Contrabandistas con credencial

Contrabandistas con credencial
Columna Plaza Pública/Miguel Ángel Granados Chapa

Reforma, 13 Mar. 11

La mayor parte del arsenal de las bandas delincuenciales mexicanas está formado por armamento adquirido en territorio estadounidense, según permite comprobarlo el aseguramiento de armas que sigue a las detenciones

El 14 de diciembre pasado en un desértico paraje de Arizona fue asesinado Bryan Terry, agente de la patrulla fronteriza. Dispararon contra él matones dotados de armas poderosas, que habían cruzado la frontera para cobrar cuotas con las que extorsionan a migrantes. Dos meses después, el 15 de febrero, en una carretera mexicana padeció la misma suerte Jaime Zapata, agente de aduanas y migración comisionado en territorio mexicano.
El Centro de Integridad Pública, una organización civil norteamericana que investiga casos de corrupción gubernamental, a partir de información reunida con anterioridad, pudo percatarse de que las armas utilizadas para ultimar a esos agentes de órganos de seguridad estadounidenses eran parte de una colosal remesa que a lo largo de 15 meses había sido organizada por la ATF, la agencia responsable de combatir el contrabando de armas, alcohol y tabaco. Cerca de 2 mil armas habían sido trasladadas a México por agentes encubiertos, con el propósito de seguir su pista y localizar a los compradores finales, presumiblemente bandas de narcotraficantes. Pero, por algún motivo que no se ha establecido aún (y que puede ser impericia, negligencia o dolo complicitario), la indagación quedó fuera de control. Y ahora nadie sabe dónde quedaron esas armas hechas entrar en México por contrabandistas con credencial.
Con base en la información del CIP, el diario Los Angeles Times y la cadena de televisión CBS ahondaron en la investigación sobre esa operación encubierta. Lograron que John Dodson, agente de la ATF y participante en la operación bautizada como Rápido y furioso -que es el nombre de un grupo musical tal vez admirado por quien estaba en capacidad de rendirles ese extraño tributo en la ATF-, ofreciera su testimonio. El programa resultante de esas indagaciones fue transmitido por CBS la noche del jueves 3 de marzo. Unas horas antes se habían reunido en la Casa Blanca los presidentes Calderón y Obama, que se habían hecho mutuos reconocimientos por su colaboración en la lucha contra la delincuencia organizada.
Un reclamo frecuente de las autoridades mexicanas a las de Estados Unidos es que no trabajan suficientemente en la disminución del consumo de drogas ilegales, por lo cual tampoco se reduce la oferta de esos estupefacientes; y que no enfrentan adecuadamente el tráfico de armas, compradas libremente en aquel país y hechas llegar de contrabando a México. La mayor parte del arsenal de las bandas delincuenciales está formado por armamento adquirido en territorio estadounidense, según permite comprobarlo el aseguramiento de armas que sigue a la captura de miembros del crimen organizado. Por cierto, la Secretaría de la Defensa Nacional es depositaria de esas armas, que se almacenan en un espacio que sin duda debe estar protegido con medidas de alta seguridad, dada la poderosa tentación que bodegas con ese contenido han de producir en las bandas que están en auge en nuestro país.
Al paso de los días, la difusión del programa de CBS ocupó el lugar que tras la visita de Calderón a Washington había estado reservado a su fallido intento de deshacerse de la presencia del embajador Carlos Pascual. Fue quedando en claro que Rápido y furioso había contribuido al incremento de la violencia criminal en México, sin que a nadie le importara hasta que sus efectos alcanzaron a dos agentes norteamericanos. La agencia responsable de organizar ese trasiego ilegal tuvo que reconocer la existencia de la operación, pero el gobierno de Estados Unidos se ha rehusado a admitir abiertamente su responsabilidad en el asunto. La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, se dijo ignorante de esos hechos y el procurador Eric Holder ha expresado una actitud ambigua sobre los mismos.
Las operaciones encubiertas son una técnica de indagación usual en todas partes para localizar a infractores de la ley y a delincuentes. En México ha sido utilizada, en su modalidad de usuario simulado, para descubrir casos de corrupción, en los que la personalidad de los simuladores queda en claro cuando el soborno es aceptado por el funcionario sospechoso. En la práctica de las agencias policiacas norteamericanas se apela cotidianamente a ellas. Pero pocas ve- ces ese género de encubrimientos pro- duce efectos dañinos como los que agentes de la propia ATF, como Dodson, hicieron notar a sus jefes. Mucha gente podía morir al contar con las armas in- volucradas en la ope- ración, advirtieron. A la objeción respon- dió uno de los jefes con crudeza que en- cerraba desdén por las eventuales víctimas: "Para hacer un omelet tienes que romper algunos huevos".
Según Dodson, la operación no se ha interrumpido, ni siquiera ante el escándalo suscitado por sus imputaciones a la agencia a que pertenece. De modo que a estas horas acaso estén cruzando la frontera artefactos de muerte trasladados con presuntos fines legales al mismo tiempo que también ingresan a nuestro territorio otras armas que se venderán de forma ilegal. El programa de CBS reveló también que Rápido y furioso no es la primera operación con aquel propósito, sino que en 2008 se habían hecho pasar a través de la frontera 450 armas en la operación Receptor abierto, de la que nunca, sino hasta ahora, se tuvo noticia.
El gobierno mexicano ha reaccionado lentamente y con calma inexplicable ante esta práctica que, si bien parece responder al reproche mexicano sobre la lenidad norteamericana ante el tráfico de armas, en realidad lo ha acrecentado. Como quien ve llover y no se moja, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, dijo a León Krauze en entrevista radiofónica con esta espesa y elusiva prosa: "Es un asunto que nos motiva a verlo con una seria preocupación". La Cancillería expresó poco después que había solicitado información al respecto a su contraparte, el Departamento de Estado. La Procuraduría General de la República, una semana después de la emisión, negó que el gobierno mexicano tuviera alguna sobre esas operaciones, en oposición a un comunicado de la ahora execrada embajada norteamericana, según el cual sí se informó al respecto al gobierno mexicano. La propia embajada, al percatarse de que había abierto un nuevo frente de rispidez con el gobierno de México, buscó aclarar que la información ofrecida por Washington se refería a la porción norteamericana de la operación de marras, que el 25 de enero había conducido a la detención de 20 personas en territorio norteamericano.
Lo cierto hasta este momento es que no hay información oficial, ni de allá ni de acá, sobre Rápido y furioso, pero sí la certidumbre de que el mercado ilegal de armas experimentó un importante refuerzo mediante esa pretendida argucia norteamericana. También es cierto que el muy falible combate mexicano al contrabando ha mostrado una vez más su permanente vulnerabilidad, pues no ha sido capaz de detectar y menos de contener ese trasiego ilegal. Queda igualmente en claro, entonces, que la exigencia mexicana a ese respecto no va acompañada de un activismo que supla en territorio mexicano la despreocupación norteamericana sobre el ingreso de armas a México.
Como si no estuviera en entredicho una importante operación de la ATF que afecta la bilateralidad de las decisiones en la lucha contra la delincuencia organizada, el director de ICE, la agencia de aduanas y control migratorio de Estados Unidos, a la que pertenecía Jaime Zapata, asesinado hace casi un mes, ha anunciado un aumento en el número de sus agentes en México. Eran 20 al 15 de febrero, el número creció a 30 inmediatamente después del atentado (en que Víctor Ávila fue herido) y ahora serán 40. La ocasión abre la puerta a explicaciones necesarias para la sociedad mexicana. ¿Con arreglo a qué instrumento internacional opera aquí ese número de agentes cuyas funciones, por su propia naturaleza, deben practicarse en territorio norteamericano? ¿Qué hacen en México? ¿Puede la propia ICE acrecentar su presencia en nuestro territorio de ese modo, sin pactarla con las autoridades mexicanas? Si las pactó, ¿por qué no se anuncia bilateralmente esa decisión?
Dada la asimetría en las relaciones de México y Estados Unidos, y el carácter trasnacional del crimen organizado, tiende a verse como natural la presencia de policías norteamericanos en México, sin reparar en que eso significa una infracción a la soberanía, que no es prenda que haya que guardar en el ropero.
miguelangel@granadoschapa.com