Diputados
del PRD y del PT promueven una reforma constitucional para que el Estado
mexicano reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), en
términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma, sin que sea necesaria la
aprobación previa del Senado.
En
conferencia de prensa, la diputada Elena
Tapia Fonllen (PRD) presentó la iniciativa y señaló que la intervención del
Senado para que el Estado apruebe la jurisdicción de la CPI, como establece el
texto constitucional vigente “es una restricción única entre los países del
mundo”.
Aseguró
que dicha limitación posibilita la impunidad sobre los casos más graves de
violaciones a los derechos fundamentales: la agresión, el genocidio, los
crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Subrayó
la importancia de reformar el párrafo octavo del artículo 21 de la
Constitución, para armonizarlo con la legislación internacional,
específicamente con el Estatuto de Roma.
Explicó
que dicho estatuto es un tratado internacional que tipifica y establece la
competencia de la CPI en los delitos de agresión, genocidio, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra, cuando las instituciones nacionales no han
investigado y sancionado los hechos.
Agregó
que la mayoría de los países han modificado su legislación interna para unificarla
con esta jurisdicción complementaria internacional.
El
coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, enfatizó la importancia de la
reforma constitucional propuesta, a la cual se ha sumado todo el grupo
parlamentario del PRD, y pidió al resto de las bancadas unirse a la iniciativa.
La diputada
Loretta Ortiz Ahlf (PT) explicó que en México sólo el genocidio es considerado
como delito, y falta la tipificación de la agresión, los crímenes de lesa
humanidad y de guerra.
Destacó
que el respeto a los derechos humanos sólo puede lograrse acabando con la
impunidad en estos delitos.
Adelantó
que, posterior a la reforma a la Constitución, se deberá proceder a la
tipificación de la agresión, los crímenes de lesa humanidad y de guerra como
delitos, y a establecer, en la legislación secundaria, los mecanismos de
cooperación que tendrá el país con la CPI, para lo cual también presentarán
iniciativas.
Finalmente,
la diputada del PRD, Amalia García Medina señaló que la reforma permitirá que
México se atenga a los tribunales internacionales en materia de derechos
humanos, cuando se trate de estas infracciones graves.
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