Revista
Proceso # 2064, 22 de mayo de 2016..
Matrimonios
gay: iniciativa oportunista e insuficiente/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
La
comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e
intersexual, se mostró sorprendida porque el martes 17 –Día Nacional de Lucha
contra la Homofobia– el presidente Enrique Peña Nieto hizo pronunciamientos que
avalan sus derechos. Lo desconcertante de los dichos y hechos presidenciales es
que los hizo de manera sorpresiva, a poco más de dos semanas de las elecciones
intermedias del 5 de junio y poco
después de que cundieran las críticas
mundiales contra su gobierno –en materia de derechos humanos–, a raíz del trato
que se le dio al GIEI.
Para
decirlo en el lenguaje de los activistas, proclives a los anglicismos, el
mandatario nunca se caracterizó por ser un gayfriendly, pues sólo había
abordado el tema de manera tangencial. Y lo hizo el 7 de septiembre de 2010,
cuando era gobernador en el Estado de México, ante el conductor del Noticiero
de Televisa, Joaquín López Dóriga, quien le preguntó:
–Dígame,
gobernador Peña Nieto, ¿tiene usted alguna postura sobre la legalización de los
matrimonios entre personas de un mismo sexo y su derecho a adoptar?
–Mira,
Joaquín, estoy a favor de respetar la preferencia sexual de cada quien. En lo
personal, no comparto esta idea de que quienes se unen –dos personas de un
mismo sexo– tengan derecho a adoptar. Porque aquí, yo creo, hay que valorar no
sólo el derecho de quienes adoptan, sino también de quien es adoptado.
“Sin
embargo, a partir de la definición última que tuvo la Suprema Corte sobre este
tema, no queda más que acatar puntualmente esta definición y es justamente la
definición que tengo políticamente.”
Agosto
de aquel año fue histórico para el movimiento LGBTTTI, pues la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad del matrimonio entre
personas de un mismo sexo, un reconocimiento que días después se amplió a la
adopción. A eso se refería el entonces gobernador mexiquense.
Para
el 13 de junio de 2015, ese matrimonio se volvió jurisprudencia; toda ley que
prohibiera la unión entre personas de un mismo sexo era inconstitucional, y
tenía una generalidad (que, necesariamente, incluye la adopción): “Bajo ninguna
circunstancia se puede restringir o negar un derecho con base en la orientación
sexual”.
La
jurisprudencia no dejaba opción a las entidades federativas hostiles a los
derechos reclamados por las personas LGBTTTI. El derecho al matrimonio y la
adopción estaban adquiridos y eran irreversibles. A casi un año Peña Nieto
convocó a activistas a un encuentro en la residencia oficial de Los Pinos el
martes 17 y, aparentemente sin aviso previo, anunció un paquete de iniciativas
de reforma para incluir en el orden constitucional lo que ya era legal por
decisión de la SCJN.
Por
increíble que parezca, hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud tenía
enlistada la homosexualidad como enfermedad mental. Hasta hace seis años, el
matrimonio entre personas de un mismo sexo era impensable; sobra decir que las
personas LGBTTTI encabezan la lista de crímenes de odio perpetrados en México.
Y fue en 2015 cuando se reconoció en este país que la orientación sexual no
puede restringir derechos.
El
17 de mayo –fecha que conmemora la eliminación de la homosexualidad como
enfermedad mental– fue histórico para activistas y colectivos. No fueron pocos
los que celebraron el gesto del Ejecutivo.
Por
primera vez, un presidente mexicano encabezó el Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; escuchó las propuestas de la comunidad
LGBTTTI y giró instrucciones a sus subordinados para atender tópicos
discriminatorios; lanzó también su paquete de iniciativas y, finalmente,
iluminó inmuebles y páginas de internet con los colores del arcoíris, la
bandera representativa de la diversidad sexual.
Lavado
en rosa
El
desprestigio internacional de México en materia de derechos humanos hizo crisis
en abril pasado. Por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
denunció hostigamiento y campañas de desprestigio contra el grupo de expertos
que llegó a México como coadyuvante en las indagatorias sobre los 43
normalistas de Ayotzinapa desparecidos y dejó el país en abierto desencuentro
con el gobierno.
La
segunda semana de ese mes, la Comisión Económica para América Latina y El
Caribe descalificó a México en sus políticas de atención a la pobreza. El
Departamento de Estado estadunidense emitió un informe en el cual destacó que
las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad eran la
constante en México.
Informes
y reclamos coronaron una larga lista de desencuentros con organismos
internacionales, entre otros asuntos, por el estado de la libertad de expresión
y la tortura en el país (Proceso 2059).
La
semana siguiente Peña Nieto presentó las conclusiones de los foros de consulta
para la legalización de la mariguana. Si hasta meses antes su postura personal
(inclusive argumentó hablando de sus hijos) y política era abiertamente
prohibicionista, el 19 de abril planteó un viraje: ampliar a casi seis veces la
cantidad permitida para consumo personal y permitirla para investigación
clínica. El tema ha sido bien visto en el debate internacional.
Diez
días después de la iniciativa sobre la mariguana, el Senado aprobó reformas al
Código de Justicia Militar, creando, entre otras medidas, la figura de jueces
de control, quienes podrán ordenar el cateo a domicilios particulares, oficinas
del gobierno federal y a las dos cámaras del Congreso, al Poder Judicial y a
los órganos constitucionalmente autónomos. La reforma fue criticada de manera
unánime por organismos de derechos humanos de México y el extranjero (Proceso
2061).
En
este contexto, la medianoche del lunes 16, de última hora, la Presidencia avisó
del acto por el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, emulando la
conmemoración internacional.
En
el debate internacional LGBTTTI suele utilizarse otro anglicismo para
situaciones de este tipo –explica el activista Omar Feliciano/Franka Polari, al
mencionarle el recuento de la crisis de derechos humanos en México–, es
pinkwashing, un término muy utilizado para referirse al Estado de Israel, que
anuncia protección de derechos a la diversidad sexual mientras incurre, por
ejemplo, en un bombardeo a los palestinos que viven en Gaza.
El
nuevo debate
Artista
y defensor de derechos humanos, Franka Polaris es una de las voces disidentes a
la celebración que numerosos colectivos y activistas LGBTTTI encausaron a
partir del evento, los anuncios y el gesto presidencial del martes 17. A su
juicio, se abrió un frente de lucha innecesario y desgastante.
Su
razonamiento es jurídico: “la Constitución, como está tras las reforma de
derechos humanos, incluyó en el artículo 1 constitucional la protección de
derechos humanos más amplia para todos, obliga a las autoridades a respetarlos
y prohíbe la discriminación por género y preferencias sexuales. Eso y la
jurisprudencia, ya era suficiente”.
Pero
ahora, explica, el movimiento LGBTTTI se mete en un problema de batallar para
que pase la reforma. De volver a pasar por el camino recorrido por la vía
jurisdiccional y al margen de partidos que ahora cabildearán, negociarán y
cederán a presiones en el Congreso y las legislaturas locales.
Por
otra parte, cree que la iniciativa no es suficiente. En su revisión, Franka
Polari identifica diferentes aspectos omitidos. Una cuestión con el matrimonio
es que, estando tan incrustado en las leyes, necesita trabajo fino, técnica
legislativa, e identificar situaciones de LGBT.
“Un
ejemplo de omisión tiene que ver con las licencias de paternidad y maternidad.
No es menor. Si estamos hablando de que parejas se casan para tener familias,
adoptando, por inseminación o técnica de reproducción asistida (en el caso de
dos mujeres) no podría tomar descanso para estar con su hijo o hija porque no
es padre.”
Otro
ejemplo: las estancias infantiles. Franka Polaris menciona que las leyes
reproducen roles de género y, para el caso, consideran que son las mujeres las
que deben estar al cuidado de los niños. Cuando un hombre solicita la
inscripción de su hijo o hija a la estancia infantil, se la niegan.
“Eso
es desprotección, es discriminatorio”.
También
menciona que la iniciativa adolece de profundidad en cuanto a la filiación. Es
decir, hay estados donde los niños no pueden tener nombre de sus padres LGBTTTI
porque carecen de apellido paterno y materno.
Si
bien la iniciativa considera la adopción, hay procesos que, según Franka
Polari, no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, recuerda que hace tres
semanas se aprobó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada para
extranjeros y parejas del mismo sexo.
Añade:
“al movimiento LGBTTTI, se le olvidaron estas acciones discriminatorias cuando
fueron a aplaudir la iniciativa. Se tomaron la selfie, pero no leyeron”.
La
reforma al artículo 4 constitucional, observa, no sólo es por derechos LGBTTTI,
pues contempla la recomendación de Naciones Unidas para evitar el matrimonio
infantil (por eso marca la edad de 18 años), o bien, el reconocimiento que ya
había hecho la SCJN al libre desarrollo de personalidad, por lo que eran
derechos adquiridos.
“El
párrafo que propone Peña Nieto no era necesario. Va a meter al movimiento en un
debate y en muchos estados como Chihuahua y Sinaloa, el movimiento es endeble.
En esos estados, los más homofóbicos, el PAN, Morena y el PES serán el bloque
que impedirá que pase el matrimonio (gay) en legislaturas locales”, insiste.
Recuerda
que haber seguido la vía jurisdiccional hasta lograr la jurisprudencia se debió
a que los afectados sabían que en el ámbito legislativo esa lucha no podía ser
expuesta a los devaneos de los partidos.
Advierte
que la legalización del matrimonio “es heteronormativa”; es decir, está
dirigida a personas LGBTTTI que quieren vivir como heterosexuales pero no considera
que, en la diversidad, la disidencia sexual tiene múltiples formas de amar que
no se consideran en reformas como la planteada por Peña Nieto.
Y
nota una incongruencia: el mismo día del evento en Los Pinos se discutía un
instrumento en París contra la homofobia. La delegación mexicana, con el
embajador a cuatro pisos de la discusión, no envió a un solo representante.
“Una
balsa imparable”
Las
redes sociales han dado cuenta desde el martes 17 de la diversidad que, más
allá de lo sexual, se expresa en mosaicos interminables de distinto signo
ideológico, lecturas e interpretaciones.
Juan
Jacobo Hernández, del Colectivo Sol, es uno de los decanos del activismo
LGBTTTI. Desde los años setenta no sólo ha participado, sino que ha historiado
la lucha por la diversidad sexual. Frente al disenso de la comunidad, cree que
“sin mezquindad, la mayoría tendrá que reconocer que se trata de una iniciativa
que tuvo gran valor por parte de la Presidencia, sin omitir que cayó en
blandito, pues sólo retomó el trabajo de los colectivos”.
Para
él, la propuesta presidencial rebasó al PRD, que a través de los años abanderó
las causas del matrimonio igualitario y la identidad de género, “una lucha que
no puede negársele”, dice.
Interpreta
lo ocurrido en Los Pinos como una hábil maniobra política, “como si el
presidente viera que esa balsa ya no podía detenerse, pese a los obstáculos
(grupos conservadores, iglesia militante, congresos renuentes), ya no se podía
detener por los procesos jurisdiccionales”.
Y
añade: “Peña Nieto será recordado como el presidente que impulsó el matrimonio
igualitario y el cambio de nombre”.
Respecto
al acto, no deja de observar que todo fue respetuoso, con propuestas
previsibles, pero sin expresiones que tendrían que haber ido en la línea de
reclamar Ayotzinapa, Tlatlaya, la crisis de derechos humanos, e inclusive, la
falta de transparencia, la corrupción. Es decir, “temas que no fueron tocados
por los colectivos ante la figura presidencial, en un momento que permitía a
los oradores poner la cosas en blanco y negro”.
Aun
así, considera que es un paso hacia adelante y quedan muchísimos temas muy
sentidos por las comunidades, en especial el de discriminación particularmente
cruel con las personas LGBTTTI.
Otra
voz acreditada entre los colectivos LGBTTTI es Gloria Careaga Pérez,
investigadora de la UNAM, integrante del Programa Universitario de Estudios de
Género. En su opinión, el paquete de propuestas de Peña Nieto es para concretar
el proceso de facilitación, toda vez que en algunos estados se obstaculiza lo
que ya decidió la SCJN.
Para
ella, lo que ocurrió el Día de la Lucha contra la Homofobia, cuando el
presidente Peña Nieto encabezó el evento, es un hecho histórico, por lo que se
muestra complacida.
Participante
de la sesión en Los Pinos, para ella Peña Nieto actuó de manera expedita a lo
que ahí le plantearon, al instruir a su gabinete acciones que los oradores
LGBTTTI propusieron en el evento. Ella pidió que se les incluya en el Plan
Nacional de Desarrollo.
Sobre
el oportunismo de la propuesta, dice: “Creo que en este momento, en el cual el
gobierno en general realmente está enfrentando desafíos muy importantes sobre
la violencia y derechos humanos, nos coloca en una situación difícil como
movimiento LGBTTI.
“Lo
que aquí ocurre es que esto no quita nuestra participación en cuanto a
solidaridad y participación de otros grupos y defensa de derechos humanos en el
país. No estamos ciegos, sabemos cuál es la realidad que se vive en el país,
pero tenemos que mantener la serenidad y la crítica respecto a la política
general del país.”
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