máximo
potencial de desarrollo.
El
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un instrumento que fija cinco metas
prioritarias: la paz, la inclusión, la educación de calidad, la prosperidad y,
en general, la responsabilidad global.
En
el México incluyente se establecen las estrategias para garantizar los derechos
fundamentales a través de una red de protección social que permita el acceso a
la salud con finalidad de evitar enfermedades inesperadas que perjudiquen la
economía familiar.
Esta
acción es identificada por el gobierno federal en el Programa Sectorial, como
el abasto de medicamentos en las instituciones del sector público, ésta en lo
más alto de la agenda gubernamental. Con ello el gobierno federal está
demostrando que no sólo considera la salud como una garantía individual, sino
como un elemento fundamental para incrementar la calidad de vida de los
mexicanos y una estrategia que permita el desarrollo de México.
En
este sentido, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 señala que el
surtimiento de medicamentos es un aspecto integrado al acceso a la salud, por
ello debe analizarse con puntualidad con la finalidad de garantizar este
derecho constitucional.
En
el diagnóstico de dicho Programa se determinó que existen diferencias del 35.6
por ciento del surtimiento total de una receta. Adicionalmente, la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012 indicó que los medicamentos constituyen más
del 50 por ciento del gasto en salud de los hogares de México.
Asimismo,
el Instituto Nacional de Salud Pública señala que en la mitad de las entidades
del país la proporción de recetas surtidas completamente por el gobierno fue de
apenas 46 por ciento, lo que significa que en promedio no se surtieron de
manera completa más de 50 por ciento de las recetas médicas.
Esta
situación coloca a nuestro país como el segundo a nivel mundial con mayor gasto
en medicamentos en relación con el gasto total en salud, de acuerdo con la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Todo esto nos resulta
muy preocupante ya que los mexicanos deben sumar a sus gastos mensuales el
correspondiente al pago de medicinas, aun cuando éstos cuentan con la
protección de salud a la que por ley tienen derecho.
Desafortunadamente
hasta el día de hoy no ha existido un mecanismo eficiente que garantice el
suficiente abasto de medicamentos básicos, por ello el presente punto de
acuerdo busca generar estrategias que permitan garantizar los derechohabientes
del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el abasto oportuno de
sus medicamentos.
Asimismo,
se pretende que el gobierno federal dé cumplimiento a los objetivos planteados
tanto en el Plan Nacional de Derecho del Desarrollo 2013-2018 y el Programa
Sectorial de Salud, que buscan ampliar el acceso a la seguridad social a través
de programas de distribución de medicinas que ajusten los incentivos de las
instituciones de salud pública, los proveedores de medicamentos y los
ciudadanos usuarios.
En
atención a lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Partido
Verde Ecologista de México ponemos a consideración del pleno de la Cámara de
Diputados la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias
para instrumentar un programa para la emisión de vales de medicinas, o bien un
mecanismo que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas
prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a sus
derechohabientes. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadano diputado, gracias a
usted. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se
considera de urgente resolución.
El
Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente
resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia,
tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Partido
Nueva Alianza.
El
diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y
compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos
convencidos de la prioridad que debe tener en la agenda federal el tema de la
salud pública y en especial el enorme desabasto de medicamentos que existe en
las clínicas, tanto en el IMSS, ISSSTE, así como en el sector salud federal.
Es
urgente que la Secretaría de Salud federal implemente o modifique las
estrategias para combatir el desabasto de medicamentos. Las estadísticas son
alarmantes si consideramos que en las zonas rurales y en las regiones
marginadas las familias pueden llegar a destinar más de la mitad de su ingreso
mensual en la atención médica y compra de fármacos.
El
artículo 4o. constitucional señala que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general.
Lo
que sin duda refiere a la atención médica de calidad y, sobre todo, la garantía
de acceso a medicamentos prescritos para los diversos padecimientos de las y
los mexicanos.
En
el PEF 2014 se regresó al control de la federación la compra consolidada de los
medicamentos, buscando una mayor transparencia en el combate a la corrupción en
las entidades federativas. Esta acción implementada por el gobierno federal
parecía ser un gran avance. Sin embargo, hoy en día el desabasto de
medicamentos sigue siendo recurrentemente una de las mayores quejas que
presentan los derechohabientes del sistema salud.
La
histórica corrupción de la que ha sido víctima el sector salud en materia de
compra de medicamentos sólo repercute en las y los ciudadanos que han tenido
qué destinar parte de sus quincenas a subsanar las deficiencias que las
diversas instituciones de salud tienen en este rubro.
Las
y los diputados de Nueva Alianza exigimos que el gobierno federal, a través de
la Secretaría de Salud modifique la política y los programas para la
distribución de medicamentos. De tal forma que se garantice en su totalidad el
abasto de los mismos y así los pacientes no tengan qué desembolsar de su dinero
para la compra de los mismos.
Por
lo anterior, las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del
presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Rubén Benjamín
Félix. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Martínez
Santillán, del Partido del Trabajo.
La
diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Los integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, queremos expresarle al pueblo
de México y a esta soberanía, nuestro desacuerdo en convalidar la descarada
intención de convertir el derecho a la salud de los mexicanos en un asunto
mercantil.
La
economía en materia de salud es un tema delicado y especial, en razón de que
las reglas mercantiles ordinarias no tienen aplicación en el tema de salud. Lo
que el presente punto de acuerdo describe de fondo tiene que ver con una
promesa electoral, que desvincula la obligación del Estado en materia de
derecho en salud.
Nuestra
postura no es un solo acto de simple y llana oposición, sino de un acto de
justicia y reconocimiento de los logros de las instituciones de salud social
más importantes y benévolas de nuestro país.
En
nuestra postura, el seguir luchando por dar una adecuada solución al tema de
los rezagos en el sistema de seguridad social, se trata de garantizar el buen
funcionamiento, operatividad, transparencia y eficacia de los institutos
públicos en materia de seguridad social.
Compañeras
y compañeros diputados, al pueblo de México queremos decirle, que la aprobación
en instrumentar un programa para la emisión de vales de medicina en el IMSS e
ISSSTE es una contradicción en el sistema de salud, ello en virtud de que los
mismos nacieron con la idea de ser públicos, solidarios, subsidiarios para las
clases trabajadoras. Sin embargo, hoy se pretende privatizar poco a poco,
iniciando con un sector que debería ser público del Estado para beneficio de
los mexicanos.
Sabemos
que se está tratando de hacer creer a la población que el IMSS e ISSSTE ya no
cumplen con sus funciones, a efecto de perfilar una futura privatización del
sector. En el Partido del Trabajo no estamos de acuerdo con aquello que ven a
la salud pública como algo insostenible, manera disimulada para pronunciarse a
favor de la privatización del sector salud, en el que siguiendo la tendencia
neoliberal serán los más pobres condenados a morir.
No
se trata sólo de satisfacer la demanda de medicamentos, sino de implementar
programas de salud preventiva. Es la información una valiosa herramienta para
que los ciudadanos sepan cuidarse mejor, reduciendo los riesgos de una
enfermedad.
No
sólo es un asunto de responsabilidad personal, sino un asunto que también
compete al Estado y sus instituciones. Hay que decirlo claramente, son muchos
los intereses personales y perversos, que quieren convertir a los mexicanos en
personas enfermas, desde las grandes cadenas de comida rápida hasta las grandes
farmacéuticas que han visto en la salud el gran negocio económico.
Por
qué otorgar vales de medicina, si se supone que las farmacias propias de los
institutos de salud deberían de contar con todo lo necesario, ¿acaso no es
responsabilidad del gobierno mantener el adecuado abastecimiento de las
farmacias del IMSS e ISSSTE?
El
vale de medicamentos tendrá que ser pagado por el gobierno a los particulares,
entonces, ¿por qué no se usa este dinero para el abastecimiento de medicamentos
y del Instituto de Seguridad Social e IMSS? Muchísimas gracias y es cuanto, diputado
presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la
palabra ahora, al diputado José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano.
El
diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el derecho
irrestricto de toda persona a la protección de su derecho a la salud en nuestro
orden jurídico se encuentra consagrado en el párrafo cuarto, del artículo 4 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así
también, la Ley General de Salud contempla que el amparo social de la salud
resulta ser el mecanismo por excelencia, a través del cual el Estado garantiza
el pleno ejercicio de esta prerrogativa constitucional, por medio del acceso
efectivo, oportuno, adecuado y de calidad y sin discriminación de los servicios
médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera
integral las necesidades de salud a favor de toda persona.
De
igual manera, la posibilidad de acceso a las medicinas suficientes que permitan
mantener o preservar las condiciones de salud adecuadas son un requisito
indispensable para garantizar efectivamente la protección de este derecho.
Así,
todo medicamento representa un insumo básico dentro de un proceso terapéutico,
por lo que el uso racional de los mismos demanda un abasto suficiente y
oportuno, el cual debe ser uno de los principales objetivos dentro del sistema
público de salud.
No
obstante lo anterior, en México un número cada vez mayor de usuarios de los
servicios de medicina pública experimentan un verdadero calvario día a día,
pues el desabasto de medicinas es una constante, lo cual los obliga a acudir,
en reiteradas ocasiones, a la unidad médica para que se los proporcionen.
En
algunos casos se habla que el retraso en la entrega del medicamento va de tres
hasta 30 días, lo cual pone en riesgo la salud de los pacientes, impidiendo que
sus problemas de salud sean superados.
A
pesar de la negativa de las autoridades de salud, son innegables y recurrentes
las noticias respecto al desabasto de medicamentos en diversas unidades médicas
de todo el país, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo
cual es por demás lamentable, ya que nos habla que es un conflicto que se
minimiza y no se le está viendo en su debida proporción.
Actualmente
la incapacidad para proporcionar las medicinas que necesitan los pacientes, de
enfermedades de tipo crónico degenerativas forman parte del principal
desabasto, afectando cientos de usuarios de clínicas y hospitales de las
instituciones de salud pública.
Ante
la permanente falta de medicamos y la imposibilidad de los pacientes de esperar
semanas para recibir la dosis asignada, familiares de estos o ellos mismos, en
el mejor de los casos, adquieren el producto por su cuenta.
Sin
embargo, el gasto en medicinas tiene un impacto sustancial en el ingreso de las
familias, ya que esto significa un doble pago por un servicio de salud pública,
ya que además de cubrir la cuota correspondiente, en cualquiera de los
institutos, costean la compra de sus medicamentos, especialmente en las más
pobres que pueden llegar a consumir más de la mitad de su ingreso mensual en
atención médica, por ello, este gasto se convierte en un evento catastrófico
para ellas.
Debemos
ser conscientes que la falta de medicamentos en las clínicas y hospitales de
los sistemas públicos de salud no solo atiende a un problema de mala
administración, falta de transparencia, corrupción, en cuanto a la asignación
del gasto, sino que atenta contra la salud y vida de miles de mexicanos
vulnerando sus derechos constitucionales.
Por
lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, votará a
favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la
palabra, la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
La
diputada Jessica Salazar Trejo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Si bien es cierto que hay un
problema de surtimiento de recetas que tiene mucho que ver con los procesos de
licitación y la logística de distribución, también es cierto que durante el
sexenio pasado ya presentaron esta misma intención de apoyar el surtimiento de
recetas a través de vales de medicamentos.
El
ISSSTE durante el sexenio pasado se enfrentó al escándalo más grande de
adquisición de medicamentos con un sobreprecio de hasta el mil 300 por ciento,
sin que a la fecha no haya un responsable este fraude el cual no se ha
solucionado, localizando en otras farmacias el medicamento que no se encontró
en el de la unidad médica de prescripción o comprando aquellos que sean de
urgente aplicación.
Como
muestra un botón, la campaña mediática de la campaña electoral de Enrique Peña
Nieto por lo de los vales de medicina, sin duda es un negocio para los
distribuidores farmacéuticos, como se muestra a continuación.
El
ISSSTE desde el 2009 decidió requerir el servicio de logística y distribución
de medicamentos por la problemática que se tenía en los almacenes y farmacias,
consistente en ciclos de abasto muy prolongados, 45 días, de hasta cinco veces
en inventario, ausencia de un sistema de información confiable, alto nivel de
merma cuyo costo es asumido por el instituto, caduco, robos o rotos, desabasto,
recursos humanos limitados, falta de áreas adecuadas para resguardar y
controlar los medicamentos e insumos para la salud entre otros.
Por
lo anterior, en el año 2009 se licitó al Servicio Integral de Administración y
Operación de la cadena de suministros de medicamentos y material de curación en
el ámbito nacional, cuyo objetivo consiste en garantizar el abasto de
medicamento y material de curación así como abatir el tiempo de surtimiento,
niveles de caducidad de medicamentos y sistematizar los procesos internos de la
cadena de distribución de medicamentos desde el proveedor hasta el
derechohabiente.
La
salud del país es sometida a las reglas del mercado, al avance tecnológico, a
las patentes farmacéuticas, al registro de medicamentos y a la corrupción que
hemos observado en las instituciones, como es el caso del Instituto de
Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado.
En
diciembre de 2009 el programa Medex otorgó más de 69 mil vales con un costo de
100 millones 500 mil pesos, con un costo promedio de mil 500 pesos por vale. El
mismo mes, pero de 2010, Medex otorgó más de 463 mil vales con un costo de 331
millones 432 mil 431 pesos. Es decir, cada medicamento tuvo un costo promedio
de 714 pesos. En un año los vales de medicamentos crecieron en 571.1 por
ciento.
En
el mes de marzo de 2001 se otorgaron 205 mil 938 vales de medicinas con un
costo de 386 millones de pesos. Es decir, cada vale de medicamentos en marzo
costó mil 874 pesos.
Según
la revisión de diversos documentos del programa Medex, se puede constatar que
hay un multimillonario negocio que favorece a una sola empresa: Fármacos
Nacionales que es filial de Fármacos Especializados.
La
distribución de medicamentos que se hace en las farmacias del ISSSTE es a
través de una licitación multianual que desde el 2009 funciona y que fue
adjudicada por tres mil 500 millones de pesos, para el almacenamiento y
distribución de medicamentos a favor de Fármacos Especializados.
Cabe
mencionar que los productos que no se encuentran en las farmacias del ISSSTE
serán surtidos por la empresa de Fármacos Nacionales a través del programa
Medex. Es decir, la empresa del padre que no surta, lo surtirá la empresa de
los hijos. Un negocio redondo.
El
ISSSTE tiene gastos para compra de medicamentos por al menos de dos mil 500
millones de pesos anuales y Fármacos Especializados ha ganado al menos 700
millones de pesos en licitaciones.
Medex
distribuye exclusivamente medicamentos patentados. Todos son tratamientos
individuales donde se encuentran efectivamente todo tipo de medicamentos como
son Viagra, Melox, Paracetamol, etcétera.
Sorprende
mucho que Medex es una empresa que compra en promedio los siguientes
medicamentos. Medicamentos para el tratamiento de cáncer 430 mil pesos;
medicamentos para el Sida 23 mil pesos, viagra seis mil pesos, medicamentos
para hipertensión 28 mil pesos, medicamentos para la diabetes 88 mil pesos,
medicamentos para artritis reumatoide 230 mil pesos, medicamentos para
esclerosis múltiple 21 mil pesos.
Estos
medicamentos no son producto de una licitación pública conforme a la Ley de
Adquisiciones y está en riesgo el patrimonio de los mexicanos y los recursos
para los derechohabientes. ¿Por qué todos estos medicamentos se gastan en una
semana promedio por el Medex? ¿Es legal un acuerdo de la Junta Directiva del
ISSSTE para que no pasen por licitación ni a precios nacionales estos
medicamentos? Medex es una adjudicación directa a un particular con costos
altísimos donde transgreden todas las normas del cuidado patrimonial.
Los
problemas de abasto de medicamentos en el ISSSTE tienen que ver con una pésima
administración que, por omisión o instrucción, están jugando con la salud de la
gente para mantener contratos de subrogación de medicamentos y de la
distribución de los mismos.
El
planteamiento del diputado Escudero tiene mucho que ver con una propuesta de
dicho partido para que si el IMSS no te proporciona las medicinas, que el
gobierno te las pague, conforme a la campaña política que enarbolaron cuya
publicidad sigue diciendo espera resultados.
Esto
significa simplemente una propuesta electorera que además tiene un componente
comercial si se considera que los vales de medicina pueden canalizarse a
cadenas de farmacias que venden medicamentos a bajo costo como las Farmacias
Similares y cuyos dueños tienen relación con el partido político ya mencionado.
La
propuesta del Grupo Parlamentario del PRD es que la Cámara de Diputados incluya
en el Presupuesto de Egresos el gasto que haga el IMSSS e ISSSTE en la compra
de estas medicinas que no surten.
El
compromiso de dar atención farmacéutica está establecido en la Ley del IMSS y
del ISSSTE y no tendría sustento decir que con recursos fiscales se va a suplir
lo que en dicho instituto no hay.
Por
otra parte aceptar esta subrogación como en los hechos se aceptado la
subrogación de guarderías, no es sino seguir también la ruta de la
privatización silenciosa de todos los demás servicios que presta el IMSS
incluidos los servicios médicos. Es cuanto, señor presidente.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Salazar Trejo. Antes de
continuar quiero a nombre de la Cámara de Diputados darles la bienvenida y
saludar a un grupo de ciudadanos de la tercera edad, el Grupo Reforma Agraria
Cuarta Sección y Grupo Conis, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega.
Bienvenidas y bienvenidos.
Tiene
ahora el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del
Partido Acción Nacional.
El
diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado
presidente.
El
Partido Acción Nacional desde sus inicios ha manifestado que para mejorar la
calidad de vida de los habitantes es necesario promover políticas públicas
eficientes, adecuadas e integrales sobre el acceso a los servicios de salud.
El
diseño correcto de dichas políticas determinará el abastecimiento de
medicamentos, eficiencia en servicios, cobertura médica y quizás lo más
importante, el desarrollo y la calidad de vida de la población.
Efectivamente
en los últimos años el gasto en salud por parte de las familias mexicanas ha
crecido considerablemente, específicamente en el rubro de los gastos
relacionados con la adquisición de medicamentos.
Esto
por un lado ha afectado a las economías familiares menos favorecidas y por otro
es un indicador de las necesidades más urgentes que debe atender el gobierno
mexicano en esta materia.
El
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados,
hemos sostenido que es indispensable mejorar los mecanismos para la eficiencia
en los servicios de salud como por ejemplo el abasto adecuado de los
medicamentos.
Sorprende
que la propuesta del Partido Verde se dé hasta ahora. Reconocemos que se trata
de un asunto que desde la campaña manejaron como una de sus banderas.
Pero
cabe decir que nosotros no daríamos nuestro aval a sabiendas de que este tema
sea utilizado de mera acción de coyuntura tratándose de un asunto tan sensible
y que se aprovechen los rasgos vulnerables de una sociedad con un fuerte
interés político, sobre todo en vísperas de un proceso electoral. Hay que ver
un poco más allá.
El
presidente Peña Nieto ha señalado el impulso que dará a la universalidad de los
servicios de salud.
En
nuestro grupo parlamentario seguiremos atentos a sus propuestas y consideramos
que sería bueno que ésta que hoy discutimos sea considerada e incluida como
parte de una estrategia integral y ampliamente estructurada.
Señoras
diputadas, señores diputados, como grupo parlamentario reiteramos que las
políticas en salud deben garantizar mejores condiciones a todos los ciudadanos.
El
abasto de medicamentos y el acceso de los servicios de salud, no debe estar
subordinados a intereses políticos, sino que se trata de un asunto que hay que
atender para garantizar los derechos sociales de todos los mexicanos.
El
PAN se suma a proyectos que garanticen mejores prácticas en los servicios de
salud como es este caso específico en el que votaremos a favor, pero dejamos
muy en claro que este tema se debe de atender en el marco de una política
social más integral en beneficio de todos los ciudadanos. Es cuanto, diputado
Presidente. Muchas gracias.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadano diputado. Tiene ahora
el uso de la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo
Parlamentario del PRI.
El
diputado Leobardo Alcalá Padilla: Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de la
Mesa Directiva y de mis compañeras y compañeros. Es para mí un privilegio el
poder representar a mi partido en este posicionamiento sobre una serie de
medicamentos y los vales que deberían de entregarle a miles y millones de
ciudadanos. Felicito a Enrique Aubry, proponente de este punto de acuerdo, por
la sensibilidad que ha tenido para con los ciudadanos.
Y
miren, los pongo en expectativa. Hoy México ha tenido, junto con el resto del
mundo, la posibilidad de que sus ciudadanos sean mejor atendidos y atendidos en
salud. La expectativa de vida ahora para las mujeres es de 76 años y para los
varones es de 74 años. El grave problema es cómo envejecemos, es cómo crecemos
y qué posibilidades tenemos de verdaderamente atender algún tipo de enfermedad.
Hablar
de la diabetes: 14 millones de mexicanos, entre siete mil y hasta 70, 80 mil
pesos mensuales. Hablar de la hipertensión, más de 20 millones de mexicanos
hipertensos y oscilan las cantidades, si no se tiene complicación, entre siete,
ocho mil pesos hasta 30 mil pesos mensuales de tratamiento médico. Ya no
hablaría de hospitalización ni hablaría de intervenciones quirúrgicas.
Es
lamentable que hoy una leve infección, el comprar antibióticos cueste más de
500 pesos el tratamiento semanal. Por eso decirles que el derecho a la
protección de la salud es una prerrogativa contenida en nuestra carta magna,
misma que, dentro de sus finalidades, se encuentra el bienestar físico —o
debería de encontrarse— y mental de las personas para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades, así como de la prolongación y el mejoramiento de la
calidad de vida. No es lo mismo prolongar la vida que prolongar la muerte.
En
cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución, el gobierno federal ha
planteado diversas acciones tendientes a prevenir y en su caso atender las
diversas enfermedades que nuestra población padece, mismas que se encuentran
planeadas de forma específica en el Plan Nacional de Desarrollo y en el
Programa Sectorial de Salud 2013-1018.
Sin
embargo, la atención adecuada para prevenir y combatir una enfermedad va
estrechamente vinculada, entre otros factores, al medicamento que les
proporcionen a los pacientes, si no existe un tratamiento adecuado y si no
existe el hecho de poder manejarse con oportunidad y cumplir los tratamientos,
conlleva a que haya resistencias bacterianas y que el costo del tratamiento por
ende sea cada día más costoso.
La
Encuesta Nacional de Salud efectuada en el año 2012, establece que el
surtimiento total de los medicamentos que contienen las recetas médicas muestra
que ya hay deficiencias que alcanzan cerca del 40 por ciento, por lo que
consideramos que es un problema que se tiene que atender.
Hoy
compañeras, compañeros, tengamos presente que el tratamiento adecuado de una
enfermedad a través de la ingestión de los medicamentos necesarios permite
proteger y mejorar el estado de salud de las personas, lo cual conlleva a un
bienestar personal y familiar, así como un beneficio para el Estado, ya que se
reducirán costos asociados a la atención médica de enfermedades que se pueden
agravar incrementando, como ya lo había mencionado, los costos.
Por
ello, los integrantes del grupo parlamentario de mi partido votaremos a favor
del punto de acuerdo por el que se exhorta, y de manera respetuosa, al Poder
Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para que instrumenten un
programa para la emisión de vales de medicina, o bien, un mecanismo que asegure
el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el Instituto
Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado a sus derechohabientes.
La
promoción, implementación e impulso de las acciones tendientes al aumento del
bienestar físico y la calidad de salud en la población siempre serán impulsadas
por los legisladores de mi partido.
Es
por ello que nos unimos al enfoque de la Secretaría de Salud al considerar que
el tema de abasto de medicamentos en las instituciones del sector público, está
en lo más alto de la agenda gubernamental, porque con ello se cumplirá con unos
de los fines emanados del derecho a la salud.
Por
su atención, muchas gracias.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, compañero diputado. Concluida la
lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica
si se aprueba el acuerdo.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y
los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado, comuníquese.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Túrnese a la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:06): Se levanta la sesión y se cita para la que
tendrá lugar el jueves 4 de septiembre de 2014 a las 11 horas, y se les informa
que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas del día.
Muchas
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, compañero diputado. Concluida la
lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica
si se aprueba el acuerdo.
La
Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y
los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado, comuníquese.
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Túrnese a la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:06): Se levanta la sesión y se cita para la que
tendrá lugar el jueves 4 de septiembre de 2014 a las 11 horas, y se les informa
que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas del día.
Muchas
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