Revista Proceso # 1847, 25 de marzo de 2012
Desde hace varios años Genaro García Luna descubrió que podía valerse de la televisión para promover su imagen como súper policía. En este afán no ha estado solo, pues Televisa le ha seguido el juego para elevar su rating y congraciarse con los gobiernos de extracción panista que han cobijado al ahora secretario de Seguridad Pública federal. El caso de Florence Cassez es paradigmático de cómo se montan detenciones espectaculares y se manipulan escenarios, aunque ello implique pisotear los derechos de los presuntos delincuentes.
Un falso secuestrador asesinado por agentes de la AFI en 2002; una indígena otomí presentada con engaños como secuestradora de seis agentes de la AFI en marzo de 2006; un pastor aeropirata que nunca tuvo explosivos ni amenazó a los pasajeros, capturado ante las cámaras de televisión por Genaro García Luna en septiembre de 2009; unos reporteros de Televisa y Grupo Milenio falsamente rescatados por la Policía Federal en julio de 2010, y el montaje del caso del futbolista Salvador Cabañas para inculpar al gerente del Bar-Bar, en función de los intereses de Televisa.
Estos son, entre decenas de otros
ejemplos, los casos más significativos de “recreaciones”, invenciones o reality
policiacos orquestados entre Genaro García Luna, exjefe de la Agencia Federal
de Investigación (AFI) y actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), y la empresa Televisa, con el aval de los dos presidentes de la
República de extracción panista.
Antes y después del caso de la
francesa Florence Cassez, los agentes bajo las órdenes de García Luna se
especializaron en “manejo de escenarios” y de recreaciones para transmitirlos
en televisión, especialmente en la pantalla de Televisa, la de mayor audiencia
e impacto político.
No fueron simples errores o
excesos telegénicos para promover los logros y la figura de García Luna.
Constituyen un modus operandi que ha dependido del contexto y de las
necesidades políticas tanto de los gobiernos federales como de la SSP. Pese a
los montajes, la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad no han
disminuido.
Montajes: utilidad política y “rating”
Juan Manuel Magaña, exjefe de Información de la emisión de Primero
Noticias, conducida por Carlos Loret de Mola en el canal 2 de Televisa,
reflexiona a la luz de la discusión en la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Cassez:
“Esta situación me llevó a
entender que los casos policiacos en televisión siempre tenían una motivación,
que no eran solamente periodísticos. Cuando sucedió el caso de Florence estaba
el foco del escándalo de Marta Sahagún y las cuentas de sus hijos en la Cámara
de Diputados.
“Había también otra
motivación: era diciembre de 2005 y Calderón era ya candidato presidencial del
PAN. Había un interés de García Luna por permanecer.”
–En esos días también se dio
la aprobación fast track de la Ley Televisa en la Cámara de Diputados –se le
recuerda.
–Así es. El 1 de diciembre se
aprobó la ley en San Lázaro y Diego Fernández de Cevallos presionaba a los
senadores para que la aprobaran.
Exjefe de Información del
noticiario de Loret de Mola hasta el 15 de mayo de 2009, cuando decidió
renunciar al equipo de Primero Noticias,
Magaña admite que los asuntos policiacos ya tenían “un lugar” en las
transmisiones televisivas, sobre todo para generar rating.
Sin embargo, en transmisiones
en vivo de supuestos rescates, como en el caso de Cassez, Magaña asume que
existían intereses y presiones “extraperiodísticas” provenientes de los altos
mandos de la televisora y del gobierno federal.
–¿Qué tanto influyó en su
decisión de retirarse de Televisa el caso de los montajes?
–Hasta que salió la resolución
del ministro Zaldívar me di cuenta de cuáles son los efectos de lo que nosotros
asumíamos que eran ciertos excesos, “travesuras condenables” en las
transmisiones de la televisión, pero que generaban rating.
“Hay andamios y decisiones que
tú no ves desde el trabajo cotidiano. Para mí, el caso Cassez ese día fue una
orden más. Los asuntos de edición de cada mañana podían ser 150. Sí me extrañó
que le dedicaran más de los cuatro o seis minutos que debían ser.
“Entonces pensé: ‘estamos otra
vez en el amarillismo’, pero también hay cosas psicológicas en juego. Tú crees
lo que te dice la producción, que se trataba de una detención real. En ese
momento también creí: ‘bueno, bueno, déjenlo correr’.”
Al revisar la transmisión de
ese día, Magaña se percató de que había una secuencia donde la imagen de las
víctimas se borraba en la pantalla. Técnicamente se conoce como blur, o “imagen
blureada”, es decir, borrada en la pantalla. Así le hicieron al excoordinador
de la bancada del PAN Santiago Creel cuando Televisa se molestó por la
aprobación de la reforma política de 2007.
–¿Se puede hacer esto en una
transmisión en vivo?
–Sólo es posible en
posproducción.
–¿Eso significa que ciertas
imágenes pudieron grabarse con antelación?
–Eso lo tiene que determinar
un experto. Significaría que sobre la recreación hubo un montaje en
posproducción.
Entrevistado por Carmen
Aristegui en MVS Radio el miércoles 21, el mismo día de la deliberación de la
Primera Sala, Magaña dice que hasta ahora no se ha enfrentado a ninguna reacción
por parte de Televisa ni de Loret de Mola.
“El proyecto del ministro
Zaldívar y la opinión de otros cuatro ministros indica que en el montaje había
una intención: presentar a Cassez como responsable del secuestro. En la
televisión, la intención es el mensaje, pero hubo más intenciones y esto te lo
explica el contexto. Ahí estaban la Ley Televisa y el caso de los hijos de
Martha”, apunta.
Falsedades
En 30 de marzo de 2002, en
vísperas de las negociaciones entre Televisa y el gobierno de Vicente Fox para
congelar una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, la AFI y la PGR
informaron que una investigación minuciosa los condujo a la detención de
Guillermo Vélez Mendoza, miembro de la banda de secuestradores conocida como
Los Ántrax.
El mismo día que atraparon con
engaños a Vélez Mendoza, los policías dejaron huir al auténtico líder de la
banda, Jaime Orozco. A su padre, Guillermo Félix Vélez Pelayo, le informaron el
31 de marzo que su hijo había fallecido en el interior de un vehículo oficial
“de muerte natural por causas desconocidas”.
Vélez Pelayo no tuvo acceso a
los detalles de la averiguación previa PGR/UEDO/083/2002. Cuando le entregaron
el cuerpo de su hijo observó que tenía múltiples lesiones. Presentó una
denuncia de hechos ante la procuraduría capitalina por posible tortura, así
como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Acusó a la Dirección de
Comunicación Social de la PGR de mal manejo de la información al acusar a su
hijo de ser el cerebro de una banda de secuestradores, pese a que en la
averiguación previa PGR/UEDO/186/2001 no había elementos para acreditar el
señalamiento.
En su recomendación 12/2002,
del 14 de mayo de 2002, la CNDH acreditó que Vélez Mendoza fue sacado de su
domicilio mediante engaños; que existieron contradicciones entre lo manifestado
por los agentes de la AFI y lo expuesto por las supuestas víctimas del
secuestro. Por ello, la comisión recomendó que se ampliara la vista a la
Contraloría Interna de la PGR en contra de seis agentes de la AFI, entonces
bajo las órdenes de García Luna.
Para salvarse del escándalo,
la AFI obligó al verdadero líder de los Ántrax, Jaime Orozco, a declarar ante
las cámaras televisivas que Guillermo Vélez Mendoza era su cómplice. Al rendir
su declaración ministerial, Orozco no ratificó su acusación. La familia Vélez
le ganó un juicio a la PGR para que enmendara la memoria del joven asesinado y
pagara una indemnización económica.
Jacinta
El 3 de agosto de 2006, en
pleno conflicto poselectoral, Jacinta Francisco Marcial, una indígena otomí de
Santiago Mexquititlán, fue llevada con engaños por agentes de la AFI a la
ciudad de Querétaro. Le ofrecieron el pago de unas mercancías que el 26 de
marzo de 2006 le robaron seis elementos de la misma agencia.
Para su sorpresa, Jacinta fue
presentada ante los medios de comunicación como responsable, junto con otras
dos mujeres, del secuestro de seis agentes de la AFI. El 19 de diciembre de
2008 fue condenada a 21 años de cárcel y al pago de una multa de 2 mil días de
salario mínimo. Sus supuestas cómplices, Alberta Alcántara y Teresa González,
también fueron enjuiciadas y encarceladas.
El Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asumió su defensa legal. Los abogados
demostraron que Jacinta había sido víctima de violaciones a sus derechos
humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia vulneraron sus
garantías procesales. Nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le
negó el derecho de presunción de inocencia.
Gracias a la presión nacional
e internacional, Jacinta fue liberada el 16 de septiembre de 2009 tras
permanecer encarcelada injustamente durante tres años.
Falso aeropirata
El 9 de septiembre de 2009, en
vísperas de la discusión en Estados Unidos sobre el recorte de fondos del Plan
Mérida entregados a la SSP y a la PGR, García Luna apareció en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México para presumir que un espectacular
operativo permitió capturar a Josmar
Flores Pereira, un pastor de origen boliviano que “secuestró” ese día el
vuelo 576 de Aeroméxico, procedente de Cancún.
Según el titular de la SSP, el
objetivo del aeropirata era llamar la atención de las autoridades federales de
la inminente llegada de un “devastador terremoto” que ocurriría en México. La
fecha era un signo cabalístico (09-09-09) que se traducía en el 666, es decir,
el símbolo de “La Bestia” o Satanás en lenguaje apocalíptico.
García Luna presumió que la
AFI “rescató” a los rehenes y detuvo al predicador.
Días después, los pasajeros
del vuelo, entre ellos el diputado federal
Hernán Villatoro Barrios, desmintieron la versión de las autoridades
policiacas. Dijeron que nunca vivieron nada parecido a un “secuestro” o
incidente. Los supuestos cómplices del pastor boliviano eran pasajeros que
fueron esposados de manera arbitraria por elementos de la Policía Federal.
Pese a todo, en mayo de 2011 la juez federal
Taisa Cruz sentenció al falso aeropirata a siete años de prisión y al pago de una multa de 10 mil 905 pesos por
afectaciones a la aerolínea.
Los reporteros “rescatados”
El 31 de julio de 2010, García
Luna volvió a protagonizar un enlace en vivo desde las instalaciones del hangar
de la Policía Federal. Ofreció una conferencia de prensa ante 32 cámaras de
televisión.
Leyó un comunicado para
anunciar que luego de “un intenso trabajo de inteligencia”, la dependencia a su
cargo rescató a Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa Torreón; a
Javier Canales, reportero de la empresa Multimedia, y a Héctor Bordoa,
reportero del programa Punto de Partida, conducido por Denisse Mercker en
Televisa.
Los reporteros habían sido
secuestrados por presuntos sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán cuando cubrieron
un motin en el penal de Gómez Palacio, Durango, cinco días antes, el 26 de
julio. El grupo criminal los retuvo con la intención de obligar a Televisa y a
Grupo Milenio a difundir videos en los que acusaban a las autoridades del penal
de estar aliadas con Los Zetas.
La versión de Genaro García
Luna fue espectacular:
“Cuando llegó la Policía
Federal acordonó el área donde estaba la casa de seguridad, se localizó a los
compañeros reporteros y como primer objetivo de seguridad a ellos, para que no
fueran blanco de disparos o de alguna agresión.”
Algo se salió del guión. La
versión de García Luna no coincidió con la de Luis Cárdenas Palomino, su brazo
derecho y jefe de la División de Seguridad Regional, quien afirmó en entrevista
televisiva que los reporteros desarmaron una ventana para escapar, y a las seis
de la mañana ya en plena calle se encontraron con los agentes policiacos.
Días después, Alejandro
Hernández relató en el noticiario conducido por Carmen Aristegui que la
“liberación” fue muy distinta a la narrada por García Luna. Que todo había sido
un “montaje” de la SSP y fue producto de una “serie de chantajes” para
presentarlos ante los medios de comunicación. Los engañaron diciéndoles que se
iban a entrevistar con el presidente Felipe Calderón.
El camarógrafo pidió asilo en
Estados Unidos al sentir vulnerada su seguridad ante la actuación de la SSP y
la desprotección de la empresa para la que trabajó. Los medios impresos y
electrónicos de Grupo Milenio condenaron a Hernández Pacheco por haber
“cambiado” la versión de los hechos
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