Viejos delitos, consignación relámpago/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
REvista Proceso 1896, 3 de marzo de 2013
Elba Esther Gordillo ostentó su desmesurada riqueza inexplicable durante cuatro sexenios. Sin pudor exhibió propiedades inmuebles, joyas y ropa costosas. A nadie ocultó lo que el sistema le permitió obtener gracias al liderazgo político y sindical que le entregó el PRI, partido al que sirvió y del que se sirvió primero para luego ser cobijada por los presidentes panistas. Contó, inclusive, con la complacencia de muchos medios de información que en los últimos meses se sumaron a la cacería que culminó con su captura el 26 de febrero. Contra lo que presume el gobierno de Enrique Peña Nieto, la investigación en la que se basó su consignación data de tiempo atrás. El gobierno de Felipe Calderón, en una complicidad evidente, simplemente no quiso actuar contra ella. Con desenfado, la Procuraduría General de la República habla de una investigación propia, increíble por su rapidez. Lo que ocurrió es que la líder moral del SNTE cayó de la gracia del poder en turno. Y el PRI obedeció a sus viejos y adormecidos instintos que lo llevan a devorar a sus propias creaturas.
El gobierno de Felipe Calderón tuvo la información y no actuó. Por lo menos desde 2010 se reportaron “movimientos inusuales” en las cuentas personales y de las empresas en las que se depositaban recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). El principal nombre que sale a relucir en esas operaciones es el de Elba Esther Gordillo Morales, pero no el único. También está el del nuevo dirigente del sindicato, Juan Díaz de la Torre.
La información de las triangulaciones con el dinero del sindicato pasó por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda cuando el titular de esta dependencia federal era el ahora coordinador del PAN en el Senado y presidente de esa Cámara, Ernesto Cordero Arroyo.
El gobierno de Enrique Peña Nieto no descubrió nada nuevo, tomó la información ya existente y fue implacable contra la maestra: La acusó de dirigir “una organización criminal dedicada al lavado de activos del SNTE”. Así la presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante la justicia federal y le enderezó dos delitos graves: Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero”, según el pliego de consignación, al que este semanario tuvo acceso.
Con esos cargos, el procurador Jesús Murillo Karam pide una pena que amenaza con tenerla en prisión lo que le resta de vida. De 68 años, Gordillo tendrá que desacreditar las acusaciones que se sancionan con 20 a 40 años de prisión, más una mitad por su condición de servidora pública.
La UIF presentó en la PGR una demanda al identificar operaciones ilegales con recursos del SNTE por 3 mil 268 millones 339 mil 918 pesos con 60 centavos entre 2008 y 2012, prácticamente durante todo el sexenio de Felipe Calderón; aunque en la consignación la procuraduría aseguró que hubo operaciones dentro del sistema financiero para distraer de sus fines lícitos recursos por cantidades iguales o superiores a los 2 mil 466 millones 631 mil 710 pesos con 10 centavos.
En su demanda penal la UIF no incluyó a Gordillo y se limitó a señalar a los profesores Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, a quienes acusa de recibir los recursos de dos cuentas del SNTE para depositarlos en otras, personales y de empresas.
La PGR fue la que decidió responsabilizar a Gordillo de ambos delitos al considerar que no sólo conoció las operaciones, sino que fue directamente beneficiada. Incluso le adjudica haber dirigido una actuación delictiva como parte de una organización jerárquica.
La UIF denunció que las dos cuentas del SNTE utilizadas para las operaciones fueron la 5637017000001663 y la 5637017000003616, abiertas en banco Santander. Ambas acumulan 77% de las operaciones investigadas, equivalente a mil 976 millones 393 mil 241 pesos con 73 centavos.
La cifra es apenas una mínima parte de lo que se manejó en esas cuentas entre 2009 y 2012: Registraron ingresos por 30 mil 644 millones 780 mil 959 pesos con 20 centavos y retiros por 30 mil 650 millones 107 mil 30 con 84 centavos.
También Díaz de la Torre
El nombre de Elba Esther Gordillo Morales no es el único que aparece en el entramado para desviar los recursos. En una de las cuentas que sirvieron para la triangulación de fondos, la 5637017000001663, uno de los responsables de su manejo es el nuevo presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre.
Designado dirigente del sindicato la madrugada del 28 de febrero, en medio de la crisis por la aprehensión, dos días antes, de la maestra, Díaz de la Torre es uno de los responsables de esa cuenta abierta por el SNTE en el banco Santander el 29 de enero de 1990.
De acuerdo con el pliego de consignación de la PGR, el nuevo presidente del SNTE es desde entonces responsable de la cuenta junto con otros dos de los hombres de confianza de Gordillo, su exsecretario general en el sindicato, Rafael Ochoa Guzmán, y su exesposo Francisco Arriola Urbina, padre de la senadora del Partido Nueva Alianza (Panal) Mónica Tzasna Arriola Gordillo.
Inicialmente también estaban autorizados José Ángel Ibáñez Montes y María San Juana Cerda. Pero el 27 de abril de 2009 la propia Elba Esther les retiró ese privilegio. En un escrito, la entonces presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE solicitó al ejecutivo de cuenta de Banca de Instituciones Zona Metropolitana Santander registrar sólo las firmas de Arriola Urbina, Ochoa Guzmán y Díaz de la Torre.
De esa cuenta se desviaron al menos mil 341 millones de pesos, por lo que los movimientos que registró entre 2009 y 2012 forman parte de la información que la PGR le entregó a la justicia federal para acusar a Elba Esther Gordillo Morales, Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Uno de los bancos que reportó “movimientos inusuales” en las cuentas del entramado fue CI Banco. Según la consignación ante el juez sexto en Materia de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, esa institución emitió reportes inusuales de las cuentas abiertas por Gremio Inmobiliario el Provisor (GIP) y Asistencia Empresarial San Ángel, S.A. de C.V., dos de las firmas creadas para las transferencias del dinero del SNTE.
Los reportes corresponden a movimientos inusuales realizados sólo en ese banco entre 2010 y abril de 2011 en las cuentas que abrieron José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez. La PGR también entregó “reportes de análisis de operaciones” de una de las cuentas abiertas por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez en banco Santander.
Exfuncionarios de la PGR y de la UIF aseguran a Proceso que las operaciones inusuales son reportadas de inmediato por las instituciones bancarias a la propia Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que la información sobre los movimientos con los recursos del SNTE debieron ser conocidos en su momento por Hacienda o la propia PGR. “La información se pudo quedar desde entonces en la UIF o en la PGR”, dicen.
El titular entonces de la PGR era Arturo Chávez Chávez, quien tuvo como subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales a Arturo Germán Rangel, quien ahora es uno de los abogados de Gordillo Morales. El exfuncionario trabajó además en el despacho del también exprocurador Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández.
Investigación acelerada
Los exfuncionarios consultados consideraron inusual una investigación tan rápida como la anunciada por Murillo Karam. “No es común que una indagatoria de este tipo se haya realizado en unos cuantos días. Además, el titular de la UIF fue nombrado un mes después, en enero pasado”.
La tarde del 26 de febrero, cuando convocó a la prensa para anunciar la detención de Gordillo, el procurador dijo que la investigación sobre la triangulación de los recursos del SNTE había comenzado en diciembre pasado, apenas iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pero según la consignación, obtenida por Proceso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acordó iniciar la averiguación a las 10 de la noche del 13 de febrero, en respuesta a la denuncia presentada y ratificada ese mismo día por la Dirección General Adjunta de Procesos Legales de la UIF.
La PGR sólo se tardó una semana para integrar la averiguación previa AP UEIORPIFAM/016/2013, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda de la SEIDO.
El miércoles 20 de febrero elaboró el pliego de consignación para solicitar la orden de aprehensión de los tres acusados por la UIF, además de Gordillo. Según la versión oficial, al siguiente día, 21 de febrero, la PGR recibió un dictamen de contabilidad del Servicio de Administración Tributaria de Hacienda en el que confirmó la dispersión de recursos del SNTE hacia distintos beneficiarios en el extranjero.
El sábado 23 de febrero la SEIDO consignó la averiguación previa ante el juez en turno para solicitar las órdenes de aprehensión y la tarde del martes 26 de febrero Gordillo fue detenida por un grupo de marinos y policías federales en el aeropuerto internacional de Toluca, cuando llegaba de San Diego en un vuelo privado. Ese día también fueron detenidos los otros acusados. Todo en sólo 13 días.
En la consignación la PGR dice que “atenta a los diversos reportes remitidos por instituciones financieras” la UIF denunció operaciones dentro del sistema financiero “para distraer recursos por cantidades iguales o superiores a los 3 mil 268 millones 339 mil 918 pesos con 60 centavos”. No precisa las fechas de esos reportes.
En cambio detalla información sobre los movimientos bancarios de Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, así como de las primeras investigaciones policiales en su contra. Gallardo Chávez, de 54 años y originario de Guerrero, tiene el grado de maestro en educación física y está adscrito en la oficina de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. De acuerdo con la Policía Federal Ministerial manifiesta dos domicilios en el DF y uno en Monterrey, Nuevo León; tiene dos coches y dos cuentas bancarias. En una de ellas tiene un saldo de 231 mil pesos y de la otra se desconoce el monto. En mayo del año pasado recibió tres depósitos de más de 3 millones de pesos, pero los retiró el mismo día.
De Díaz Flores el informe policial dice que nació en Veracruz hace 46 años y tiene manifestadas dos casas en el DF. Es licenciado en diseño de la comunicación gráfica por la UAM. Sobre Nora Guadalupe Ugarte Ramírez da más detalles. Tiene 44 años y es del DF. También registra dos domicilios particulares en el Distrito Federal, así como dos llegadas desde el extranjero: en 2010 desde Madrid y en 2011 de Ámsterdam.
Es accionista de Novael, S.A. de C.V., empresa creada el 19 de noviembre de 2010 para la compraventa, importación, exportación, confección, maquila, diseño, producción, distribución y fabricación de prendas de vestir y accesorios; compraventa, arrendamiento y comercialización de artículos de cómputo, y asesoría en educación, televisión satelital o cable y telefonía celular.
El reporte policial de la que se hizo llamar líder vitalicia del SNTE dice que nació el 6 de febrero de 1945 en Comitán, Chiapas. Cuenta con registro de un domicilio particular en la calle Dickens número 30, colonia Polanco Chapultepec. Es hija de Daniel Gordillo Pinto y Zoila Estela Morales Ochoa, ambos fallecidos. Tiene dos hijas: Mónica Tzasna Arriola Gordillo, senadora del Panal, y Maricruz Montelongo Gordillo.
En la acusación, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez es quien maneja más recursos a favor de Gordillo. Pero los recursos para sus gastos personales salieron de distintas cuentas. En la consignación, la PGR acredita poco más de 7 millones de dólares para distintos gastos de quien fue la dirigente del sindicato más grande de América Latina.
De esos 7 millones de dólares, 2 millones 100 mil fueron para la tienda departamental de lujo Neiman Marcus; 2 millones 682 mil dólares para la empresa Avemex; 2 millones 275 mil dólares para las galerías de arte Marian Goodman Gallery, Leon Tovar Gallery Inc., y Alex EM Gallery LLC; y 11 mil dólares al UCSD Medical Center, de San Diego. Además, la PGR acreditó un pago de 80 mil 696 pesos en cirugía estética a la clínica Faces Plus Inc.
Avemex es una de las empresas que daba mantenimiento al avión Cessna 560, Citation Encore, número de serie 560-0687 y matrícula XA-UEF en el que Gordillo llegó a México cuando fue detenida. El aparato fue utilizado por los cuatro acusados entre 2011 y lo que iba de 2013 para transportarse al interior del país y a distintas ciudades de Estados Unidos. Fabricado en 2005, es propiedad de Comercializadora GC, representada por Jesús Antonio Rodríguez Millán, quien también aparece con el mismo cargo en la Inmobiliaria Galilei, S.A. de C.V., en la que la mamá de Gordillo era accionista.
Otra firma creada para la triangulación de recursos fue Comercializadora TTS de México, S.A. de C.V., constituida el 12 de septiembre de 2006 por Zoila Estela Morales Ochoa –madre de la maestra– y Álvaro Quintana Díaz para realizar, supervisar, dirigir, diseñar, proyectar, presupuestar y administrar todo tipo de obras de ingeniería, urbanización y arquitectura públicas o privadas relacionadas con la construcción, remodelación, conservación, reparación o demolición de toda clase de obras en general. La mamá de Gordillo nació en 1918 y murió en 2009.
En otra operación, Asistencia Empresarial San Ángel transfirió 1 millón de dólares a la comercializadora TTS México. GIP también transfirió a la misma empresa otro millón de dólares. Ambas transacciones se hicieron en febrero de 2011 a través de LGT Bank de Suiza y luego enviados a una cuenta de TTS México en LGT Bank de Liechtenstein.
Comercializadora TTS de México es propietaria de una de residencia en la que vivía Gordillo en el condado de Coronado en San Diego, California. Marcada con el número 1 de Green Turtle Road, tiene un valor de 7 millones 200 mil dólares.
De acuerdo con la PGR, Gordillo y sus coacusados cometieron delitos “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero”.
Para la procuraduría “ha quedado acreditado el hecho de que en el periodo comprendido entre el mes de enero de 2008 a diciembre de 2012, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Elba Esther Gordillo Morales organizados constituyeron una estructura jerárquica en la que esta última asumió funciones de dirección de las actividades emprendidas por el resto”.
Los coacusados de la maestra “recibieron en sus cuentas bancarias personales diversas cantidades que hacen un gran total de mil 976 millones, 393 mil 241 pesos con 73 centavos, y con estos recursos procedieron a efectuar operaciones de triangulación y dispersión en cortos periodos para ocultar el origen ilícito y el destino de los recursos”.
De la responsabilidad de Gordillo asegura que esos actos se realizaron, en forma “incuestionable, con el conocimiento de ésta, quien en ese supuesto es la directamente beneficiada”.
El delito de delincuencia organizada en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita está sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal con una penalidad de cinco a 15 años de prisión. Pero se incrementa a 40, en contra de quienes tengan funciones de administración, dirección o supervisión, como las que según la PGR tuvo Gordillo. Además, la pena se aumenta en una mitad cuando se trata de servidores públicos.
Para los otros tres, que tuvieron funciones de operación, pide una sanción de 10 a 20 años de prisión, además de un aumento de la pena en una mitad por tratarse de servidores públicos. Precisa que en ese caso están Gordillo Morales, Chávez Gallardo y Díaz Flores, ya que de acuerdo con sus propias declaraciones fiscales, sus ingresos provienen de la Secretaría de Educación Pública.
Acusada de pertenecer a una “organización criminal”, en dos años más Gordillo podría enfrentar el proceso penal o en su caso sentencia bajo arresto o prisión domiciliaria si se acoge al beneficio establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales para las personas mayores de 70 años, siempre y cuando no representen un peligro para la sociedad.
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