Revista
Proceso 2087, 30 de octubre de
2016...
Con
seriedad y valentía, la revista ha documentado el tránsito de la “dictadura
perfecta” a la democracia defectuosa.
La
visión lopezportillista acerca de libertad de expresión fue expuesta con
desparpajo y desfachatez, en una alocución que compara la relación entre la
prensa y el poder con la de un amante y una cortesana: “¿Una empresa mercantil
organizada como negocio profesional tiene derecho a que el sistema le dé
publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Esta es, señores, una relación
perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a
muchas perversiones que no menciono aquí por respeto a la audiencia: te pago
para que me pegues. ¡Pues no, señor!”. El presidente se erige en el comprador
de un servicio erótico-periodístico en el que se paga por el sometimiento de
los medios de comunicación, como quien compra la dulzura amatoria de una
hetaira. Grotesca analogía.
Tal
justificación del uso patrimonialista de los recursos del erario en materia de
gasto publicitario ha sido seguida al pie de la letra por Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
condenó al gobierno de Calderón por haber violado los derechos de este
semanario a la legalidad, la seguridad jurídica y la libertad de expresión, al
haberle bloqueado de forma sistemática la publicidad oficial desde la
Presidencia (Proceso 1873). El caso de Peña Nieto es similar. En su “Manifiesto
por una presidencia democrática” se comprometió a ser garante de la libertad de
expresión: “Las críticas al presidente de la República, en todos sus estilos y
formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. En una presidencia
democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas ni la censura”.
Asimismo,
ofreció reformar la manera de contratar la publicidad gubernamental, a fin de
evitar las arbitrariedades del pasado. El mandatario no sólo no ha cumplido su
palabra, sino que ha hecho lo contrario a lo ofrecido. Sus acciones lo
condenan. El autoritarismo en materia de libertad de expresión sigue vigente.
México pertenece a la deshonrosa categoría de país “no libre” (not free), de
acuerdo con el más reciente estudio de Freedom House sobre la libertad de
prensa (2015), una investigación realizada en 199 naciones. En el Continente
Americano, sólo cinco de 35 países están clasificados como no libres: Cuba,
Ecuador, Honduras, Venezuela y México. Además, es la nación más peligrosa del
mundo para ejercer el periodismo.
Proceso
ha remado contra esa marea de control informativo y censura, con la fuerza de
la convicción y la constancia. Semana a semana ha dado cuenta de promesas vanas
y acciones viles de políticos con visión corta y codicia larga, que abusan de
su responsabilidad pública para obtener beneficios privados. La “renovación
moral” prometida por Miguel de la Madrid quedó en oratoria y cambios
institucionales con escasos resultados. De poco sirvió la reforma a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la creación de la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación. El presidente conservó
la decisión de a quién aplicarle la ley y a quién no, y decidió imponérsela a
su enemigo Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, quien pasó cinco años en
prisión. (Dicha discrecionalidad presidencial continúa a pesar del recién
creado Sistema Nacional Anticorrupción.) En materia económica, la debacle
heredada de López Portillo desembocó en una devaluación de mil 443% del peso e
inflación de 4 mil 30% durante el sexenio. El terremoto de 1985 fue otra de las
tragedias ocurridas durante la gestión delamadridista, que culminó en la
ominosa “caída del sistema” en las elecciones presidenciales de 1988.
De
esos comicios envueltos en la sospecha surgió la “modernización” económica
emprendida por el presidente Carlos Salinas de Gortari que desembocó en el
devastador “error de diciembre”. La independencia de Proceso molestaba al
autoritarismo del mandatario, quien, sin ambages, le sugirió a Vicente Leñero
la posibilidad de “trascender a Julio (Scherer)”.
Por
supuesto, el semanario mantuvo su línea crítica con su director fundador al
frente. Entre muchos otros temas, la revista informó con detalle y rigor del
asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de
1993 en el aeropuerto de la capital jalisciense, supuestamente porque los
sicarios del cártel de los Arellano Félix confundieron al arzobispo de
Guadalajara con Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, dio cuenta de la reunión
secreta de los Arellano Félix con Girolamo Prigione en la Nunciatura
Apostólica, que causó un escándalo.
La
calidad de la cobertura de Proceso sobre el fatídico último año del sexenio
salinista no fue igualada por ningún medio. El 1 de enero de 1994 se produjo el
levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, dos acontecimientos que
enfatizaron la profunda desigualdad entre los dos Méxicos: el de la pobreza en
que vive la mitad de los habitantes del país, especialmente la miseria que
sufren la comunidades indígenas, y el que aspira a alcanzar el nivel de
desarrollo de sus vecinos y socios del norte. Luego ocurrieron los asesinatos
del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio (23 de marzo), y
el de José Francisco Ruiz Massieu (28 de septiembre), secretario general del
PRI y uno de los principales operadores políticos del presidente electo,
Ernesto Zedillo. A ello se sumaron los escándalos de corrupción que
involucraban a la familia del mandatario.
En
medio de la crisis económica y política heredada de su antecesor, el gobierno
de Zedillo encarceló a Raúl Salinas de Gortari –“el hermano incómodo”, como lo
llamó Proceso con genio periodístico–, causando la ruptura más profunda en la
historia del PRI entre un presidente y un expresidente; sólo comparable a la de
Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles. En el ámbito financiero, Zedillo
creó el Fobaproa, cuyos pasivos ascendieron a 552 mil millones de dólares,
equivalentes a 40% del PIB de 1997.
Asimismo,
propuso a los deudores de la banca reestructurar sus hipotecas por unidades de
inversión (Udis), los cuales cuadriplicaron su valor y ocasionaron que miles de
mexicanos perdieran su vivienda. Con su rigor y profundidad habituales, Proceso
informó también acerca de las masacres de Aguas Blancas, Guerrero (1995), y de
Acteal, en Chiapas (1997), que nunca fueron cabalmente aclaradas. Como
resultado de la reforma política emprendida por Zedillo, en 1997 el PRI perdió
por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc
Cárdenas, del PRD, fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal y el
candidato del PAN resultó triunfador en los comicios presidenciales del año
2000.
La
llamada “transición democrática” desató una ola de esperanza entre los
mexicanos que terminó en desencanto y frustración causados por la frivolidad e
ineptitud de Vicente Fox. Los dislates de “la pareja presidencial” (como
también la nombró don Julio) fueron registrados por los reporteros,
caricaturistas y analistas de Proceso. El compromiso de combatir la corrupción
y de llevar a la justicia a las “tepocatas, alimañas y víboras prietas” quedó
en uno más de los disparates de Fox, al igual que la peregrina intención de que
Marta Sahagún lo sucediera en el cargo.
La
ascensión de Felipe Calderón a la Presidencia, “haiga sido como haiga sido”
(con los votos del partido de la maestra Elba Esther Gordillo), así como la
decisión de iniciar una improvisada y fallida “guerra contra el narcotráfico”,
con el propósito de lograr la legitimidad que no obtuvo en las urnas, también
recibió amplia cobertura en Proceso. Los resultados de esa guerra sin
estrategia fueron desastrosos: 120 mil muertes violentas relacionadas con el
narcotráfico y multiplicación del número de organizaciones criminales en 400%,
al pasar de siete en 2006 a 28 al final del sexenio calderonista. Otro de los
grandes fiascos de su gobierno fue el combate a la corrupción prometido por el
mandatario. Y el secreto presidencial mejor guardado, hasta que Proceso lo
hiciera público: el pacto entre Calderón y Peña Nieto.
Sin
duda, uno de los grandes hallazgos periodísticos de este semanario es la
revelación de la ilegal campaña política de Peña Nieto iniciada desde su primer
año como gobernador del Estado de México con el apoyo de Televisa, hecha por
Jenaro Villamil el 23 de octubre de 2005 (Proceso 1512). Esa trampa, violatoria
de los artículos 134 y 41 de la Constitución y una de las causas principales del
triunfo electoral de Peña Nieto, marcó el estilo y el destino de su gobierno,
el cual ha sido minuciosamente documentado por este semanario.
La
cooptación del Congreso para la rápida aprobación de sus reformas, la mayoría
de ellas fallidas; la matanza de Tlatlaya; la tragedia de Iguala y la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; el intento de encubrirla
mediante una “verdad histórica” inventada y rebatida por los especialistas; el
conflicto de interés de la pareja presidencial evidenciado por una
investigación de Aristegui Noticias publicada en esta revista aunada a la
penosa tentativa de exonerar el presidente Peña Nieto de toda responsabilidad
en el caso, la reincidencia del conflicto de interés ahora con un departamento
de Miami; la violencia criminal, las desapariciones forzadas, las fosas
clandestinas, la devaluación del peso y la proliferación de la corrupción
impune, así como los reiterados ataques a la libertad de expresión. No extraña
que la popularidad presidencial esté por los suelos.
De
todo ello ha dado cuenta Proceso y por eso el régimen lo considera y lo trata
como a un enemigo. Pero a pesar de la hostilidad y los embates gubernamentales,
sigue en pie bajo la dirección de Rafael Rodríguez Castañeda, quien desde marzo
de 1999 asumió continuar el legado de don Julio, junto con un excepcional
equipo de periodistas que hacen honor a los fundadores y colaboradores ilustres
que, como Scherer, ya no están con nosotros: Miguel Ángel Granados Chapa,
Vicente Leñero, Enrique Maza, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Raquel
Tibol, por mencionar sólo algunos de ellos.
Durante
40 años, Proceso ha documentado la historia presente del país y también ha
hecho historia. Una historia de dignidad y congruencia, de fortaleza y solidez,
de profundidad y rectitud. Una historia de libertad y de búsqueda de la verdad.
La perseverancia crítica del semanario es y será un instrumento indispensable
para el crecimiento democrático del país.
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