Revista
Proceso
# 2059, 16 de abril de 2016.. ‘
Diplomacia
pendenciera y vilipendiada/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
La
reticencia del gobierno mexicano a la observación y asistencia internacional
alcanzó su peor momento cuando el presidente Enrique Peña Nieto reiteró desde
Dinamarca, el jueves 14, lo que dos semanas antes adelantaban sus
colaboradores: el fin de la estancia en México del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), invitados a investigar la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa.
Días
antes de anunciar el fin de la relación, la Procuraduría General de la
República (PGR) admitió abrir una averiguación previa contra Álvarez Icaza, por
ser quien firmó el acuerdo entre la CIDH y México. La Comisión respondió el 29
de marzo con un comunicado en el que afirmaba que había una campaña de
desprestigio y reprobaba que se diera entrada a la denuncia.
Ese
día, el secretario de Gobernación anticipó, en entrevista con Radio Fórmula,
que no daría prórroga al GIEI.
En
reacción a ello, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijo en entrevista
con este semanario: “No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong,
secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el
caso Ayotzinapa. Extender o ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es
decisión de la CIDH” (Proceso 2057).
Lejos
de suavizar la tensión, el gobierno peñista se radicalizó. El sábado 2, un
grupo colegiado de expertos en fuego y la PGR revelaron conclusiones
preliminares que reforzaban la “verdad histórica” ofrecida un año antes, al
afirmar que al menos 17 cuerpos fueron calcinados en el basurero de Cocula y
asegurando que ahí pudieron desaparecer los 43 jóvenes.
En
respuesta, el GIEI denunció un día después que la PGR había roto acuerdos y que
las conclusiones no se habían trabajado con ellos. La crisis avanzaba y ese día
los expertos patentaron su rompimiento con la PGR.
El
gobierno negó la ruptura el jueves 7 cuando, al anunciar la gira presidencial
por Alemania y Dinamarca, el vocero presidencial Eduardo Sánchez, se limitó a
recordar que la prórroga concluía el día 30, y la jefa de la oficina de la
Cancillería, Ana Paola Barbosa, más diplomática, expuso lo que sería la
afirmación persistente en los días que siguieron: “Es importante recordar que
fue precisamente el gobierno de México quien, por iniciativa unilateral y
nuestra, que se pide la creación de este grupo. Ha sido un diálogo estrecho
sumamente útil y seguiremos trabajando y apoyándolos hasta que termine su
mandato que es hasta fin de mes” (sic).
Finalmente
el viernes 15 la CIDH confirmó lo que Peña Nieto había dicho en Dinamarca: que
el trabajo del GIEI concluía. La Comisión lamentó la postura del gobierno
mexicano en un comunicado en el cual admitía necesitar la anuencia del Estado
parte, a contrapelo de las declaraciones previas de Cavallaro.
Una
semana de crisis
La
segunda semana de abril arrojó un saldo negativo para el gobierno de Peña Nieto
en materia de derechos humanos; al desencuentro con la CIDH se sumaron los
cuestionamientos internacionales por el mal desempeño en la materia.
En
Berlín, aun con el lenguaje diplomático que suele caracterizar las visitas de
Estado, el presidente alemán, Joachim Gauck, expresó el lunes 11 frente a Peña
Nieto, a propósito de la violencia criminal en México: “Los ciudadanos esperan
del Estado, además de la prevención de la violencia, que los crímenes sean
esclarecidos y sancionados con prontitud y respetando los principios del Estado
de derecho”.
En
otro encuentro, la canciller Angela Merkel dijo que ofreció a Peña Nieto ayuda
para esclarecer la desaparición de los normalistas, apoyar el combate al crimen
y, entre otras consideraciones, expuso: “Queremos que la policía mexicana sea
más eficiente, también en el respeto a los derechos humanos”.
Peña
Nieto se limitó a aseverar que México “es un país que protege la defensa de los
derechos humanos”. Así, una gira programada para echar a andar una serie de
temas económicos, culturales y de turismo, terminaba confrontando al mandatario
con su desprestigio internacional.
Al
día siguiente de su declaración frente a Merkel, el Departamento de Estado
estadunidense emitió el informe anual Country Reports on Human Rights Practices
for 2015; concluyó que a tres años de gobierno de Peña Nieto las violaciones a
los derechos humanos, así como la corrupción y la impunidad, siguen siendo una
constante en México.
Entre
los temas del mencionado informe destaca la existencia de “graves abusos” de
policías y militares en ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición.
Exhaustivo, el informe documentó también las precarias condiciones carcelarias,
las amenazas y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Además observó la falta de transparencia en violaciones graves a los derechos
humanos.
Ante
la contundencia del informe, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Cancillería, Mario Ruiz Cabañas, dijo en Washington que
México no negaba los “retos y desafíos” en la materia. Añadió: “Por eso tenemos
una política de cooperación muy abierta, vigorosa, con los organismos
internacionales y regionales.
“Lo
que hacen algunos informes que hacen algunos países, pues son ellos los que lo
dicen. Nosotros tenemos una gran convicción de que se está haciendo un gran
esfuerzo por parte del gobierno federal para atender todos y cada uno de los
retos que México enfrenta” (agencia EFE, miércoles 13).
La
declaración se hacía en el contexto del desencuentro con la CIDH y ante los
cuestionamientos a Peña Nieto en Europa. Para colmo, en México, el ómbudsman
afirmaba que policías federales participaron en los hechos de Iguala, y en
redes sociales se viralizaba un video en el cual se ve a militares y policías
federales torturar a una mujer.
Rijosidad
En
marzo de 2014, durante el XXV periodo de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano presentó sus observaciones
respecto a 176 recomendaciones que había recibido en octubre durante su
evaluación en el Examen Periódico Universal. Sólo aceptó 166, y entre las que
rechazó destacaba su negativa a eliminar la figura del arraigo y a reconocer
jurisdicción del Comité de Desaparición Forzada de la ONU.
Casi
un año después, los días 1 y 2 de febrero de 2015, en Ginebra, el Estado
Mexicano fue severamente cuestionado por esa negativa. Ahí, fue el
subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo quien protagonizó acaloradas
discusiones valiéndose incluso de la ironía para responder a los miembros del
Comité (Proceso 1997).
El
16 de febrero siguiente, no sólo se dejó de aceptar la jurisdicción sino que el
entonces canciller, José Antonio Meade, descalificó las recomendaciones del
informe del Comité sobre la situación de las desapariciones forzadas en México,
considerando que no fue una revisión exhaustiva y acusando falta de seriedad y
objetividad.
Quizá
la descalificación más famosa fue la que se hizo en octubre pasado al relator
especial sobre tortura de Naciones Unidas, a quien de plano, ya no se le quiso
recibir en México.
Algo
similar ocurrió con el relator de Libertad de Expresión al iniciar el gobierno
peñista y –precedente de la actual crisis con el GIEI– descalificó el informe
de la CIDH, publicado el pasado 2 de marzo.
Si
bien, la atención internacional en materia de derechos humanos en México se
centra en temas de seguridad y justicia, hay otros también de derechos humanos
a los que se responde con furia.
El
martes 12, en medio de la disputa entre la CIDH y a punto de emitirse el
informe del Departamento de Estado, el titular de Desarrollo Social, José
Antonio Meade, abrió otro frente, ahora contra la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), que publicó su informe sobre México,
enfatizando que en los últimos cinco años no disminuyeron los niveles de
marginación. Meade expuso: “Es lisa y llanamente un mal estudio”. Meade reprobó
la metodología.
El
7 de octubre de 2015 el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a México a propósito del
trato recibido por el relator sobre tortura, invitado por el gobierno mexicano
y luego vilipendiado:
“Desde
hace tiempo México ha sido muy generoso en sus invitaciones; por tanto, ha sido
una sorpresa para nosotros cuando el relator especial sobre la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, fue sujeto de virulentos ataques
personales por parte de algunos actores políticos”, reprochó. l
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