De frente, en Los Pinos, los padres reclaman a Peña su “tardía reacción”

Revista Proceso No. 1986, 1 de noviembre de 2014.

De frente, en Los Pinos, los padres reclaman a Peña su “tardía reacción”/

JESUSA CERVANTES

A la desazón de los padres de los 43 desaparecidos de Ayot­zinapa se suma un caos de voces contradictorias: por un lado, versiones de que los muchachos están vivos –por aquí una mujer asegura haber visto hace 15 días a uno de ellos, por allá otra indica hacia dónde debe dirigirse la búsqueda–; por el otro, intentos de soborno gubernamental para que se abandonen las pesquisas y los reclamos. Mientras tanto, el Ejecutivo sólo atina a mostrarse condolido.

Una voz, una rendija por donde se cuela la posibilidad de que estén vivos los 43 normalistas desaparecidos hace más de 30 días, retumbó en los oídos del padre de familia Clemente Rodríguez Moreno, cuando una amiga le aseguró haber visto a su hijo a bordo de “una camioneta de redilas con otros muchachos” en Tixtla, rumbo a Chilapa.

Don Clemente dice que el domingo 26 de octubre le dieron esa versión y así como la narró ante Enrique Peña Nieto el miércoles 29 en Los Pinos, la detalla a Proceso:

“Una conocida de nosotros que fue a visitarnos a la escuela el domingo nos dijo: ‘Nosotros pensamos que ya había regresado su hijo, porque el otro día pasó una camioneta por acá por Tixtla, una camioneta con redilas y su hijo me dijo adiós’. ‘¿Y qué, iba sólo o con quién lo vio?’ ‘Iba llena la camioneta de muchachos, pero atrás iba otro carro grande’.”

 Don Clemente, a quien su corazón le dice que Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, su hijo de 19 años, está vivo, no se atreve a precisar quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, municipio colindante con Tixtla, pero suelta el nombre del grupo delictivo Los Rojos.

 En tanto, los gobiernos federal, estatal y hasta el grupo delictivo Guerreros Unidos redireccionaron su apreciación sobre los 43 desaparecidos. Todos, por diversas vías, sostuvieron el 30 de octubre que los muchachos están vivos.

 Estas nuevas versiones ocurrieron un día después de la reunión de cinco horas entre padres de familia de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y el presidente Enrique Peña Nieto.

 En Los Pinos, en el primero de los 10 puntos de la minuta firmada por Peña Nieto, el gobierno se comprometió a “la búsqueda con vida” de las personas desa­parecidas. Y es que los padres de familia le reclamaron al mandatario: “Han centrado los hallazgos de restos humanos en fosas, girando la búsqueda en torno a la sola hipótesis de muerte, cuando vivos se llevaron a nuestros hijos”, se lee en el documento elaborado por padres de familia y sus asesores de agrupaciones civiles.

En el pliego petitorio de cinco cuartillas que le leyeron a Peña Nieto, los padres de familia de los jóvenes desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados, así como de los dos jóvenes asesinados por policías el 12 de diciembre de 2011, le reclamaron insistentemente “su tardía actuación”.

Los padres sostuvieron que se trató de “gravísimas violaciones a los derechos humanos” y de “desaparición forzada”. Le reclamaron su primera reacción, cuando declaró que el gobierno estatal debería asumir sus responsabilidades, “sin ver que la desaparición de 43 estudiantes es un hecho sin precedente que interpela directamente al ámbito de competencia de la federación”, más aún si desde el inicio “hubo indicios de la participación de agentes estatales y de la delincuencia organizada”.

“Durante el último mes hemos vivido lo inimaginable, pasando del dolor a la desesperación y a la rabia, en medio de la zozobra que nos genera desconocer el paradero de nuestros hijos, jóvenes cuyo único sueño era ser maestros para servir a las comunidades rurales más apartadas del país. Nuestro dolor como padres y madres es inmenso y las palabras no alcanzan para nombrarlo ni describirlo… Lamentamos que sea hasta este tardío momento cuando nos recibe.”

Serios, sin caravanas ni saludos de cortesía, los padres siguieron con su reclamo a Peña Nieto, a quien además le aclararon que el crimen organizado no ha infiltrado a las escuelas rurales, sino al poder gubernamental: “La probada complicidad entre la delincuencia organizada y las autoridades de Iguala demuestra que no se ha avanzado en la depuración de los cuerpos policiales ni en el blindaje de los cargos de elección popular frente al inmenso poder corruptor de los cárteles del narcotráfico”.

También le dijeron que la impunidad ante las desapariciones forzadas durante décadas abonó a las de sus hijos:

“La desaparición forzada de nuestros hijos es consecuencia de que no haya habido justicia y verdad para miles de desapariciones forzadas que desde los setenta se cometieron en México y que en los últimos años de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ aumentaron exponencialmente, sin que esa situación haya sido atendida conforme a la emergencia nacional que representa y que hoy coloca a México bajo la mirada internacional.”

En la minuta firmada, el gobierno eliminó el delito de “desaparición forzada” que los padres exigieron reconocer; además evitó destacar el “papel social” de las escuelas normales rurales y no quiso reconocerlos a ellos como “víctimas de desa­parición forzada”. Pero sobre todo, el gobierno de Peña Nieto rechazó la exigencia de que en 72 horas (vencidas este sábado 1) detuviera al expresidente municipal de Iguala y a su esposa, “no sólo a los integrantes de Guerreros Unidos”.

Mensajes

En un programa pregrabado y transmitido por Televisa la noche del 30 de octubre –Las noticias por Adela–, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, dijo que los estudiantes de la normal le han dicho que “hay evidencias de que los desaparecidos están vivos”.

Sostuvo que los normalistas “se dislocaron en dos grupos, uno avanzó hacia la sierra rumbo al mar, digamos a Acapulco, y otros a lindes de Guerrero, Estado de México y Morelos”.

Por la mañana de ese mismo día apareció un mensaje en una manta en la reja de una escuela en la carretera federal Iguala-Taxco, firmada por El Cabo Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos.

Dirigido a Peña Nieto, el mensaje dice que él (El Cabo Gil) se entregará a las autoridades una vez que sea capturado 80% de la banda Guerreros Unidos, y en la última línea asegura: “Los mandos y jefes son los Casarrubias y Los Tilos (Marranas Negras o Peques). No confundan a la comunidad, digan las cosas como son y los estudiantes están vivos”.

El mismo 30 de octubre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista para Radio Fórmula, modificó su discurso: Dejó de hablar de fosas clandestinas para sostener ahora que “mientras no se confirme lo contrario, pensamos que podemos encontrar a los 43 normalistas con vida”.

La presión internacional, el reclamo de los padres de familia o el relato de Clemente Rodríguez pudieron o no cambiar el discurso del gobierno, pero hay nuevos indicios de que los 43 normalistas están vivos.

Don Clemente, residente de Tixtla, recuerda que más de una vez le preguntó a su amiga si estaba segura de que fue a su hijo a quien vio. “Todavía le dije: ‘A lo mejor se equivocó’. Y me respondió: ‘Si yo lo conozco rebién a su hijo y él a mí, pues hasta me dijo adiós’.

“Yo le creo. Me hace pensar que se lo llevaron por Chilapa porque allá hay muchos pueblos y creo que por allá han de estar, porque ahí en Chilapa está la mera plaza de Los Rojos, ahí está la mera mata. Es la base de ellos, como en Iguala la de Guerreros Unidos. Los rumores de la gente que va para Chilapa es que ven gente armada y los militares a un lado, o sea, con ellos, haciéndose como que no ven. Yo no sé si están involucrados o están recibiendo dinero o alguna cuota”.

–¿Cuándo le dijo esa mujer que vio a su hijo? –se le pregunta el 29 de octubre.

“Hace cuatro días”, responde don Clemente a Proceso, le dijo que lo había visto un par de semanas antes.

Es decir que el 26 de octubre, cuando don Clemente y un grupo de padres de familia regresaron de la Ciudad de México, su amiga le dijo que había visto a su hijo “hace como 15 días”.

–¿Se lo comentó a los demás padres?

–Hoy en la reunión (con Peña Nieto) di a conocer la versión. A nadie se lo había dicho.

–Entonces las autoridades tendrían que ir a Chilapa

–De hecho ya reporté eso y les dije: “¿Cómo es posible que no puedan entrar y que el Ejército está a un lado y los delincuentes, Los Rojos, estén ahí? ¡Voy a creer que no se den cuenta de que está el enemigo ahí! O no sé, cómo le digo, a lo mejor están recibiendo alguna cuota o están involucrados con uno de ellos”.

Don Bernabé Abraham Gaspar, de 50 años y padre del desaparecido Adán Abraham de la Cruz, de 24, dice que en grupos, padres de familia han peinado la zona de Iguala y Cocula pero aún no incursionan en Chilapa. Quieren que ahí vayan el Ejército y la policía armados.

Recuerda que a cada versión que les llega sobre dónde pudieran estar los estudiantes, van. Por ejemplo, el 27 de octubre fueron al lugar “a poner unas cruces” y apenas llegaron, cuenta, una mujer les dijo:

“Lo que andan buscando está en un cerro que le dicen Cerro La Bota”. Otras personas del lugar le comentaron lo mismo. Incluso recuerda que la misma mujer le aseguró que de ahí recogieron ropa y mochilas; un grupo de padres fue, pero la caída de la noche les impidió llegar a la punta del cerro.

“Ahora la gente ya está cooperando. Antes no hablaban por miedo. Pienso que si decidieran dejar ir a los muchachos, pues la gente tiene miedo de que vieran salir de su casa un estudiante, creo que por eso no dicen nada, pero ya se está quitando el miedo”, afirma don Bernabé.

Comprar silencio

Así como don Bernabé está seguro de que la población les dirá en algún momento lo que vio y les dará más pistas, así también asegura que su hijo está vivo, por eso no entiende cómo algunas autoridades le han ofrecido dinero a cambio de que ya no busque, de que abandone a los estudiantes de la escuela normal, donde ya vive con el resto de las 42 familias de los desaparecidos.

–¿Los han presionado?

–La verdad, a nosotros sí nos han presionado, porque el gobierno nos ha ido a visitar a todos los padres de familia que tienen desaparecidos y los compañeros que cayeron muertos, dándonos, ofreciéndonos dinero para que no digamos nada, que no pidamos que aparezcan.

–¿Cuánto le han ofrecido a usted?

–A mí, 100 mil pesos. Inclusive el miércoles que fuimos a visitar a una persona que su hijo es fallecido, para que se uniera a la demanda al presidente, le preguntamos si no habían ido ayudantes del gobernador y nos dijo que sí, que le ofrecieron dinero y un papel para que lo firmara. No lo hizo y dejó el papel en blanco.

El dinero, dice, fue ofrecido por gente del gobierno estatal.

En cambio Valentín Corneo González, cuñado de Abel García Hernández, joven de 19 años desaparecido, dice que a su esposa “gente de Gobernación” le ofreció 100 mil pesos para que ya no buscara a su hermano. “Pero los queremos vivos, no dinero”, dice.

Él mismo relata que en la reunión con Peña Nieto, el padre de uno de los jóvenes asesinados en 2011, “don Jorge Herrera Pino, hizo saber que el gobernador lo mandó traer y le ofreció una casa y dinero para que declarara contra los estudiantes de la Normal. El Copetón nomás se quedó serio y se vieron con El Pelón y Osorio Chong”.

También cuando se quedó serio Osorio Chong, dice José Solano, estudiante que acompaña a una comisión de padres de familia, fue cuando le reclamamos dignidad para las escuelas rurales y que no hiciera lo de El Mexe, que se negó a reabrir luego de que los estudiantes tomaron carreteras; ese 23 de enero de 2007, siendo gobernador de Hidalgo, el hoy secretario de Gobernación dijo “que no se dejará intimidar por quienes buscan desestabilizar al estado reactivando este conflicto estudiantil”.

Y agrega Solano: “Así como no le gustó que habláramos de El Mexe, El Copetón se puso serio cuando reclamamos la actuación del Ejército ese 26 de septiembre, “porque cuando los compañeros heridos les pidieron ayuda les contestaron: ‘Si son tan hombrecitos, afronten sus actos’. Ellos también tienen que responder por eso, porque no los ayudaron, le dijimos”.