El precio del miedo
La historia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se respira hoy como un denso drama político; uno de esos donde el encendido discurso público choca, de frente y sin frenos, contra el pánico de los pasillos cerrados.
En las páginas de El Universal, Héctor de Mauleón vuelve a poner el dedo en la llaga, desmenuzando con precisión un nuevo audio. En él, la mandataria presuntamente ofrece su colaboración al FBI. Aunque hace poco intentó apaciguar las aguas bajo el cobijo del manido argumento de sostener una "relación institucional y transparente", esta nueva grabación nos entrega el retrato desnudo y humano de una funcionaria acorralada.
En este episodio sonoro, se le escucha dialogar con un supuesto intermediario de la agencia estadounidense y agentes especiales. La escena que se dibuja revela una realidad incómoda: el gobierno vecino no solo siente que ha "perdido el tiempo" con ella tras varias reuniones infructuosas, sino que la ha colocado ante una especie de ultimátum.
El clímax de esta intriga asoma cuando el terror, muy humano y palpable, a una orden de extradición o a que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) le finque cargos por lavado de dinero, la empuja a buscar una salida desesperada. Visiblemente alarmada por las represalias, y negándose en redondo a pisar territorio estadounidense —o siquiera asomarse al consulado en Tijuana—, la gobernadora pone sobre la mesa su carta más polémica. Ofrece cooperar, abriendo la información confidencial de las mesas de seguridad del estado, a cambio de una discreta reunión en un hotel de México.
"¿Están diciendo que me van a levantar cargos y con orden de extradición? [...] Yo estoy dispuesta siempre a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad". Las palabras resuenan graves.
Con el agua al cuello, la gobernadora no tuvo más remedio que dar la cara. Mediante una carta pública, admitió que la charla existió, pero su equipo intentó restarle peso con un argumento que raya en el absurdo: plantearon que los supuestos intermediarios no mostraron documentos ni credenciales oficiales.
El detalle sorprende y desconcierta. ¿En serio en el gobierno de Baja California son tan ingenuos para sentarse a negociar y ofrecerle secretos de Estado a cualquiera que llegue ofreciendo sus "servicios" sin acreditarse? ¿O de plano asumen que la ingenuidad es de los ciudadanos? El miedo no necesita gafetes oficiales, y el hecho de que la defensa de Ávila recaiga en Michael Nadler —un exfiscal estadounidense experto precisamente en lavado de dinero— es un mensaje que se lee solo.
Este relato de supervivencia política deja suspendida en el aire una densa sombra de dudas. Pone, además, en un serio aprieto a todo el gobierno de la Cuarta Transformación, que no hace mucho se ensañaba con la panista Maru Campos, acusándola prácticamente de traición a la patria por mucho menos. Seguramente al oficialismo no le será fácil guardar silencio ni disimular ante el caso de la mandataria bajacaliforniana.
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La silla vacía: México, el gran ausente en la cumbre global contra el narcoterrorismo
Mañana, 15 de julio, los pasillos del poder en Washington serán el escenario de una cita que debería encender todas las alarmas en nuestro país. Más de 60 naciones se sentarán a la mesa para debatir una amenaza que ha reconfigurado el mapa de la seguridad global: el "resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda".
El objetivo de esta cumbre no es un mero trámite diplomático. Se busca legitimar el uso de herramientas antiterroristas a nivel global y amarrar una coalición internacional muy selectiva, dispuesta a cruzar información de inteligencia, rastrear flujos financieros y combatir frontalmente el tráfico de armas y drogas. El blanco son los grandes cárteles, hoy catalogados como una amenaza directa para la seguridad mundial. Sin embargo, en esa sala donde se tomarán decisiones que impactarán directamente nuestro territorio, habrá una dolorosa silla vacía: México no participará.
Esta reunión de alto nivel no nace en el vacío; es el músculo diplomático de lo que hoy conocemos como el "Escudo de las Américas" (Americas Counter-Cartel Coalition). Lanzada por Donald Trump apenas en marzo pasado y respaldada por 12 presidentes de América Latina, esta iniciativa es una coalición multinacional de seguridad militar y policial. Su propósito es claro y contundente: coordinar operaciones conjuntas y asistencia militar para asfixiar a las organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio occidental.
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Parece el guion de una ficción desmesurada, pero es la dolorosa crónica de nuestra realidad. La fiscalía estadounidense ha detallado cómo, bajo el mando de Ismael "El Mayo" Zambada, el Cártel de Sinaloa no solo corrompió, sino que compró la estructura misma del Estado mexicano. Policías, militares y políticos de todos los niveles en una nómina que garantizaba la impunidad total.
Hoy, frente al juez Brian Cogan, la exigencia es lapidaria: cadena perpetua y el decomiso de una fortuna que lastima por obscena, cifrada en 15 mil millones de dólares. ¡Órale!
PD. A Joaquín Guzman le pidieron un poco menos pero nunca han recuperado nada
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Las columnas políticas hoy, martes 14 de julio de 2026
Templo Mayor/ REFORMA
DEL AUDIOGATE de la morenista Marina del Pilar Ávila hay un detalle que sorprende y desconcierta: una gobernadora en funciones reconoce haberse sentado a negociar la entrega de información confidencial con gente que, según ella, ¡no acreditó! ser agente ni intermediario de las autoridades de Estados Unidos.
¿EN SERIO en el gobierno de Baja California son tan ingenuos para abrirle la puerta a cualquiera que llegue ofreciendo sus "servicios"? ¿O de plano suponen que los bajacalifornianos son los ingenuos y les creerán?
EN EL FONDO lo que los audios confirman es que Marina del Pilar anda desesperada por encontrar la forma de llegar a un acuerdo con las agencias norteamericanas. Inclusive dice ella misma que le urge la reunión, pero se niega a que sea en territorio estadounidense o en el consulado en Tijuana.
ESTAS GRABACIONES, cuya autenticidad reconoce la morenista, ponen en un predicamento a todo el gobierno de la 4T, que se había ensañado con la panista Maru Campos, prácticamente acusándola de "traición a la patria". Seguramente a los morenistas no les será fácil hacer como que no pasa nada al hablar de la mandataria de Baja California.
PARA NADIE es secreto que el gobernador Ricardo Gallardo quiere imponer como su sucesora en San Luis Potosí a su mismísima señora esposa, la senadora Ruth González.
SIN EMBARGO el otro día llevó las cosas al extremo cuando él mismo la destapó como candidata al afirmar que cuidará a los potosinos como cuida a sus hijos.
MÁS ALLÁ del evidente nepotismo, la pregunta que salta es: ¿acaso esto no es un apoyo fuera de la ley? Porque si el mandatario ya anda haciendo campaña por la senadora, no se entiende que el árbitro electoral se haga el desentendido y no saque, mínimo, la tarjeta amarilla.
POR MENOS de eso la mayoría de la 4T aprobó una reforma federal para la anulación a modo de la elección presidencial.
LA BUENA NOTICIA es que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con las empresas automotrices para convencerlas de que no se lleven sus plantas de México.
LA MALA NOTICIA es que las automotrices no toman sus decisiones en plazos quincenales o trimestrales, sino a largo, muy largo plazo. Esto significa que la decisión de irse se ha venido construyendo en los últimos años.
COSA DE VER el estudio del Banco de México en el que se confirma lo que el gobierno ha negado desde el sexenio anterior: que la ausencia de Estado de Derecho tras la reforma judicial, la inseguridad para las personas y para los negocios, además de la tramitadera y la corrupción, son en buena medida las razones por las que las inversiones se van o no llegan.
RECONSTRUIR la confianza en México como destino seguro para las inversiones requiere acciones mucho más concretas que un cafecito en Palacio Nacional.
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Estrictamente Personal
Nueva estrategia en Palacio/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, julio 14, 2026 |
La estrategia en Palacio Nacional fue diseñada la semana pasada: echar toda la caballería de la ‘4T’ para que las críticas sobre la captura de Ismael Zambada, a la sazón jefe del Cártel de Sinaloa, recaigan en el gobierno de Estados Unidos para responsabilizarlo de las malas condiciones en la relación bilateral. Es una apuesta muy costosa si sale mal, como probablemente suceda. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a jugarla, aparentemente sin medir las consecuencias que puedan venir.
Mensajes llegados por vía diplomática al Zócalo precisaron que la estrategia para perseguir a los políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado se está manejando directamente desde Washington, donde el Departamento de Justicia quiere acusar a otros tres gobernadores: Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. No hay mucho nuevo porque sus nombres ya han sido mencionados públicamente. Lo novedoso es el compromiso con todos los gobernadores de la ‘4T’ de no entregar a nadie.
Tampoco les pedirá que renuncien, revelaron funcionarios federales, que agregaron que, no obstante, los apretará mediante auditorías, para obligarlos a que soliciten licencia. No se sabe cómo terminará esta estrategia, porque los gobernadores, que son leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador, han mostrado una resiliencia superior a la determinación de la presidenta. La discusión en los círculos políticos sobre la posibilidad de que Rocha Moya retome su cargo pleno de gobernador es parte de estos vaivenes que vive la ‘4T’.
La presidenta sigue jugando a la gradería doméstica, mientras en Washington siguen debilitándola con información que está circulando de manera cada vez más frecuente. La última, aportada ayer por Héctor de Mauleón, en El Universal, es una nueva grabación de la gobernadora de Baja California, donde ofrece colaborar con el FBI y aportarle toda la información en materia de seguridad que “escuchó”, a cambio de evitar que le formulen acusaciones, como sucedió con Rocha Moya.
La grabación que obtuvo De Mauleón tiene una segunda lectura: la enorme infiltración que tienen las agencias estadounidenses en el círculo más cercano de la gobernadora. El columnista difundió previamente una grabación donde se mostraba que estaba buscando una negociación con las autoridades de ese país, que ella negó. No es solo que una segunda grabación la desmienta, sino que las medidas que debió haber tomado para que no quedara registro de sus palabras resultaron insuficientes. Lo que mostró el periodista es que Ávila está aterrorizada ante la posibilidad de que le finquen acusaciones penales –bajo la ley contra el terrorismo– y que la están matando públicamente por goteo, con lo que alientan la paranoia que hay dentro de la ‘4T’ por la posibilidad de que más políticos comiencen a buscar cooperar con Estados Unidos.
La información previa obtenida de fuentes estadounidenses fue la de Luis Chaparro, que en el sitio Pie de Nota difundió la exhibición del avión en el que transportaron a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, para su detención formal. El reportaje de Chaparro, que mencionaba que el FBI había prestado el avión al museo en el aeropuerto en Nuevo México en donde aterrizó con los narcotraficantes, detonó la crisis que llevó a la presidenta a diseñar la estrategia para culpar de la mala relación bilateral al gobierno de Donald Trump.
La estrategia se montó sobre el exembajador en México, Ken Salazar, convertido en el tonto útil para este propósito. La presidenta lo ha acusado de mentiroso y Salazar ha dicho que no mintió. Salazar tiene parcialmente la razón: no engañó a nadie. El exembajador no supo de la operación y no le dieron detalles de la misma porque su gobierno no confiaba en él y pensaban que iba a ir corriendo a decírselo a López Obrador. Pero el embajador, como el gobierno mexicano, aprovechan la corta memoria mexicana para fugarse hacia delante.
En el comunicado del Departamento de Justicia tras la acusación contra Zambada (que se puede ver en esta liga: https://shorturl.at/juZ2b), Alejandro Mayorkas, en ese entonces secretario de Seguridad Nacional, dijo que había sido “gracias al trabajo dedicado de los valientes agentes de Investigaciones y sus colegas federales, Estados Unidos está rompiendo y desmantelando las operaciones del narcotráfico en el mundo”. Fuentes en Washington confirmaron que el operativo fue diseñado por un grupo de expertos en el Cártel de Sinaloa dentro del FBI.
Un informe de inteligencia que le entregaron a López Obrador sobre la captura de Zambada y Guzmán López, con información procedente del Cártel de Sinaloa, revelaba que la operación había sido ejecutada por un comando estadounidense que combate al terrorismo en todo el mundo, que dispuso de la escolta del líder de la organización, y que en ese mismo lugar mexicanos, presumiblemente del equipo de seguridad de Rocha Moya, asesinaron al diputado federal Héctor Melesio Cuén.
El intervencionismo estadounidense es claro y como Salazar no alcanza para mucho más en la nueva estrategia, hay otros instrumentos en la mesa de la presidenta para transferir los costos al gobierno de Donald Trump. Uno de ellos es haber dejado la gestión diplomática a un lado para exigir explicaciones y presionar por castigos contra agentes federales por matar a migrantes mexicanos, optando por la vía penal, en el Departamento de Justicia. Otro más es la evaluación que realizó hace unos días para defender a Rocha Moya, presentando una queja de violación a sus derechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero fue persuadida de que ese no era el camino.
Hay un endurecimiento de la presidenta en la forma como quiere enfrentar al gobierno de Estados Unidos. Es un juego de fuerzas disparejo donde no tiene las herramientas políticas para contener lo que, le están avisando, vendrá en el momento que Trump dé luz verde, porque las acusaciones ya están listas.
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La traición de Marina del Pilar /Héctor De Mauleón
El Universal, | 14/07/2026 |
“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, se le oye decir a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, en un audio compartido el día de ayer en este espacio, y en el que la mandataria expresa su temor ante una posible extradición.
Es el momento más delicado de la conversación que Ávila Olmeda sostuvo con el supuesto agente que le ofreció una última oportunidad “para frenar los cargos o sanciones a tiempo” y que, según ella misma ha reconocido, se presentó como agente o “intermediario” de autoridades de Estados Unidos.
Con ansiedad evidente ante la posibilidad de ser solicitada en extradición, y de ser investigada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la gobernadora —que al revelarse un primer audio había admitido que estas reuniones tenían como fin hacer gestiones para recuperar su visa—, no solo reconoce que se ha reunido varias veces con el FBI: con tal de salvarse ofrece entregar información clasificada del gobierno mexicano.
La información que comparte en las Mesas de Paz y Seguridad es extremadamente sensible. Dichas mesas se llevan a cabo diariamente y a ellas suelen asistir autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El gobernador o la gobernadora, el secretario de Gobierno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, el delegado del Centro Nacional de Inteligencia, el jefe de la Zona Militar o de la Zona Naval, el comandante de la Guardia Nacional, el fiscal general del estado, el secretario de Seguridad Pública, el delegado de la Fiscalía General de la República, así como el coordinador de la Mesa, que es el representante de la Secretaría de Gobernación.
En muchos casos asisten también presidentes municipales.
Toda la seguridad de un estado converge en esas reuniones.
Por ahí pasa todo. No hay otro lugar donde se comparta tal nivel información.
Ahí se anuncian las órdenes de aprehensión que se han girado Se habla de investigaciones en curso.
Desde ahí se arman, deciden y despliegan diversos operativos. Se comparte información sobre las actividades de los grupos criminales y se da el resultado de su seguimiento. Se plantean estrategias para la persecución de los principales generadores de violencia.
En esas mesas fluye información sobre quiénes son los objetivos prioritarios. Se comparten mapas criminales. Se revisan las cifras de homicidio y en general todos los datos sobre la incidencia delictiva.
Se presentan los reportes del C5 y se presentan informes militares.
El CNI proporciona datos sobre sus trabajos de inteligencia y sobre los instrumentos tecnológicos que está empleando para llevarlos a cabo. Informa también en dónde lo está haciendo.
En las Mesas de Paz y Seguridad se discuten los principales riesgos que hay en un estado.
Eso es lo que ofreció entregar a Estados Unidos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La mandataria ha confirmado que los audios difundidos son reales y que son fragmentos de una conversación privada que sostuvo con personas que se identificaron como intermediarios de agencias de Estados Unidos, aunque “sin acreditar formalmente dicha representación”.
Sostiene que en esa conversación le plantearon distintos escenarios legales “sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones”.
En el segundo audio difundido ella afirma, sin embargo, que ya estuvo en una oficina del FBI: “Ahí estuve platicando con el adjunto, luego nos volvimos a ver en México, agendamos, luego a través de mis abogados nos volvimos a reunir en México”.
No solo eso, agrega que en dichas reuniones “se han portado mal, cada vez que me siento me hacen algo. Salgo de ahí y ya pasó algo… No he visto como un buen avance, al contrario, parece que me vaya a sancionar la OFAC”.
El comunicado que ha emitido en su defensa no la ayuda en nada. Al contrario, muestra que una funcionaria investida con tan alta responsabilidad es capaz de ponerse a hablar de asuntos tan serios y de ofrecer la entrega de información sobre las mesas de seguridad con gente que en realidad no sabe quién es.
En todo caso, queda claro que por salvarse es capaz de cometer una traición. Así gobierna la morenista a casi 4 millones de mexicanos.
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Ayotzinapa: la verdad y los militares/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
El pasado 2 de julio la CNDH, finalmente, decidió excluir a la secretaria de la Defensa Nacional de su nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa. Por una vez estamos de acuerdo con la CNDH, porque como lo hemos sostenido desde 2014, en este espacio, en libros, en documentales, en radio y televisión, los militares el día no intervinieron durante las acciones de la policía municipal de Iguala en contra de los estudiantes, ya que en aquel entonces el Ejército carecía de atribuciones de seguridad pública y por tanto su intervención habría constituido una violación a la competencia de las policías estatales y municipales, responsables de contener los disturbios, y si bien estuvieron enterados de lo que ocurría, por estar presentes personal militar en el C-4, el ejército carecía de facultades legales para intervenir en la situación, que ya estaba siendo atendida por la autoridad civil.
Es algo que hemos investigado a lo largo de todos estos años y era evidente que la consigna de que ese había sido un crimen de Estado, se construyó con falsedades, sin pruebas y con testigos protegidos, con una narrativa que se ha derrumbado hasta dejar la verdad cruda de los hechos: los jóvenes, en un contexto de violencia y de enfrentamientos políticos y criminales, fueron detenidos por policías municipales, entregados a sicarios de Guerreros Unidos en distintos grupos y finalmente asesinados. En ningún momento hubo actuación ni individual ni institucional de elementos militares en ese proceso.
Buena parte de esos datos están en el libro La Noche de Iguala, 2018, Cal y Arena. Ahora lo ratifica la propia CNDH de Rosario Piedra, la más refractaria a los militares que se pueda recordar.
Como lo sostiene un informe militar de fines de 2024, desde el primero de diciembre del 2012 hasta el día de los hechos el 26 de septiembre de 2014, los jóvenes de Ayotzinapa habían realizado, sólo en Guerrero, 108 actos similares (de robo de autobuses y otras acciones violentas, incluyendo el incendio del palacio municipal de Iguala), 20 marchas, cinco mítines, siete bloqueos carreteros, 42 acciones de recolección de dinero (boteo), cuatro caravanas, cinco retenciones de vehículos, tres tomas de instalaciones, 15 extracciones ilegales de combustible y siete reuniones plenarias para coordinar exigencias (uno se pregunta cuándo les quedaba tiempo para estudiar, pero ese es otro tema).
Esa noche, la última llamada con autoridades locales se dio a las 21.55 hs cuando el jefe del 27 batallón, el entonces coronel José Rodríguez Pérez llamó al coordinador operativo de la policía estatal, José Adame Bautista, quien le dijo que ellos no saldrían hasta tener órdenes. Una hora después Rodríguez Pérez habló con el jefe de la policía municipal, Felipe Flores, quien le dijo que la situación estaba controlada y que no necesitaba apoyo. Todavía salió una patrulla militar para ver qué sucedía en el hospital Cristina, donde se habían refugiado unos jóvenes. Estuvieron con ellos unos minutos (hay video al respecto), pidieron una ambulancia y se fueron. Cuando la ambulancia llegó los jóvenes ya se habían retirado, uno de ellos, se lo identifica en las fotos, minutos después participa en una conferencia de prensa improvisada con un par de medios nacionales y locales.
Fueron los policías municipales los que entregaron a los estudiantes a los sicarios, como ellos lo aceptaron y como lo demuestran entre otras cosas las llamadas intervenidas por la DEA entre distintos capos del grupo criminal que en esas mismas llamadas piden que se oculten hechos a los militares.
El soldado Julio Cesar López Patolzin, que estudiaba en la normal de Ayotzinapa y que fue secuestrado junto con los otros jóvenes, nunca tuvo entrenamiento ni formación en áreas de inteligencia. Solicitó ingresar a la Normal para terminar su licenciatura y se le dio autorización para ello. El soldado López Patolzin no trabajaba en inteligencia y en las pocas semanas que estuvo en la normal no envió reporte alguno a sus mandos militares.
El de Ayotzinapa ha sido un leit motiv para los sectores radicales de la 4T que tienen su principal exponente de poder en Jesús Ramírez y ésta es una más de sus derrotas políticas. A pesar de todas las maniobras fuera de la ley para tratar de imponer la visión de que ese fue un crimen de Estado y aunque siguen insistiendo en que la llamada verdad histórica era una manipulación organizada “por autoridades federales y estatales de los más altos mandos”, lo cierto es que algo muy similar a la verdad histórica es lo que concluyó la investigación que realizó ahora la CNDH.
La mayor manipulación sobre el caso Ayotzinapa, en la que intervino directamente Ramírez, fue el intento, mediante falsos testimonios, de involucrar a militares para justificar el presunto crimen de Estado, una manipulación en la que participó directamente el primer fiscal especial Omar Gómez Trejo y el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que convirtieron a sicarios confesos de Guerreros Unidos, luego de varios años de detención, en testigos protegidos para involucrar a mandos militares a cambio de su liberación.
Finalmente, desde una de las instancias más cercanas a esos grupos radicales, la actual CNDH, se tuvo que aceptar la realidad y deslindar por completo al ejército del secuestros y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Cuando no se aceptan los hechos comprobados sobre lo realmente sucedido y se sigue dando crédito a especulaciones y teorías de la conspiración, lo único que se logra es que la tragedia que nunca pueda tener un cierre, una salida, política, social y humana. Ojalá eso ahora ocurra.
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Antesala de la intervención/Francisco Martín Moreno
REFORMA, 14 julio 2026
El Escudo de las Américas (Americas Counter-Cartel Coalition) integrado por 12 presidentes de América Latina, es una coalición multinacional de seguridad militar y policial lanzada por Trump en marzo pasado, con el propósito, entre otros objetivos, de coordinar inteligencia, operaciones conjuntas y asistencia militar para combatir a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio occidental.
Trump ha decidido dentro del "Corolario Trump", eliminar el tráfico de enervantes, erradicar el socialismo del continente, extinguir el narcoterrorismo, pero sin la sorprendente comparecencia de México, según él, "el epicentro de la violencia". Lo anterior, claro está, sin olvidar que AMLO canceló programas de entrenamiento con la DEA, la CIA, el Departamento de Estado y el NORTHCOM.
Para Trump, los cárteles y el fentanilo comprometen la gobernabilidad mexicana; Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha declarado una "guerra total" contra los cárteles, al compararlos con Al-Qaeda o ISIS, en tanto, Marco Rubio apunta al Cártel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al del Golfo, al del Noreste, a los Cárteles Unidos a La Nueva Familia Michoacana, como narcotraficantes y, en su caso, narcoterroristas, por el contrabando de fentanilo, considerado arma de destrucción masiva, que ya produjo la muerte en EU de más de 500,000 mil personas, más del doble de los fallecidos a raíz del estallido de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
El daño en las relaciones bilaterales resulta inocultable al extremo de llegar a incluir la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano o patrocinar la caza de líderes ("kingpin strategy") o el High-Value Targets, como el caso de Nicolás Maduro, ya que, para el jefe de la Casa Blanca, el tema del respeto a los principios de derecho internacional es irrelevante de acuerdo a la experiencia venezolana y a la iraní. También se podrían aplicar sanciones económicas como las arancelarias, de consecuencias costosas para ambas partes, dada la interdependencia económica existente, ya que somos el principal socio comercial de EU.
¿Acaso estarán diseñando en Washington una estructura política paralela para México, similar a la ejecutada en Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez para sustituir a Maduro, u otra similar como la que estarían pensando en aplicar próximamente en Cuba para reemplazar a Castro y a Díaz-Canel? ¿Trump y Rubio ya estarán seleccionando cuadros de ex políticos, de técnicos y hasta intelectuales mexicanos para relevar, en su momento, a Sheinbaum y al gobierno morenista y consolidar un objetivo de seguridad mexicana y hemisférica imposible de lograr con la 4T? ¿Quiénes serían los "Delcy Rodríguez" mexicanos llamados a ocupar el poder, una vez desaparecida nuestra dictadura comunista embrionaria?
En la reunión de mañana, 15 de julio, en Washington, con la participación de más de 60 países, se abordará el tema del "resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda". Se pretende, entre otros objetivos, legitimar el uso de herramientas antiterroristas, construir una coalición internacional selectiva de países dispuestos a colaborar con intercambio de inteligencia, con el rastreo financiero y el combate al tráfico de drogas y armas para erradicar a los grandes cárteles que representan una amenaza directa para la seguridad mundial, obviamente sin la participación de México, para nuestra vergüenza histórica.
Tal vez Trump y Rubio se han propuesto, en el fondo, obtener el máximo aval internacional para intervenir militarmente en México, o echando mano de presiones financieras y aislamientos comerciales, o por medio de diversos bloqueos comerciales, como los ejecutados en contra de Rusia, después de la invasión en Ucrania. Dicho aval internacional constituiría la antesala de intervenciones de diversa naturaleza hasta llegar a una invasión armada, si antes fracasa el kingpin strategy, para arrestar a los capos y a sus respectivos jefes políticos de la máxima jerarquía.
¿Es preferible comprometer el futuro del país a través de aislamientos comerciales y sanciones financieras, sufrir una intervención militar, comercial, financiera o fiscal y llegar a la violencia armada de consecuencias imprevisibles, en lugar de entregar a los envenenadores de ambas sociedades y a sus respectivos gerifaltes?
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