Se cumplió el peor escenario: crisis humanitaria

Revista Proceso No. 1986, 1 de noviembre de 2014.

Se cumplió el peor escenario: crisis humanitaria/

SANTIAGO IGARTÚA

Hace cinco años, el académico Arturo Alvarado Mendoza advirtió de las consecuencias funestas que se veían venir si la guerra antinarco lanzada por Felipe Calderón no enderezaba el rumbo: se fomentarían los vacíos policiales, aparecerían más narcofosas, las autoridades serían compradas, se intensificaría la represión social, se contarían más muertos… Todo se cumplió. Hoy, después de Ayotzinapa, ya se puede hablar de crisis humanitaria en México, asevera el especialista en seguridad: el narco ya ataca directamente a la sociedad, y el gobierno, más que enfrentar a los cárteles, lucha por ocultarlos.

 México está hundido en una crisis humanitaria, reflejo de un proceso sistemático de aniquilación y desaparición de personas perpetrado por bandas criminales y distintos órganos de gobierno, como quedó evidenciado en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, que hoy atormenta al país.

 La afirmación la sustenta el doctor Arturo Alvarado Mendoza, sociólogo de El Colegio de México (Colmex), autor de El tamaño del infierno, estudio de la criminalidad en México:

 “Vivimos un proceso de exterminio y de desaparición constante de personas por miembros del crimen organizado, que en el caso particular de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, y el asesinato de seis personas más, contó con la participación probada de policías municipales bajo la orden del exalcalde prófugo (José Luis Abarca), muestra de que estamos en una situación mucho más crítica: una crisis humanitaria.

 “Esta cuestión de la violencia política emerge como el problema central: autoridades que cometen delitos, pero que además son parte de organizaciones criminales y usan al Estado para los intereses de éstas. Eso no lo habíamos visto en décadas. No de forma tan extrema”, dice a Proceso el investigador, especializado en seguridad  pública  y  Estado d e  derecho.

 Esta crisis, explica, es producto de un “fenómeno criminal” sin freno. Habla con dolor de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, encierros clandestinos, desintegraciones de personas, feminicidios, tormento a adultos y niños migrantes, decapitaciones, extorsiones, tortura y complicidades desde distintos puntos del poder. “Y no ha habido una autoridad que realmente tome cartas cabales en el asunto. Tenemos un terrible problema de incapacidad en la procuración de justicia. Ahí está el problema de fondo de la crisis humanitaria”.

 “Tenemos un Estado incompetente. Hoy lo que vemos es que muchos de los actos criminales no son entre las mismas bandas criminales o contra el Estado, sino contra la sociedad: por extorsiones, para venderle drogas, para controlar territorios… Y el Estado no está haciendo nada”, lamenta Arturo Alvarado.

 En las torpezas del gobierno, la búsqueda de los normalistas no ha arrojado otra cosa que la aparición de decenas de fosas clandestinas tan sólo en las inmediaciones del municipio de Iguala, que han visibilizado un problema que suma más de 400 fosas similares desde el año 2007, replicado el horror en 24 estados del país.

 “Una bomba explosiva que tiene la PGR es que le aparecen fosas clandestinas por todas partes. Es una cosa dramática. Estamos hablando de desapariciones sistemáticas, de asesinar, masacrar y deshacerse de un número todavía desconocido de personas, que en la mayoría de los casos no se sabe quiénes son ni quiénes fueron los victimarios, y que es obligación del Estado resolver ese problema”, señala el doctor Alvarado.

 Al tema de la impunidad, en el caso particular de los normalistas de Guerrero, se suma también la mezquindad de la clase política mexicana: “Aquí hay autoridades involucradas en actos criminales y no han aceptado su responsabilidad en estos delitos. Han tratado de disminuir la gravedad del asunto, de neutralizarla, los hemos visto echándose la culpa el uno al otro, negando su responsabilidad, buscando motivos para que las muertes tengan alguna razón y puedan ser denigrables y explicables. Es una conducta totalmente inaceptable de buena parte de la clase política mexicana frente a esta crisis profunda”, reclama el académico.

 Sostiene que la tragedia, más allá de la indignación, nos alcanza a todos: “Aquí ha habido un daño a la sociedad, un daño al sistema político, un daño a los fundamentos de la democracia, a las libertades públicas, a la procuración de justicia”.

 Para el académico, es obligación de todos “trabajar en tener instituciones que realmente nos otorguen el derecho básico del ciudadano que es el derecho a la seguridad. Porque hoy no lo tenemos”.

 Con los meses, piensa Alvarado, se irá discutiendo la responsabilidad jurídica del Estado mexicano. Al respecto concluye: “Igual es un crimen político y en ese sentido tiene tintes de crimen de Estado”.

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 En la edición 1711 de Proceso, del año 2009, el periodista Jorge Carrasco publicó un reportaje titulado El Estado desbordado, donde el mismo Arturo Alvarado advertía de las consecuencias emanadas de la “guerra” contra el crimen organizado que Felipe Calderón declaró.

 Hiela la sangre regresar a esas líneas, descripción precisa de lo que serían, cinco años después, la noche del 26 de septiembre y la siguiente madrugada en Iguala, Guerrero:

 “Estamos en una era de violencia criminal inédita, producida tanto por bandas delincuenciales como por las intervenciones militares y policiacas del gobierno”, iniciaba el análisis, advirtiendo inmediatamente de los “cada vez menos inusuales” hallazgos de “narcofosas”.

 “Hay una sorprendente cantidad de cementerios clandestinos en México. Esto evidencia ejecuciones extrajudiciales sistemáticas en muchas regiones del país que no son registradas, y que hay una violencia homicida que no observamos”, refiere el texto, en el que Alvarado diagnosticaba que la “violencia desbordada en México” reproduciría fenómenos sufridos en países que han vivido en estado de emergencia con la “proliferación” de grupos paramilitares y de autodefensas en el país.

 “México está en el límite para prevenir una violencia de ese tipo. De no hacerlo, nos puede llevar a una situación como la de Centroamérica, Haití, las favelas de Río de Janeiro o incluso Somalia”, decía el sociólogo con la certeza que confirmaría el tiempo.

 El reportaje referido daba cuenta de que, en la etapa más cruda de la narcoviolencia en el país, Guerrero tenía una tasa de 40 muertos por cada 100 mil habitantes, la más alta de la República. Hoy, la cifra en ese estado es de 44 por cada 100 mil, 2.8 más que la media nacional.

 Sobre las policías municipales, hoy desplazadas por el gobierno federal de más de una docena de municipios en Guerrero por su colusión con el crimen organizado, ejecutoras de la desaparición y asesinato de normalistas, prevenía Alvarado: “Calderón desmantela a las policías locales porque no sirven, pero no deja nada nuevo. Está generando vacíos policiales en municipios y estados”.

 Continuaba percibiendo que la “infiltración” de la delincuencia organizada en las fuerzas del Estado se traduciría en “acciones represivas contra la población civil”.

 En el mismo número de este semanario se publicaron fragmentos del libro ¿Hacia la seguridad nacional?, coordinado también por Arturo Alvarado, que estaba por publicarse.

 En él participó el escritor Carlos Montemayor, experto en movimientos guerrilleros en México.

 Montemayor aseguraba que en regiones de Guerrero hubo un desplazamiento encubierto de militares para hostigar bases sociales inconformes. “La tortura y las desapariciones forzadas de personas se han convertido en rasgos característicos de una búsqueda de información que los servicios de inteligencia no podían obtener por otras vías más acordes que pudiéramos llamar, precisamente, inteligentes”, escribió.

 Por su parte, José Luis Piñeyro, académico especialista en seguridad nacional que participó en ese libro, sostenía entonces que la violencia del narcotráfico se debía a que juega funciones propias del Estado: “Cobra impuestos” mediante extorsiones; “designa autoridades, obstaculiza o promueve la elección de alcaldes mediante advertencias o el financiamiento electoral”. El análisis se confirmaría a la letra con la infiltración del grupo criminal Guerreros Unidos, ligado hasta los lazos familiares con el exalcalde de Iguala José Luis Abarca. Este cártel presuntamente patrocinó la campaña electoral del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, según las declaraciones de capos de la banda difundidas por la PGR.

 A la distancia, Arturo Alvarado lamenta que hoy, con casos como el de Ayotzinapa, sus palabras no puedan rebatirse.

 “Lo que estamos viendo es un fenómeno que para México ya se sospechaba hace algunos años. Las organizaciones criminales usan a las autoridades públicas, ya sea bajo colusión, extorsión, intercambio de bienes y favores, apoyo a candidatos y campañas. Esto pasó también muy claramente en Michoacán y seguramente pasa en otros lugares”, advierte de nueva cuenta.

 A pesar del cambio de administración, prosigue, el problema es el mismo que antes, agudizado con los años. “El gobierno federal, como los estatales y los municipales, no supieron qué hacer entonces y no saben qué hacer ahora. Es un problema de incapacidad institucional de las autoridades.

 “Nosotros decíamos que el gobierno de Felipe Calderón tenía que tomar cartas en el asunto. No lo hizo. Advertimos claramente esta implicación entre crimen organizado y autoridades políticas de varias entidades. Al gobierno le está explotando todo lo que no se ha hecho en muchos años. Historias como la de los normalistas son tragedias evitables que tienen consecuencias profundas para todos nosotros”, apunta, afligido.

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 Para el investigador Arturo Alvarado, el gobierno de Enrique Peña Nieto había “gozado” de un periodo de “tregua” en la opinión pública respecto de la crisis de seguridad atribuible al cambio de administración  y  la implementación de su propia estrategia para enfrentar el problema:

 “Ese tiempo terminó. Ahora sí la federación tiene que dar la cara a la crisis, ofrecer alternativas y resolver. En estos dos años hemos visto omisión, colusión, negar los hechos, retardar… En el sentido de la procuración de justicia va a haber un problema serio, porque es muy difícil pensar que en el mecanismo y en la situación actual vamos a encontrar la verdad y la justicia.”

 Para el especialista, el gobierno actual pensó que cambiando el discurso, sacando el tema de la agenda cotidiana, disminuiría el problema. No fue así. “No es que con el cambio de gobierno bajara la violencia. Eso ha sido falso. Lo que ocurre es que mediáticamente hubo un cambio en la manera de difundirla, pero eso no se reflejó en una transformación de la procuración de justicia.

 “Hasta ahora, de todo lo que pasaba se le echaba la culpa a la administración pasada. Pero ahora estamos igual o peor,  porque el problema va aumentando de una manera muy profunda. Hay mucho daño acumulado. Ahora estamos viendo que parte del problema es no haber hecho nada. La respuesta de las autoridades, federal y de los estados, no está a la altura de la emergencia nacional en la que vivimos.”

 Para el especialista, es claro que la “crisis humanitaria” que vive el país es consecuencia de una “crisis” de la clase política impune.

 “Hay un problema ya de corrupción, de acciones ilícitas muy profundo en la clase política mexicana que no estamos atendiendo, donde impera la impunidad. A los políticos no sólo no se les castiga sino que no se les investiga. Es un problema en el aparato de la República. No podemos tener esta representación política en el país. Y mientras la tengamos no vamos a resolver nada”, dice categórico.

 Dueño de sus palabras, dice que la responsabilidad, entre políticos, los alcanza a todos:

 “Emerge otro problema serio: el involucramiento de partidos políticos en estas actividades y la absoluta irresponsabilidad pública de los mismos frente a la profundidad de esta tragedia humanitaria. Se necesitan cambios que no sólo le corresponden al presidente, sino a varios miembros de la clase política.

 “El PRD, al día de hoy, no ha sido capaz de salir a la luz pública y decir: ‘Nosotros también tenemos responsabilidad en esto’. Hicieron un daño social y un daño moral. Tienen la responsabilidad de enfrentar esto: ‘Nosotros elegimos una autoridad que pensamos que iba a funcionar y sin embargo resultó un criminal y somos responsables de tomar esa decisión’. Porque haber puesto una autoridad criminal ha producido un profundo daño y una enorme crisis política no sólo en el municipio, si no en todo el país.

 “Esto es un problema muy serio que se debe enfrentar de inmediato ya que el año que viene tenemos procesos electorales que no pueden seguir ligando políticos con criminales”, sentencia.

 Viendo una vez más hacia el futuro, sin embargo, Alvarado no vislumbra cambios. Con más anhelo que certeza, apunta al sur: “Podemos voltear a Colombia, aunque no está pasando exactamente lo mismo. Ellos tuvieron una crisis muy grave al inicio de la década pasada por el involucramiento de organizaciones criminales en actividades político-electorales. Llegó a haber una investigación de la corte de justicia de allá por las acusaciones contra un grupo importante de parlamentarios que derivó en destituciones y encarcelación de varios legisladores. Aprendamos de eso”, exhorta.