You are not welcome in the UK" ¡Aquí no son bienvenidos! es simplmente el mensaje del gobierno socialdemocráta de Tony Blair a los extranjeros que predican el odio: es la respuesta que trajeron los atentados terroristas del 7 y el 21 de julio.
Y es que según la nueva legislación en ese país podrán ser deportados o denegada su entrada los extranjeros que fomenten el terrorismo, asimismo los que defiendan actividades criminales o intenten persuadir a otros para que las cometan y quienes inciten a odiar a miembros de otros colectivos de modo que pueda desembocar en violencia.
En suma, el gobierno de izquierda perseguirá a quienes "escriban, produzcan, publiquen o distribuyan" material en defensa del terrorismo; a quienes lo glorifiquen en "discursos públicos, incluidos sermones"; a directores de páginas web y a profesores, trabajadores sociales o líderes de colectivos que utilicen sus puestos para predicar el odio o defender el terrorismo.
Según Charles Clarke, ministro británico de Interior, las nuevas disposiciones justificarán la deportación de inmigrantes a sus países de origen, siempre y cuando no se enfrenten allí a torturas. Además la medida, dijo: "en absoluto pretende coartar la libertad de expresión o limitar el debate sobre cuestiones religiosas".
Además, las medidas incluyen reformar las leyes de derechos humanos para eliminar obstáculos a las deportaciones, introducir el delito de incitación al terrorismo, elaborar una base de datos de personas "non gratas".
También, pretenden poner límite temporal a los procesos de extradición, la posible creación de tribunales antiterroristas a puerta cerrada, y la extensión del tiempo que la policía puede detener sin cargos a los sospechosos de terrorismo.
Pero las críticas dentro y fuera del Reino Unido, no se han hecho esperar, ya que la medidas amenazan con provocar un terremoto político. Y es que el Gobierno laborista, teóricamente de izquierda, se ha erigido en máximo exponente de una cultura de ley y orden asociada por lo general con la derecha.
El relator de la ONU sobre tortura, Manfred Nowak, criticó las medidas sobretodo de extranjeros de países que se sabe que no respetan las normas internacionales de protección de los derechos humanos. Aunque se sabe que Londres negocia ya tratados con varios Estados, de momento sólo ha conseguido garantías de Jordania, a través de un "memorando de entendimiento" cuya validez han cuestionado varias organizaciones.
Gareth Crossman, portavoz de Liberty, declaró que "es mejor juzgar a los terroristas que desplazarlos de un sitio a otro".
Una de las preguntas que plantean los críticos es ¿para qué sirve mandar a los imanes radicales al extranjero en los tiempos de la globalización, cuando pueden colgar sus sermones en Internet y realizar su trabajo desde cualquier punto del planeta?
De la misma manera que Osama Bin Laden fue agente de la CIA, sucesivos gobiernos británicos han utilizado a imanes como Abu Hamza, Omar Bakri y Abu Qutada como informantes del MI6, en un pacto tácito que les permitía servirse de Londonistán como base de operaciones y financiación, a cambio del compromiso de no perpetrar atentados en el Reino Unido y dar pistas sobre la actividad de los grupos más violentos.
Y bueno el asunto apenas empieza; el editorial de hoy en El País es elocuentes: Excesos británicos
Una de las preguntas que plantean los críticos es ¿para qué sirve mandar a los imanes radicales al extranjero en los tiempos de la globalización, cuando pueden colgar sus sermones en Internet y realizar su trabajo desde cualquier punto del planeta?
De la misma manera que Osama Bin Laden fue agente de la CIA, sucesivos gobiernos británicos han utilizado a imanes como Abu Hamza, Omar Bakri y Abu Qutada como informantes del MI6, en un pacto tácito que les permitía servirse de Londonistán como base de operaciones y financiación, a cambio del compromiso de no perpetrar atentados en el Reino Unido y dar pistas sobre la actividad de los grupos más violentos.
Y bueno el asunto apenas empieza; el editorial de hoy en El País es elocuentes: Excesos británicos
El País, 25 de agosto de 2005
Defenderse de los que siembran el odio y fomentan el terrorismo no sólo está justificado, sino que es un deber de todo Estado. Probablemente, durante años el Reino Unido fue excesivamente generoso al acoger en su seno a radicales islamistas huidos de sus países de origen que se atrincheraron en el llamando Londonistán. Pero las medidas anunciadas ayer por el ministro del Interior, Charles Clarke, para deportar a extranjeros que fomenten el odio o el terrorismo generan una preocupante inseguridad jurídica y menoscaban la defensa de los derechos humanos. Las leyes británicas en materia antiterrorista son de las más estrictas del mundo. Era esperable y deseado por la opinión pública que, como anunciara Blair tras los atentados en Londres del 7 de julio, las reglas del juego fueran a cambiar. Pero no así.
La definición "indicativa, que no exhaustiva", según el ministro, de "comportamientos inaceptables" incluye los que directa o indirectamente amenacen el orden público, la seguridad nacional o el Estado de derecho, o provoquen y glorifiquen el terrorismo individualmente, en las prédicas o desde librerías, centros, organizaciones y páginas web. Cualquier extranjero que incurra en ellos podrá ser deportado de inmediato. El problema no es sólo que no se les juzgue en el Reino Unido, sino que se les pueda deportar hacia sus países de origen, en muchos de los cuales se practica la tortura. Que Londres busque acuerdos con esos países para asegurar que los deportados no serán maltratados ni torturados indica que hay dudas, como recordó ayer Manfred Novak, informador especial sobre tortura de la ONU, para el cual acuerdos con países que han cometido abusos de derechos humanos en el pasado "no son el instrumento adecuado para erradicar el riesgo". Más justificable es que se elabore un banco de datos de radicales extranjeros acusados de alentar actos de terrorismo, a los que automáticamente se impida la entrada en suelo británico.
La falta de definición de lo que pueda considerarse "impulsar el odio que lleve a una violencia entre comunidades", merma los derechos humanos, y especialmente la libertad de opinión, y puede llevar a la "criminalización del pensamiento" -incluso con efecto retroactivo ante declaraciones pasadas-, como denuncia la Comisión Islámica de Derechos Humanos, que considera que no se han atendido sus razones en las consultas previas, precisamente cuando hay que contar con los representantes de estas comunidades ante este tipo de medidas. Que Blair esté dispuesto a revisar las obligaciones en estas materias que ligan a su país respecto a Europa es una mala señal. Contra los radicales, no conviene bajar la guardia, pero tampoco radicalizarse uno mismo. Seguridad y derechos humanos no están reñidos. Todo lo contrario.
Mejor encaminada parece la propuesta de establecer una comisión conjunta con la comunidad islámica para asesorar sobre cómo lograr una mejor integración. Hay que recordar que el problema no está sólo en los extranjeros: cuatro de los suicidas del 7 de julio eran de nacionalidad británica. Para estos casos, Clarke prepara más controles y más tribunales especiales. Elevar los umbrales para acceder a la nacionalidad británica puede, sin embargo, ser otro gesto contraproducente, que aliente la tensión social y la islamofobia. Más allá del fin de Londonistán, lo que está en tela de juicio con este tipo de medidas es el modelo comunitarista de integración social de las minorías étnicas en el Reino Unido.
Defenderse de los que siembran el odio y fomentan el terrorismo no sólo está justificado, sino que es un deber de todo Estado. Probablemente, durante años el Reino Unido fue excesivamente generoso al acoger en su seno a radicales islamistas huidos de sus países de origen que se atrincheraron en el llamando Londonistán. Pero las medidas anunciadas ayer por el ministro del Interior, Charles Clarke, para deportar a extranjeros que fomenten el odio o el terrorismo generan una preocupante inseguridad jurídica y menoscaban la defensa de los derechos humanos. Las leyes británicas en materia antiterrorista son de las más estrictas del mundo. Era esperable y deseado por la opinión pública que, como anunciara Blair tras los atentados en Londres del 7 de julio, las reglas del juego fueran a cambiar. Pero no así.
La definición "indicativa, que no exhaustiva", según el ministro, de "comportamientos inaceptables" incluye los que directa o indirectamente amenacen el orden público, la seguridad nacional o el Estado de derecho, o provoquen y glorifiquen el terrorismo individualmente, en las prédicas o desde librerías, centros, organizaciones y páginas web. Cualquier extranjero que incurra en ellos podrá ser deportado de inmediato. El problema no es sólo que no se les juzgue en el Reino Unido, sino que se les pueda deportar hacia sus países de origen, en muchos de los cuales se practica la tortura. Que Londres busque acuerdos con esos países para asegurar que los deportados no serán maltratados ni torturados indica que hay dudas, como recordó ayer Manfred Novak, informador especial sobre tortura de la ONU, para el cual acuerdos con países que han cometido abusos de derechos humanos en el pasado "no son el instrumento adecuado para erradicar el riesgo". Más justificable es que se elabore un banco de datos de radicales extranjeros acusados de alentar actos de terrorismo, a los que automáticamente se impida la entrada en suelo británico.
La falta de definición de lo que pueda considerarse "impulsar el odio que lleve a una violencia entre comunidades", merma los derechos humanos, y especialmente la libertad de opinión, y puede llevar a la "criminalización del pensamiento" -incluso con efecto retroactivo ante declaraciones pasadas-, como denuncia la Comisión Islámica de Derechos Humanos, que considera que no se han atendido sus razones en las consultas previas, precisamente cuando hay que contar con los representantes de estas comunidades ante este tipo de medidas. Que Blair esté dispuesto a revisar las obligaciones en estas materias que ligan a su país respecto a Europa es una mala señal. Contra los radicales, no conviene bajar la guardia, pero tampoco radicalizarse uno mismo. Seguridad y derechos humanos no están reñidos. Todo lo contrario.
Mejor encaminada parece la propuesta de establecer una comisión conjunta con la comunidad islámica para asesorar sobre cómo lograr una mejor integración. Hay que recordar que el problema no está sólo en los extranjeros: cuatro de los suicidas del 7 de julio eran de nacionalidad británica. Para estos casos, Clarke prepara más controles y más tribunales especiales. Elevar los umbrales para acceder a la nacionalidad británica puede, sin embargo, ser otro gesto contraproducente, que aliente la tensión social y la islamofobia. Más allá del fin de Londonistán, lo que está en tela de juicio con este tipo de medidas es el modelo comunitarista de integración social de las minorías étnicas en el Reino Unido.
