–Ando buscándolo por todos lados. No porque sea ya tan peligroso, sino porque puede serlo. Bastante problema nos cuesta detenerlos, como para soltar a uno que seguramente tiene con qué volver a ser peligroso.
Con Caro Quintero, nos madrugaron, dice Murillo Karam
Entrevista/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso No. 1923, 7 de Septiembre de 2013
En entrevista con Proceso, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lamenta la excarcelación del fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y dice que de haber sabido que se gestaba su liberación en los tribunales, habría interpuesto algún recurso para mantenerlo en prisión. “Me avisaron tarde”, asegura en entrevista con Proceso, y atribuye a las instancias judiciales la responsabilidad de este hecho que tensó la relación con Estados Unidos.
Cuando Jesús Murillo Karam habla de la liberación de Rafael Caro Quintero, suelta el vapeador. El simulador electrónico del cigarro deja una estela de vapor y la voz del procurador se hace todavía más grave: fue notificado seis horas después de que el fundador del desparecido Cártel de Guadalajara ya estaba en la calle, libre, después de 28 años de encierro, pero a 12 de cumplir su condena.
La justicia federal lo puso en libertad de madrugada y a la Procuraduría General de la República le notificaron la excarcelación casi al mismo tiempo que a la prensa, la mañana del viernes 9 de agosto. “Para cuando me notifican, ya no tengo al detenido”. El tribunal no esperó a que la procuraduría interpusiera un recurso, como lo admitía la decisión de ampararlo, dice en entrevista.
Al titular de la PRG le ha tocado lidiar con casos que han puesto a prueba al gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde la dudosa explosión en el corporativo de Pemex –a dos meses de iniciada la administración– y la captura de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, hasta otros fallos judiciales que han sido reveses para la dependencia. Uno de ellos, la exoneración del delito de desvío de la partida secreta de la Presidencia a Raúl Salinas de Gortari, contra quien Murillo Karam dice tener pruebas de que numerosos de sus bienes no los adquirió de manera legítima.
Pero de las sentencias judiciales, la de mayores consecuencias hasta ahora es la de Caro Quintero porque colocó a la PGR a la defensiva de los viejos rencores del gobierno y de la prensa estadunidenses. La salida de Caro, a quien México y Estados Unidos quieren de nueva cuenta en condición de prófugo, aumentó el encono de los estadunidenses contra el sinaloense, quien en los ochenta era uno de los principales traficantes de mariguana a Estados Unidos. Su liderazgo acabó en febrero de 1985, cuando fue asesinado el agente de la DEA, Enrique Camarena.
Estados Unidos acusa del hecho a los jefes del Cártel de Guadalajara: Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Miguel Ángel Félix Gallardo. Y así la justicia mexicana los juzgó y sentenció a 40 años de prisión por homicidio y delitos contra la salud. Parecía una historia acabada. Ni siquiera Estados Unidos hizo más por su extradición.
“Estados Unidos había solicitado una detención para efectos de extradición. Pero tras ser detenido, lo que tenía que haber hecho era solicitar a México la extradición formal para que el gobierno mexicano y el Poder Judicial vieran si lo entregaban”, apunta el procurador.
Pero eso no ocurrió y ahora con Caro en la calle, por el amparo que le dio el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Jalisco, lo que tiene la PGR es una orden de detención para efectos de la extradición que ya solicitó el gobierno estadunidense. “Hoy sí –afirma el funcionario– tengo una solicitud de extradición, algo que debieron haber hecho desde un principio”.
La solicitud de Estados Unidos a la PGR llegó hasta las últimas horas de ese fin de semana y en lo que el juez libró la orden de aprehensión pasaron tres días, suficientes para que Caro celebrara su salida y desapareciera.
El agravio principal de Murillo Karam es con los magistrados del Tribunal Colegiado que dieron el amparo y ordenaron al Tribunal Unitario la manera en que tenía que resolver. Argumenta, entre otras cosas, que el homicidio no debió caer en la justicia federal. “Es tan incongruente decirle a un juez que no es competente, pero que resuelva de cierta manera. El expediente debió haber regresado al juez para que modificara su criterio”.
–¿Lo van a detener? –se le pregunta.
–Ando buscándolo por todos lados. No porque sea ya tan peligroso, sino porque puede serlo. Bastante problema nos cuesta detenerlos, como para soltar a uno que seguramente tiene con qué volver a ser peligroso.
–¿Puede operar todavía?
–Yo no creo que esté en condiciones de operación como las que tenía. Pero cuánto se tarda en volver a tener esa capacidad.
–¿Y cómo van las investigaciones para localizarlo?
–Mal. Desde que me enteré que había salido puse un equipo a rastrearlo. Según nosotros lo teníamos ubicado. En lo que se tardó la orden de detención, o se fue o no estaba. Para cuando me meto al lugar sólo encontramos dos personas.
–¿En Guadalajara?
–Así es
–Llegaron después de la fiesta.
–Llegamos tres días después, que fue lo que nos tardamos en obtener la orden de aprehensión.
–¿Está muy protegido?
–Yo creo que escondido simplemente, pero no quiero especular.
–¿Qué tan sólidas son las acusaciones contra Caro?
–Es un asunto en el que no hay duda en cuanto a los homicidios (de Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala). Por eso el razonamiento del juez me parece tan grave. En el caso del piloto se trataba de un empleado federal y estaba en ejercicio de sus funciones, lo que es motivo para que el caso quedara en la justicia federal. Con Camarena, los magistrados dijeron que tampoco podía ser juzgado en un tribunal federal porque no estaba acreditado ni como cónsul ni como embajador. Es cierto, eso lo dijo una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, pero que está arropado por los mismos criterios de la Convención de Viena.
–A lo mejor ahí puede haber un debate. Pero para mí, con un individuo que es el autor de los delitos (y eso el juez nunca no lo pone en duda), el debate está agotado. En el caso del piloto no tengo ninguna duda. Era un funcionario federal en funciones. Ni siquiera un defensor público se hubiera atrevido a plantear lo que dijo el juez.
Presiones sobre México
Caro Quintero y Fonseca Carrillo fueron sentenciados en definitiva apenas en junio de 2011, 26 años después de los hechos. “No hay ninguna explicación de por qué durante tantos años no tuvo sentencia. Fue un error de procedimiento que espero corrijamos con el nuevo sistema de justicia penal. Esa es la justificación (técnica de su salida). Por eso insistiría en volver a detenerlo, porque el valor fundamental de protección a la sociedad está violado”.
Según la PGR, la pena pendiente de Caro es por el asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano, por lo que le ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise el amparo que le dieron y que atraiga el que solicitó Ernesto Fonseca. Don Neto busca obtener su libertad con las mismas razones por las que salió su exsocio, y su caso está radicado en los mismos tribunales que fallaron a favor de su liberación.
La Corte ya los admitió a trámite. Su reto es revisar sus propios criterios. En marzo pasado, cuando el Colegiado que llevaba el caso de Caro le pidió que atrajera el amparo, los ministros dijeron que no era un asunto de interés y trascendencia y lo regresaron.
Así evitaron interpretar el artículo 104 de la Constitución, que obliga a la Corte a pronunciarse sobre los casos de miembros del cuerpo diplomático y consular, como el de Camarena, quien operaba en el país sin acreditación diplomática. Ante la negativa, el Colegiado concedió el amparo y ordenó al Unitario que liberara a Caro por violaciones al procedimiento.
El caso volvió a desatar las críticas y presiones de Estados Unidos a México. En los próximos días, Murillo Karam viajará a Washington, donde uno de los temas obligados será liberación de Caro. Pero las presiones no son como cuando ocurrieron los hechos, en el gobierno de Miguel de la Madrid, aunque tampoco con las ventajas y facilidades que tuvieron los estadunidenses durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Yo no tengo ese problema. Desde un principio pinté mi raya y dejé muy claro que la colaboración implica eso nada más. No sujeción ni sumisión. Al principio produjo algunos raspones, pero ahora nos entendemos mejor que antes en función de ese respeto absoluto a la diferencia entre sumisión y colaboración.”
–¿Habla de su relación con el procurador Erick Holder o de la relación de México con Estados Unidos?
–De mi relación con el procurador y con las instancias norteamericanas que tienen que ver con la procuraduría, como el Departamento de Justicia (de la que depende la DEA), entre otras. Con el procurador de Estados Unidos, la ventaja es que es un abogado y eso me da la posibilidad de hablar en los mismos términos. En la liberación de Caro entendió cuál era mi papel. El primer grito que pegaron fue ‘por qué no lo detuviste’. Pero entendieron que el problema es iniciar el proceso ilegal para que después todo sea ilegal.
–¿Estados Unidos ya entendió que hubo un cambio de gobierno en México?
–Espero que sí. Hay un trato diferente. La cooperación es indispensable y ahora se da a niveles altos, esa es la diferencia. Hoy, por ejemplo, los asuntos de mayor trascendencia los tratan primero con la Secretaría de Gobernación. Y en el caso de la PGR, sólo hay dos entradas: la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez y yo.
–¿Y antes cómo era, qué fue lo que cambió?
–Se reunían con los ministerios públicos, o con quien fuera.
–¿Por eso se entiende la presencia de agentes estadunidenses operando en la ahora denominada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) durante el sexenio pasado?
–No sé qué pasó en años anteriores, pero hoy no hay. A veces me piden poder interrogar a alguien y si no veo inconvenientes lo autorizo en términos de cooperación internacional.
–¿Ya no hay agentes estadunidenses en la Procuraduría?
–Cuando llegué, en alguna ocasión que fui a SEIDO encontré a algunos viendo un expediente y ahí tomé la decisión de que eso no debía seguir.
–¿Qué les dijo usted?
–Simplemente les pedí que aceptaran los términos que habíamos planteado. Que para una cosa de esas yo tenía que dar autorización, y en mi ausencia la subprocuradora.
–¿Les costó trabajo entenderlo después de las puertas abiertas que tuvieron en años recientes?
–No sé si les habrá costado trabajo allá, pero eso no era discutible.
“Sin mirar al pasado”
Otra presencia que llamó la atención durante los años en que el PAN gobernó fue la de militares en altos cargos de la PGR, empezando por el general retirado Rafael Macedo de la Concha, en el gobierno de Fox.
Murillo Karam los defiende, más allá de lo que fue una militarización de la PGR: “Hay militares muy capaces. Incluso más preparados que nosotros para determinadas cosas. Yo tengo militares trabajando aquí y con relación directa con el procurador, y desde luego hay una enorme relación con el Ejército. Hoy sí hay una gran coordinación entre el Ejército, la Marina y la Procuraduría. Compartimos la inteligencia y las estrategias. El Ejército hace cualquier operación con un Ministerio Público al frente”.
–¿También con presencia de estadunidenses, como en el pasado reciente?
–No, en ningún caso. A lo mejor de investigadores no armados, que es lo que me permiten a mí hacer allá.
–¿Investigadores estadunidenses no armados en operativos?
–Con autorización nuestra, sobre todo cuando aportan algo. Hasta este momento no he tenido ninguna. No me opondría si fuera útil, pero no armados.
Aunque también dice no querer mirar atrás sobre lo que ocurrió en la PGR en el sexenio pasado, explica que “ha corregido” los abusos en el uso de los testigos protegidos y en la práctica del arraigo:
“Estoy corrigiendo los casos donde se hizo regla de la excepción. Lo primero que hice a los días de que llegué fue revisar quién estaba en el arraigo. Tengo años planteando que el arraigo como está es inadecuado, porque los 80 días equivalen en tiempo a un juicio. Eso es una locura”.
Refiere el caso de una mujer arraigada por una declaración de un testigo protegido –“el mismo de siempre”, dice en alusión de Jennifer– “que dice que le dijeron que esta señora tenía el dinero de uno de los acusados. Ordené que la soltaran porque no sólo es un testigo protegido que no me merece confianza, sino porque es un testimonio de oídas”.
Lo mismo ocurrió con los generales y altos jefes del Ejército, entre ellos el general de división retirado y exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, acusados de proteger a la delincuencia organizada.
En ese caso, acota el procurador, el juicio ya estaba implementado. “Lo que hice fue un análisis de lo que la PGR había investigado y encontré que todo se sustentaba en declaraciones de testigos protegidos que se contradecían. Una de las más sólidas, decía que a él lo mandaron a recoger el dinero. Fuimos al lugar y la casa no existe. Presenté conclusiones no acusatorias y le pedí al juez que los soltaran porque las acusaciones no se sostenían”.
–¿Encontró muchos casos así?
–Puede haber muchos. Pero en todos los que he detectado ordené que se hagan conclusiones no acusatorias. En algunos casos puedo hasta tener la duda, pero ante la duda se beneficia.
–¿Está en un proceso específico de revisión?
–No precisamente que tenga un equipo dedicado a eso, porque prefiero hacerlo dentro del proceso reestructuración en el que estamos, tanto de la ley (que tiene que ver con el procedimiento) como de la procuraduría.
–¿Qué está haciendo con los testigos protegidos (se refiere a colaboradores)?
–Yo no los uso. Es una figura que está en la ley y que considera dos tipos: los que fueron víctimas(protegidos) y los que negocian su testimonio para tener beneficios en su condena (colaboradores). Esos para mí son muy poco confiables.
Acción de fuerza
Murillo Karam gobernó Hidalgo entre 1993 y 1998 y luego fue subsecretario de Seguridad en Gobernación con Francisco Labastida Ochoa, con quien le tocó en 2000 la derrota del PRI en las elecciones presidenciales ante Fox. Ahora, como procurador, revisa casos del pasado, como el de Raúl Salinas, y actuales como el Elba Esther Gordillo, a quien despojó de su fuerza política y encarceló, acusada de lavado de dinero.
Como el propio Murillo Karam, Gordillo fue secretaria general del PRI, pero rompió con el partido que le dio el cacicazgo político y apoyó a Fox y a Calderón para que ganaran la Presidencia de la República, a cambio de cargos y presupuestos gubernamentales.
Su detención fue la primera acción de fuerza del gobierno de Peña Nieto, de la mano del procurador. “La información que se aportó es contundente. No hay ni siquiera errores de procedimiento”, por lo que no la ve libre en años. Tampoco, a quienes desviaron los recursos del SNTE.
De manera distinta contempla el caso de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, a quien Calderón presentó como un gran éxito de su “guerra” al narcotráfico pero que la justicia de Estados Unidos exoneró del mismo delito en julio último. Al ser deportada a México, el mes pasado, fue reaprehendida a petición de la PGR, acusada de lavado de dinero.
“A esta pobre mujer le pasa lo que a (Andrés) Granier, (exgobernador de Tabasco). Sin ser la peor, fue a la que se le pudo probar. No tengo duda de que tiene culpa. Pero no en niveles tan altos como se plantea. No era una jefa de cártel. Sin embargo, hay pruebas de que usó recursos del narcotráfico”.
Ávila lleva seis años detenida –uno de ellos en Estados Unidos– y para el procurador la pena que se le podría aplicar debería ser acorde “con la peligrosidad” que represente para la sociedad.
–Y en el caso Raúl Salinas, ¿la PGR está de acuerdo con su exoneración?
–Él salió libre hace tiempo. Lo que se decidió en esta ocasión fue si sus bienes se obtuvieron legítimamente. La procuraduría considera que por lo menos en un grupo muy amplio de bienes no se aclara su situación.
Para Carlos López Cruz, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal, los bienes tienen una explicación: la capacidad de inversión de Salinas y no el resultado del desvío de la partida secreta de la Presidencia de la República durante el gobierno de su hermano Carlos, entre 1988 y 1994. “Nosotros consideramos que hay bienes que no son propiedad legítima y sobre esa base apelamos” el fallo, asegura el procurador.
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