Nos empujan al
estallido/SANTIAGO IGARTÚA
Revista
Proceso
No. 1902, 14 de abril de 2013
La
reforma educativa está dictada por despachos económicos que no conocen la
realidad nacional, elimina los derechos laborales de los docentes, carece de
criterios equitativos para evaluar y aniquila el concepto de gratuidad, entre
otras aberraciones. Ese es el proyecto que quiere imponer el gobierno de
Enrique Peña Nieto, aseguran profesores disidentes de Oaxaca, Michoacán y el
Distrito Federal (que se suman a la lucha de los guerrerenses) y es la que,
afirman, no están dispuestos a permitir, pese a la campaña mediática que los
hace ver a ellos como delincuentes, como responsables de la crisis y la
catástrofe que aqueja al sector. Si esa reforma pasa, advierten, lo que sigue
será un estallido social…
Por
considerarla privatizadora y regresiva, porque aseguran que atenta contra los
derechos de los trabajadores de la educación –que no fueron escuchados en su
elaboración– y por sentirse señalados como causantes del rezago educativo, los
militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y
el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (CEND-SNTE) no están dispuestos a dejar pasar la reforma educativa
de Enrique Peña Nieto. Antes que aceptarla, dicen, pelearán por detenerla en
las calles, con la voz y con el cuerpo.
Entrevistados
por Proceso, cuatro dirigentes del magisterio disidente en Michoacán, Oaxaca y
el Distrito Federal, donde además de Guerrero se han hecho fuertes, coinciden
en que de concretarse los cambios que dicta la reforma en el sistema educativo
se avecinaría un estallido social.
Explican
que la radicalización de la protesta ha subido de tono a la par que el discurso
oficial a partir de las declaraciones del secretario de Educación, Emilio
Chuayffet, el miércoles 3, cuando advirtió que a los maestros que se ausentaran
de sus escuelas por participar en los reclamos se les despediría, y del
discurso de Peña Nieto –un día después de que la Policía Federal desalojara a
quienes se manifestaban en la Autopista del Sol– en el que sostuvo que “la ley
no se negocia” y que “el uso de la fuerza pública es último recurso sobre el
cual tiene el Estado no sólo atribución sino obligación de hacer valer para
hacer respetar los derechos de toda la ciudadanía”.
“Nosotros
les decimos que no se permitirá la aplicación de leyes injustas. Casi todos los
trabajadores de la educación estamos contra esta reforma y la inconformidad se
va a ir extendiendo por el país. Si otros estados toman el rumbo de Guerrero,
donde se han ido uniendo otros ciudadanos, seguramente aun de manera física
detendremos la reforma educativa.
“Es
el único método que tienes de hacerte valer en los momentos de más cruel
intransigencia del Estado. Y no es que promovamos la violencia. El que enturbia
el ambiente es el gobierno cuando dice que las leyes no se negocian, cuando
dice el que no trabaje se va. Eso hace que el magisterio se agite más y esté
dispuesto cada vez más a dar la batalla.
“Lo
otro –y se lo hemos mandado decir al secretario de Educación– es que si la
decisión es irreversible, no habrá papel suficiente para las órdenes de
finiquito de la relación laboral de los trabajadores de la educación.
“Y
le decimos también que si la decisión es tan grande y quieren aplicar su
ilegalidad hecha legal, pues las cárceles no van a ser suficientes para que
metan a los inocentes trabajadores de la educación”, dice Artemio Ortiz
Hurtado, secretario del CEND-SNTE, quien pese a todo asegura que los maestros
privilegiarán vías alternas, como los más de 200 mil amparos contra la reforma
que, asegura, han presentado, un paro nacional de labores y la aplicación de un
programa de estudios alternativos al oficial, ya elaborado, a partir del ciclo escolar
2013-2014.
Juan
José Ortega, secretario general de la sección XVIII de la CNTE, en Michoacán,
quien lideró las negociaciones del magisterio con el gobierno federal en la
Secretaría de Gobernación el jueves 4 y el martes 9, aseguró que no hay congruencia
en la palabra de las autoridades.
“No
es lo mismo lo que se discute a puertas cerradas que el discurso de Enrique
Peña Nieto o del secretario de Educación. Esto pone en un estado de alerta a la
Coordinadora. Su falta de sensibilidad nos está orillando a radicalizar las
acciones. Ya no hay credibilidad, no hay confianza en ellos. Están
administrando el movimiento para darnos un golpe muy al estilo que tiene este
gobierno, como un ejercicio más de traición”, dice el maestro, quien anuncia
una movilización nacional el lunes 15 rumbo a un paro indefinido de labores.
El
michoacano le advierte a Peña Nieto que tendrá que “enfrentar” un problema más
allá de lo que es la “agresión” contra el magisterio, porque el pueblo se está
organizando para defenderse también de las reformas fiscal y energética:
“Recordemos
que el caso Guerrero adquiere otra dimensión con las organizaciones sociales
que están en el acompañamiento a nuestros hermanos. En Michoacán ya somos 48
organizaciones en la conformación de un frente único de trabajadores. No hay
más. Aún estamos privilegiando el diálogo, pero los tiempos nos consumen”.
Rubén
Núñez Ginés, dirigente de la Sección XXII del magisterio en Oaxaca, dice
conocer de cerca la cara más vieja del PRI. No le sorprende la embestida contra
el magisterio.
“El
sistema político nacional y del Estado tienen una deuda por la represión de
2006 que encabezó el espurio Ulises Ruiz. El magisterio oaxaqueño no se olvida
de esa agresión. Conocemos cómo es la política en los gobiernos priistas y hoy
reiteramos que tienen como objetivo la represión de los derechos de los
trabajadores. Pero hoy los escenarios son distintos. Hoy los gobiernos tienen
que pensarlo muy bien antes de cometer algún abuso contra los trabajadores.
“Lo
estamos viendo en Guerrero. La Coordinadora está muy fortalecida, las secciones
de los estados se manifiestan de manera muy contundente. No hay temor alguno”,
dice y asegura que de tener que “salir” una vez más, no estarían solos. Afirma
que contarían con la presencia de un “movimiento popular” formado por
campesinos, amas de casa, estudiantes, padres de familia y trabajadores de
distintos rubros, todos “dispuestos” a organizar una gran cruzada nacional.
Para
Francisco Bravo, líder de la CNTE en el Distrito Federal, el conflicto es
reflejo de un gobierno autoritario en “el regreso al presidencialismo reacio”,
donde el que decide es el presidente y se acabó. “Si el magisterio no se mueve,
si no hay indicios de protesta, ellos se van a servir con la cuchara grande en
la ley reglamentaria.
“Lo
que han hecho con nosotros en los medios es bárbaro, fijando dos líneas
estratégicas claras: Que los maestros no se quieren evaluar y que queremos
cobrar sin trabajar. Ante este tipo de situaciones no hay espacios democráticos
donde puedas opinar.”
Sobre
un posible estallido social es claro: Cuando se conjuntan el hambre, la
pobreza, la marginación, la violencia, la injusticia, al final quedan puntos
coincidentes donde se cruzan nuestras demandas. Claro que puede haber una
situación de esta naturaleza. En Guerrero ya avanzó el asunto porque el factor
educativo es sólo uno de los muchos que hay.
“Pero
Guerrero es solamente un polo. Muchos otros pueden estallar. Ya somos bastantes
en el país como para borrarnos de un solo plumazo. Eso habla de que hasta
ahorita hemos priorizado el diálogo. Si ellos (los gobernantes) no se dan
cuenta de que se trata de abrir un espacio importante para el diálogo, sin
simulaciones, si nos siguen dando largas, lo que se va a generalizar en el país
es la protesta.”
A
partir de las imágenes del viernes 5 en Chilpancingo, donde hubo un
enfrentamiento durante el desalojo de cerca de 500 maestros de la Autopista del
Sol, con un operativo de dos mil policías federales, se le pregunta al líder de
la CNTE en la capital del país:
–¿Qué
es un maestro con un tubo en la mano, armado con piedras, arrojando bombas
molotov?
–Es
un maestro en rebeldía. Cuando el enfrentamiento es tan desproporcionado tienes
que defenderte con todo lo que tengas. A veces tiene que ser en el marco de las
ideas, a veces rebasas ese marco. Eso es parte de la confrontación cuando
quisieron darles atole con el dedo a los maestros proponiendo algo que sabían
que no iba a avanzar. Eso es el maestro con un tubo, con una bomba molotov: el
maestro que se defiende porque está cercado por la fuerza represiva del Estado.
“Desde
un escritorio”
En
el análisis que titularon Razones para detener la reforma educativa, elaborado
por el CEND-SNTE, los maestros detallan cada uno de los “abusos” que encontraron
en la reforma y sus temores.
Según
ese documento la reforma despoja a los ciudadanos de derechos constitucionales,
cancela la gratuidad de la educación, empobrece los contenidos en los programas
educativos reduciendo la presencia de las humanidades, es una reforma laboral
dictada por despachos económicos como la OCDE, desconoce los derechos
laborales, prescinde de la representación sindical, anula la bilateralidad de
las relaciones laborales y violenta por lo menos cinco tratados internacionales
en materia laboral y de derechos humanos firmados por el gobierno mexicano
“No
tiene ninguna concepción educativa. Revisándola a conciencia nos quita todas
las conquistas laborales”, dice Artemio Ortiz.
“En
el ingreso de los alumnos normalistas al magisterio, que ahora sólo será por
concurso, se quedan sin derechos, a prueba permanente y por contratos, no con
plazas-base, que tienen que ser renovados cada tres o seis meses. Ya no hay
antigüedad, no hay seguridad social para la familia, no hay aguinaldo más que
el del contrato último de tres o seis meses. No hay vacaciones pagadas porque
terminan tu contrato cuando éstas empiezan y te recontratan después de Navidad
o al iniciar el siguiente curso escolar.
“Tampoco
contempla fondo para el retiro ni hay jubilación y se termina una relación
laboral bilateral. La promoción cancela el escalafón actual, que te da una
garantía de que desde tu ingreso vas acumulando antigüedad, formación,
estudios, militancia sindical y la posibilidad de ascender en el sistema. El
trabajador queda a merced completamente del patrón. La ley dice cuándo se van,
quiénes se van, cómo se van.
“También
se presta para un despido masivo de maestros de base. A un maestro con 20 años
de carrera lo pueden cesar y recontratar con ese tipo de contratos de seis
meses. Pierdes tus 20 años de antigüedad”, dice Ortiz.
Para
el líder de la CNTE en Oaxaca, que agrupa a más de 70 mil agremiados, la
reforma es estéril, parte de una farsa entre políticos que decidieron
ignorarlos:
“No
puede ser que la reforma nazca de un llamado Pacto por México al que le falta
nada más y nada menos que la parte más importante del país, que es la opinión
de la gente, de los padres de familia, de los maestros y de los alumnos. No
pueden hacer un pacto por la calidad de la educación sentados desde un
escritorio”.
Muere
la gratuidad
Los
maestros de la CNTE y el CEND-SNTE aseguran que la mira de esta reforma
constitucional está en la privatización de la educación pública a partir de la
modificación al artículo 73, en el quinto transitorio, donde se establece que
las autoridades deberán “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con
el objetivo de mejorar la infraestructura, comprar materiales educativos,
resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de
participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo
del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela
enfrenta”.
Con
esta modificación, según Ortiz, se viola el principio de gratuidad en la
educación pública.
“Con
la autonomía de gestión de las escuelas el director asume el liderazgo de
conseguir recursos que pueda necesitar la escuela. Y si no hay, pues que el
papá los pague. En ese proceso se abren totalmente las escuelas públicas del
país al ingreso de capital de las grandes empresas, nacionales y
trasnacionales. Se da pie a los negocios en las escuelas. Sí. Abres para que
exploten el presupuesto educativo pero del faltante de la escuela haces
responsable a los padres de familia.
“Ese
planteamiento es muy peligroso porque contraviene la gratuidad. Dice Chuayffet
que no va a haber cuotas. El problema es que las cuotas son solamente un
mecanismo, pero si en lugar de cuotas piden bolsas de jabón, escobas o se
alientan las prácticas precisamente del Estado de México, donde en muchas
escuelas al maestro de inglés, al conserje que no tienen plaza, lo sostienen
los padres de familia. Por lo menos antes se podía denunciar si esto pasaba y
llevarlo a un litigio porque era ilegal; ahora no, porque con esta reforma ya
no va a ser ilegal”, apunta el profesor Francisco Bravo.
Rubén
Núñez va más allá. “Esto no sólo debe ser ilegal, es una aberración para las
condiciones de pobreza en Oaxaca. Los padres de familia no tendrían la
capacidad para mantener una escuela en términos de infraestructura ni de
recursos”.
Encima,
interviene el secretario de la CNTE en Michoacán, la reforma “no genera ningún
compromiso del gobierno para con el pueblo. No vemos en qué parte asume la
responsabilidad de mejorar la educación, tampoco de hacerse cargo de que en las
escuelas haya energía eléctrica y agua potable, baños, pizarrones, contratación
de docentes y personal de apoyo”.
Pero
al hablar de privatización, para los maestros el tema no para en el riesgo que
corre la gratuidad de la educación. Bravo apunta que los grandes intereses de
las cúpulas empresariales alentaron esta reforma en la disputa por un
presupuesto de más de 260 mil millones de pesos, destinado a la educación.
Los
maestros han advertido, con base en sus análisis, que a partir de la reforma se
abrirán licitaciones millonarias, entre otras cosas para “la elaboración de los
libros de texto, los materiales de apoyo, el programa que lleva el maestro, el
material del niño, entre tantas cosas. Están viendo el enorme negocio que va a
ser la apertura de las escuelas públicas al capital privado. Ahora que van a
aplicar tantos modelos de evaluación, para 35 millones de alumnos, por lo menos
15 veces al año, cuánto negocio significa para ti ser la empresa que elabore
los materiales y todo lo que implica”, plantea Ortiz Hurtado.
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