La
corrupción panista en Pemex, arma de Peña Nieto/J.
JESÚS ESQUIVEL
Revista Proceso # 1933, 16 de noviembre de 2013
El
primer día de su sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto emprendió una
investigación confidencial contra un oscuro miembro del PAN que fue directivo
de Petróleos Mexicanos. La indagatoria, a la que Proceso pudo acceder, no sólo
sugiere que un alto ejecutivo de la paraestatal se enriqueció ilegalmente: es
caso particular que, sin embargo, salpica al calderonismo, al mostrar su
círculo de compadrazgos e impunidades. Sin embargo, lo más importante podría
estar en otro lado: el valor político de la investigación tiene el poder de
modificar el debate por la reforma energética, que el PAN ha condicionado a la
electoral.
WASHINGTON.-
El gobierno de Enrique Peña Nieto investiga por corrupción a un panista clave
en Petróleos Mexicanos durante el calderonismo: Mario Alberto Ávila Lizárraga,
exsubdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios
Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Las
autoridades federales no se explican cómo se enriqueció ni por qué su esposa
ocupó un cargo importante en una empresa favorecida en el periodo de la gestión
de Ávila.
Según
documentos confidenciales de la propia administración peñanietista, la
indagatoria sobre el también excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche
se inició el 1 de diciembre pasado: el primer día del actual sexenio y un día
después de la renuncia de Ávila Lizárraga como funcionario de Pemex.
Ahí
se detalla que luego de perder la gubernatura frente al priista Fernando
Eutimio Ortega Bernés, Ávila Lizárraga –identificado en el expediente
confidencial como “MAL”– fue enviado por Felipe Calderón a PEP, con sede en
Ciudad del Carmen.
“Las
finanzas de Mario Alberto Ávila no revelan de manera evidente mala apropiación
de recursos de Pemex. Sin embargo, sí se puede concluir que cuenta con una gran
capacidad económica, no explicable del todo por sus sueldos”, determina el
expediente de 25 páginas al que accedió Proceso.
Dividido
en siete apartados, el documento elaborado por el gobierno de Peña Nieto
muestra un exhaustivo mecanismo de investigación sobre Ávila, que se extiende a
su esposa, amigos, socios y empresarios, quienes presuntamente le sirven como
prestanombres.
“Se
identificó una relación directa entre Ávila Lizárraga y Grupo Empresarios del
Sureste SA de CV, a través de llamadas telefónicas y el nombramiento de su
esposa (María Isabel Gutiérrez Rullan) como apoderada de la sociedad. A esta
empresa se le otorgó un contrato por 422 millones 479 mil 928 pesos durante la
gestión de Ávila Lizárraga en Pemex”, indica el texto.
Candidato
oscuro
Nacido
el 15 de marzo de 1964 en la ciudad de Campeche, Ávila Lizárraga obtuvo en 1990
el título de licenciado en Administración de Empresas por el Instituto
Tecnológico de Campeche. Después cursó una maestría en Gobernabilidad y
Desarrollo Humano por la Universitat Oberta de Catalunya, España.
El
expediente asienta que arrancó su carrera empresarial como gerente (1984-1986)
de Inmuebles y Equipos de Campeche. De 1986 a 1987 fue administrador de la
Empresa Internacional del Yeso. En el periodo 1988-1992 ejerció como consultor
independiente de diversas compañías; de 1991 a 1992 fungió como gerente de
Casitodo de Campeche, para luego, de 1992 a 2002, ocupar la gerencia de
Campechana de Vehículos.
En
2002 dio el viraje a la vida política, cuando el gobierno del entonces
presidente Vicente Fox (PAN) lo nombró delegado federal de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) de Campeche, donde estuvo hasta 2009, antes de
buscar la gubernatura que perdió ante Ortega Bernés.
La
indagatoria –que abarca hasta el pasado septiembre– enfatiza un vínculo que el
propio Ávila Lizárraga presumió durante aquella campaña: el que tuvo con la
familia de Juan Camilo Mouriño (1971-2008), entonces secretario de Gobernación
y mano derecha de Felipe Calderón.
De
hecho, cuando se registró como candidato, el 31 de marzo de 2009, Ávila
Lizárraga encabezó un mitin al que asistió toda la familia Mouriño (Proceso
1692).
“Durante
su campaña, Ávila Lizárraga hizo referencias a su cercanía con Juan Camilo
Mouriño y su familia”, se destaca en la investigación federal.
El
1 de abril, día programado para que rindiera protesta como candidato, el grupo
Megamedia –a través de sus periódicos Diario de Yucatán y La I– reveló que el
26 de marzo sus representantes en Campeche “recibieron y rechazaron una oferta
de propaganda política del Partido Acción Nacional que sería pagada con fondos
públicos federales procedentes de la Lotería Nacional”.
El
intento de negociación ocurrió en el edificio sede del Grupo Energético del
Sureste, Torres de Cristal, con la participación del presidente del
corporativo, Carlos Mouriño Terrazo (hermano del secretario de Gobernación). El
paquete publicitario que Megamedia ofrecía “alcanzó un precio de 3 millones de
pesos”, precisó la empresa.
“Perfecto,
factúralo a nombre de la Lotería Nacional”, fue la respuesta de Jiménez
Godínez.
Por
este caso dejaron sus puestos Jorge Luis Lavalle Maury, coordinador de la
campaña de Ávila, y el propio Jiménez Godínez.
“Después
de perder la candidatura, Ávila Lizárraga fue nombrado subdirector en Pemex”,
recapitula el expediente confidencial.
La
multiplicación de los pesos
Desde
antes de que se presentara la reforma energética de Peña Nieto, el presidente
del PAN, Gustavo Madero, condicionó el aval de su partido a que antes se
aprobaran modificaciones del ámbito electoral. Ese mismo 2 de agosto, Madero se
refirió al caso del panista Armando Reynoso Femat, exgobernador de
Aguascalientes acusado de peculado.
Dijo
que el PAN no protegería a nadie. El 27 de octubre, el coordinador del grupo
parlamentario panista en el Senado, Jorge Luis Preciado, repitió que su partido
negociaba la reforma energética por la política. Y lo reafirmó el jueves 7 de
este mes. En tal contexto irrumpe el expediente.
En
el inciso número V de ese documento confidencial, referido al “Análisis Fiscal
y Financiero”, el gobierno de Peña Nieto detalla punto a punto la fortuna de
Ávila Lizárraga:
Muestra
un cuadro con la declaración patrimonial de Ávila cuando asumió el cargo de la
Sedesol. Sus ahorros eran considerables: en 2005 tenía 4 millones 228 mil 588
pesos con 10 centavos. En 2006, 4 millones 883 mil 464 pesos con 41 centavos.
Un año después, 5 millones 151 mil 324 pesos con 16 centavos; para 2008 la
cifra bajó a 4 millones 328 mil 81 pesos con 42 centavos, y en 2009 se redujo a
4 millones 308 mil 635 pesos.
Con
el Registro Federal de Causantes (RFC) AUGL700927QT4, “declaró un total de
ingresos acumulables por un millón 917 mil 435 pesos y un millón 910 mil 534
para 2007 y 2008, respectivamente, correspondientes a sus ingresos por el sueldo
percibido como funcionario de Sedesol”, especifica el expediente.
Como
subdirector en Pemex (puesto que asumió el 1 de marzo de 2010), tenía un sueldo
neto mensual de 118 mil 829 pesos con 10 centavos, más aproximadamente 7 mil
400 pesos mensuales de prestaciones. “Es decir, para el periodo de 20 meses que
estuvo trabajando en Pemex pudo haber acumulado un ingreso mínimo de 2 millones
525 mil 582 pesos. Además, el 6 de diciembre de 2012 recibe como liquidación un
finiquito de 997 mil 406 pesos con 51 centavos, cantidad que le es entregada el
31 de mayo de 2013”, subraya.
Sin
embargo –y por más sumas o restas que se hagan entre ingresos, ahorros y
egresos–, el gobierno de Peña Nieto enfatiza que “en términos de declaraciones,
entre los dos ejercicios fiscales (2011 y 2012) correspondientes al periodo en
el que Ávila Lizárraga labora en Pemex, este declara una totalidad de 4
millones 532 mil 374 pesos, cantidad que parece elevada comparada con los
ingresos que se calcula podría haber obtenido por su sueldo durante dicho
periodo”.
La
investigación al también expresidente del PAN-Campeche indica que actualmente
éste no tiene ningún desempeño laboral. Los datos de su RFC asientan que su
actividad preponderante es la asesoría a empresas.
“Por
su parte, su esposa –acota el documento–, con RFC GURI730105BS4 inició
operaciones el 1 de enero de 2004 con actividad preponderante en Otros
Servicios Financieros no Bancarios. Gutiérrez Rullan no presenta declaraciones
de impuestos, pero se encontraron retenciones por el municipio de Campeche por
concepto de sueldos y salarios por la cantidad de 399 mil 764 pesos, 415 mil
810 pesos, y 357 mil 834 pesos en 2007, 2008 y 2009, respectivamente”, indica
el documento en el capítulo “Análisis fiscal y financiero”.
El
gobierno de Peña Nieto hurgó incluso en las llamadas telefónicas que Ávila
Lizárraga hizo a 13 números. En total, rastreó 392 telefonemas a personas y
empresas. Además, estableció un decálogo de frecuencia y relación con el
panista.
A
estos números hay que agregarle 185 comunicaciones por radio que mantuvo con
Grupo Empresarios del Sureste, SA de CV (como funcionario en Pemex) y un
centenar que realizó por este medio con otras personas (incluida su esposa).
El
expediente confidencial identifica cuatro cuentas bancarias a nombre del
exfuncionario y dos Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que se le
hicieron. A su esposa, el gobierno de Peña Nieto le descubrió tres cuentas
bancarias.
La
primera cuenta de Ávila Lizárraga está en BBVA Bancomer Libretón y tiene el
número 0074 5323 16 1162383276. Fue analizada el 8 de julio y el 9 de
septiembre de 2013, y se detectó que tenía un saldo inicial de $4,474,789.78 y
uno final de $194,380.80. Sólo registró movimientos de depósito y apertura de
inversión, todos por el mismo monto de 4 millones 300 mil pesos. Es decir, esta
cantidad entró y salió de la cuenta por motivo de vencimiento de inversión.
La
segunda cuenta también está en BBVA Bancomer. Es la número 0074 4442 72
1432457202. En el lapso detallado no tiene movimientos y su saldo es de $102,
726.73.
La
tercera es la HSBC 3377513695. Fue analizado el periodo del 19 de junio al 19
de septiembre de 2013. Saldo al inicio: $650,377.77. Saldo final: $126,316.89.
Monto de depósitos: $1,262,384.46. Monto de retiros: $1,787,222.20.
Principalmente fue usada para la venta y compra de valores y el pago de un
seguro de auto por $776.86 mensuales. Destacan tres compras en tiendas de
Estados Unidos, los días 12 y 17 de septiembre, por $29,278.39.
También
fue monitoreada la tarjeta de crédito HSBC Premier World Elite 5221 7400 0093
6065, a nombre de Ávila Lizárraga. Su techo de préstamo es de $68,900.00 y fue
estudiada para el periodo 15 de julio al 12 de agosto de 2013. Con ella se pagó
un seguro de vida. Destaca el cargo realizado a Stream Energy el 27 de agosto
de 2013 por un monto de $5,770.16. Esa compañía provee servicios de gas y
electricidad para Texas, Pensilvania, Georgia, Maryland y Nueva Jersey.
Adicionalmente,
el gobierno de Peña Nieto identificó dos SPEI dirigidos a Ávila. Uno por un
millón de pesos, de parte de Soluciones Dinámicas para la Competitividad,
empresa que parece estar asentada en Tuxtla Gutiérrez y que ha licitado para
contratos de gobierno. El segundo pago es de $5,310,604.00 (cifra que podría
ser errónea), proveniente de la Tesorería de la Federación.
En
cuanto a María Isabel Gutiérrez Rullan, su primera cuenta es la radicada en
BBVA Bancomer Libretón 0074 4442 79 1461724460, vigente desde el 26 de octubre
de 2006. Tiene un saldo de $1,143,191.43, que no se movió entre el 1 de julio
de 2013 y el 19 de septiembre de 2013, día en que se realizó la consulta.
Otra
cuenta fue la Santander 60530 09744, con un saldo de $628,360.74 entre el 31 de
mayo y el 12 de agosto de 2013.
La
esposa del exsubdirector de Pemex también recibió un SPEI. Rocío Matesanz
Santamaría, accionista de Tecnogolfo, SA de CV, contratista de Pemex, le
depositó $43,901,100.00. Matesanz es vecina de la familia Ávila Lizárraga, ya
que es propietaria de un lote en el Fraccionamiento Lomas del Castillo, donde
la esposa del exfuncionario tiene cinco propiedades.
El
documento confidencial indica que “la fuente que proporcionó dicha información
indica que podría haber un error en la citada cantidad. Sin embargo, debido a
la naturaleza de los negocios de Ávila Lizárraga, es probable que efectivamente
haya existido el traspaso por dicho monto”.
También
se asienta que durante y después de su estancia en Pemex, la pareja ha tenido
relación con más de una docena de empresas, casi todas beneficiadas con
contratos otorgados por la paraestatal.
“Tomando
en consideración los saldos aproximados de las cuentas bancarias de Ávila
Lizárraga y de su esposa, podrían tener, al verano de 2013, alrededor de 7
millones de pesos. Por lo anterior, se podría afirmar que Ávila Lizárraga ha
recibido ingresos adicionales a aquéllos por motivo de sus cargos públicos”,
describe el expediente, para luego anotar: “Asimismo, cabe señalar que, dentro
del periodo comprendido del 6 de diciembre de 2009 al 6 de mayo de 2013, se identificaron
36 entradas y 25 salidas al extranjero de María Isabel Gutiérrez Rullan”.
El
documento relaciona a Ávila con las siguientes compañías: Grupo Empresarios del
Sureste SA de CV, Representaciones y Distribuciones Evya SA de CV, Tecnogolfo
SA de CV, Constructora y Prestadora de Servicios Técnicos SA de CV,
Kim-Rent-A-Car SA de CV, y otras a menor escala como Administración y
Supervisión de Proyectos SA de CV, Tecnosolutions Soluciones Totales en
Tecnología SA de CV, YCNEX México SA de CV, Transoceans Americas,
Goimsa-Goimar, Seadrill Offshore AS, Electromecánicas, Civiles y Eléctricas SA
de CV (IECESA) y Heliservicios Campeche.
En
cuanto a los contratos concedidos por Pemex a las firmas relacionadas con Ávila
Lizárraga durante su gestión como subdirector, la investigación gubernamental
indica que el 20 de julio de 2012 PEP celebró uno con Grupo Empresarios del
Sureste por $422,479,928.00, con una vigencia del 1 de agosto de 2012 al 21 de
diciembre de 2014.
La
unidad administrativa que celebró este acuerdo fue la Coordinación de Servicios
Marinos, donde Ávila Lizárraga trabajaba en ese momento.
“Antes
del contrato de 20 de junio de 2012, esta empresa no había tenido ningún
contrato con PEP. (…) Esto cobra especial relevancia ya que la esposa de Ávila
Lizárraga es nombrada apoderada de la sociedad el 5 de octubre de 2012”, acota
el documento confidencial, el cual agrega que junto con Administración y
Supervisión de Proyectos SA de CV “obtuvieron contratos con PEP por 676
millones de pesos”.
Durante
la gestión de Ávila Lizárraga en Pemex, Representaciones y Distribuciones Evya
obtuvo 40 contratos con Pemex por un total de $8,255,061,103.68.
Para
el caso de Tecnogolfo, el expediente apunta que ésta “podría continuar siendo
contratista de Pemex, pero participa de manera conjunta con otras empresas. El
19 de octubre de 2012 se le adjudicó al consorcio Constructora y Prestadora de
Servicios Técnicos SA de CV y Tecnogolfo SA de CV un contrato por parte de PEP
por el monto de $58,438,674.31”.
Señores
propietarios
En
el apartado de propiedades a nombre de Ávila Lizárraga, la investigación le
detectó una casa ubicada en Llovizna 9, cruce con avenida Tormenta, en
Fracciorama 2000, Campeche, Campeche; un predio de mil 420 metros cuadrados en
avenida José López Portillo S/N, Ciudad Campeche, y una casa en Houston, Texas,
aunque registrada a nombre de Mirna y Guillermo González. Dicho inmueble está
ubicado en el 1302 de la calle Globe y tiene un valor de 76 mil 22 dólares.
A
la señora María Isabel Gutiérrez Rullan, el expediente le atribuye la propiedad
de cinco lotes en el fraccionamiento Lomas del Castillo, que suman 3 mil 828
metros cuadrados. Los lotes 61, 65, 66, 67 y 84 tienen un valor conjunto de
$1,050,889.67.
En
cuanto a las propiedades de Ávila Lizárraga y su esposa, la investigación
destaca que “en su última declaración como delegado de Sedesol, presentada en
2009, Ávila Lizárraga únicamente hace referencia a una propiedad con 444 metros
cuadrados de terreno”.
***
Tres
exdirectores de Pemex, enriquecidos/Esteban David Rodríguez
En
realidad, los magnates petroleros mexicanos que presionan para conseguir la
privatización de Pemex conforman una gran familia, encabezada, entre otros, por
tres patriarcas que dirigieron la paraestatal. Se trata de Jesús Reyes Heroles,
Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel, quienes fueron pródigos con la
concesión de multimillonarios contratos a las empresas a las que se
incorporaban como exfuncionarios o a las que pensaban asociarse cuando se
hallaban al frente de Petróleos Mexicanos…
Los
magnates petroleros mexicanos son como una gran familia:
Luis
Ramírez Corzo, en su administración al frente de Pemex, otorgó contratos a GEA,
de Jesús Reyes-Heroles; la gestión de éste dio contratos a Todco y a Jacobs, de
Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel, respectivamente, y en el paso de
cada cual por la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) hubo
contratos para sus clientes y/o socios.
Son
también los voceros de la privatización energética peñista, que lo mismo
participan en los foros de Televisa-Nexos que en los foros del Senado para la
discusión de las iniciativas que pretenden transferir al sector privado áreas
de inversión exclusivas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Luis
Ramírez Corzo y Hernández fincó su ascenso por las redes financieras del
mercado energético a través de una cuestionada administración al frente de
Pemex, y ahora resurge como uno de los profetas de la privatización peñista.
Su
breve y redituable carrera pública se reduce a cuatro años con ocho meses, en
los cuales acumuló una serie de acusaciones sobre conflictos de interés y la
asignación discrecional de contratos de la petrolera pública a empresas
privadas con las que estuvo ligado.
El
caso más oscuro fue el de Solar Turbines, firma de la que Ramírez Corzo fue
director. Después de una serie de resistencias por parte de la alta burocracia
de Pemex –durante la gestión de Jesús Reyes-Heroles– a informar sobre los
contratos asignados a esa empresa, el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la paraestatal liberar la
información y subirla al Portal de Obligaciones de Transparencia, como era su
obligación, tras lo cual puede verificarse que, sólo con Pemex Exploración y
Producción (PEP), entre 2003 y 2013 Solar Turbines ha sido beneficiada con 459
contratos por casi 30 mil millones de pesos, y de ellos 280 fueron suscritos
durante el periodo en que Ramírez Corzo dirigió esa división y fue director
general de la petrolera.
Pero
en la zona de tolerancia de facto que ha sido la dirección general de Pemex, el
multidenunciado Ramírez Corzo se dedicó a entablar relaciones que habrían de
serle preciosas para sortear con fortuna el desprestigio público y reaparecer a
principios de 2012 en los consejos ejecutivo y de administración de Integradora
de Servicios Petroleros Oro Negro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión
(SAPI) de C.V., donde comparte asientos con exdirectivos de Televisa, así como
con Gonzalo Gil White –director de la compañía– y Gonzalo Cañedo White, hijo y
cuñado, respectivamente, del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.
Oro
Negro, a través de su filial Todco, goza ya de empatía con el gobierno peñista,
pues de acuerdo con los contratos 421004824 y 421003823 suscritos con PEP,
desde finales de abril pasado renta al menos dos plataformas de perforación
marina en el Golfo de México a Pemex por 380 millones de dólares, una hasta el
2016 y otra hasta 2017, aunque pronto pueden llegar a ocho las plataformas
rentadas.
Televisa
Energy
Ante
la expectativa de la privatización del sector energético, Integradora de
Servicios Oro Negro, SAPI apareció en el mercado financiero mexicano en febrero
de 2012 con un capital de 250 millones de dólares –según versiones de prensa–,
y mientras Gonzalo Gil White actualmente conduce el consejo de administración,
Luis Ramírez Corzo y Hernández es presidente del consejo directivo.
Este
consorcio petrolero está conformado por Axis Capital Management, que condujo
las salidas bursátiles de Televisa en las bolsas de valores de México y Nueva
York, y que representó a la televisora de Emilio Azcárraga Jean en la compra
del 50% de activos de la red satelital privada Panamsat; Ares Management,
operadora estadunidense de inversiones basada en Los Ángeles con un capital
registrado de 68 mil millones de dólares, y con actividad en Asia, Europa,
Estados Unidos y México; y Temasek, otra promotora de inversiones originada en
Singapur y con un portafolio de 157 mil millones de dólares.
Los
consejos directivos y de administración de Oro Negro bien pueden definirse como
una combinación equilibrada de exfuncionarios del sector financiero público y
exdirectivos de Televisa. El propio presidente del consejo de la “integradora”,
José Antonio Cañedo White, ingresó al consejo de administración de Grupo
Televicentro, controladora de Televisa, el mismo día en que se incorporó a él
Azcárraga Jean, el 22 de enero de 1991; y en la misma fecha en que Azcárraga
Jean asumió la dirección de Grupo Televisa, Cañedo White ocupó la presidencia
del consejo de Televicentro, el 3 marzo de 1997. Pero además Cañedo ha sido
director de Mercados de Capital y Banca de Inversión de Nacional Financiera.
Otro
miembro del consejo directivo de Oro Negro es Gilberto Perezalonso Cifuentes,
CEO de Axis, quien ha sido miembro de los consejos de administración de Cintra,
Aeroméxico y Volaris –la empresa que echó a volar el exsecretario de Hacienda,
Pedro Aspe–, Banamex, Gigante, Telefónica Móviles, Southern Copper Corporation
y Cablevisión, así como director de Corporación Geo y vicepresidente ejecutivo
de Administración y Finanzas del Grupo Televisa.
El
director de Administración y Finanzas de Oro Negro es Guillermo Nava
Gómez-Tagle, quien ha sido vicepresidente de Banca de Inversión para Colombia y
tesorero para México de Citibank, y también director administrativo y
financiero de McKinsey en México, director de banca privada de Bank of America
y vicepresidente de finanzas del Grupo Televisa.
En
el consejo de administración de Oro Negro se encuentran igualmente Lorenzo
González Bosco (Temasek), Roberto Rocha López, exdirectivo de Temasek y de
Morgan Stanley; Nathan Whitecloud Walton (Ares, Stream Global Service Inc.,
Plasco Energy Group), Kevin Andrew Frankel (Ares), Kevin Ryan (Ares, Marietta
Corporation), Frederick J. Warren (Brentwood Associates, General Television
Inc.), Bernard Lambillote (Ecofin Limited) y Pablo Mijares Ortega, socio de la
firma Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., experta en fusiones.
Todco
y el oro negro
En
agosto de 2013, apenas seis meses después de iniciar operaciones, Oro Negro
compró la operadora de plataformas petroleras en el golfo Todco México Inc. y
su filial Servicios Todco, S. de R. L. de C.V., por 36 millones de dólares,
según publicó en su sitio Morgan Lewis, representante del consorcio petrolero
de Ramírez Corzo en la operación, junto con el despacho Creel, García-Cuéllar,
Aiza y Enríquez, S.C.
Todco
obtuvo sus primeras licitaciones con Pemex justamente en la gestión de Ramírez
Corzo (PEP, 411003826, 411003835, 41003833, 411005822), que le significaron una
capitalización por alrededor de mil 729 millones de pesos. Durante la gestión
de Reyes-Heroles, Todco dobló su cuota, obteniendo contratos (421006833,
421007803, 421009817, 421008806, 4211009815) por 2 mil 678 millones de pesos,
de los cuales unos 412 millones fueron bajo contratos de asignación directa.
Ya
en la gestión de Juan José Suárez Coppel –otro exdirectivo de Televisa, donde
fue tesorero corporativo—, Todco consiguió sólo dos contratos (421000806 y
421001840), que le aportaron ingresos por mil 300 millones de pesos; el último
fue en 2011, y la operadora de plataformas no volvió a facturar a Pemex –al menos
conforme a los registro del Portal de
Obligaciones de Transparencia del Gobierno Federal– sino hasta
2013, durante la gestión de Emilio
Lozoya Austin, es decir, hasta que pasó a formar parte de Oro Negro, rompiendo
esta vez, con sólo dos contratos, todos sus récords de facturación: 4 mil 657
millones de pesos, es decir, 380 millones de dólares.
El
caso Suárez Coppel
A
partir del 29 de marzo de 2013, Juan José Suárez Coppel, otro de los nuevos
príncipes petroleros mexicanos, es consejero independiente de Jacobs
Engineering Group Inc., la empresa a la que habría destinado, como director de
Petróleos Mexicanos (Pemex), más de mil 500 millones de dólares en contratos,
según distintas versiones, aunque las verdaderas dimensiones de las relaciones
económicas entre ambas entidades aún está por esclarecerse.
Sobre
la relación de Jacobs con Pemex en general y con la gestión de Suárez Coppel en
particular (2009-2012), no hay registros precisos, ya que la mayoría de los contratos para el
conglomerado texano de infraestructura, inversiones y asesoría en petróleo, gas
y azufre no aparecen en ninguna de las modalidades de las instancias de
transparencia.
Por
ejemplo, diversos reportes de prensa señalan que Jacobs Nederland BV,
subsidiaria de la firma texana, suscribió en 2004 con Pemex Exploración y
Producción un contrato por alrededor de 2 mil 500 millones de dólares para dar
soporte de ingeniería a la plataforma Ku-Maloob-Zaap, y que en adelante
contrajo nuevos compromisos con la petrolera mexicana para supervisar por cinco
años 18 plataformas marinas en el Golfo de México.
Del
mismo modo, se ha difundido, especialmente a partir del ingreso de Suárez
Coppel al Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo de Jacobs, que su ya
mencionada filial tiene otro contrato con Pemex Refinación, suscrito en 2012,
“para la ejecución de los paquetes de diseño de procesos, licencias y
asistencia técnica de la planta recuperadora de azufre de la nueva refinería de
Tula”, pero no se menciona el número del contrato ni su monto.
La
razón está en el hecho de que el 1 de octubre de 2012, cuando Pemex hizo el
anuncio de las contrataciones mediante un boletín, no dio mayores detalles,
como al parecer lo hacía con frecuencia el equipo de comunicación de Suárez
Coppel. El boletín ya no se halla disponible en la base de datos.
Por
otra parte, en febrero de 2012 Pemex anunció que el contrato de servicios de
ingeniería y administración de esa refinería había sido ganado por ICA Fluor
Daniel, el cual sería ejecutado en 421 días, por 135 millones de dólares. De
acuerdo con la información de la paraestatal, ICA Fluor Daniel habría
concursado en la licitación junto con otras empresas, entre ellas Nederlands
B.V.
En
mayo de 2012, en su resolución CIPGPB-015/2012 sobre la solicitud número 1857700003413,
el Comité de Información de Pemex Gas y Petroquímica Básica señala que “se
identificó la existencia de 12 contratos celebrados con las empresas ICA Fluor
Daniel, S. de R.L. de C.V. en asociación con las personas morales Jacobs
Nederland B.V. y Linde Process Plants Inc.”, pero sin precisar objetivos y
montos de los mismos. Así pues, la solicitud de información está pendiente de
resolución, pues ninguno de los montos se ha incorporado, como debería hacerse
por ley, a los registros del Portal de Obligaciones de Transparencia del
gobierno federal.
En
contraste, sí aparecen registros de contratos, por montos menores, suscritos
por Pemex Refinación con Jacobs Consultancy Inc., la división de gestión
especializada y consultoría técnica de Jacobs Engineering Group Inc.
De
2006 a 2009, durante la gestión de Jesús Reyes-Heroles, Jacobs Consultancy
cobró 384 mil 255 pesos en la ventanilla de la subsidiaria mencionada por los
conceptos de “folletos, reglamentos, manuales y libros”, y “papelería y
oficina” (contratos 4500195831, 4500230271, 4500269147, 4500304765).
Ya
con Suárez Coppel, su posterior consejero, la referida división de Jacobs cobró
por los mismos conceptos 233 mil 630 pesos (4500339722, 4500383708); y
adicionalmente fue favorecida con la asignación de un contrato (RPSA05111P)
para efectuar un “dictamen de
factibilidad técnica económica y ambiental del proyecto de calidad de
combustibles en su fase diésel” en la refinería de Cadereyta, por el cual cobró
la consultora 2 millones 574 mil 233 pesos.
La
consultora ha vuelto a surtir papelería a Pemex Refinación por 287 mil 264 (450
0427463, 4500468880) en la era Lozoya.
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