La magistrada Janine Otálora presentó un proyecto en el que propone que el Tribunal Electoral determine inaplicar el artículo que ordena el despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pues confirma que contiene varios agravios que van contra la Constitución y el Congreso de la Unión no puede tomar esta determinación con una ley transitoria.
El proyecto, que será sometido a votación el miércoles... concluye que trata de una norma privativa e individualizada que sólo tiene efectos para Jacobo Molida y después quedará inválida, además de que afecta la autonomía y el Congreso de la Unión pretende ir en contra de la Constitución con una ley transitoria.
“Se ordena inaplicar el artículo décimo séptimo transitorio del decreto (…) pues se trata de una norma privativa e incidir en la autonomía del órgano constitucional y en las facultades constitucionales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Por otro lado, el c. presidente se ríe de quienes “lloraron” por Edmundo Jacobo Molina y dice que es puro cuento; AMLO aseguró que es puro cuento “el llorar” por Edmundo Jacobo Molina.
La semana pasada, en un evento público, la senadora Patricia Mercado (MC) se consternó hasta las lágrimas por el cese de Jacobo Molina, dijo que Edmundo Jacobo ha sido un funcionario ejemplar en el Instituto.
“Son becas vitalicias, estuvo 30 años y luego 14 (en la secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE), no se quería ir y hasta lloraban por él, ósea, puro cuento”, dijo el Mandatario riéndose y moviendo la cabeza de izquierda a derecha en señal de rechazo.
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Confidencial/ El Financiero,
La “conmemoración” del Día Internacional de la Mujer, organizado ayer por el gobierno de la capital, se convirtió en una “celebración” de las gobernadoras de Baja California, Campeche, Colima, Guerrero y Quintana Roo, en torno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como aspirante presidencial. El acto masivo, en el que además participaron diputadas federales y senadoras morenistas, así como la candidata al Edomex, Delfina Gómez, fue un “cierre de filas” en el que Marina del Pilar, Layda Sansores, Indira Vizcaíno, Evelyn Salgado y Mara Lezama fijaron en sus discursos a quién apoyarán rumbo a 2024. Eso sí, del alza de feminicidios en la CDMX mejor ni hablaron.
Monreal alista campaña
El senador Ricardo Monreal ayer dio a conocer que todos los sábados y domingos recorrerá el país para dar a conocer el proyecto de reconciliación nacional, al cual calificó como “un plan muy ambicioso, pero creíble”. Según el líder de la mayoría legislativa en la Cámara alta, a pesar de que “la cancha está dispareja” en el proceso interno, ganará la candidatura de Morena a la Presidencia con el apoyo de la gente y de los jóvenes que quieren que México prospere.
Adán Augusto, el gallo del líder morenista en San Lázaro
Al día siguiente del apapacho presidencial que le tocó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la mañanera del viernes, cuando le tocó explicar el plan B electoral, el coordinador de Morena en San Lázaro salió a decantarse públicamente por el tabasqueño. En un evento en Puebla, Ignacio Mier se dijo a favor de que el titular de Segob sea candidato del partido en 2024. ¿Qué sabrá Mier o qué habrá escuchado para tomar esa decisión?
Sobrecarga de quejas en el TEPJF
A quien se le está cargando el trabajo es al TEPJF. A los 65 recursos contra el llamado plan B recibidos hasta ayer, se suma una serie de quejas por parte de aspirantes a ocupar una silla en el Consejo General del INE. Se trata de personas inconformes con el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación que depuró la lista y eliminó a un grupo de personas aspirantes, por “impedimento constitucional”. Entre quienes se quejaron están Juan Correa, Fernando Vargas, Francisco Bedolla y Carla Humphrey, actual consejera.
Ausencias que… ¿triunfan?
Alejandro Moreno no las tuvo todas consigo en la fiesta del 94° cumpleaños del PRI, la tarde del sábado. Presente sólo estuvo el expresidente del partido Jorge de la Vega Domínguez, a pesar de sus problemas de salud. Otros lo hicieron sólo vía Zoom: Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Humberto Roque, Cristina Díaz, Carolina Monroy… Los demás ni de una ni de otra forma presenciaron la ceremonia. Lo que llamó la atención de propios y extraños fue la notoria ausencia, otra vez, del líder del partido en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y se notó más porque el propio Alito dio una “especial” bienvenida a su líder de los diputados, Rubén Moreira.
Siempre hay un tuit…
Mal fin de semana para Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el INE, pues las redes sociales echaron mano del “siempre hay un tuit”, luego de que llamó mafia electoral a los consejeros del INE, pero años atrás celebraba la designación de Lorenzo Córdova como consejero presidente. No sólo eso, sino que el otrora ideólogo morenista John Ackerman le llamó “enorme hipócrita”, pues le recordó que fue artífice del fraude en las internas de Morena.
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Estrictamente Personal/
Ambigüedad insostenible/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, marzo 06, 2023 |
El silencio vuelve a ser ensordecedor. El jueves pasado, William Barr, procurador general en el gobierno de Donald Trump, hizo afirmaciones en un artículo en The Wall Street Journal que debían haber sido causa de un desmentido inmediato de México, sin soslayar imputaciones tan serias que, por la forma como se está moviendo la relación bilateral en materia de seguridad, con tensiones, fricciones comunes y presiones con Estados Unidos, que están creciendo en este año de prolegómenos electorales, podrían convertirse en un dolor de cabeza para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Barr es un político bien conocido en el gobierno mexicano, con el que tuvo una intensa comunicación. Como procurador general, sus fiscales pretendieron llevar a juicio al exsecretario de la Defensa general Salvador Cienfuegos, acusado de presuntos nexos con narcotraficantes, y luego reculó por razones políticas: no quería que la cooperación en materia de seguridad, como amenazó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se suspendiera. Hasta disculpas ofreció Barr para que eso no sucediera, pero pasó. La cooperación bilateral se afectó y las quejas se arrastran actualmente con el gobierno de Joe Biden.
No se sabe si Barr se sintió timado por el gobierno mexicano, pero así parece. Su artículo tiene párrafos muy delicados, particularmente uno donde se refiere a la estrategia del Presidente en materia de seguridad y la permanente invocación a la soberanía nacional para bloquear una acción de Estados Unidos. “Los cárteles mexicanos han florecido porque los gobiernos mexicanos no han tenido el deseo de acabarlos, con excepción del presidente Felipe Calderón, que se fue con todo contra los cárteles”, apuntó. “Hoy, el facilitador en jefe de los cárteles es el presidente López Obrador”.
La imputación de Barr no ha encontrado respuesta en México, donde tampoco parece haber mucha sensibilidad sobre lo que está sucediendo con Estados Unidos en materia de seguridad, uno de los ejes centrales por donde corre la relación bilateral y dispara repercusiones. Sin embargo, hay que escucharlo, no sólo por lo que representó, sino porque es una de las voces republicanas influyentes que está ayudando a construir el discurso de narco-Estado en México y cerrando los espacios de maniobra al gobierno de Biden.
En Estados Unidos, pese a los énfasis y matices, hay una política de Estado contra los cárteles de la droga. La crisis del fentanilo, que se arrastra desde el gobierno de Trump, se convirtió en un problema para el de Biden por los más de 108 mil muertos por la enfermedad en ese país el año pasado. En las tres últimas semanas se ha visto en el Senado la molestia de los funcionarios y legisladores estadounidenses, pero el artículo de Barr colocó las cosas en otro nivel, porque abrió la puerta para ver lo que se está haciendo en el Capitolio.
Barr mencionó un proyecto de resolución conjunta (la H.J.RES.18) de los diputados republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, que pide la autorización para utilizar las Fuerzas Armadas contra los cárteles de la droga mexicanos, que se presentó el 12 de enero pasado, el cual aún no se enlista para discutirlo y llevarlo a votación al pleno. Pero éste es sólo uno de muchos.
Una investigación de Eje Central, a principios de febrero, reveló que en los 18 primeros días hábiles de este año se presentaron 10 iniciativas de ley y resoluciones en la Cámara de Diputados enfocadas en seguridad y corrupción, que no sólo incluían la propuesta de Crenshaw y Waltz, sino también proyectos para gravar con 5 por ciento las remesas –que han evitado que se rompa el tejido social en México y ha sido factor de estabilización–, para continuar la construcción del muro de Trump y ampliar la ley Magnitsky a funcionarios mexicanos y hacerlos responsables de violar derechos humanos y corrupción.
En muchas de esas iniciativas de ley se menciona a los cárteles mexicanos como “narcoterroristas” y “terroristas”. La semana pasada, no coincidentemente, durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado –que alguna vez presidió Biden–, el fiscal Merrick Garland dijo que no se opondría si el Departamento de Estado clasificara a los cárteles de las drogas mexicanos como “organizaciones terroristas”, aunque observó que hay obstáculos diplomáticos que requerirían la aprobación del gobierno mexicano, porque aquellas personas detenidas bajo esa definición serían juzgadas por las leyes estadounidenses.
Ésta es una corriente de opinión creciente en ese país. El 8 de febrero pasado, 21 procuradores generales –todos ellos republicanos– enviaron una carta a Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, para categorizar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, a los cuales identificaron como una amenaza a la seguridad nacional no sólo por sus cargamentos de fentanilo, sino por haber construido “fuerzas armadas bien desarrolladas” en nuestra frontera sur. Es la línea de pensamiento de Barr, que escribió que a los cárteles hay que enfrentarlos no con la policía, sino como amenazas a la seguridad nacional. “Esos grupos narcoterroristas son más parecidos al Estado Islámico que a la mafia en Estados Unidos”, subrayó.
Biden está muy presionado por los republicanos y ha comenzado a transferir sus apremios al gobierno de México. La detención de Ovidio Guzmán López, considerado el principal introductor de fentanilo a Estados Unidos, fue la primera donde ejercieron su fuerza. Han seguido con presiones para que aceleren las extradiciones, entre las que figuran las de Guzmán López y Rafael Caro Quintero, y les proporcionen datos confiables sobre el fentanilo. Aquí se han resistido. No se pudo evitar la captura del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, pero un delito posdetención, uso de armas exclusivas del Ejército, bloqueó su extradición.
El gobierno de Biden ha sondeado con sus contrapartes en México la posibilidad de declarar a los cárteles “organizaciones terroristas”, pero no ha recibido respuesta. El espacio se le agota al gobierno mexicano, que deberá tomar una decisión en un plazo no lejano, porque su ambigüedad se ha vuelto insostenible.
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¡El dólar a 27 pesos!/Leo Zuckermann
Juegos de poder
Excelsior,
Si algo le gusta hacer a este gobierno es propaganda. Son pupilos de Wilhelm Münzenberg que, como cuenta Arthur Koestler, era el Goebbels del comunismo alemán en el periodo entre guerras.
Pretenden desacreditar a sus críticos repitiendo mentiras hasta el cansancio.
Cada vez que se fortalece el peso mexicano aparece un video en las redes sociales que contiene mi imagen y anuncia con grandes letras: “‘Expertos’ predecían el dólar a 27 pesos. ¡AMLO lo tiene en 18! Por eso el pueblo los desprecia”. Si el receptor del mensaje no ve el video adjunto, se queda con la impresión que yo soy el “experto” que pronostiqué ese tipo de cambio.
En estos días, la maquinaria propagandística de AMLO ha distribuido el mensaje y que concita todo tipo de acusaciones en mi contra.
Invito a ver y escuchar el video en cuestión que, por cierto, ya utilizó el Presidente en unas de sus mañaneras para atacarme.
Se trata de una entrevista que le realice al director de El Economista, Luis Miguel González, en Es la hora de opinar antes de la elección de 2018.
Aquí lo importante es recordar los dos principales eventos que en ese momento estaban presionando el tipo de cambio. Uno era la posible victoria contundente de AMLO y la posibilidad de revertir las reformas económicas orientadas hacia el mercado de las últimas décadas. Sin embargo, el otro acontecimiento era aún más importante: la amenaza del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar con el Tratado de Libre Comercio con México. Eso, no el triunfo de AMLO, es lo que tenía más nerviosos a los mercados.
Quise presentarle al auditorio los dos escenarios opuestos. Uno: pierde López Obrador la elección y sí hay tratado con Estados Unidos. Dos: gana AMLO de manera contundente, tiene mayoría en las cámaras, echa para atrás reformas estructurales y no hay tratado con el vecino del norte. En el primer escenario, Luis Miguel calculó una revaluación que llevaría el dólar a entre 17.5 y 18 pesos. En el segundo se iría a entre 25 y 27 pesos.
No se cumplió este segundo augurio porque no ocurrió lo más importante del escenario, es decir, el fin del tratado comercial con EU.
A González y a mí lo que más nos preocupaba era el amago de Trump de salirse del TLCAN. Hoy sabemos que la amenaza era real. El peso se depreciaba cuando los mercados pensaban que ocurriría. Recordemos que el día que el magnate ganó la Presidencia estadunidense, el peso se debilitó alcanzando hasta 22 pesos por dólar.
Nosotros no dijimos que habría una devaluación abrupta porque llegaría AMLO a la Presidencia como pretenden manipular. Se trata de una acusación falsa.
Para los propagandistas del gobierno, el tipo de cambio es una variable muy importante que les gusta presumir. Se entiende. Son muy escasos los indicadores económicos que han tenido un buen desempeño en este sexenio. Por eso, también es importante descalificar a los que hemos sido críticos del fracaso económico de AMLO. Y utilizan cualquier artimaña, como la distribución de un video que de ninguna forma dice lo que supuestamente presenta.
Qué flojera tener que salir a aclarar esto cada vez que se fortalece el peso. Pero no queda de otra porque, el que calla, otorga.
En cualquier caso, el tipo de cambio no está en 27, sino que ha caído por debajo de 18. ¿Hay que celebrarlo?
Sí y no.
Sí porque hay confianza en la moneda nacional. Sin duda, ayuda que el gobierno se ha comportado razonablemente responsable con las finanzas públicas. Pero el principal motor del fortalecimiento del peso tiene que ver con la gran oferta de dólares que está entrando al país producto, uno, de las exportaciones (porque Trump no se salió del Tratado de Libre Comercio); dos, de la gran cantidad de remesas que están mandando los mexicanos a su país; tres, de un incremento en la Inversión Extranjera Directa a consecuencia del nearshoring y del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y cuatro, del aumento de turistas internacionales.
Conclusión: agradezcamos que el “cochino” neoliberalismo abrió la economía mexicana que antes se encontraba cerrada al mundo.
Pero, ojo, cuidado con un mayor fortalecimiento del peso. Todas las condiciones positivas antes mencionadas sufrirán en la medida en que nuestra divisa siga ganando terreno frente al dólar. Nos haremos más caros, lo cual afectará las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo. Los que reciben las remesas obtendrán menos pesos por sus dólares y podrán comprar menos bienes y servicios.
El peso está en un régimen de libre flotación también gracias a los “cochinos” neoliberales. Afortunadamente, el actual gobierno no ha echado para atrás esta política económica. Que siga fluctuando de acuerdo a las circunstancias del momento. Es lo mejor. Y, neta, ya chole con su videíto del 2018. Qué flojera andar aclarando sus necedades propagandísticas.
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Cárteles “terroristas”… mal augurio/Enrique Aranda
De naturaleza política
Excelsior,
No se entienden, está claro, pero tampoco se respetan…
Mal augurio para México, al margen de la evolución que el asunto pudiera tener en los próximos días, la decisión del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso norteamericano de dar entrada para su estudio y eventual dictamen a una iniciativa de reforma que autorizaría a la milicia estadunidense “actuar contra los responsables de traficar fentanilo” o cualquier sustancia relacionada con la producción de la droga a Estados Unidos donde, apenas el año pasado, causó la muerte a casi 100 mil adolescentes y jóvenes de entre 15 y 45 años.
Impulsada por los representantes republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz, la denominada Resolución 18 podría constituirse en un antecedente de la tipificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, dando paso con ello a la posibilidad de que elementos del Ejército de los Estados Unidos pudieran actuar en su contra –de forma abierta o encubierta– en su territorio sí, pero, también, en naciones donde aquellos tienen su asiento u operan de manera destacada, México entre ellos, sin duda…
Tal es el asunto que, hace apenas unos días, el miércoles, ante el Comité de Justicia del Senado, el fiscal general Merrick Garland dejó más que claro que él, de manera personal, “no me opondría a designar terroristas” a los cárteles mexicanos de la droga aunque, obligado a la prudencia, sugirió considerar las implicaciones diplomáticas de una acción de tal naturaleza, dado que “para actuar, necesitaríamos el apoyo (del gobierno) de México”. Días antes, huelga recordar, 21 fiscales estatales hicieron llegar una misiva al presidente Joe Biden en la que le exigen actuar en el mismo sentido.
En la nueva iniciativa sometida a la consideración de la Cámara de Representantes desde mediados de enero, pero que hasta ayer ganó notoriedad y se hizo pública, se nombra de manera específica a varios cárteles contra los que apuntaría la misma: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Juárez y el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana, (los restos del) Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Tijuana y otras, lo que de manera implícita los ubica como “objetivos preferentes” de la misma. Y ello, insistamos, constituye un muy mal augurio para el país, para el gobierno de la 4T en este momento, al margen que la propuesta sea finalmente aprobada y se proceda a implementar su eventual aplicación…
ASTERISCOS
* Preocupante, por cierto, el último reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que preside José Antonio Ortega, según el cual, nueve de las diez ciudades más violentas del mundo al cierre de 2022 eran mexicanas: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco. Ufff...
* Urgido a asumir una decisión, Movimiento Ciudadano (MC) de Dante Delgado definirá si finalmente postulará al experredista Juan Zepeda como su candidato al gobierno del Estado de México o si declinará a participar en los próximos comicios. Convocada para hoy, la Coordinadora Ciudadana Nacional partidista votará sobre el punto…
Veámonos el miércoles con otro asunto De naturaleza política.
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La politización de la justicia/Jorge Fernández Menénde
Razones
Excelsior
Para mi hermana Graciela,
que hace tres años nos dejó un poco más solos.
Una vez más el presidente López Obrador se equivoca conscientemente: no hay una andanada de resoluciones judiciales en contra del gobierno federal desde que asumió la presidencia de la Suprema Corte, el 2 de enero pasado, la ministra Norma Piña. No hay ninguna conjura en la Corte (ni en el INEM ni en la UNAM ni en el Inai ni en ninguna institución autónoma) contra el gobierno. Lo que está sucediendo con la justicia, más allá de las fallas y carencias que sufre desde mucho tiempo atrás, es que el gobierno federal quiere politizar la justicia, y no está dedicando tiempo, esfuerzo y recursos a tener una fiscalía realmente autónoma, y quiere que se dicte justicia de acuerdo con sus intereses.
Y lo que ha sucedido es que la FGR ha perdido en los dos últimos años todos los casos importantes que ha presentado, casi todos casos de alto sesgo político y derivados de ajustes de cuentas del propio gobierno con sus adversarios. Por intentar involucrar a 70 opositores en su caso, se ha diluido el juicio contra Emilio Lozoya por los sobornos que recibió de Odebrecht. El abogado Juan Collado hace ya dos años que tenía una sentencia a su favor por uno de los principales casos en los que estaba acusado. Fue de alguna forma escondida y ahora, como en el caso Lozoya, lo único que aparentemente falta es que terminen de acordar una cantidad en reparación de daño para quedar en libertad. Y quizás ni siquiera eso.
Lo de Rosario Robles fue vergonzoso. Contra la exsecretaria de Desarrollo Social no tenían elementos para procesarla por la llamada Estafa Maestra. Se valieron de un testigo protegido, el exoficial mayor Emilio Zebadúa, que para evitar él mismo ir a la cárcel por los malos manejos detectados en esa dependencia y en la Sedatu, involucró a Robles, pero incluso así no tenían pruebas. No había un delito que ameritara encarcelar a Rosario, quien se presentó voluntariamente cuando fue citada, aunque la acusación que tenía debía ser llevada en tribunales administrativos, no penales. Valiéndose de la falsificación de una licencia de conducir, un juez, sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, la dejó tres años en la cárcel. Ya quedó en libertad y la fiscalía y el gobierno federal se quejan de que la justicia ha sido corrompida.
En realidad, la corrompida fue la investigación. Y podemos sumar muchos otros casos: desde la familia política del fiscal Gertz Manero hasta el de Jorge Luis Lavalle, pasando por Alonso Ancira y los militares acusados por el caso Ayotzinapa, entre otros.
La mejor demostración de que el problema no está, por lo menos en ese plano, en nuestra justicia, sino en la forma en que se investiga y procura, es el caso García Luna. Olvidemos por un momento algo que debería ser recordado: García Luna fue condenado sin una sola prueba material en su contra y los testimonios que hubo para ello fueron exclusivamente de testigos protegidos, narcotraficantes que a cambio de una reducción en sus condenas declararon contra el exsecretario. Insisto, olvidemos por un momento ese hecho. Lo cierto es que, en México, ni antes ni ahora, existe una acusación penal contra García Luna por narcotráfico. Y las que se presentaron por malos manejos financieros son endebles.
Resulta casi cómico ver a legisladores de Morena celebrando que la justicia de Estados Unidos haya condenado al exsecretario y pidiendo que en ese país procesen a otros exfuncionarios mexicanos y, al mismo tiempo, reclamando por el intervencionismo estadunidense cuando se apoya a las instituciones electorales.
Quizás es consecuencia de la política de abrazos y no balazos llevada a nivel de las fiscalías, pero el hecho es que, a cuatro años de iniciada esta administración estamos muy lejos de contar con una policía de investigación del nivel que requieren el país y la coyuntura que vivimos. Se habla, y mucho, de la Guardia Nacional, de su integración a la Defensa Nacional, pero se olvida que tenemos otra policía, nuestro verdadero FBI para los que gustan de las equivalencias con Estados Unidos, que no es la Guardia Nacional, sino la Coordinación de Métodos de Investigación que controla a la Agencia de Investigación Criminal y los servicios periciales de la FGR.
A cargo de las investigaciones criminales está un muy buen funcionario, Felipe de Jesús Gallo, que fue quien creó la fuerza civil en Nuevo León, pero cuando se ven los cambios y reestructuras de la fiscalía en estos años, se llega a una suerte de galimatías en el que no se sabe con claridad quién hace qué. Es más, no se sabe con claridad cuántos elementos tiene la fiscalía en esa área. Al inicio del sexenio, cuando se creó la FGR, eran ocho mil, un número ridículamente bajo para las exigencias del país. El resultado es que menos del ocho por ciento de los delitos federales denunciados son investigados y reciben una sentencia.
Sin duda, hay jueces que toman decisiones equivocadas y nadie puede negar que en la justicia existen espacios de corrupción. Pero las decisiones que tanto molestan en Palacio Nacional no devienen, salvo algún caso relacionado con delincuencia organizada, de malos manejos de los jueces ni, mucho menos, de una conspiración, sino que no existen delitos o por lo menos no pudieron ser demostrados, y peor aún, de que se quiere decretar la culpabilidad o no de las personas desde el púlpito de la mañanera y no desde los tribunales.
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Podemos ganarle al viejito, si sabemos para qué…/Víctor Beltri
Nadando entre tiburones
Excelsior
La contienda por el Estado de México es crucial, y debe ser entendida no sólo como una parte esencial de la lucha por el 2024 sino como de la que se gesta —en estos mismos momentos— por el futuro de la nación entera. La elección de junio es el primer paso de muchos que habrán de sucederle: la primera pieza de dominó que caerá en lo que terminará siendo la construcción del país del mañana.
El Presidente ha hecho de la propaganda un sistema de gobierno y, como en todo régimen autoritario, ha realizado un esfuerzo extraordinario —sin escatimar en recursos— para mostrar una fortaleza mayor a la que realmente tiene, al tiempo que denuesta y minimiza a quienes exhiben sus errores. El mandatario conoce sus propias debilidades, y sabe —sobre todo tras las recientes movilizaciones de repudio en su contra— que una gran alianza entre la sociedad civil, y los partidos políticos, podría depositar a su proyecto en el basurero de la historia.
La pesadilla puede terminar, y ya tenemos sobre la mesa los elementos suficientes para conseguirlo: tan sólo se trata de entender cómo funcionan entre sí para poder acomodarlos de la manera correcta. Por un lado, una ciudadanía que despierta y sale a las calles por convicción propia; por el otro, los beneficiarios de apoyos sociales que no quieren perderlos. Por un lado, una joven madre de familia capaz de sumar el apoyo de otras fuerzas políticas en su propia comunidad; por el otro, una doñita corrupta que esquilmó a sus seguidores y sonríe ante el botín que tiene en puerta. Por un lado, la esperanza en un país distinto: por el otro, más de una cuarta transformación que —ahora lo sabemos— era lo mismo, pero mucho peor. En la estulticia…
El mandatario ha perdido a la clase media —la misma que le apoyó rabiosamente en el pasado— y sólo recibe la aprobación, entre la clase alta, de aquellos a quienes ha beneficiado con sus decisiones. Los más necesitados lo siguen apoyando —sin embargo— a pesar de que sus políticas sociales los han condenado a una miseria voluntaria: la batalla —en realidad— es por el voto de los pobres. La lucha es por los menos favorecidos, y justo es ahí donde deberían enfocarse los esfuerzos de la oposición, antes que limitarse a triunfar en redes sociales: si los sectores más necesitados de la población continúan siendo utilizados como una mercancía política, cuyo voto puede ser comprado por un puñado de pesos, hada habrá cambiado.
La política debería aterrizar en los más pobres, brindando una causa asequible: lo que la oposición necesita, en este momento, es un liderazgo capaz de definir una causa común —capaz de despertar esperanza— antes que uno basado en la destrucción y el odio. Lo que el país necesita es un liderazgo capaz de organizarnos en una causa concreta y virtuosa, que no para encabezar una inexistente y negativa: lo que necesitamos, en este momento, es un qué, antes que un cómo.
Vileza y cobardía de Jenaro Villamil/Carlos Marín
Milenio,
Justo al empezar la batalla constitucional que definirá la democracia que viene, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, azuzó al linchamiento de la titular del Poder Judicial Federal:
Para no olvidar: la actual ministra presidenta de la @SCJN, Norma Lucía Piña Hernández llegó en 2015 al máximo tribunal del país con el apoyo del consejero jurídico del peñismo Humberto Castillejos, ex cuñado de Luis Cardenas Palomino, brazo derecho de García Luna, escribió en su cuenta de Twitter.
Tamaña estupidez la cometió ni más ni menos que quien decide los contenidos facciosos de Canal Once, Canal 22, Canal 21, TV UNAM y el Instituto Mexicano de la Radio.
El venenoso mensaje refleja la porril vocación de su estulto autor, pues el día previo uno de sus compañeros de viaje, el sicario cibernético identificado como ponch vica o #VicaPonch, había subido a internet la fotografía de la intachable señora bajo la frase Buenísima idea, señalándola como El problema y sugiriendo La solución con la imagen de una bala.
Fogueado en el periodismo carroñero, el trepador Villamil se ganó en las “benditas redes” comentarios como el de @chagollan: Jajaja, qué pendejada jenaro. Saliste con la de “es que con ella trabajó uno que tenía un amigo, que tenía un primo hermano que conocía a un cuñado que conocía a García Luna”. Jajaja Por poco sacas la teoría de la evolución para decir que todos somos parientes de García Luna.
De @lalo_lima (Eduardo Lima Águila): En respuesta a @jenarovillamil y @SCJN ¿De donde llegó el actual director de la CFE? ¿De donde vino el fiscal Gertz Manero? ¿De dónde salió el secretario de seguridad de Sheinbaum? Si tanto indigna la relación con EPN, ¿por qué morena está ahora aliada con la mafia del partido verde?
@bereaguilarv: Aquí tienen a un vocero propagandista disfrazado de periodista. Lo tuyo es golpear, difamar y estigmatizar. Es la línea de Palacio: contra la Corte y en particular contra la Ministra presidenta. Sugiero guardar tu miseria intelectual para sacarla a relucir cuando no pase el Plan B.
De @_luisgatica: Ay Jenarito Jenarito, ¡qué comentario tan burdo! ¿Pero qué necesidad…?
Raúl Trejo Delarbre: Denuncio a @jenarovillamil porque hay sospechas de que era vecino del primo de la comadre de un fulano que pasó cerca de la guarida de un abominable personaje. (Ya en serio, este señor preside el Sistema de medios del Estado mexicano. Una vergüenza).
Aquí la cobarde reacción de Villamil:
Nadie la acusa de llegar de manera ilegal ni ilegítima. Se cuestiona que el Poder Judicial, que ahora encabeza la ministra Norma Lucia Piña, tenga jueces que protegen a Luis Cardenas Palomino y a la esposa de Genaro García Luna.
La ruindad le es consustancial.
Con su misma lógica, ¿merece la hoguera pública el ministro Arturo Zaldívar, único de la Corte en quien confía el jefe del impune machuchón Villamil, porque fue propuesto para ese cargo por Felipe Calderón…?
cmarin@milenio.com
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Día con día
INE: misión imposible, daño irreparable/Héctor Aguilar Camín
Vistos de cerca, los cambios y los plazos que el plan B le impone al INE son una misión imposible y causarían en la institución un daño irreparable.
Tanto la misión como los daños quedan claros en los 30 artículos transitorios del decreto. A continuación, algo de lo que he podido consultar con expertos:
Entre enero y abril de 2023, el Consejo General del INE debe identificar las normas internas que hay que cambiar para ajustarse a las nuevas leyes (transitorio 7). Problema: El decreto, publicado el 2 de marzo, obliga a lo imposible: trabajar en su cumplimiento durante enero y febrero.
En abril de 2023, el INE debe tener claro a cuánta gente va a correr bajo la nueva legislación y cuánto costará correrla (transitorio 10).
El INE debe correr a unos 2 mil miembros del Servicio Profesional Electoral y a 4 mil de la rama administrativa (los que trabajan en las Juntas Ejecutivas Distritales, que van a desaparecer).
Despedir a estas 6 mil personas, conforme a la ley, costaría unos 3 mil 500 millones de pesos. Problema: el INE no recibirá recursos adicionales para esto (transitorio 9). Deberá obtenerlos de sus propios fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura (transitorio 11), pero el dinero de esos fideicomisos no alcanza.
Entre abril y mayo de 2023, el INE debe definir quiénes de los mil 500 vocales de las Juntas Ejecutivas Distritales se quedarán en las Oficinas Auxiliares que las suplen. Estas Oficinas Auxiliares tendrán sólo un “vocal operativo”, en vez de cinco (transitorio 12).
El 1° de mayo, el Consejo General debe aprobar los lineamientos de reestructuración de sus oficinas centrales, donde desaparecerían varias direcciones ejecutivas (transitorio 14).
En el mismo mes de mayo, el Consejo General debe nombrar a los nuevos directores de las áreas que queden (transitorio 16).
El 30 de julio debe estar listo el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral (transitorio 17).
El 1° de agosto debe haberse terminado todo lo anterior (transitorio 15).
Estos son algunos aspectos sobresalientes de la misión imposible impuesta al INE y de los daños irreparables que se infligiría a sí mismo si los cumple.
No sólo se trata de “destazarlo”, sino rápido.
hector.aguilarcamin@milenio.com
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