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“El Carrete” el azote del sur de Morelos


 “El Carrete” el azote del sur de Morelos/
PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 1943, 25 de enero de 2014;
Con el argumento de que el alcalde Noé Reynoso Nava no impulsa la obra pública en Amacuzac, un grupo de personas encabezadas por el diputado petista Alfonso Miranda Gallegos iniciaron un movimiento para pedir su destitución, que incluyó la toma de oficinas del ayuntamiento y bloqueos. Detrás de esa andanada se encuentra Santiago Mazari Miranda, El Carrete, líder de la banda de Los Rojos, que controla el trasiego de droga en el sur de Morelos. Más todavía: de acuerdo con un documento obtenido por Proceso, Miranda es tío de El Carrete.
CUERNAVACA, MOR.– Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva El Barbas,  en diciembre de 2009, el cártel que lideraba se dividió y surgieron las células Los Rojos y Guerreros Unidos. Desde entonces se incrementó la violencia en la entidad, que hoy tiene uno de los índices delictivos más elevados del país, pues los integrantes de ambas organizaciones secuestran, ejecutan, amenazan, extorsionan, cobran derecho de piso, incluso controlan algunos ayuntamientos.
Los focos rojos se ubican en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla, en los límites con Guerrero. Ahí, al sur de la entidad, los sicarios de ambos grupos se disputan el territorio; en la zona cañera que comprende Jojutla, Tlaltizapán y Zacatepec los enfrentamientos son constantes; ambos grupos criminales también tienen incidencia en la zona centro –Cuernavaca, Jiutepec y Temixco.

Precisamente del poblado de San Gabriel, municipio de Amacuzac, es  originario Santiago Mazari Miranda, El Carrete o El 8, líder de Los Rojos. Es sobrino de Alfonso Miranda Gallegos, alcalde de este municipio en el trienio 2009-2012, de acuerdo con un documento confidencial que circula en las áreas de procuración de justicia morelense.
 Hoy, como diputado local del Partido del Trabajo, Miranda Gallegos inició un movimiento de protesta el lunes 6 contra su sucesor en la alcaldía Noé Reynoso Nava, a quien acusa de no impulsar las obras públicas, señala Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno de Morelos.
 Según él, “la colindancia con Guerrero es nuestra mayor preocupación, pues es una de las fronteras que más vigilamos porque no sólo se utiliza para el trasiego de droga, sino también como ruta de secuestros y robo de automóviles y autopartes. De las entidades que colindan con Morelos, el Estado de México, Puebla, el Distrito Federal y Guerrero, esta última es el foco rojo”.
 Durante un recorrido por Amacuzac, Puente de Ixtla y Jojutla, los lugareños comentan a la reportera que Los Rojos dominan el corredor que, además de esos tres municipios, comprende los de Zacatepec, Tlalquitenango, Tlaltizapán y Cuautla.
El alcalde de Amacuzac y Álvaro Valle, un vecino de la comunidad, presentaron denuncias contra el diputado Miranda Gallegos por privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte y robo.
Según el documento confidencial, cuya copia obtuvo Proceso, El Carrete ha participado en varios secuestros y extorsiones en la entidad y presuntamente tiene línea directa con el Cártel de Sinaloa:
“Se tiene información de que El Carrete actúa en complicidad con el diputado Miranda. A la mayor parte de los pobladores (ambos) les ofrecen protección. Asimismo, la policía de Amacuzac actúa en complicidad con el diputado y con El Carrete, a quienes sirven de halcones o como instrumento para cometer secuestros y homicidios.”
El documento menciona el asesinato del mayor retirado Justo Buenaventura Jaimes Villarreal, quien había llegado de Baja California para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública de Amacuzac. “Su homicidio se relacionó con el despido masivo de policías”, destaca el documento.
Menciona también que desde el arribo de Reynoso Nava al ayuntamiento se incrementaron los conflictos “políticos, sociales y de inseguridad”, provocados de manera intencional por el diputado Miranda, en revancha porque  Reynoso  le ganó la alcaldía a su hijo René Miranda Domínguez en las elecciones de 2012.
De acuerdo con la ficha técnica incluida en el documento, El Carrete es propietario de un rancho en San Gabriel las Palmas, rumbo al camino que lleva al basurero, o por el Cuiji. Dice también que recibió recursos de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para la campaña de su tío (el ­diputado Miranda), a través de Juan Torres, El Banda, entonces jefe de la zona sur y quien hoy está preso.
Y añade los nombres de sus colaboradores: Jacobo Quintana González, El Chaparrito, jefe del penal de Atlacholoaya, quien fue detenido en Chilpancingo cuando viajaba en una camioneta Extrail blanca robada. Durante un tiempo el ­vehículo lo manejó otro pistolero, Antonio Román Miranda, La Moña, líder de Los Rojos, quien fue asesinado el año pasado; Pedro Ramos Hernández y Gabriel Ocampo Galván, ambos expolicías de Amacuzac, y Ángel Luis Valdovinos Manjarrez, El Gato, del municipio de Tetecala.
En Amacuzac y Puente de Ixtla los pobladores identifican al Carrete como narcotraficante que domina la zona. ¿Hay denuncias contra él?, se le pregunta a Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno.
“Si las hubiera y tuviéramos elementos jurídicos ya lo hubiéramos detenido. Sé que se le señala como integrante de Los Rojos.”
–Señalan como parte de este grupo al diputado Miranda, incluso hay denuncias en que lo incriminan.
–Tenemos una carpeta de investigación en la procuraduría. Sabemos que hay una relación familiar (entre El Carrete y el diputado Miranda), pero no se ha presentado ninguna en la que se le involucre con el narcotráfico.
–¿Cómo va el conflicto entre el señor Miranda, quien mantiene tomado al pueblo, y el alcalde?
–Un grupo cercano a Miranda argumenta que el gobierno (de Reynoso Nava) no ha hecho obra pública. Yo creo que es un conflicto político “enrarecido por el parentesco (del exalcalde con El Carrete)”. Hace varios días nos reunimos y los conminé a que llegaran a un acuerdo. Aceptaron que se practicara una auditoría a la gestión actual y a la pasada.
Sin embargo, el martes 21 los manifestantes aún no devolvían las instalaciones del gobierno tomadas ni se retiraban de las inmediaciones del ayuntamiento.
Con relación al índice delictivo en el estado, Messeguer Guillén comenta: “Estamos rodeados de una zona donde el índice de secuestros es el más alto del país –156 en 2013, por debajo de Guerrero–; en homicidios la cifra bajó (862 en 2012 a 597 el año pasado); el robo de vehículos con violencia fue de mil 758 el año pasado con respecto a mil 912 en 2013 y con no violencia fue de 2 mil 684 a 2 mil 869”.
Es evidente, dice, que la violencia entre los cárteles bajó en términos nominales 25%; “también se detuvieron las escenas de personas decapitadas o colgadas en los puentes”. Hoy, el cobro de piso por parte de Los Rojos y Guerreros Unidos se da en todo el estado. Y en cuanto a la extorsión, se comete vía telefónica desde penales de Tamaulipas y Jalisco.
“La disputa política está atravesando por la presencia de este grupo delictivo encabezado por El Carrete. Eso enturbia el clima en esta región. Tenemos a la Policía Estatal y al Ejército para detectar cualquier grupo que estuviera operando allí.
“El Ejército patrulla de manera permanente. Tiene una base de operaciones en el centro de Amacuzac, así como en Yecapixtla y Huitzilac. Son  22 sus puntos de operación en el estado. Apoya de manera coordinada nuestros recorridos, desde la vigilancia de los penales hasta el corredor de operación de los cárteles.”
Denuncias acalladas
El mismo grupo delictivo que opera en Amacuzac también tiene presencia en Puente de Ixtla, en Zacatepec, Oatlán, Omatepec y otros municipios, sostiene el funcionario. Sin embargo, ahora se concentran los secuestros en la parte centro del estado, por lo que la red de vigilancia se extiende a Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata, donde varias de las 78 bandas establecidas en Morelos también tienen presencia; algunas pertenecen a una u otra de las células escindidas del cártel del Barbas.
Para Álvaro Valle, habitante de Amacuzac y funcionario del ayuntamiento en varias administraciones, “la inseguridad se incrementó en el municipio a partir de que el señor Alfonso Miranda llegó como presidente municipal; la ola de inseguridad se reflejó en secuestros, robo a casas habitación, vehículos, abigeato, extorsión y desapariciones. Desafortunadamente la ciudadanía no denuncia por temor a las amenazas de Miranda y de su sobrino”.
Y expone: “Hice denuncias –la primera hace dos años– por privación ilegal de la libertad en agravio de uno de mis hijos. La puse en la PGJE y ante la CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos). En esta última la ganamos porque investigó y emitió una recomendación; pero en la procuraduría la pararon, a pesar de que él (Miranda) ordenó a los policías que detuvieran a mi hijo con la intención de desaparecerlo.
“Cuando Miranda ocupa la alcaldía, su parentesco con El Carrete lo fortalece. Se ve claramente que traía el cobijo de su sobrino. Por eso hace lo que quiere.”
–¿Cómo rescató a su hijo?
–Los que recibieron la orden de levantar a mi hijo estaban divididos; entre ellos había gente de mi confianza, como el entonces director de Seguridad Pública, Carlos Alberto Luna Figueroa, de la comunidad de Tiacalco. Él y otros me avisaron.
“Además, detrás de los secuestradores iba el cuñado de mi hijo, quien grabó todo: cuando lo subieron a la patrulla y cuando se pararon y lo bajaron para introducirlo en unos cañaverales antes de llegar al poblado Tlatenchi, donde pretendían desaparecerlo. Se salvó, porque se dieron cuenta de que los estaban grabando.
 “La de Amacuzac es una manifestación normal, ciudadana, aunque dentro está la delincuencia organizada, están Miranda y El Carrete. El miércoles 8 –cuando tomaron el ayuntamiento– andaba el sobrino, aunque no se metió a la bola, pues sólo supervisó y movilizó a la gente.
 “A quienes corresponde actuar es a las fuerzas federales y al gobierno del estado. No queremos desmoralizarnos pensando que el gobierno tiene nexos con esas personas. Pero, ¿por qué no actúan? La ciudadanía está molesta.”
 Insiste en que cuando su hijo fue secuestrado, envió un documento al entonces alcalde en el que lo hacía responsable de lo que le pasara a él y a su familia; incluso él firmó de recibido.
 “Entregué el acta al Congreso local. En ese tiempo estaba Fidel Demédicis Hidalgo (como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso local). Nunca tomó cartas en el asunto.”
 Valle asegura que él y su familia han recibido amenazas de muerte; “eso lo saben el procurador Rodrigo Dorantes y el secretario Jorge Messeguer”.
 –¿Qué le dijeron en la procuraduría?
 –Pararon la investigación. No sé si por el fuero, la buena relación que tiene el diputado Miranda o porque paga. Al no actuar, la procuraduría pone en riesgo nuestra integridad física, por eso mucha gente no quiere denunciar. En 2009, cuando Miranda andaba en campaña para ser alcalde, le robó a mi tío cuatro toretes, por lo que éste lo denunció ante el Ministerio Público. Cuando Miranda se enteró le dijo que si ratificaba la querella se atuviera a las consecuencias. Mi tío se quedó callado.
Los puntos críticos
En Amacuzac, el diputado petista también es acusado de demoler el techo de la alcaldía, así como de apropiarse de un mercado municipal y de una unión ganadera que construyó con los 17 millones de pesos que le prestó Banobras al ayuntamiento.
El alcalde Reynoso Nava coincide con Valle: “Aquí la delincuencia inició hace cuatro años. Detectamos la inseguridad por los secuestros. Se generó un gran terror en las comunidades por los plagios de mucha gente de trabajo. El municipio está hecho garras y la autoridad no actúa. Sólo detuvo al subdirector de la policía en la administración de Miranda (Pedro Ramos) por presuntos nexos con Los Rojos.
“Desconozco con qué grupo se le relacionó, pero lo detuvieron en Puente de Ixtla. Él todavía trabajó conmigo un par de meses como elemento, cuando estaba como director el mayor Justo Buenaventura Jaimes.”
–¿Enroló a todos sus policías en la delincuencia? –se le pregunta al alcalde.
–Le puedo decir que el gobierno del estado les aplicó los exámenes de control y confianza a todos los elementos –eran como 60–. Quienes no pasaron fueron dados de baja; los que aprobaron –alrededor de la mitad– se quedaron a laborar.
“Eso fue hace seis meses, al inicio del mando único. Cuando los policías se enteraron de que iban a ser evaluados, tuvimos conflictos con ellos. Los elementos se alteraron y decían que yo los quería sacar. Las amenazas vinieron después. En lo que cabe, sólo actué conforme me ordenó el gobierno del estado.”
–¿Cuáles son los focos rojos del municipio?
–La cabecera municipal y las comunidades de Huajintlan, San Gabriel y Rancho Nuevo. Ahí es donde más han secuestrado a gente que vive de su trabajo. Por seguridad, muchas familias no reportan los secuestros a las autoridades. Uno de ellos es el de Leonardo Marquina, quien desapareció hace más de dos años.
–Y con respecto a los asesinatos.
–Son ajustes de cuentas internos. Lo que está muy activo es la extorsión. Los delincuentes cobran entre 8 mil y 15 mil pesos por cada rescate. El año pasado hubo 40.
Acerca de su accidentada llegada a la presidencia municipal en 2012, Reynoso Nava refiere: “Cuando uno es gente de trabajo, no nos damos cuenta de que el cargo está muy peleado, que hay muchos intereses en juego. He tenido varios problemas con mi excontrincante, el hijo del diputado Miranda. He tratado de entablar un diálogo con el diputado para frenar esta situación, que ya está dañando al pueblo”.
–¿Cuándo surgieron las amenazas?
–…
 –Usted quiere evitarlo, pero la realidad es que el conflicto mantiene paralizado al municipio. Aunque quiera dejarlo ahí, institucionalmente no puede, ¿o sí?
 –No… Es inevitable, porque no me deja trabajar.
 –¿Fue saqueado el ayuntamiento?
 –Sí. Se apoderaron de vehículos oficiales y golpearon al subsecretario de Seguridad Municipal, Odilón Estrada Valladares. Hay gente del municipio y de otros pueblos, como Puente de Ixtla, Tetecala y Coauchichinola, a la que le pagan de 200 a 300 pesos el día por manifestarse.
 –¿Siguen las amenazas?
 –Ya perdí la cuenta… Mandan razones con desconocidos; algunos están armados, no sabemos quiénes son. Paran a una gente del pueblo para mandarme mensajes; me han pedido que deje el ayuntamiento, que me vaya de aquí.
 Ante las amenazas, saque a mis hijas del municipio. Es triste, pero no tuve alternativa. Sin embargo, no renunciaré. Estoy obligado a dar seguimiento al trabajo municipal. Si Dios quiere, terminaré mi cargo; si no, me quedaré en el camino.”

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