La perversa jugada de la FGR , ¿jueces de consigna?

La perversa jugada de la FGR contra Ruffo y la justicia selectiva

Por Fred Álvarez Palafox

"A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas." La frase se le atribuye históricamente —y de manera falsa— a Benito Juárez, pero en el México de hoy se respira con una vigencia que asfixia.

El verdadero escándalo en la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo va mucho más allá de las acusaciones; radica en la oscura maniobra procesal orquestada por la Fiscalía General de la República (FGR). El quid del asunto, esa perversión que carcome al sistema, se resume en una vieja máxima del poder que hoy se aplica con descaro: si el juez en turno te exige pruebas y te niega la razón, búscate uno a la medida. Y es aquí donde la realidad nos golpea en la cara: ¿para esto impusieron la reforma constitucional? ¿Para inaugurar, oficialmente, la era de los jueces de consigna?

Como documenta de manera precisa y oportuna el periodista Abel Barajas en Reforma, la historia detrás de esta captura es de antología. Apenas el pasado 22 de junio, el juez Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, le dio un portazo en la cara a la FGR. Al ser un juzgador de estricta carrera judicial, Elizondo revisó el expediente y negó las aprehensiones bajo un argumento técnico irrefutable: la Fiscalía no logró fundamentar sus "inferencias". Faltaban pruebas, sobraban suposiciones.

Cualquier fiscalía seria habría regresado a su escritorio a hacer su trabajo de investigación. Pero aquí operó la revancha y el cálculo político.

En un movimiento de último minuto, a principios de esta semana, la FGR volvió a la carga solicitando las mismas órdenes de captura, pero sacándose de la chistera a dos nuevos imputados. Uno de ellos: Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. El otro, la verdadera joya de la corona: Ernesto Ruffo Appel, el histórico primer gobernador de oposición en México y hoy simpatizante del partido Somos México, a quien repentinamente elevaron a la categoría de líder supremo de una red de huachicol fiscal.

Pero la maniobra maestra, la verdaderamente perversa, fue la ruta elegida. Sabiendo que el juez Elizondo ya les había reprobado la tarea, la FEMDO aplicó lo que en el argot legal se conoce como forum shopping o, en lenguaje llano: buscarse un juez a la medida, un juez a modo. Y vaya que lo encontraron.

Ya no acudieron con el juez de carrera que les exigió pruebas. Esta vez tocaron la puerta de Alejandra Ramírez de la Vega, una juzgadora de elección popular también adscrita a Almoloya. El resultado fue mágico para la Fiscalía: al día siguiente, en un tiempo récord para leer, analizar y comprender un expediente complejo de delincuencia organizada y defraudación fiscal, la jueza obsequió las capturas.

Sin pudor alguno, la juzgadora Ramírez concluyó casi en automático que Ruffo tenía un "dominio funcional del hecho" y que organizó un esquema sistemático contra el Estado. Hoy, sobre Ruffo y otros 24 imputados pesa una orden por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos; faltas que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Más allá de si existe o no culpabilidad —algo que deberá probarse en un juicio justo—, lo que verdaderamente aterra es el método. La FGR nos acaba de regalar una postal de cuerpo entero de cómo funciona la justicia selectiva en nuestro "mundo raro": cuando la técnica jurídica y la carrera judicial estorban para encarcelar a un adversario político, siempre habrá un juez de elección popular dispuesto a firmar el encargo.

El contraste de esta realidad con el discurso oficial es abismal. Ayer, en la mañanera desde Tulum, el teatro quedó al descubierto. Presté especial atención a los agudos cuestionamientos que lanzaron en la sala Sharon Mercado (El Universal), Edgardo Rodríguez (Radio Fórmula), Néstor Jiménez (La Jornada), Fernanda García (El Heraldo de México) y Rafael Montes (Grupo Milenio).

La respuesta del gobierno fue una sola, un bloque defensivo. Desde el atril, la C. Presidenta constitucional justificó el actuar de las instituciones: "No tiene nada que ver, porque son investigaciones que hace la Fiscalía en coordinación con el Gabinete de Seguridad. En este caso fue una acción de cuando se encuentran los tanques y, a partir de ahí, viene una investigación de un año... Entonces, no tiene nada que ver con eso". Sin embargo, entre líneas y con ese tono despectivo que ya es sello de la casa, el fantasma del "PRIAN" volvió a ser invocado para descalificar.

Desde el poder intentan convencernos de la inmaculada neutralidad de nuestras instituciones, pero el sesgo es una sombra imposible de ocultar. Pareciera que nos han condenado a vivir en ese escenario donde la maquinaria de la ley cae con todo su peso sobre los adversarios, pero se vuelve de goma, flexible y desmemoriada, cuando se trata de los de casa.

La C. Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch y la propia Fiscalía deben responder a la interrogante central, la que desnuda el operativo: ¿Por qué el cambio de juez?

Para la historia inmediata

Cambian juez y logran aprehensión de Ruffo

Nota de Abel Barajas/ Reforma, 18 de julio de 2026

De último minuto, apenas al inicio de esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR) metió a Ernesto Ruffo Appel, socio y fundador de la empresa Ingemar, en la investigación donde se le imputa ser uno de los líderes de una organización criminal dedicada al huachicol fiscal.

El 22 de junio, el juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, negó todas esas aprehensiones porque estimó que la FGR no fundamentó sus "inferencias".

Sin embargo, el pasado lunes la FGR volvió a pedir las mismas órdenes de captura, pero esta vez agregó a dos nuevos imputados: uno era Ruffo Appel, a quien esta vez señaló como líder de la organización criminal.

El otro es Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de Mapror de Hidrocarburos, y de Lambrucar, implicadas en la dispersión de recursos mediante pagos simulados.

En el segundo intento, la FEMDO ya no llevó el caso ante el mismo juez, sino acudió con Alejandra Ramírez de la Vega, juzgadora de elección popular adscrita a Almoloya, quien al día siguiente ordenó las capturas.

"Se concluye que la participación de Ernesto Ruffo Appel y/o Ernesto Guillermo Ruffo Appel, no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho, desde donde organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito de carácter sistemático orientado a la introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional, en perjuicio del fisco federal y del orden económico del Estado", dijo la juez Ramírez, al girar la captura.

La orden de aprehensión contra Ruffo y los otros 24 imputados fue librada por delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando. Los dos primeros comprometen la libertad del primer Gobernador de Oposición en México, y ahora fundador del partido Somos México, pues contemplan la prisión automática.