Rápido y furioso–

Historia de un fracaso vergonzosoJohn Solomon, David Heath y Gordon Witkin
Revista Proceso # 1793, 13 de marzo de 2011
El jueves 3, mientras se reunían en Washington los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón, The Center for Public Integrity (CPI), una organización no partidista y sin fines de lucro, publicó un reportaje que revela detalles de la operación Rápido y furioso, mediante la cual se permitió e incluso alentó la libre venta de armas de fuego, a sabiendas de que éstas caerían en manos de narcotraficantes mexicanos. La operación, sujeta a investigación en Estados Unidos, ha provocado una guerra de declaraciones entre ambos países. Con autorización del CPI, Proceso reproduce párrafos sustanciales del reportaje.
Con la esperanza de someter a juicio a un mayor número de capos mexicanos del narcotráfico, fiscales federales y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) dejaron que cientos de armas fueran adquiridas y retenidas por presuntos testaferros, con la intención de que pudieran cruzar la frontera e inclusive ser utilizadas en acciones criminales para poder construir el caso judicial, según revelan documentos y entrevistas.
De acuerdo con memorandos internos de la agencia, la decisión –parte de una operación con sede en Phoenix bajo el nombre codificado de Rápido y furioso– se enfrentó a fuertes objeciones de agentes de primera línea, quienes tenían temor de que se estuviera permitiendo que armas como AK-47 cayeran en manos de capos del narcotráfico y contrabandistas. Efectivamente, muy pronto llegaron referencias de las armas vinculadas con actividades criminales.

John Dodson, uno de los agentes objetores, de 39 años, advirtió al Centro para la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés) que esas armas “van a aparecer por decenios en crímenes cometidos en ambos lados de la frontera”. En entrevista, Dodson dijo que “con el número de armas que dejamos ir, nunca sabremos cuántas personas fueron asesinadas, violadas, asaltadas… no hay nada que podamos hacer para recuperarlas. Están perdidas”.
Después de que sus preocupaciones fueran desechadas por sus supervisores, e inicialmente ignoradas por el Departamento de Justicia, Dodson llevó sus dudas al Comité Judicial del Senado como denunciante interno.
Charles Grassley, el senador republicano de más alto nivel dentro de ese comité y quien encabeza una investigación de las acciones de la ATF, dijo que es momento de “dar un paso atrás” y examinar esta política. Dos de las armas involucradas en esta dudosa operación aparecieron en la escena donde fue asesinado un agente estadunidense.

Cambio de estrategia

Dodson dijo al CPI que él y varios de sus colegas querían interceptar algunas de estas armas, pero que sus objeciones fueron repetidamente descalificadas por los supervisores de ATF. Éstos les indicaron que simplemente registraran las adquisiciones dudosas en una base de datos, las etiquetaran como “sospechosas” y monitorearan a los presuntos contrabandistas de armas hasta que se reunieran evidencias de sus conexiones con los jefes del narcotráfico mexicano.
Las tácticas empleadas en la operación Rápido y furioso fueron parte de un proceso de cambio en la dirección estratégica de la investigación sobre armas de fuego, explicaron al CPI agentes de la ATF.
Mark Chait, director adjunto de la ATF a cargo de las operaciones sobre el terreno, dijo al CPI que él personalmente decidió cambiar la estrategia en septiembre de 2010, después de años de inútiles esfuerzos por interceptar armas de contrabandistas de poca monta, con escasa esperanza de desmantelar organizaciones importantes del narcotráfico en México. El enfoque previo de la agencia sobre los intermediarios o testaferros fue criticado el otoño pasado en un reporte del inspector general del Departamento de Justicia acerca de los operativos de la ATF en la frontera, conocido como Project Gunrunner.
Chait consideró que ésta no era una política errónea. “Creo que tenemos una buena estrategia que, pienso, necesita ser revisada. Precisamente ahora le estamos echando un ojo, para ver si requiere ser ajustada de alguna manera”, dijo.
La investigación sobre Rápido y furioso se inició en octubre de 2009, 11 meses antes del cambio oficial de política de Chait.
Con la bendición directa de las oficinas centrales de ATF en Washington y la supervisión de la oficina de la Procuraduría de Estados Unidos en Phoenix, una fuerza especial de ataque de ATF, conocida como Grupo VII, obtuvo autorización para permitir que armerías con licencia federal continuaran vendiendo armas a intermediarios ya vinculados con una presunta operación mexicana de contrabando de armamento.
Agentes de la ATF le dijeron al CPI que durante los 15 meses que duró la operación, su agencia permitió que alrededor de mil 765 armas de fuego pasaran de las armerías a los intermediarios que se consideraba que eran cómplices del circuito de contrabando de armas. Otras 233 armas fueron compradas por sospechosos antes de que se iniciara la operación de ATF, elevando su número a mil 998.
De todas éstas, 797 fueron recuperadas después de usadas en actividades criminales en ambos lados de la frontera –incluyendo 195 dentro de territorio mexicano–, informaron los agentes al CPI.

Los riesgos

El riesgo de que las armas acabaran siendo utilizadas en crímenes era ampliamente comprendido, según demuestran los memorandos.
Un sumario del caso enviado a las oficinas centrales de ATF daba cuenta de “armas recuperadas en la República Mexicana o cerca de la frontera entre Estados Unidos y México”.
“La ATF no sólo intenta asegurar el caso (judicial) contra varios individuos por adquisición y/o tráfico de armas de fuego sin licencia, sino más específicamente lograr la conexión mayor con los cárteles mexicanos que trafican drogas y que obtienen estas armas con el propósito de tener el mejor caso posible y obtener los cargos más severos cuando llegue el momento de llevarlos a juicio”, indica el memorándum.
Dodson relató que sus supervisores parecían satisfechos cuando alguna de las armas que habían dejado “perderse” reaparecía en algún crimen en México. Estaban “eufóricos cada vez que se recuperaba un arma en ese país”, porque según ellos “probaba el nexo de que estábamos tratando con un grupo de verdaderos narcotraficantes”.
Pero la investigación se alargó durante 15 meses, en parte porque – según muestran los documentos– el Departamento de Justicia se tardó en autorizar escuchas telefónicas y realizar juicios.
Memorandos internos de la agencia revelan que los supervisores de ATF estaban frustrados por la tardanza, pero permitieron que los intermediarios y presuntos traficantes de armas siguieran moviendo cargamentos, inclusive de cientos de armas al mes.
Un memorándum del jefe de la fuerza de ataque dirigido al Departamento de Justicia, fechado el 2 de abril de 2010, reveló que la ATF observó cómo sujetos identificados como sospechosos adquirieron en Estados Unidos 359 armas, tan sólo en marzo de 2010. El sumario del caso enviado a las oficinas centrales de ATF en el verano de ese año indicaba una cifra más numerosa.
Anotaciones en los archivos del caso revisados por el CPI muestran que la ATF recibió varios reportes de “indicios” de armas que habían dejado pasar a manos de intermediarios y que reaparecían asociadas a hechos criminales en México o en el lado estadunidense de la frontera.
Dodson, quien dijo al CPI que esperaba ser despedido por hacer las denuncias, aseguró que cuatro de los siete agentes de la fuerza de ataque tenían serias reservas sobre lo que se les ordenaba hacer. Los otros tres, admitió, apoyaban la estrategia. El mayor temor de Dodson era que algunas de estas armas pudieran llegar a ser utilizadas contra los encargados de aplicar la ley.
Su temor pronto se hizo realidad…

La muerte de Terry

En mayo de 2010, un agente fronterizo de Protección y Aduanas enfrentó a una banda armada del lado estadunidense de la frontera. Los sospechosos huyeron, pero algunas de las armas que abandonaron en su huída fueron identificadas como armas adquiridas por uno de los sospechosos a quien la operación Rápido y furioso daba seguimiento, dijo Dodson.
“Esta puede ser una política bien intencionada, pero cuando tienes a agentes sobre el terreno cuestionándose por meses qué está pasando, y a un agente de la Patrulla Fronteriza que ha sido asesinado, entonces es momento de detenerse y analizar si la política no ha resultado mal”, comentó Grassley al CPI.
En una declaración del jueves 3, la ATF afirmó que ninguna de las armas recuperadas en la escena del crimen parece ser la que mató a Terry, y que tal vez simplemente fueron abandonadas por los criminales. “Hasta este momento no tenemos conocimiento de ninguna evidencia forense que relacione estas armas con el homicidio”, aseguró la agencia.
El senador dijo que su comité se entrevistó con numerosos agentes de la ATF, incluido Dodson, quienes se presentaron para manifestar sus preocupaciones sobre la operación y el potencial peligro del enfoque de la agencia.
Dodson contó que después de que los supervisores rechazaron las preocupaciones de los agentes, presentó tanto por internet como por teléfono una denuncia interna al inspector general de Justicia, pero nunca fue contactado. Entonces se acercó a Grassley, manteniendo siempre al tanto de su actividad como denunciante a su actual supervisor en una fuerza de tareas antiterrorista. Al final, y después de que el senador intervino, el inspector general contactó a Dodson.
A los agentes que estaban en desacuerdo con la estrategia los supervisores de la ATF les dijeron: “si vas a hacer un omelette, antes tienes que batir algunos huevos”, recordó Dodson. “Esa era la actitud y yo entendí que, sin importar en qué tipo de crímenes pudieran involucrarse estas armas, esos eran los huevos y eran aceptables”.
Memorandos internos de la agencia muestran que los supervisores desestimaron las objeciones de los agentes del Grupo VII de la fuerza de ataque, insistiendo en que el costo para obtener la autorización de desplegar una red de escuchas telefónicas y, finalmente, llegar hasta un grupo importante de traficantes de armas o drogas en México, bien ameritaba los riesgos. Había inclusive comentarios interpretados por los agentes como amenazas veladas de que podían perder sus empleos si no se alineaban.
“Este es un momento en el que todos necesitamos jalar hacia el mismo lado, no hacia lados diferentes”, escribió en marzo de 2010 David J. Voth, supervisor del Grupo VII, a su equipo de ataque, y reconocía que “un cisma podría estarse desarrollando dentro del grupo”.

“Percepción de urgencia”

La operación, sin embargo, resultó ser todo menos rápida y furiosa.
Hacia la primavera de 2010, conforme crecía el número de armas que la AFT dejaba pasar, Voth hizo un llamado de cierta “urgencia” al Departamento de Justicia.
En un correo electrónico enviado el 2 de abril de 2010 a sus supervisores y a un fiscal federal adjunto en Phoenix, el supervisor del Grupo VII escribió: “no hay presión, pero tal vez sí una creciente percepción de urgencia”. Asimismo, hacía notar que marzo de 2010 había sido el mes más mortífero en cinco años en México, y también arrojaba reportes de algunos de los movimientos más grandes de armas dentro de la operación.
Nueve meses más tarde, Rápido y furioso finalmente arrojó algunos frutos.
El 25 de enero de 2011 –15 meses después de que la operación fue lanzada y uno después de la muerte del agente estadunidense en la frontera–, Jaime Ávila, el primer sospechoso mencionado por la fuerza de ataque en los archivos del caso fue acusado junto con 19 presuntos cómplices en Arizona. La acusación de 53 cargos incluía 35 por hacer declaraciones falsas en relación con la adquisición de armas de fuego. Ávila se declaró inocente.
Los registros del caso muestran que supervisores de la ATF y abogados de la oficina de la procuraduría federal se reunieron con algunos comerciantes de armas para discutir su “papel” en la operación, en una ocasión por lo menos, en una fecha tan lejana como diciembre de 2009.
Las preocupaciones sobre la estrategia de la ATF se extendieron inclusive más allá de su oficina en Phoenix.
La oficina del senador Grassley dijo que reunió evidencias y testimonios de que Darren Gil, el entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, también objetó la estrategia de Rápido y furioso. Le preocupaba que pudiera ser vista por el gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, como una medida equivocada que sólo armaría a los capos del narcotráfico para provocar más violencia.
El agregado, reveló Grassley, hizo llegar sus objeciones hasta las oficinas centrales de la ATF, pero se le informó que los supervisores de la agencia ya estaban al tanto de la operación. Gil fue finalmente removido de su cargo y se retiró del servicio activo. Se planea que quien lo suceda sea William Newell, el agente especial a cargo en Phoenix durante la operación, dijeron funcionarios de la ATF.  l