Un enviado “rápido y furioso”

Un enviado “rápido y furioso”Homero Campa
Revista Proceso # 1793, 13 de marzo de 2011

William Newell será el representante de la ATF en México y ya tiene el beneplácito del gobierno federal. El problema es que este personaje está implicado en el escándalo de Rápido y furioso (el operativo de trasiego de armas a México) del que se habría negado a informar a las autoridades mexicanas. Newell sustituirá a Darren Gil, quien fue removido del puesto a finales del año pasado y quien abogaba por informar de las acciones encubiertas.

A finales de enero, el gobierno de Barack Obama comunicó al de Felipe Calderón que había designado a William Newell agregado de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México. 

El anuncio fue bien recibido por el gobierno mexicano: Newell se graduó en justicia criminal y estudios latinoamericanos, habla español con fluidez y, sobre todo, conoce el tema del tráfico de armas hacia México. Hasta antes de su nombramiento era el agente especial encargado de la ATF en Phoenix, Arizona, donde abundan las tiendas que venden armas a intermediarios de los cárteles mexicanos de la droga.

Pero Newell se vio implicado en el escándalo de la operación Rápido y furioso: fue uno de los responsables de aplicarla y se opuso a informar de ella a las autoridades mexicanas, según afirma Mike Vanderboegh, un “activista de la Segunda Enmienda y crítico de la ATF” que dice haberse dedicado durante 15 años a seguir las actividades de esa agencia.

El 3 de febrero, Vanderboegh envió una carta a Salvador de Lara, cónsul de México en Atlanta, en la que resume las características de dicha operación y señala que “era inevitable que una o más armas que transitaron al sur sin notificar a las autoridades pertinentes de su gobierno terminarían en manos de criminales”.

Vanderboegh dice que Newell ocultó los detalles de la operación a Darren Gil, entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, quien sin embargo se enteró por medio de otros agentes “de lo que estaba ocurriendo”, por lo que “tuvo una confrontación con Newell sobre si el gobierno mexicano debía ser notificado”. 

Según Vanderboegh, “Newell insistió en que no habría ninguna notificación a las autoridades mexicanas”, por lo que Gil contactó a sus superiores en Washington, quienes respaldaron la posición de Newell.

“En una reunión que incluía a Lanny Breuer, asistente del procurador general para la División Criminal del Departamento de Justicia, al subdirector Kenneth Melson de la ATF y varios subordinados, se decidió mantener al gobierno de México en la oscuridad”, escribió Vanderboegh en su carta.

Señala que Gil “fue forzado a retirarse y así lo hizo el 31 de diciembre”.

Consultadas por este semanario, fuentes del gobierno de México confirmaron que Gil se marchó abruptamente del país en el verano pasado sin que la embajada de Estados Unidos ofreciera explicación alguna. Gil “ni siquiera se despidió”, dijo una de las fuentes.

Grilla interna

El pasado 23 de febrero, la cadena CBS informó que los individuos que mataron en diciembre pasado al agente de la patrulla fronteriza Brian Terry utilizaron un rifle de asalto adquirido en Arizona. Cuando los investigadores rastrearon el arma descubrieron que fue comprada en una tienda cuyos propietarios fueron “instados” por la ATF a vender a personas “sospechosas” de ser intermediarios de cárteles mexicanos de la droga. CBS fue el primer medio estadunidense con cobertura nacional en difundir el tema. 

El 3 de marzo –cuando los presidentes Calderón y Obama se reunían en Washington–, CBS y la organización The Center for Public Integrity ofrecieron detalles del operativo Rápido y furioso… y se desató el escándalo.

Sin embargo la primera denuncia apareció a mediados de diciembre pasado en CleanUpATF.org, un portal en internet que, según sus creadores, es alimentado por “miembros de la comunidad de la ATF que intentan promover la restauración de la integridad, rendición de cuentas y responsabilidad de los líderes” de la agencia.

En ese portal, un “agente disidente” indignado por la muerte de Terry destapó las características del plan Gunrunner y de una de sus operaciones: Rápido y furioso.

El tema de Rápido y furioso fue retomado por otro portal, americanthinker.org, y por dos “activistas de la Segunda Enmienda”: David Codrea y Mike Vanderboegh, quienes lo difundieron en sus blogs: Sipsey Steet Irregulars.com y examiner.com 

“Esta fue la primera mención del escándalo Rápido y furioso en los medios alternativos estadunidenses”, dice Vanderboegh en un correo electrónico enviado a este semanario. Cuenta que él y Codrea ayudaron a “agentes disidentes” a hacer contacto con los senadores Jeff Sessions, de Alabama, y Charles Grassley, de Iowa. Éste último, miembro del Comité de Justicia del Senado, encabeza las críticas contra la operación Rápido y furioso. 

En general quienes participan en estos sitios en internet son ultraconservadores. De entrada se definen como patriotas y defienden el derecho a adquirir armas establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

¿Por qué denuncian el proyecto Rápido y furioso? Según fuentes del gobierno mexicano, detrás de estas denuncias se encuentran grupos conservadores que desean debilitar a la ATF, que aboga por imponer mayores controles a la venta de armas.

Y sí. El jueves 10, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) envió una carta al Capitolio en la que dice que el reciente escándalo protagonizado por la ATF muestra que Estados Unidos no debe aplicar una nueva regla para obligar a las armerías de la frontera con México a reportar ventas múltiples de rifles de asalto.

Desde la lógica de la NRA, esta nueva regla “saturaría a la ATF todavía con más reportes de ventas legales al tiempo que impulsa a que los traficantes criminales se vuelvan aún más subterráneos”.

Aclaraciones

Destapado el escándalo, el presidente Felipe Calderón –quien públicamente se quejó del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, por los informes que éste envió a Washington y que posteriormente difundió WikiLeaks– guardó silencio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el sábado 5 un comunicado en el que dice que solicitó “información detallada” del operativo a las autoridades estadunidenses. 

El jueves 10, durante una audiencia en el Subcomité de Apropiaciones del Senado estadunidense, el procurador general Eric Holder dijo que “la misión de la ATF es detener el flujo de armas hacia México”. 

Y agregó: “Es cierto, ha habido preocupaciones. Tomo esos alegatos muy seriamente y es por eso que he solicitado al inspector general un informe al respecto. Dejar que las armas ‘caminen’ no es aceptable (…) Y he dejado esto en claro a los fiscales y a los agentes a cargo de la ATF”.

Ese día la embajada de Estados Unidos envío la versión estenográfica de lo dicho por Holder junto con “información adicional de fondo”. 

La embajada sostiene que Rápido y furioso fue una de muchas operaciones contra el tráfico de armas llevada a cabo en territorio estadunidense. Fue una operación exitosa que desmanteló una banda de traficantes y llevó, entre otras cosas, a las acusaciones formales anunciadas el 25 de enero de 2011 en Phoenix, Arizona, contra 20 individuos que presuntamente traficaban armas de fuego de Estados Unidos a México”. 

Y añade: “Oficiales estadunidenses de procuración de justicia mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando según se ponían en práctica las operaciones hasta el 25 de enero, cuando 19 de los 20 acusados fueron arrestados. Agentes mexicanos estuvieron presentes durante los arrestos del 25 de enero en Phoenix”. 

Un día después –viernes 11–, la Procuraduría General de la República replicó: “El gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico de armas a territorio mexicano”. Y en referencia al operativo Rápido y furioso señaló que “la coordinación fue para el desahogo de diligencias sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a interrogatorios”.

Unas horas más tarde, la embajada de Estados Unidos envió a las redacciones de los medios mexicanos una “aclaración” en la que sostuvo que “no hay contradicción entre el comunicado del gobierno mexicano y la información proporcionada por Estados Unidos” respecto a la operación Rápido y furioso.

Reconoció que las “sesiones informativas que tuvieron lugar entre oficiales de la ley de Estados Unidos y de México se concentraron en operaciones en territorio estadunidense para desbaratar operaciones de tráfico de armas”.

Y añadió: “La supuesta transferencia de armas a territorio mexicano es, en estos momentos, sólo un alegato”.

Consultado por Proceso, un importante exfuncionario del gobierno de Estados Unidos que estuvo a cargo de estrategias internacionales de combate al crimen organizado, aseguró que cuando se lleva a cabo una operación encubierta en México “siempre hay un enlace” con el gobierno de este país. 

Se trata dijo, de uno o más funcionarios que actúan como “canales de información” con el propósito de “coordinar la logística”.

–¿Este enlace es siempre un funcionario o funcionarios del gobierno de México? –se le pregunta.

–El gobierno mexicano siempre se ha destacado por la defensa pública de su soberanía y territorialidad. Y aun en las operaciones encubiertas que se han realizado con éxito –que han sido muchas, aunque no se hagan públicas–, siempre se cuida el detalle de informar a las autoridades sobre la extraterritorialidad de la operación. Sí, el enlace es siempre un funcionario del gobierno. (Con información de Jesús Esquivel.)