Revista
Proceso 2087, 30 de octubre de
2016…
Sí
son tres las fosas en Tetelcingo... al menos/
JAIME
LUIS BRITO
Declaraciones
ministeriales, testimonios de vecinos y evidencias sobre el terreno indican que
en Tetelcingo, Morelos, hay al menos tres fosas clandestinas operadas por el
gobierno, y no sólo dos, como admite la administración de Graco Ramírez. Ante
la sistemática negación del gobernador y la inoperancia de las autoridades que
coordina, han sido los ciudadanos –sólo ellos– los que han hecho avanzar las
indagatorias…
CUAUTLA,
Mor.- La tercera fosa en Tetelcingo no es un mito. Existe. Se encuentra ubicada
a 500 metros de donde fueron localizadas las primeras dos. No tiene más que una
cruz de hierro negro sin ninguna leyenda, pero vecinos de la zona confirman que
se ubica en el panteón de la colonia Cuauhtémoc.
El
predio El Maguey, de 30 mil metros –donde se halla el panteón sin licencias de
Tetelcingo– alberga además, separados por bardas de bloc de granito o
ladrillos, los cementerios (también irregulares) de las colonias Cuauhtémoc y
19 de Febrero. Esta tercera fosa clandestina, excavada y usada por la Fiscalía
General de Morelos, está en una finca de 3 mil metros cuadrados rodeada por una
barda de bloc de granito.
Vecinos
del lugar aseguran a este reportero que la fosa fue donada por la propia
colonia Cuauhtémoc a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) durante
el gobierno de Sergio Estrada Cajigal (PAN), en torno a 2003 o 2004. Sin
embargo, la primera vez que se usó fue en el gobierno del también panista Marco
Antonio Adame Castillo, después de 2009, justo después de la muerte en
Cuernavaca de Arturo Beltrán Leyva El Barbas, quien codirigió con sus hermanos
el cártel que lleva sus apellidos.
Pero
existen otros indicios. Por ejemplo la declaración del dueño del predio,
Socorro Tlapala Becerro, que forma parte de la carpeta de investigación
SC01/10193/2015, referente al caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández,
joven secuestrado y asesinado en 2013 y luego inhumado clandestinamente en 2014
en las fosas de Tetelcingo.
En
el documento se le pregunta a Tlapala Becerro cómo se hizo la donación de las
fosas a la PGJ: “No es la primera vez que apoyo a esta institución. Es la
tercera vez, porque en 2003 doné al Dr. José de Jesús Mendoza Moreno, en ese
entonces coordinador general de Servicios Periciales, una fosa para inhumar
cadáveres”.
Ya
en el gobierno de Adame Castillo (y después de 2009) supuestamente se realizó
la inhumación de entre 20 y 30 cuerpos, según testimonios recogidos entre los
vecinos. “Esa vez vinieron en la noche. Se armó una revolución. Vinieron en la
noche y la gente de la (colonia) Cuauhtémoc se enteró y vino, con antorchas y
todo, a ver qué estaba pasando en el panteón. Al principio se puso fea la cosa,
pero ya después se supo que era la policía judicial que venía a enterrar unos
cuerpos en la fosa”, dice un poblador de la zona que recuerda el hecho y pide
guardar el anonimato.
En
el extremo oriente de este panteón, pegado a la barda, se encuentra un terreno
lleno de vegetación donde se levanta una cruz de hierro negra, con una placa
para epitafio, vacía. Uno de los habitantes confirma que en ese lugar se
encuentra la tercera fosa de Tetelcingo. Nadie sabe cuántas veces ha sido
utilizada por la Fiscalía, nadie sabe cuántos cuerpos oculta, pero todos saben
que ahí está.
En
junio pasado, colectivos de familiares de víctimas lograron que durante 15 días
la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y la Fiscalía
del estado abrieran las otras dos fosas. Con la participación de peritos forenses
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los familiares
atestiguaron la exhumación de 199 cuerpos y 12 restos humanos más.
El
cúmulo de irregularidades en torno a estas sepulturas implicó, primero, en
2015, una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que
no ha sido atendida. No obstante, la acción de los familiares de víctimas hizo
que el pasado jueves 6, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
hiciera lo propio. Solicitó al gobernador Graco Ramírez, al fiscal Javier Pérez
Durón y a los miembros del cabildo de Cuautla reparar el daño en la medida de
lo posible, regularizar los panteones y hacer un censo de fosas en el estado.
Entre
las ilegalidades más alarmantes está el hecho de que 21 cadáveres estaban
identificados plenamente y no se entregaron a sus familias ni se hizo nada para
localizarlas. También fueron inhumadas dos niñas, a varios cuerpos no se les
practicó la necropsia y más de 80 fallecidos tenían huellas de tortura. Y sin
embargo, un año después de que se hiciera público el caso, sólo hay una persona
sometida a proceso y una más indiciada. La recomendación de la CNDH habla de la
necesidad de deslindar responsabilidades de 42 funcionarios y exfuncionarios.
Como
parte de los acuerdos que se tomaron en el grupo interinstitucional que ha
trabajado desde principios de este año para abrir las fosas en Tetelcingo, se
estableció que el pasado 30 de septiembre serían realizados sondeos para
verificar que no existieran más fosas en el panteón de esa localidad. Sin
embargo, esto no ocurrió. Los familiares de víctimas exigen que se haga a la
brevedad. Ahora, las organizaciones deberán pugnar para que estas excavaciones
no sólo se realicen a unos metros de los dos enterramientos ya intervenidos en
junio, sino que el sondeo alcance los 500 metros y se realice un pozo en el
panteón de la colonia Cuauhtémoc, para localizar la tercera fosa.
Violencia
creciente
La
historia de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos tiene
relación con la creciente violencia que padece la entidad. Durante el gobierno
de Jorge Carrillo Olea (1994-1998), los altos índices de secuestros y el
involucramiento de los cuerpos policiacos con las bandas de plagiarios
provocaron que el mandatario abandonara el cargo dos años antes de lo previsto.
Con
la llegada del PAN al poder, en el gobierno de Estrada Cajigal (2000-2006)
aumentó la presencia de varios cárteles en la entidad. De hecho, el jefe de la
Policía Judicial de aquel entonces, Agustín Montiel López, fue apresado en
abril de 2004 acusado de brindar protección al líder del cártel de Sinaloa,
Juan José Esparragoza El Azul. Esto provocó un juicio político al gobernador
panista, del que se libró gracias al cobijo del gobierno federal de su
correligionario, Vicente Fox.
Con
la llegada de Marco Adame al gobierno morelense (2006-2012), la violencia se
agudizó por una pugna entre narcos. Sin embargo, lo que disparó los homicidios
y la saña para perpetrarlos fue la ejecución de Arturo Beltrán Leyva. El 16 de
diciembre de 2009, en el residencial Altitude de Cuernavaca, marinos cercaron y
abatieron al llamado Jefe de Jefes.
A
partir de ahí, la pugna por controlar dicha entidad superó cualquier violencia
conocida por los morelenses. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), de 2006 a 2008, cada año se cometieron 132 asesinatos en promedio; a
partir de 2009 el número se elevó a 317, luego a 559 en 2010, a 583 en 2011 y
hasta los 862 en 2012.
Fueron
los tiempos en que aparecieron descabezados y colgados. El 9 de abril de 2010,
los cadáveres de dos personas fueron dejados en un puente a la altura del
centro comercial Galerías, en Cuernavaca; en julio de ese mismo año, fueron
otros tres.
La
situación empeoró el 16 de abril de 2010, luego de la divulgación de un correo
electrónico en el que se advertía que esa noche las bandas del crimen
organizado dirimirían sus diferencias a balazos.
La
psicosis social, sumada a la inoperancia del gobierno, provocó que la ciudad se
autoimpusiera un “toque de queda”. A las 7:30 de la noche y ante la amenaza de
guerra en las calles, las plazas comerciales, la UAEM y las oficinas de
gobierno enviaron a todo mundo a sus casas. Al final no hubo tiroteos, pero el
miedo se instaló en el estado.
Como
sea, el incremento de homicidios dolosos hizo que los frigoríficos de los
Servicios Médicos Forenses se vieran rebasados. Por lo tanto, comenzaron a
abrirse fosas en las que, sin respetar el mínimo protocolo forense –o incluso
la ley– se inhumaron de forma clandestina los cuerpos de decenas y decenas de
personas. Algunas habían sido reportadas desaparecidas por sus parientes.
Entregarán
cuerpo de Tetelcingo
Israel
Hernández Torres, joven comerciante de materiales de construcción, fue
secuestrado el 24 de julio de 2012, y aunque su familia negoció con sus
captores, nunca apareció. Sus parientes lo buscaron incansablemente en
hospitales, morgues, montes, barrancas y en todo lugar donde se enteraban que
los grupos del crimen “tiraban cuerpos”.
Cuando
supieron de las fosas clandestinas de Tetelcingo se acercaron a la UAEM. Junto
con otras víctimas impulsaron la exigencia de que las autoridades abrieran las
fosas y dieron muestras genéticas.
Mientras
eran exhumados los 117 cuerpos, María Félix Torres Peralta y Edith Hernández
Torres, madre y hermana de Israel, respectivamente, acudieron todos los días a
Tetelcingo. Uno de los cuerpos resultó ser el de Israel. El 30 de septiembre
pasado les informaron. Apenas este jueves 20 se llevó a cabo la audiencia
judicial en la que la juez María Luisa Cadena ordenó que les sea entregado el
cuerpo. Y el lunes 24 Israel regresaría a casa.
“Pero
¿te imaginas cuántos casos más debe haber en estas condiciones?”, se pregunta
Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y
uno de los principales impulsores de la apertura de las fosas. “Por eso tenemos
que abrir todas las fosas que este gobierno y el crimen organizado tienen en
Morelos. Ya se habla de que fue localizada otra fosa en Tetelcingo, están las
de Jojutla y otras más”, sostiene. “¿Quién sabe qué destapamos en Tetelcingo?”,
se pregunta, y mueve la cabeza.
Los
otros enterramientos
A
unos 10 kilómetros del predio El Maguey, en Tetelcingo, se encuentra la colonia
Año de Juárez. Justo a la orilla de la autopista que conduce de Oaxtepec a
Cuautla están dos terrenos utilizados como panteones. Según la información del
ayuntamiento tampoco se encuentran regularizados. Sin embargo, se observan más
de dos centenares de tumbas organizadas en conjuntos más o menos equilibrados.
Al
fondo del segundo cementerio, el conocido como 3 de Mayo, hay dos fosas
señaladas con cruces de hierro negro en las que se lee: “Propiedad de la
Subprocuraduría General de Justicia Zona Oriente. 30 de agosto de 2007” y
“Propiedad de la Subprocuraduría General de Justicia Zona Oriente. 22 de Sep.
del 2002”.
Estas
dos sepulturas existen desde hace nueve y 14 años, respectivamente. Sin embargo,
la Fiscalía General de Morelos ni siquiera tiene registrada su existencia. Al
menos así lo manifestó el titular de la dependencia, Javier Pérez Durón, quien
ha señalado que no tiene completa la información del número y ubicación de las
fosas en la entidad.
Eso
ocurre en la zona oriente del estado. Pero en el sur también existen fosas de
estas características. Proceso dio a conocer en junio pasado que en el panteón
municipal de Jojutla, ubicado en la colonia Pedro Amaro, se encuentran dos
fosas, al menos, donde según los vecinos se han inhumado cuerpos desde “hace
más de 10 años”.
Copias
de documentos oficiales en poder de este semanario revelan que en julio de
2014, apenas cuatro meses después de realizada una inhumación en Tetelcingo el
28 de marzo de ese año, los restos de 39 personas fueron enterrados en Jojutla.
Según los documentos, el cabildo autorizó este hecho, en el que incluso
participó personal de la Jurisdicción Sanitaria Regional.
Los
testimonios de exfuncionarios del ayuntamiento dejan constancia de las
inhumaciones, ahí, de 45 y 75 cuerpos, realizadas en la administración de Adame
Castillo. Todos coinciden en que no se tiene registro de esos entierros ni en
el ayuntamiento ni en el gobierno del estado, pero vecinos, exautoridades municipales
y periodistas certifican que ocurrieron.
“Seguido
vienen a echar cuerpos ahí. Desde la administración de Nelson (Torres
Mondragón, 2003-2006). Llegan con la máquina y luego ahí nomás los tiran.
Aunque nos hemos quejado del mal olor que despiden las fosas, no nos hacen
caso. En el ayuntamiento no hacen nada. Y en la Procuraduría nadie quiere
meterse con los judiciales. Y luego, pues están los malos, con esos nadie se
mete”, asientan testimonios recogidos en junio de este año por el reportero.
La
semana pasada, el fiscal Pérez Durón, al asegurar que aceptan la recomendación
de la CNDH por las fosas de Tetelcingo, informó que el 7 u 8 de noviembre
próximos se “podrían iniciar las diligencias para abrir la fosa de Jojutla y
comenzar con el trabajo de identificación de los cuerpos”.
Pero
abrirlas e identificar los cuerpos no es todo. Es un punto de partida para
buscar a los deudos y hacer justicia. Sin embargo, el mandatario Graco Ramírez
ya parece conforme con lo ocurrido en Tetelcingo, tanto que continúa diciendo
que el actuar gubernamental “es un ejemplo”.
“Es
un ejemplo, pero de cinismo y de desvergüenza”, revira, molesta, Amalia
Hernández, tía de Oliver Wenceslao y motor fundamental en las acciones para
abrir las fosas de Tetelcingo. “¿Cuántos muertos más se necesitan para que
entienda? ¿Cuántos cuerpos son necesarios para parar a este desgraciado? ¿Qué
se necesita hacer para que tenga tantita sensibilidad y deje de burlarse de
nosotras?”, dice conteniendo la rabia.
