Revista
Proceso,
No. 1987, 29 de noviembre de 2014
Un
reciclado de promesas viejas... y autoritarias/ARTURO
RODRÍGUEZ GARCÍA
El
mensaje presidencial del jueves 27, presentado como un plan para obtener paz y
justicia en el país, fue descalificado y objeto de burlas por ser una colección
de incumplidas promesas de campaña y viejas ideas desechadas por imprácticas.
Pero su decálogo no es tan inocuo. En realidad encierra temas relativos a la
gobernabilidad y a la seguridad que deberían preocupar. Un ejemplo es la
desaparición de poderes en los municipios, iniciativa retomada por Peña Nieto
para tener la facultad de suspender garantías y asumir el control de regiones
con “perturbaciones graves de la paz pública”; es decir, podría establecer el
estado de excepción en un ayuntamiento o un estado… o en varios.
Para
cerrar su segundo año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto renovó –con
un plan de 10 puntos para mejorar “la paz, la justicia y el desarrollo”– una
serie de promesas de campaña incumplidas, comprometió acciones supuestamente ya
implementadas y sobre todo anunció un extenso paquete de reformas que, cuando
no son redundantes en la legislación existente, concentran más poder en su
persona.
En
torno al plan, el mandatario recurrió a una añeja fórmula de la retórica
priista: la unidad nacional.
En
medio de la crisis detonada por la muerte de seis personas y la desaparición de
43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, así como por la
investigación en torno a la casa de su esposa, inmueble relacionado con el
contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú, durante una semana
creció la expectativa sobre el mensaje que daría Peña Nieto el jueves 27 en
Palacio Nacional.
Al
acto asistieron los representantes de los poderes Legislativo y Judicial,
presidentes de los organismos autónomos, el gabinete legal y ampliado, la
mayoría de los gobernadores, dirigentes partidistas, dirigentes empresariales y
quienes han asumido la representación de la sociedad civil.
A
diferencia de otras reuniones similares –a las cuales ha convocado en sus dos
años de gobierno para anunciar reformas, programas y obras– esta vez no hubo
ambiente festivo. Los convocados apenas interrumpieron una vez el discurso para
ofrecerle un tibio aplauso.
En
su mensaje Peña Nieto dio su explicación de lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de
septiembre pasados, atribuyendo toda responsabilidad al orden municipal, por lo
que llamó una combinación de condiciones inaceptables de debilidad
institucional: “Un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios,
autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la
organización delictiva, policías municipales que en realidad eran criminales a
las órdenes de delincuentes”.
Ese
preámbulo explicó la versión presidencial de lo ocurrido a los normalistas e
hizo suyo el reclamo callejero: “Ayotzinapa somos todos”. Como padre de
familia, el presidente se dijo afectado y como ciudadano se unió a los reclamos
de justicia.
Extinción
de ayuntamientos
Intervenir
el orden de gobierno municipal es una pretensión del gobierno de Peña Nieto
que, en lo tocante a seguridad, se ha expresado en la hasta ahora estancada
reglamentación del artículo 29 constitucional, relativa a la suspensión y
restricción de garantías.
La
iniciativa de Peña Nieto para dicho reglamento-ley fue enviada al Congreso el
22 de octubre de 2013 y luego de varios meses de discusión y ampliación en las
comisiones de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos
fue dictaminada en agosto pasado.
Al
menos en lo que corresponde a la aplicación de las reformas energética y
política, la consideración de suspender garantías y asumir el control de
regiones con “perturbaciones graves de la paz pública” ha concentrado en el
presidente el poder de establecer un estado de excepción en un área o región.
Esta
tendencia de suspender garantías se registró en la reforma política, siguió con
la reforma en telecomunicaciones y en las leyes secundarias de la reforma
energética, que bajo el supuesto de “perturbación grave de la paz pública”
faculta al Ejecutivo a limitar los derechos ciudadanos sin contrapeso de los
otros poderes, y puede emplearlo incluso para proteger inversiones energéticas
(Proceso 1970).
Con
ese marco legal el Poder Ejecutivo amplió sus facultades para asumir la
seguridad de cualquier zona. La novedad ahora es que pretendería tomar también
el control de los servicios y la extinción de ayuntamientos si son infiltrados,
según lo dicho por Peña Nieto en su mensaje del jueves 27.
En
el artículo 115 constitucional, en su fracción I, la facultad de desaparecer o
suspender ayuntamientos o revocar el mandato a uno de sus miembros por causas
graves previstas en las leyes es de las legislaturas locales.
Peña
Nieto dijo en su mensaje que, antes de la llamada “Ley contra la Infiltración
del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales”, enviará una iniciativa
de reforma constitucional que facultará al Congreso de la Unión para aprobar la
iniciativa mencionada.
Nuevo
ciclo reformador
La
presentación del plan presidencial de 10 puntos al menos incluye 15 procesos
legislativos para la creación o reforma de leyes que van desde la materia penal
a las materias fiscal, administrativa, laboral, mercantil y familiar.
Además
de la mencionada Ley contra la Infiltración, Peña Nieto anunció nuevas reformas
al Código Penal. El ordenamiento fue reformado apenas en 2008 y su
implementación aun no concluye. Además planteó una nueva ley de policías únicas
estatales.
El
mandatario anunció un número indeterminado de reformas adicionales en lo que
denominó “derecho a la justicia”. Pretende que se reformen también
ordenamientos de materia familiar, mercantil, laboral y administrativa
relacionados con la “justicia cotidiana”. Además, un paquete de leyes
especializadas sobre tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Entre
las propuestas destacó la eliminación de policías municipales. Es una idea
desechada desde los primeros años del calderonato; ahora, en su replanteamiento
peñanietista, motivó la alerta de organizaciones como Causa Común, cuya
dirigente María Elena Morera respondió de inmediato que primero debía
trabajarse en la profesionalización de las policías y señaló que hay cuerpos
municipales mejores que los estatales.
Otro
planteamiento calderonista reeditado es el de cédulas de identidad para toda la
población, aunque con diferencia en el formato, pues esta vez plantea emplear
las bases de datos ya existentes como las credenciales de elector y los
registros del IMSS.
El
tema de las policías había sido abordado en el Pacto por México, fue uno de los
asuntos que quedaron fuera del “periodo reformador” que Peña Nieto dio por
terminado el 11 de agosto pasado, cuando dijo en cadena nacional: “Con la
aprobación de la reforma energética culmina el trabajo legislativo del
importante ciclo que iniciamos el segundo día de esta administración”.
El
Compromiso 75 del Pacto por México planteaba una transformación en las
funciones policiales, para que las policías municipales asumieran un papel
exclusivo de proximidad de barrio, al mismo tiempo que integraría un sistema de
policías estatales coordinadas. No se realizó.
Lo
mismo ocurrió con el Compromiso 78, que pretendía crear un Código Penal. No se
logró y se retoma ahora con la redefinición de responsabilidades sobre los
delitos.
Lo
que no cumplió
El
9 de enero de 2013 Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas. El decreto
contenía la previsión de integrar el reglamento correspondiente y publicarlo en
un plazo no mayor a seis meses, esto es, que estuviera terminado y decretado en
junio de 2013.
Durante
el acto en Los Pinos el mandatario se comprometió, entre otras cosas, a
integrar un fondo económico para la reparación del daño. No cumplió.
Aquella
vez el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, representado por Javier
Sicilia, advirtió que si los instrumentos para que la nueva ley fuera
aterrizada no se creaban, como el Sistema Nacional de Víctimas (SNV), de nada
serviría.
“Sin
el (SNV), la Ley General de Víctimas será letra muerta, una buena intención en
medio del infierno, un sueño devorado por la pesadilla que no hemos dejado de
habitar.
“Un
SNV que permita no sólo la justicia para los asesinados y los violentados en su
dignidad, sino la vuelta a casa de los desaparecidos.”
A
casi dos años del acto protocolario y de haber asumido el compromiso, Peña
Nieto anunció el jueves 27 lo que no cumplió: el reglamento de la Ley; el Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Registro Nacional de Víctimas.
Hecho
el anuncio, el viernes 28 finalmente se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el reglamento que ya prevé el fondo económico, aunque para ser
integrado tiene hasta el último día de febrero próximo.
La
omisión se actualiza en otro caso: la reforma constitucional en materia de
derechos humanos. Aunque aprobada en 2011, Peña Nieto apenas prometió un
consejo consultivo para su aplicación, de acuerdo con lo expuesto el jueves 27.
El
plan de 10 puntos de Peña Nieto fue recibido con desconfianza por Human Rights
Watch (HRW), la organización internacional especializada en derechos humanos.
“Es
difícil tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a los anuncios de Peña en
materia de derechos humanos debido a que buena parte de ellos trata sobre
compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso”, expresó José
Manuel Vivanco, director para la División de las Américas de HRW consultado por
el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, el jueves 27.
Vivanco
puso como ejemplo que al comenzar su gestión, accediendo a un reclamo de la
sociedad civil nacional e internacional, el gobierno asumió el compromiso de
crear un mecanismo para la búsqueda de los miles de desaparecidos como una de
las tareas principales de su administración, un planteamiento que ahora
resurge.
Comentó
que en julio pasado se realizó una reunión convocada por la Secretaría de
Gobernación y la Procuraduría General de la República con representantes de la
sociedad civil para presentar avances en materia de políticas para promover la
búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce, y en agosto emitieron un
comunicado sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.
“Hoy
el presidente anuncia que se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
No Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética. También ocurre la
misma reiteración de propuestas acerca del compromiso de revisar la definición
del delito de desaparición forzada en distintas normas penales”, apuntó.
Para
Vivanco pareciera “que el gobierno no hace más que reeditar el mismo producto
con un nuevo envoltorio” sin que se hayan mostrado resultados.
“La
efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos
humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados y no en
los anuncios y promesas de lo que va a hacer y que en teoría ya debía haber
hecho”, concluyó.
Corrupción
y soluciones
En
medio de las protestas y el impacto internacional detonado por los hechos de
septiembre en Iguala, el escándalo conocido como la Casa Blanca se sumó a los
cuestionamientos contra el gobierno de Peña Nieto, debido a que la propiedad
ubicada en el costoso sector de las Lomas de Chapultepec estaba a nombre de una
razón social propiedad del contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa
Cantú (Proceso 1984).
La
realidad del país alcanzó al presidente Peña Nieto poco después de los días en
que el “Mexican Moment” –como se dio en llamar el periodo de reformas
estructurales–, así como los anuncios espectaculares –como el del nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México– se convertían en el argumento para generar
una percepción positiva del gobierno dentro y fuera del país.
Aun
cuando tímidamente, el entonces presidente del PAN, Gustavo Madero, así como
organizaciones ciudadanas reclamaron desde el 11 de agosto –cuando Peña Nieto
dio por terminado el Pacto– que no se había avanzado en materia de combate a la
corrupción, el presidente hizo oídos sordos.
Inclusive
en la polémica sesión con varios comunicadores, convocados supuestamente por el
Fondo de Cultura Económica el pasado 20 de agosto, minimizó el estancamiento en
las reformas relacionadas con la materia y adujo que la corrupción era “un tema
casi humano que ha estado en la historia de la humanidad”.
La
omisión era mayor que el puro incumplimiento de los compromisos del Pacto por
México, pues organizaciones ciudadanas como Fundar evidenciaron el tamaño del
retroceso: No sólo se había incumplido la creación de una Comisión Nacional
Anticorrupción, promesa de campaña reiterada en el periodo de transición, sino
que con el pretexto de crearla, se habían debilitado las capacidades de
auditoría y sanción de la Secretaría de la Función Pública (Proceso 1975).
Además
el PRI maniobró en sus bancadas legislativas para entorpecer en 2013 las
reformas en materia de transparencia y, en los hechos, el acceso a la
información mínima de los sujetos obligados –entre ésta, lo relativo a
contratos– se redujo por la tardía e incompleta alimentación del Portal de
Obligaciones de Transparencia (Proceso 1917).
Entre
las medidas anunciadas el jueves 27 está otra vez la de promover las reformas
en materia de anticorrupción, avalar las reformas a la Ley de Transparencia y
adicionalmente agilizar la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de
Obras Públicas y Servicios. Además, la creación de un nuevo portal de
Transparencia para licitaciones y contratos de obra y servicios.
Lo
más novedoso del anuncio de Peña Nieto tiene que ver con la creación de una
línea de emergencia nacional 911, así como la implementación de zonas
económicas en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca a fin de promover su
industrialización y generar condiciones de mejora económica con incentivos
fiscales, algo que, sin embargo, por los términos empleados, resulta muy
parecido al Compromiso 74 del Pacto por México, así como a los contenidos del
Programa Progresa anunciado el 2 de septiembre.
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