No les creemos
Una sentencia encubridora/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista
Proceso
No. 1902, 14 de abril de 2013
Como
se temía, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz le dio prioridad a la
imagen del gobernador Javier Duarte. En vez de esclarecer el asesinato de la
periodista Regina Martínez, corresponsal de este semanario en el estado, la
dependencia se dedicó a construir la culpabilidad de un individuo que no contó
con recursos para defenderse, omitió perseguir al sospechoso principal e ignoró
una por una las pruebas que la coadyuvancia aportó. Peor aún, con tal de que la
sentencia se dictara antes del aniversario del crimen, las conclusiones
contradijeron los peritajes iniciales de la misma procuraduría. Y la juez de
primera instancia aceptó participar en la farsa intitulada “Duarte, protector
de periodistas”.
La
juez de primera instancia Beatriz Rivera Hernández le siguió el juego de
simulación al gobierno de Javier Duarte de Ochoa y condenó a 38 años y dos
meses de prisión al supuesto copartícipe del asesinato de la corresponsal de la
revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
Titular
del Juzgado Tercero de Primera Instancia en ese estado, Rivera Hernández se
convirtió en la juez a modo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)
estatal. Con su sentencia, avaló las incongruencias y deficiencias en la
investigación del homicidio, pero además incumplió sus propios ordenamientos
para esclarecerlo.
El
martes 9 la juez adscrita al Décimo Primer Distrito con residencia en Pacho
Viejo, Veracruz, dictó la condena contra Jorge Antonio Hernández Silva, El
Silva, sin más argumentos que los de la PGJ, sin desahogar las pruebas
solicitadas por la revista y sin esperar los resultados de los peritajes sobre
la tortura a la que el ahora condenado dice haber sido sometido por elementos
de la PGJ.
La
sentencia de 38 años y dos meses, más una multa de 80 mil pesos, fue apelada
por el Ministerio Público, que busca una condena mayor. También fue impugnada
por la defensora de oficio de Hernández Silva, quien pretende una reducción de
la pena para éste por ser sólo el copartícipe.
La
apelación se radicó el miércoles 10 en la Séptima Sala y al día siguiente se le
turnó a Edel Humberto Álvarez Peña, quien por decisión del exgobernador Fidel
Herrera pasó de ser director del Registro Público de la Propiedad a magistrado.
La
juez sólo siguió la “verdad jurídica” construida por la PGJ a partir de la
confesión del condenado y de acusaciones de María del Rosario Morales Zárate,
su hermana de crianza y esposa de Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a
quien la dependencia señala como el autor principal del homicidio. Tanto a la
PGJ como a la juez le bastaron esos dichos. No hubo ninguna prueba pericial que
demostrara esa verdad legal, ni huellas o muestras de ADN que inculparan a
Silva.
Rivera
Hernández dictó la condena sin ser informada por la PGJ de que no se encontró
ni una sola huella del Silva en la casa donde la periodista de 49 años fue
asesinada el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Xalapa.
Un
dictamen pericial de la PGJ elaborado el 29 de octubre de ese año, casi un mes
después de consignarlo ante la juez, concluye contundente: “Los fragmentos
dactilares latentes (dubitable) y los decadactilares del C. Jorge Antonio
Hernández Silva, alias El Silva (indubitable), no corresponden en ubicación,
situación, relación, forma y dirección”.
El
dictamen está registrado con el número 18783 y fue firmado por Patricia
Bautista Ramírez, perito de la Dirección de los Servicios Periciales y usuarios
AFIS, un sistema informático que permite la captura, consulta y comparación
automática de huellas dactilares, como se explica en el mismo documento.
Esa
prueba, que está integrada al expediente de la investigación ministerial
19/2012/PC, se la reservó la directora general de Investigaciones Ministeriales
de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, en cuyas manos dejó el caso el gobierno de
Duarte. Por eso no aparece en la causa penal 358/2012 que resolvió la juez
Rivera Hernández.
Para
Lagunas carece de importancia que no se hayan encontrado huellas del
sentenciado en el lugar donde se cometió un asesinato y un robo. Es más, de las
ocho huellas que la PGJ dice haber recabado en la casa de la periodista, sólo
una fue considerada útil por la dependencia. La huella se encontró en una
botella de cerveza, de las varias que Regina Martínez invitó a sus victimarios
según el MP de Veracruz.
“Jamás
se dijo que la huella encontrada en una de las botellas” haya sido de Hernández
Silva, justificó Lagunas la mañana del viernes 12 en una entrevista con la
periodista Carmen Aristegui en MVS Radio. Insistió en que el robo fue el motivo
del asesinato, pues en el medio año que se tomó para “esclarecerlo” la PGJ no abordó
ninguna otra línea de investigación.
De
la casa de la periodista desaparecieron una computadora, dos teléfonos
celulares y un televisor de pantalla plana. Pero se quedaron valiosos bienes
como una computadora portátil nueva, una impresora y otros equipos
electrónicos.
El
condenado, presa fácil
En
vísperas de cumplirse un año del homicidio, la juez apresuró su sentencia sin
respetar lo que ella misma había autorizado. A solicitud de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE),
coadyuvante de la investigación, Rivera Hernández permitió que se aplicaran los
exámenes del llamado Protocolo de Estambul para comprobar si El Silva fue
torturado por la PGJ para inculparse.
La
prueba estuvo a cargo de peritos de la Procuraduría General de la República
(PGR) y se realizó apenas los pasados 26 y 27 de marzo en el penal de Pacho
Viejo, donde está recluido El Silva. La PGR aún no da a conocer el dictamen.
La
gestión de la FEADLE fue a insistencia de Hernández Silva, quien desde su
primera declaración ante la juez alegó que estuvo secuestrado durante varias
semanas en una casa de seguridad. Dijo que elementos de la Agencia Veracruzana
de Investigaciones (AVI) lo golpearon y amenazaron con que matarían a su mamá si
no se declaraba culpable.
Cuando
resolvió la formal prisión de El Silva, el 2 de noviembre de 2012, en su
resolutivo cuarto la juez Rivera Hernández le ordenó a la PGJ investigar esa
denuncia contra sus agentes. Ni el procurador Amadeo Flores Espinosa ni
Consuelo Lagunas respondieron. Ignoraron por completo a la juez.
No
fue la única omisión de la PGJ. Al momento de remitir a El Silva ante la juez,
el 31 de octubre de 2012, la Procuraduría evitó consignar a Adrián Hernández
Domínguez, El Jarocho, a pesar de que en la versión oficial aparece como el
principal autor del crimen al asfixiar a la periodista y no obstante que el
gobierno veracruzano lo considera prófugo.
De
acuerdo con información obtenida por la FEADLE en las bases de datos criminales
de Plataforma México, El Jarocho ha ingresado tres veces a la cárcel en
Veracruz. Sin embargo, la PGJ no integró al expediente su ficha signalética;
tampoco la agregó cuando solicitó a todas y cada una de las procuradurías del
país su colaboración para detenerlo con “fines de presentación”.
Según
Lagunas, El Jarocho es un halcón –informante callejero de la delincuencia
organizada– y trabajador sexual que se contactó por última vez con su familia
desde Mérida, Yucatán. Según la versión oficial, Regina Martínez mantenía una
relación sentimental con él, en una doble vida de la periodista.
Para
justificar esa relación, los servicios periciales de la PGJ elaboraron un
dictamen sobre “la disposición victimógena” de la periodista: mujer sola,
adulta, sin fuerza para defenderse y con un cambio de ánimo al final de su vida
que, de persona muy reservada y desconfiada, pasó a ser “más alegre y
entusiasta” tal vez por haber iniciado una relación o un encuentro” con
alguien.
A
las inconsistencias de la investigación encabezada por Consuelo Lagunas en la
PGJ siguieron las omisiones de la juez. La principal: Rivera Hernández no
participó en ninguna de las diligencias, en los supuestos careos de los
testigos nunca aparece su firma y los documentos de esas actuaciones la dan por
presente. En su representación estuvieron oficiales secretarios del juzgado.
De
35 años, sin ninguna instrucción escolar y portador del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), El Silva se convirtió en una presa fácil de la
PGJ y del juzgado. En menos de seis meses le cambiaron cuatro veces de abogado,
tres de oficio y uno particular que sin ser solicitado por el acusado sólo se
presentó para decirle que era mejor que se le condenara de forma rápida para
que no le pasara nada a su mamá.
En
la cárcel se evitó que El Silva tuviera contacto con el resto de la población
(Proceso 1897).
En
la reconstrucción de los hechos previa a la sentencia, El Silva sólo hizo lo
que se le indicó. “Fue la primera vez que entré a esa casa”, declaró a los
ministerios públicos de la FEADLE.
Flagrantes
omisiones
Horas
después de la sentencia, la directora de Investigaciones ministeriales de la
PGJ aseguró: “Todas las pruebas en contra del acusado están fortalecidas con la
ratificación de los testimonios que se emitieron dentro de la investigación
ministerial y las declaraciones videograbadas tanto de El Silva como de los
testigos de cargo”.
Pero
las inconsistencias y contradicciones abundan en el expediente de tres tomos
integrado por Lagunas y examinado por Proceso y sus abogadas en Veracruz, Diana
y Geraldyne Coq Toscanini. Entre las más importantes está el señalamiento de El
Silva en su confesional sobre los momentos anteriores al asesinato. Según el
sentenciado, la periodista bebió cerveza con ellos e incluso fue ella misma
quien antes de la medianoche salió a comprar la bebida, dejando a los
individuos en su casa. Cuando regresó, dice, puso música y comenzó a bailar con
El Jarocho.
En
esa versión, la reportera le reclamó a su novio que no la visitara con
frecuencia. Él se molestó y comenzó a golpearla. Le pidió el dinero que
guardaba, la siguió golpeando y la ahorcó.
Pero
los mismos dictámenes de la PGJ también echan abajo esta supuesta explicación.
Las conclusiones del peritaje fechado el 29 de abril de 2012, un día después
del asesinato, señalan: “No se detectó la presencia de alcohol etílico (etanol)
u otra sustancia de tipo volátil en la muestra de sangre de la C. Regina
Martínez Pérez”.
A
la juez tampoco le importó que la única huella de calzado que examinaron los
peritos de la PGJ, de entre 25 y 26 centímetros, no fuera comparada con la
pisada del acusado. La PGJ no le pidió a María del Rosario Morales Zárate –la
hermana de crianza de El Silva, pareja de El Jarocho y quien declaró en varias
ocasiones ante el MP– muestras de zapatos del prófugo, como sí lo hizo con
varios testigos, incluidos periodistas amigos de Regina Martínez.
En
su investigación, Consuelo Lagunas asegura que los peritos de la PGJ sólo
recopilaron ocho huellas en el lugar del crimen. La FEADLE solicitó esas
huellas a la PGJ para buscar a quién corresponden en las bases de datos
nacionales, pero la dependencia veracruzana le entregó fotocopias de las
huellas y declaró que sólo una era válida.
La
fiscalía especial tampoco tuvo acceso a las muestras de ADN recogidas por la
PGJ; ni de la sangre que había entre el baño y la recámara de la periodista,
donde quedó su cuerpo, ni de la saliva en los envases de cerveza.
La
FEADLE hizo su propia recolección de evidencias tres días después de la
intervención inicial de los peritos estatales y alcanzó a tomar la muestra de
una gota de sangre que quedó en el baño. De acuerdo con los peritajes de la PGR
solicitados por la fiscalía especial, el ADN de esa muestra no pertenece a El
Silva ni a familiares de El Jarocho.
Otra
de las omisiones de Consuelo Lagunas fue darle seguimiento a las llamadas
telefónicas que se hicieron de uno de los teléfonos celulares que utilizaba
Regina Martínez y que era propiedad de Proceso. A pesar de que la empresa
Iusacell le dio un informe detallado de las llamadas realizadas desde ese
aparato horas después del asesinato, la PGJ no abrió ninguna investigación con
esos datos.
Tampoco
investigó nada sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez y los posibles
intereses o personas que pudo afectar, a pesar de que la revista insistiera en
que se ahondara en las publicaciones más recientes de la revista sobre el
estado, y no sólo las escritas por su corresponsal.
Como
coadyuvante, la revista dejó constancia ministerial de la última información
sobre el estado publicada antes del asesinato. Es un texto del reportero Jenaro
Villamil sobre las candidaturas del exprocurador de Veracruz Reynaldo Escobar,
y del exdirector de Seguridad Pública Alejandro Montano a diputaciones
federales para las elecciones del 1 de julio de 2012. Montano ganó y ahora es el presidente de la
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
También
quedó constancia ministerial de que el último trabajo encomendado a la
corresponsal fue la supuesta participación del alcalde del PAN en Chinameca,
Veracruz, en la delincuencia organizada. Martín Padua había sido detenido días
antes, el 18 de abril, tras un enfrentamiento con militares.
Proceso
también le informó a la PGJ que Regina Martínez había sido despedida del diario
local Política como consecuencia de la cobertura que hizo de la muerte de la
indígena Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica, en febrero de 2007, al
inicio de la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón.
En esa muerte estuvo involucrado el Ejército.
Entre
sus inconsistencias, Lagunas también olvidó cotejar la fecha del asesinato. En
el comunicado que emitió después de que se dio a conocer la sentencia de la
juez, se refirió a “los lamentables acontecimientos del pasado 27 de abril de
2012”.
La
responsable del caso dejó de lado que la periodista murió a las cuatro de la
mañana del sábado 28 de abril a causa de una “anoxia por estrangulamiento”,
según se asentó en el certificado de defunción a partir de lo determinado por
el Servicio Médico Forense de la PGJ.
Con
nueve periodistas asesinados, tres desaparecidos y varios exiliados o forzados
al retiro en menos de la mitad de su sexenio, el gobernador Javier Duarte
protagonizó un espectáculo a principios de mes cuando recibió un cuestionado
premio de una diezmada Asociación Mexicana de Editores de Periódicos “por su
compromiso con la libertad de expresión”. Varios diarios de esa organización se
deslindaron de inmediato.
En
el mismo tono festivo que se le otorgó el premio a Duarte, Consuelo Lagunas
dijo que “el esclarecimiento” del asesinato por parte de la PGJ y la sentencia
de la juez demuestran “el cumplimiento de la ley en Veracruz” y que el fallo
judicial “es muestra del trabajo profesional y responsable de la PGJ” para
abatir la impunidad en el estado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario