El
candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Javier Laynez Potisek dijo, ante la Comisión de Justicia del Senado de la
República, que de ser nombrado generará que las demandas de justicia se hagan
efectivas “aquí y ahora”, sin que tengan que trasladarse a instancias
internacionales.
En su intervención inicial, Laynez Potisek señaló que de ser privilegiado con la designación traducirá los tratados en materia de derechos humanos en una realidad para las personas, evidenciará el compromiso del Estado con la justicia y evitará la victimización.
Abundó que de ser electo para integrar el órgano colegiado no enarbolará o promoverá una causa, sino que dejará fuera sus convicciones personales, políticas, religiosas o sociales, con total apertura y sin prejuicios.
Dijo estar dispuesto aceptar, contraponer, debatir, y ponderar todos los argumentos, sobre todo, en aquellas cuestiones que suscitan el debate en la opinión pública.
Laynez Potisek se pronunció por aportar día a día, “aunque sea como un grano de arena, mis capacidades, mi dedicación y esfuerzo para que en cada rincón de mi país, la gente pueda aspirar a uno de los más sentidas exigencias: justicia”.
El presidente de la
Comisión de Justicia, senador Fernando Yunez Márquez, precisó que muchas de las
sentencias emitidas por la Corte son poco entendibles para los ciudadanos, por
lo que se tendría que pensar en acercarlas más a la población
Respecto
a la sentencia de la Primera Sala sobre el uso lúdico o recreativo de la
marihuana otorgada a cuatro personas, la senadora del Grupo Parlamentario del
PRD, Dolores Padierna Luna, cuestionó si los efectos de esta fueron los
correctos y cuál sería su posición sobre el tema, si llegará a ser ministro.
Además,
la legisladora se refirió a temas como el interés superior de la niñez, la
desindexación del salario mínimo y la reforma energética.
El
senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, reflexionó
acerca de las contribuciones de los ciudadanos. Sobre el impuesto al refresco,
el cual no tiene un fin meramente recaudatorio sino un fin extra-fiscal
cuestionó si es constitucional no. Además, cuestionó si tiene compromiso con
algún partido o con algún grupo de interés.
Por
el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora María del Pilar Ortega Martínez
cuestionó ¿cuáles serían los retos de la Corte respecto al sistema penal
acusatorio, pues ya tendría que ser vigente en todo el territorio.
En
otro tema, preguntó cómo se puede garantizar que exista un verdadero
federalismo judicial desde la Suprema Corte, y si esta puede influir en la
independencia de los poderes locales con relación a los gobernadores.
Por
el PRD, la senadora Angélica de la Peña, planteó la importancia de cómo los
ciudadanos pueden hacer exigible el derecho al medio ambiente, cuando son las
grandes empresas las que trasgreden este tipo de derechos.
Por
su parte, el senador del PRI, Miguel Romo Medina, señaló que uno de los
planteamientos que le hizo llegar la sociedad civil, es que con la salida del
ministro Silva Meza, la SCJN se queda sin penalistas, por lo que se requiere
reforzar esa disciplina. Adicionalmente, cuestionó, en materia de ley de
amparo, si está de acuerdo en suprimir el amparo directo.
A
través de peguntas por escrito, universidades y organizaciones de la sociedad
civil, cuestionaron al candidato sobre justicia abierta en tribunales, la no
intervención de los partidos en las decisiones de la Corte y que no se
convierta en un súper Poder que someta los otros poderes públicos.
Laynes…
Precisó que el debate sobre
los derechos reproductivos de la mujer es un tema que tendrá que abrirse
nuevamente en la Suprema Corte. “En mi opinión no hubo un debate a fondo sobre
los derechos reproductivos, ni el derecho a la vida”, dijo.
En
su respuesta, señaló que los efectos de la sentencia son correctos; la SCJN
defiende los derechos humanos, así sea de una persona, de una colectividad, de
una minoría o de la mayoría.
La
Corte no legisla; el problema sobre la legalización o no, es un problema
integral que no es responsabilidad única de la Corte. “No es a golpe de amparos
o de sentencias como se va a definir si tenemos en México que legalizar”, dijo.
Sobre
la desindexación, dijo que es un paso para fortalecer el salario mínimo vital,
pues “una de las cuestiones por las que a veces no se incrementaba el salario
mínimo es porque servía de base de cálculo de una serie de parámetros
aplicables en actividades económicas e incluso, multas, todas calculadas sobre
salarios mínimos”.
Respecto
al impuesto al refresco, dijo que sí es constitucional, pues es una política
fiscal cuyo objetivo de la tributación de un país. Asimismo, resaltó que no
tiene ningún compromiso “Ya lo he señalado aquí, senador, pero desde luego que
lo ratifico frente a esta soberanía”.
Javier
Laynez apuntó que con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio la Corte
debe jugar un rol fundamental, ya que le corresponde sentar criterios y
jurisprudencia para ver cómo se entienden y cuándo se considerará una violación
a los principios de oralidad, inmediatez, contradicción, concentración y
publicidad.
Destacó
que los tipos penales establecidos en la legislación sustantiva no han sido
modificados, están hechos para el sistema penal inquisitorio, para
equilibrarlo. Sin embargo, consideró que gradualmente se tiene que hacer una
revisión para hacerlos congruentes con un sistema adversarial.
En
su respuesta, el magistrado resaltó que los formatos de las sentencias son
complejos, sin embargo, reconoció que la SCJN ha avanzado en la conformación de
un formato más sencillo hacia los justiciables. Asimismo, destacó que
actualmente existe el debate sobre el argumento contramayoritario, el cual,
algunos consideran contrario a la democracia.
Confió
en que algún día pueda llegar a eliminarse el amparo directo y no en favor de
la autoridad. No obstante, en este momento no estaría de acuerdo con la
supresión porque impediría a un ciudadano que lleva un litigio en una justicia
local, tener acceso al juicio de amparo.
“No,
mientras no se garantice la plena autonomía de los poderes judiciales
estatales, que ha sido uno de los argumentos fundamentales para ni siquiera
pensar en esta idea de suprimir el amparo directo”, argumentó.
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