El misil Cassez-Vallarta: La nueva guillotina judicial contra la prensa..
El fantasma del caso Cassez-Vallarta ha sido exhumado, pero no en nombre de la justicia. Ha sido desenterrado y reensamblado como un misil teledirigido contra la prensa crítica de este país.
Lo que revela hoy Raymundo Riva Palacio en Estrictamente Personal en El Finaniero, desnuda la nueva táctica de Palacio Nacional para asfixiar periodistas. Han descubierto que ya no es necesario clausurar medios ni dictar censura directa; la nueva guillotina es el desgaste financiero y psicológico en los tribunales. El lawfare a la mexicana.
La puesta en escena ocurrió la semana pasada, en un foro de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Allí, ante la mirada y el aval de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Israel Vallarta anunció su cruzada legal por "daño moral" contra Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva.
No nos equivoquemos: esto no es la legítima defensa del honor de un particular. Es la maquinaria del Estado patrocinando una venganza política. El plan, operado según Riva Palacio a través de Gobernación y la vocería de Jesús Ramírez Cuevas, tiene dos objetivos claros y una alta dosis de cinismo:
El castigo a Loret: Le exigen pagar la factura por la polémica transmisión de 2005. Lo grotesco de la narrativa oficial es que la productora de aquella emisión, Azucena Pimentel, fue purificada por el régimen y premiada con un cargo en Comunicación Social de la Presidencia. Para ella, el perdón; para el periodista, el paredón.
El castigo a Ciro: Su "pecado" imperdonable fue atreverse a ejercer el periodismo: darle voz en su espacio a las víctimas de secuestro que señalan directamente a Vallarta como su victimario.
El fondo de esta operación no es jurídico, es la instauración del terrorismo judicial. Buscan provocar un chilling effect (efecto paralizante) con un mensaje brutal y expansivo para todo el gremio periodístico: si cuestionas al régimen, te echaremos encima todo el peso del Estado, disfrazado de litigio entre particulares. Y para rematar el trabajo sucio, saben que no les costará ningún esfuerzo encontrar un juez a la carta. El caso de desgaste judicial de otros críticos lo ha dejado clarísimo.
El oficialismo se llena la boca repitiendo desde el atril que en México ya no hay censura. Pero cuando el poder desvía sus recursos políticos para intimidar, desgastar y quebrar económicamente a quienes piensan distinto, la palabra "censura" se queda corta. Es persecución de Estado.
Si se confirma la que comenta Riva Palacio, estamos frente a una de las operaciones más perversas de este gobierno. Y hay un detalle que hiela la sangre: ver a una secretaria de Gobernación —quien durante años gastó suela como reportera en La Jornada— operando como verdugo de la prensa.
La ironía ya no solo se cuenta sola; ahora da náuseas.
Para la historia inmediata
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La delgada línea entre regular y censurar
Entre más dicen que no hay censura, menos les creemos. Esta frase, que resuena casi como un eco en los pasillos de las redacciones, resume a la perfección el ambiente de desconfianza que rodea a los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Y es que, cuando un gobierno tiene que dedicar buena parte de su agenda pública a negar que quiere silenciar a la prensa, es evidente que palpita una tensión profunda que no podemos, ni debemos, ignorar.
Hoy, la Presidenta Sheinbaum y la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, han insistido en que nadie será sancionado por su línea editorial. Afirman que exigir un código de ética o un defensor de las audiencias son medidas para "democratizar" a los medios y alcanzar estándares internacionales. Suena muy bien: empoderar al ciudadano, no amordazar al periodista.
Sin embargo, en la política mexicana, el diablo siempre está en los detalles. Es inevitable dudar: ¿no es esta burocracia la excusa perfecta para castigar a los medios incómodos? Te prometen que no te van a censurar por tus opiniones, pero se reservan el derecho de sancionarte si tu mecanismo de defensa o tu ética no se alinean con la visión oficial. Es una trampa muy fina: te aprietan el cuello con trámites, mientras juran que están defendiendo tus derechos.
Este escepticismo que respiramos no es gratuito; nace de la cruda realidad de nuestro contexto político. Las alarmas se encienden cuando la defensa legítima de estos lineamientos se mezcla con un discurso oficial que, un día sí y otro también, acusa a los medios de "mentir todo el día". Se sugiere, de manera velada, que la única "verdad" es la que se dicta desde el atril de la conferencia matutina.
¡Ahí radica el verdadero peligro!
Aunque la ley no diga expresamente que el Estado censurará, si el gobierno se asume como el árbitro absoluto y moral de lo que es una "información veraz", y cataloga las críticas como "campañas de desinformación", la frontera entre la protección al público y la intimidación a la prensa se vuelve una línea de cristal. Peligrosamente delgada.
Pero hay algo que se debe reconocer hoy, por lo menos en el discurso. Que la Presidencia haya aceptado sentarse a revisar y adecuar el texto junto con la industria es un paso en la dirección correcta. Los derechos de las audiencias son, en efecto, un principio constitucional irrenunciable. Pero su reglamentación debe ser tan clara, tan precisa y estar tan blindada, que no deje ningún resquicio para la interpretación autoritaria, ni una sola puerta trasera por donde pueda colarse la censura.
El tiempo y la práctica, como siempre, serán los verdaderos jueces
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El Ministerio de la Verdad con Ventanilla
Decía George Orwell que, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Pero hoy, en México, resulta que el mayor fabricante de mentiras acaba de inaugurar su propio Ministerio de la Verdad... con ventanilla de trámites, sellos y formatos por triplicado.
El texto que publica hoy Ignacio Morales Lechuga en El Universal lo desnuda de manera perfecta. El autoritarismo en este país ya no necesita militares pateando la puerta de una redacción ni "cuartelazos". Le basta, y le sobra, con una circular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Bajo el manto anestésico de los "derechos de las audiencias", nos quieren vender una mordaza con moño. A diario repiten que no hay censura, pero sugieren veladamente, desde el atril de la mañanera, que la única "verdad" es la de ellos.
¡Y ahí radica el verdadero peligro!
Es la hipocresía en su máxima expresión. Los arquitectos de los "otros datos", los mismos que llevan ocho años peleados con la realidad y destruyendo la transparencia, ahora quieren erigirse como los auditores de nuestra veracidad.
¡Cabrones!, con todo respeto. Pero es el colmo del cinismo.
La trampa es siniestra por lo sutil. Usan conceptos ambiguos, como "contexto" o "verdad", para ponerle la soga al cuello a la radio y la televisión. Si publicas algo que incomoda al poder, administrativamente te etiquetan de "falso". Como no hay un árbitro neutral, o te hincas y asumes la narrativa oficial, o te asfixian financieramente hasta quebrarte. El gobierno es juez, parte y verdugo.
Como bien cita Nacho Morales al jurista Carl Schmitt: el verdadero soberano es el que decide sobre la excepción. Y hoy, la excepción es cualquier nota que los desmienta. Nos están llevando, calca por calca, al espejo de la "Ley Mordaza" de Venezuela en 2004, que terminó exterminando a toda la prensa crítica.
Lo más grave: nos venden la conferencia de la Presidenta Sheinbaum como un "derecho de réplica". Se les olvida que el derecho a la información lo inventamos los ciudadanos para defendernos del poder. No para que el Estado, con todo su presupuesto y en cadena nacional, nos fiscalice o nos regañe.
Como decía Octavio Paz, el "ogro filantrópico" te asfixia abrazándote. Esta República no va a morir de un balazo. Va a morir de inanición cívica; va a morir mientras aplaudimos que la jaula sigue abierta... olvidando por completo que ellos son los que tienen la llave.
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Las columnas políticas hoy, martes 4 de agosto de 2026
Templo Mayor EN REFORMA
LO QUE debió ser un proceso claro y transparente se convirtió en un embrollo burocrático oscuro. Y todo porque la Secretaría de Cultura y el INAH se niegan a aclarar cómo estuvo la renta de un sitio tan emblemático como el Castillo de Chapultepec para una fiesta... ¡de la FIFA!
CON TODO y que el propio gobierno federal reconoció que el inmueble habitado por Maximiliano se usó para el convivio y hasta se cobró la renta respectiva, los detalles del contrato los están haciendo perdedizos en el instituto que encabeza Joel Omar Vázquez.
NADIE SABE cómo fue que la FIFA pudo disfrutar de una de las mejores vistas de la CDMX para agasajar a sus patrocinadores, pues el gobierno federal se niega a hacer pública la información que debería ser pública.
EL LÍO EN EL SECTOR que supuestamente coordina Claudia de Icaza llega al extremo de que el INAH borró de sus archivos un contrato que el propio instituto había reconocido como verdadero.
ANTE ESTO resulta inevitable preguntar: si no tienen nada que ocultar, ¿por qué insisten en aventarse como Juan Escutia desde la torre del Castillo al abismo de la opacidad y la no rendición de cuentas?
CON EL ESCENARIO de Luis Donaldo Colosio buscando la candidatura emecista a la gubernatura de Sonora, se sacudiría fuerte el panorama naranja. De arranque porque se estaría imponiendo la estrategia de Jorge Álvarez Máynez, al evitar "poner todos los huevos en una canasta" y buscar expandir el dominio de MC a otros estados más allá de Nuevo León y Jalisco.
PESE A QUE en los corrillos naranjas nacionales señalan que los gobernadores llevan mano, lo que dejaría muy claro por quién se inclinaría Samuel García, habrá que recordar que en Jalisco no quedó el gallo de Enrique Alfaro.
UN DETALLE IMPORTANTE es que en la elección sonorense Colosio no tendría la carga negativa de Samuel. Peeero, según los que saben, para ganar en Sonora, hoy gobernado por el morenista Alfonso Durazo, el emecista tendría que buscar una alianza electoral para derrotar al partido guinda y a sus jueces.
Y AQUÍ es donde la puerca tuerce el rabo, pues Colosio tendría que abrir negociaciones con el alcalde panista de Hermosillo, Antonio "Toño" Astiazarán, quien es también un fuerte aspirante a la gubernatura.
COMO RESULTADO, la negociación de MC con el PAN en Sonora podría meterle ruido o bien encarecer la negociación de la alianza del PAN con el PRI en Nuevo León. Así que pónganse botas cómodas, que pa'l baile vamos.
POR CIERTO que en Michoacán parecen estar mucho más complicadas las cosas para los morenistas. Tan es así que el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, tuvo que pedir la intervención de la dirigencia nacional para poner orden entre sus filas.
ESPECIALMENTE por el lado del senador Raúl Morón, al que en Morelia ven como quien anda agitando las aguas. ¿Será?
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¿El fin del pretexto de la seguridad nacional?
Bajo Reserva// EL UNIVERSAL
Cada vez que usted pregunta casi cualquier cosa al gobierno federal intentando hacer valer el derecho a la información, por lo regular encontrará una férrea resistencia a entregar la información bajo el argumento de que los datos que solicita están reservados por motivos de seguridad nacional. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que alista la publicación de un decreto para garantizar el acceso a toda la información del gobierno, y proteger solo aquella información que realmente sea de seguridad nacional o que forme parte de un proceso judicial en curso. Suena excelente que el gobierno vaya a garantizar que no se blinde información pública y que solo se proteja aquella que en realidad ponga en riesgo la seguridad de la nación. Muy pronto se podrá comprobar si este decreto será tan bueno como suena y ayuda a detener la epidemia de negación de información pública bajo razones de seguridad nacional, o si solo se queda en una promesa.
Obligan a diputadas a disculparse con adultos mayores
Nos comentan que los ofensivos comentarios que expresaron las diputadas morenistas locales de Puebla Graciela Palomares y Nayeli Salvatori, quienes se burlaron de los adultos mayores, trascendió el ámbito del podcast donde los emitieron y llegó hasta la cúpula morenista. Las legisladoras vertieron expresiones como: “huelen a baúl”, al referirse a los hombres de la tercera edad, lo que generó críticas e indignación en redes sociales. Nos platican que tan grande fue el escándalo y el daño que se estaba causando a la imagen de Morena, que desde los altos mandos las obligaron a disculparse y les sacaron tarjeta amarilla, y les dijeron que si no quieren que les saquen la roja deben conducirse conforme a los principios y postulados del partido.
La CNDH hace campaña contra el PRI
Nos cuentan que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le dio por impulsar de nuevo la miniserie “Los años heridos”, que en 2024 se estrenó para retratar la época conocida como “la guerra sucia” en México. “El régimen del PRI hizo del olvido una estrategia”; “Reprimir para silenciar: el legado del PRI” son algunas de las frases con las que la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, publicita desde hace una semana la desempolvada serie que en su momento no contemplaba la referencia al partido tricolor. Como diría el clásico, la campaña de la CNDH le viene a Morena “como anillo al dedo” hoy que pelea con el PRI por llamarlo narcopartido.
Alcaldesa enfrenta un problemita de 500 millones de pesos
Un problema de 500 millones de pesos es el que hoy enfrenta la alcaldesa morenista de Iztapalapa Aleida Alavez Ruiz. Nos comentan que unos 50 proveedores que prestaron servicios, ejecutaron obra pública o suministraron bienes en dicha demarcación capitalina aseguran que les adeudan recursos que, en conjunto, superarían los 500 millones de pesos. De acuerdo con testimonios de los afectados, los servicios fueron solicitados por funcionarios de la alcaldía en distintos momentos, principalmente para atender necesidades urgentes detectadas durante recorridos territoriales, jornadas comunitarias y audiencias ciudadanas. Según su versión, las instrucciones consistían en resolver de inmediato las demandas de la población, con el compromiso de que posteriormente se formalizarían los procedimientos administrativos y la documentación necesaria para respaldar las contrataciones y pagarlas con recursos federales, pero hasta ahora, la alcaldía no les ha dado respuesta.
Estrictamente Personal
El gobierno contra Loret y Ciro/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, agosto 04, 2026 |
Hay un patrón que preocupa a quienes ejercen la libertad de prensa y a quienes la defienden, que tiene eventos que corren en paralelo. Algunos son públicos, como la discusión sobre la Ley de las Audiencias, pero otros se manejan con sigilo para que, envueltos en la secrecía, puedan caminar con éxito a su meta: inhibir la libertad de expresión y apoyar demandas contra los periodistas más críticos del régimen de la ‘4T’. Este último caso tiene dos objetivos, definidos y escogidos por la Presidencia: Carlos Loret y Ciro Gómez Leyva, aprovechando la coyuntura de que Israel Vallarta, que ganó fama pública por haber sido una de las personas acusadas de secuestro y detenido junto con la ciudadana francesa Florence Cassez en diciembre de 2005, piensa demandarlos por daño moral.
El caso Cassez tuvo múltiples ángulos e interpretaciones. Cassez se convirtió en un instrumento electoral del presidente Nicolas Sarkozy, cuya detención provocó un enfrentamiento con el presidente Felipe Calderón, quien se negó a extraditarla a Francia, bajo la Convención de Estrasburgo, para que cumpliera su sentencia en una cárcel francesa, y que fue resuelto por sus sucesores, François Hollande y Enrique Peña Nieto, mediante un acuerdo político que incluyó a la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro Arturo Zaldívar elaboró el famoso “efecto corruptor” para demostrar que la mediatización de su detención había alterado el debido proceso.
Es cierto que se alteró el debido proceso por parte de Luis Cárdenas Palomino, en ese entonces director general de Investigación de la Agencia Federal de Investigaciones, detenido en 2021 por el delito de tortura contra Vallarta y Cassez, entre otros señalados como miembros de la banda de secuestradores Los Zodiaco. El “efecto corruptor” de Zaldívar nunca se volvió a utilizar en ningún caso, reflejando la discrecionalidad y el interés político para construir un relato fácil de entender. Pero esa argucia parcial entre la Corte y la presidencia peñista ha perseguido a Loret por más de dos décadas, al ser acusado injustamente, hasta la fecha, de haber hecho un “montaje” para incriminarlos.
El coraje de Vallarta contra Loret tiene sus raíces en una transmisión en vivo en su noticiero en Televisa el 9 de diciembre de 2005, donde lo que se difundió no fue un montaje, sino una recreación, que no es lo mismo. La imputación de montaje ha sido utilizada para acusarlo de haber engañado a la audiencia, lo cual no existió porque en el momento de la transmisión aparecían en la pantalla los “súper”, que son los mensajes que aparecen en la parte inferior de la pantalla, en los que se informaba cuántas personas secuestradas había en la propiedad y cuántas personas habían sido detenidas. Lo que era un asunto de sentido común se convirtió en una cruzada de odio y desprestigio contra Loret.
Lo que se había hecho era una recreación de algo que ya había sucedido, lo que de ninguna manera justificaba, y menos aún eliminaba, la violación al debido proceso en el que había incurrido Cárdenas Palomino, cuya detención y proceso fue totalmente correcta en términos legales. Loret fue víctima de personas que tenían o se sumaron posteriormente al aparato de propaganda de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó a funcionar mucho tiempo antes de que fuera presidente; en particular, de Azucena Pimentel, su productora y quien estaba en la cabina ese día –por el cargo, ella debió ordenar los “súper”–, que sabía perfectamente lo que había sucedido y que, a partir de 2018, fue nombrada directora general de Producción en Comunicación Social en la Presidencia, bajo las órdenes de Jesús Ramírez Cuevas, hasta 2021.
Pimentel, que ha borrado de su ficha curricular su trabajo con Loret, por omisión o comisión alimentó la campaña permanente contra Loret, cuyo combustible de odio y linchamiento ha aportado Ramírez Cuevas, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió recientemente que se sume a la estrategia de apoyo jurídico por parte del gobierno a Vallarta para que lo demande junto con Gómez Leyva, quien, a lo largo de todos estos años, le ha dado espacio a las víctimas de Vallarta y Cassez, en particular a Cristina Ríos Valladares y Ezequiel Elizalde, que no han dejado de señalar la participación de la pareja en sus secuestros.
Vallarta dijo durante un reciente foro organizado y encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que preparaba las demandas por daño moral contra Loret, señalándose como víctima de “un montaje”, y contra Gómez Leyva y otros medios de comunicación porque considera que contribuyeron a afectar su imagen, manteniendo una narrativa que lo presentaba como culpable. Vallarta está en su derecho de ir por la vía legal contra ellos, pero la anomalía que envuelve su iniciativa es la disposición presidencial para que lo respalden jurídicamente.
Se desconoce si Vallarta está al tanto de la instrucción presidencial, donde la responsable de que se alineen los jueces en contra de los periodistas será la secretaria Rodríguez, que se formó, paradójicamente, en la prensa. También se desconoce por qué si la disposición se había planteado desde que lo liberaron, solo fue hasta las últimas dos semanas cuando se autorizó el plan, que llega en un momento de tensión del gobierno con medios, periodistas y expertos, que están criticando la iniciativa de la Ley de Audiencias, preparada para Sheinbaum por su comisario político, José Merino, y por el arquitecto del odio contra todo lo que no piense como López Obrador, Ramírez Cuevas.
La decisión de ir contra Loret y Gómez Leyva subraya la voluntad presidencial de entrar en confrontación con los medios y periodistas críticos, buscando provocar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, al explorar una nueva estrategia de presión mediante el apoyo jurídico a una demanda interpuesta por un particular. La libertad de expresión no se mide únicamente por la censura directa o a la previa censura, sino que incluye lo que se conoce como chilling effect, que inhibe, paraliza o silencia al periodista o a cualquier ciudadano, al provocar que se sientan disuadidos o intimidados para expresar libremente sus opiniones por miedo a consecuencias negativas, como la desaprobación de lo que piensan, linchamientos en las redes sociales, venganzas o, acciones legales, económicas o administrativas que sin prohibir expresamente su publicación –el argumento oficialista de que no hay censura en México–, desalientan el periodismo crítico o de investigación y amenazan sus libertades.#
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Sheinbaum y el control de la transparencia/Mario Maldonado
El Universal, | 04/08/2026 |
La presidenta Claudia Sheinbaum alista un decreto para redefinir qué información del gobierno federal podrá reservarse por razones de seguridad nacional o por estar vinculada con procesos judiciales y cuál no. En el sexenio pasado esa figura jurídica fue utilizada para acelerar obras, ocultar contratos y reducir la vigilancia sobre el gasto público, particularmente en proyectos administrados por las Fuerzas Armadas.
El punto de partida fue el 22 de noviembre de 2021, cuando Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo que declaró de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno. El documento abarcó sectores como aeropuertos, ferrocarriles, energía, turismo, comunicaciones, aduanas y medio ambiente, y ordenó a las dependencias otorgar autorizaciones provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El Tren Maya fue el caso más notorio. Fonatur, entonces dirigido por Javier May, avanzó con licitaciones, contratos, cambios de trazo y obras mientras se completaban estudios ambientales, consultas, la liberación de derechos de vía y la ingeniería básica. La consulta indígena de 2019 fue cuestionada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que advirtió que no había cumplido plenamente con los estándares internacionales.
El tramo 5 concentró buena parte de los litigios. Jueces federales concedieron suspensiones por la falta de autorizaciones ambientales y por los riesgos sobre cenotes, cavernas y ecosistemas de Quintana Roo. La respuesta del gobierno no fue ajustar el proyecto a los controles ordinarios, sino elevarlo a un asunto de seguridad nacional y acusar a organizaciones y particulares de intentar detener una obra estratégica.
En mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la parte central del acuerdo de López Obrador. Los ministros concluyeron que el Ejecutivo no podía ampliar por decreto las causas legales para reservar información y que la medida afectaba las atribuciones del INAI. El fallo se conoció el 18 de mayo. Ese mismo día, el gobierno publicó otro decreto que declaró como seguridad nacional la construcción, operación y mantenimiento del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
La seguridad nacional entonces dejó de proteger exclusivamente operaciones militares, instalaciones estratégicas o capacidades de inteligencia; también se utilizó para cubrir contratos de construcción, adquisiciones de materiales, operación de aeropuertos, trenes, hoteles y empresas comerciales. El Ejército y la Marina recibieron una cartera empresarial sin precedente, pero mantuvieron los criterios de reserva con los que tradicionalmente operan las instituciones de seguridad nacional.
El problema creció porque las Fuerzas Armadas ejecutaron obras y también comenzaron a administrar aeropuertos, aduanas, hoteles, líneas ferroviarias, parques turísticos y empresas públicas. A mayor participación económica debió corresponder mayor transparencia, pero fue todo lo contrario.
La desaparición del INAI fue otro retroceso. López Obrador impulsó durante años su extinción bajo el argumento de que era un organismo costoso e ineficaz. La reforma constitucional se aprobó al final de 2024, ya bajo la Presidencia de Sheinbaum, y sus funciones fueron trasladadas a distintas autoridades. En el ámbito federal, buena parte de la responsabilidad quedó dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro.
Antes, una dependencia podía negar información y un órgano autónomo revisaba esa decisión. Ahora, esa función recae en una secretaría que responde al Ejecutivo.
En ese contexto debe leerse el decreto que anunció la Presidenta, quien dijo que sólo aquello que realmente sea de seguridad nacional o forme parte de un proceso judicial no podrá darse a conocer. La frase puede anticipar una corrección frente a los excesos del gobierno anterior o una nueva etapa de concentración del control de la información.
Dicha interpretación tiene sentido, porque Sheinbaum enfrenta redes de corrupción, sobrecostos y contratos opacos que están drenando los recursos públicos. El gobierno necesita dinero y cada peso desviado limita su margen de maniobra.
La otra posibilidad es que la Presidenta no busque abrir la información, sino administrarla desde Palacio Nacional. Ambas hipótesis no son excluyentes: Sheinbaum puede querer combatir la corrupción y, al mismo tiempo, concentrar el control político de la transparencia.
La prueba estará en saber si Sedena, Marina, Pemex, las empresas militares y las dependencias federales van a tener que abrir los contratos a auditorías y al escrutinio público, y cuál es la reacción de los funcionarios y dependencias opacas. Ya lo veremos.
Posdata 1
Y mientras el gobierno de Rocío Nahle impulsa la idea de crear un padrón de periodistas buenos y malos en Veracruz, una investigación documentó que el gobierno federal destinó 45.4 millones de pesos para contratar la presentación del DJ Martin Garrix durante un evento realizado en el estado. El periodista Jorge García Orozco reveló que el contrato fue adjudicado en apenas 48 horas a una empresa vinculada con el grupo que opera el festival Corona Capital y otros espectáculos masivos.
La mandataria apareció en primera fila durante el concierto y en lugar de responder con transparencia y rendición de cuentas frente a investigaciones de interés público, desde el gobierno de Veracruz se abrió la puerta a un debate sobre la creación de un padrón de periodistas, una propuesta que despertó cuestionamientos por su potencial efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión. En el estado líder en homicidios de periodistas, cualquier mecanismo que permita al gobierno identificar, clasificar o registrar comunicadores merece el máximo escrutinio y condena.
A casi dos años de iniciado el gobierno de Nahle, los resultados siguen sin aparecer. La administración acumula al menos 12 cambios en secretarías, subsecretarías, direcciones y organismos públicos, una rotación que ha alcanzado áreas estratégicas como Salud, Educación, Finanzas, Turismo, Infraestructura y Comunicación Social. Lejos de transmitir estabilidad, los relevos constantes reflejan dificultades para consolidar un equipo de gobierno y ejecutar una agenda con resultados medibles.
Posdata 2
La familia Vizcarra puso en venta SuKarne, la mayor empresa cárnica de México, en una operación que podría superar los 2 mil millones de dólares, según la agencia Reuters. De concretarse, sería una de las transacciones corporativas más relevantes del año y una de las mayores desinversiones de una empresa familiar mexicana en las últimas décadas.
SuKarne es la principal exportadora de carne de México. Concentra alrededor del 75% de las ventas al exterior del sector y opera una cadena integrada que va desde la producción y engorda de ganado hasta el procesamiento y la comercialización en más de una decena de países. Esa posición explica la valuación que se analiza y el interés que podría despertar entre los grandes grupos internacionales, para los que México representa un mercado estratégico y una plataforma de exportación hacia Norteamérica.
En ese escenario, jugadores como JBS, Tyson Foods, Cargill o National Beef aparecen como los compradores estratégicos naturales por su escala, presencia regional y capacidad financiera, aunque hasta ahora no existe información pública que los vincule con el proceso. De concretarse, cualquier adquisición de ese tamaño también tendría que superar la revisión de las autoridades de competencia, dado el peso que SuKarne tiene en el mercado mexicano y en las exportaciones del sector.
Jesús Vizcarra Calderón ha construido durante décadas uno de los grupos agroindustriales más importantes del país, aunque su trayectoria también ha estado acompañada por algunas polémicas por su cercanía con actores políticos de Sinaloa y por las versiones que lo vincularon con Ismael “El Mayo” Zambada, señalamientos que el empresario ha rechazado públicamente.
Posdata 3
La gira de tres días de la presidenta Claudia Sheinbaum por Oaxaca dejó un mensaje político y anuncios de inversión. El más relevante fue el compromiso de destinar 37 mil 800 millones de pesos para infraestructura carretera en la Mixteca, una de las regiones con mayores rezagos históricos del país y donde la conectividad ha sido una de las principales limitantes para el desarrollo económico. A ello se sumó un programa de vivienda con una inversión de 5 mil 362 millones de pesos para construir 8 mil 938 viviendas en beneficio de más de 35 mil 700 personas. Se trata de dos de los proyectos de mayor alcance anunciados para la entidad en lo que va del sexenio.
Los recursos comprometidos confirman que Oaxaca se mantiene entre las prioridades del gobierno federal —por los proyectos estratégicos heredados de la administración anterior, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec— y por la apuesta a infraestructura social y carretera en regiones que durante décadas registraron bajos niveles de inversión pública. La presencia de tres secretarios de Estado y cuatro directores generales del gobierno federal reforzó el mensaje de coordinación entre ambos gobiernos.
La visita también contribuyó a desactivar las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Palacio Nacional y el gobernador Salomón Jara. Con todo y las protestas de integrantes de la CNTE, no se alteró la agenda presidencial. Sheinbaum, por cierto, ofreció recibir a una representación del magisterio en Palacio Nacional en los próximos días.
@MarioMal
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El Ministerio de la Verdad con Ventanilla
Decía George Orwell que, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Pero hoy, en México, resulta que el mayor fabricante de mentiras acaba de inaugurar su propio Ministerio de la Verdad... nada más que con ventanilla de trámites, sellos y formatos por triplicado.
Ya nos lo advirtieron los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: las democracias del siglo XXI no mueren por invasiones ni por tanques militares en las calles; mueren desde adentro. Y el texto que publica hoy el notario Ignacio Morales Lechuga en El Universal lo desnuda de manera perfecta. El autoritarismo en este país ya no necesita militares pateando la puerta de una redacción ni "cuartelazos". Le basta, y le sobra, con una circular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Nada más.
Bajo el manto anestésico de los "derechos de las audiencias", el civismo y la autorregulación, el oficialismo nos quiere vender una mordaza con moño. Y a diario nos repiten que no hay tal censura... pero las alarmas se encienden cuando la supuesta defensa de estos lineamientos se mezcla con un discurso oficial que, un día sí y otro también, acusa a los medios de "mentir todo el día". Se sugiere, de manera velada, que la única "verdad" es la que se dicta desde el atril de la conferencia matutina.
¡Y ahí radica el verdadero peligro!
Es la hipocresía en su máxima expresión. Los arquitectos de los "otros datos", los mismos que llevan ocho años peleados con la realidad y destruyendo la transparencia, ahora quieren erigirse como los auditores de nuestra veracidad.
¡Cabrones!, con todo respeto. Pero es el colmo del cinismo.
La trampa, hay que decirlo, es siniestra por lo sutil. Usan conceptos deliberadamente ambiguos, como "contexto" o "verdad", para intentar ponerle una soga al cuello a los medios; radio y TV. Funciona así: el periodismo no es una ciencia exacta de ecuaciones cerradas; si publicas algo que incomoda al poder, el gobierno, administrativamente, te etiqueta de "falso". Y como no hay un tercer árbitro independiente neutral, el medio queda acorralado. O te retractas, te hincas y asumes la narrativa oficial, o te aplican sanciones hasta asfixiarte financieramente y quebrarte. El gobierno es juez, parte y verdugo.
El jurista Carl Schmitt - comenta Nacho-, lo definió con crudeza: el verdadero soberano no es el que redacta la ley, sino el que tiene el poder de decidir sobre la excepción cuando la regla es imprecisa. Y hoy, la excepción es cualquier nota que desmienta su narrativa. Nos están llevando, calca por calca, al espejo de la "Ley Mordaza" de Venezuela en 2004, que con la misma bandera de la "responsabilidad social" terminó exterminando a toda la prensa crítica.
Están invirtiendo los papeles por completo. Pero lo más grave es que nos venden la conferencia de la Presidenta Sheinbaum como un "derecho de réplica". Se les olvida, convenientemente, que el derecho a la información lo inventamos los ciudadanos para auditar y defendernos del poder. No se inventó para que el poder —dotado de todo el aparato del Estado, el presupuesto público y en cadena nacional— nos regañe o fiscalice a la sociedad.
Como bien decía Octavio Paz, el "ogro filantrópico" te asfixia abrazándote; recubre su vocación autoritaria con el lenguaje de la protección ciudadana. Esta República no va a morir de un balazo ni de un golpe traumático. Va a morir de inanición cívica; va a morir mientras nosotros aplaudimos que la jaula sigue abierta... olvidando por completo que ellos son los que tienen la llave.
El auditor de la verdad/Ignacio Morales Lechuga
ElUniversal,| 04/08/2026 |
El despotismo moderno ha sustituido la brutalidad del cuartelazo por la sutileza del trámite. La administración pública federal legisla hoy mediante acuerdos, circulares y disposiciones administrativas, saltándose peligrosamente el proceso legislativo. Ejemplo de ello es el acuerdo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para abrir a consulta pública sus Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, mismo que la Presidenta de la República presentó bajo el manto sedante del civismo, la autorregulación y el derecho constitucional a información veraz.
A primera vista, el anteproyecto enarbola causas nobles: distinguir la publicidad del contenido, identificar espacios de opinión y garantizar el derecho de réplica. La ironía resulta manifiesta e indignante cuando la supuesta propuesta a favor de la veracidad proviene, paradójicamente, de los mismos inventores de la mentira contumaz que ha cultivado desde hace ocho años la narrativa de los “otros datos”.
Resulta paradójico que el Estado, señalado sistemáticamente como el ente más opaco, se arroga ahora la potestad de fijar el "rasero de la mentira" y exige un estándar de veracidad y transparencia bajo la amenaza del ahogamiento financiero; medida que a todas luces violenta el derecho humano a la información y el artículo 6° constitucional que salvaguarda la libre manifestación de ideas. Con esta maniobra burocrática, el gobierno olvida que el derecho a la información es una garantía a cargo del Estado frente a los ciudadanos, no un derecho del Estado para fiscalizar a la sociedad.
El oficialismo asegura que no busca la censura, pues de haber sido esa la intención, cuenta con los instrumentos legales para hacerlo; haciendo parecer que la libertad de prensa ya no es un derecho inalienable, sino una concesión graciosa del Ejecutivo, invitándonos a celebrar que la jaula permanezca abierta, sin apreciar que la mano que sostiene la puerta conserva la facultad de cerrarla a conveniencia.
El riesgo más grande está en que el documento articula un dispositivo sancionador sobre conceptos deliberadamente ambiguos como “verdad” o “contexto”. Si una nota, reportaje o transmisión afecta al gobierno y éste la califica administrativamente de "falsa", el medio queda acorralado ante dos únicas salidas: retractarse y plegarse a la versión oficial, o enfrentar sanciones que comprometen su permanencia. No existe un tercer árbitro independiente entre el criterio del gobierno y el concesionario. En los hechos, el propio procedimiento de queja (artículos 41 al 51 del anteproyecto) coloca la decisión última en manos de la autoridad, convirtiendo la "veracidad" en una vara que el gobierno aplica con rigor contra los demás y elude convenientemente para sí mismo.
Al prohibir la información “descontextualizada” o “falsa” y exigir probar su veracidad, la CRT asume un monopolio semántico a sabiendas de que el periodismo no es una ciencia exacta de ecuaciones cerradas; evaluar administrativamente la “porción de realidad” que un medio decide publicar no es regular: es apropiarse de la narrativa pública. Como advertía Carl Schmitt, el verdadero soberano no es quien redacta la norma general, sino quien se reserva la facultad de decidir sobre el estado de excepción cuando la regla resulta imprecisa.
Al describir la erosión democrática moderna, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt señalan que los regímenes del siglo XXI no caen por invasiones externas, sino que se quiebran desde adentro mediante el sofocamiento gradual de sus contrapesos: la captura de los órganos autónomos, la coerción del Poder Judicial y la consolidación de un entorno institucional diseñado para desarmar la disidencia. El espejo venezolano de la Ley Mordaza de 2004, que bajo el pretexto de la “responsabilidad social” y la “veracidad” derivó en la asfixia del ecosistema de medios críticos, ofrece un mapa histórico demasiado claro para ignorarlo.
En una sociedad lastimada por la desigualdad y el desencanto con las instituciones, el discurso oficial transforma el ataque a la prensa en una supuesta revancha popular contra las élites. Mientras tanto, el poder invierte los papeles para victimizarse: la conferencia matutina se presenta como un “derecho de réplica” de la jefa de Estado, prerrogativa de la cual el Estado no goza; esta garantía es un derecho del ciudadano indefenso contra el poder del gobernante dotado de presupuesto público y cadena nacional.
Al final, el Estado mexicano se convierte cada vez más en el ogro filantrópico que Octavio Paz describió con lucidez; recubre su vocación autoritaria con el lenguaje de la protección ciudadana y la ética pública. El ogro no necesita tanques en las calles; le basta redactar transitorios, emitir circulares, exigir sellos de ventanilla e imponer la sumisión. Cuando se impone un guardián de la verdad designado por el Ejecutivo, la república no muere de un golpe traumático, sino por inanición cívica, disuelta en la cómoda ilusión de la tutela estatal.
Notario y exprocurador de la República
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Lo que comparte Trump/Jorge Fernández Men+endez
Excelsior,
El domingo el presidente Donald Trump decidió compartir en su red Truth Social, un texto del periodista Bill O’Reilly que califica a México como un no aliado, un país que no es amigo de los Estados Unidos, acusa de corrupción a su gobierno y critica a la presidenta Sheinbaum por rechazar la intervención contra los cárteles. El texto se concentra sobre todo en la presión de Washington y la negativa mexicana a permitir la entrada de fuerzas estadounidenses para combatir el narcotráfico.
O’Really, que llegó a ser el comunicador más influyente de los Estados Unidos desde Fox News de la derecha extrema, ya no es lo que era. Tuvo que salir de Fox News en medio de denuncias por acoso sexual, y luego tuvo diferencias con el propio Trump, aunque se han vuelto a acercar en los últimos tiempos. Pero no es la voz conservadora más influyente en los medios. Son muchos los que dentro y fuera de la Casa Blanca opinan lo mismo que O’Reilly y que tienen mucho más peso, pero lo destacado de esto, no es sólo que Trump compartiera el texto, sino que el artículo había sido publicado en marzo pasado: por alguna razón Trump decidió mandar un mensaje directo con un texto escrito hace meses.
Puede haber distintas respuestas, pero una es indiscutible: la administración Trump está profundamente molesta con el gobierno de Sheinbaum por varias razones, pero tres son fundamentales: primero, por la negativa a desmantelar las redes políticas de complicidad y protección de los grupos llamados narcoterroristas. La protección al gobernador Rubén Rocha, al senador Enrique Inzunza, y a muchos otros, es tan significativa como la negativa de dar el paso que lleve a los verdaderos autores intelectuales en la política michoacana del asesinato de Carlos Manzo. La destrucción de esas redes no es un capricho de Trump, es parte sustancial de la estrategia hemisférica del gobierno estadounidense, que trascenderá la actual administración. En eso no darán un paso atrás.
Un segundo tema, íntimamente relacionado con el anterior es la política exterior, que es reflejo de la interior, del gobierno federal. Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que México “es amigo de todo el mundo”. Pero no es así, no tenemos relación con Ecuador, con Perú, con Bolivia y con Argentina está tomada con alfileres. Quien sabe cómo estarán las cosas con Colombia después del 7 de agosto, cuando asuma el presidente conservador Abelardo de la Espriella. Con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador prácticamente no tenemos relación. Con España seguimos en conflicto, aunque atenuado por la visita de Felipe VI, por la llegada de Cortés hace 500 años. Jamás hemos condenado firmemente la invasión rusa a Ucrania, ni mostrado solidaridad con ese país, como la tenemos con todo tipo de excesos con Cuba o incluso Nicaragua: jamás se ha condenado a esas dictaduras e incluso ante la decisión de Daniel Ortega de acabar con las elecciones en su país, la presidenta Sheinbaum se limitó a decir que se respetara lo que el pueblo nicaragüense quiera, olvidando que el problema es precisamente que la dictadura le impide al pueblo desde votar hasta opinar.
Un tercer tema tema demuestra la poca sensibilidad sobre el contexto que estamos viviendo: la presidenta Sheinbaum no irá a la asamblea general de la ONU en septiembre, tampoco tenemos una candidatura viable para la elección del nuevo secretario general, que deberá ser, se supone, ella o él, latinoamericano, pero se anunció que sí irá en noviembre a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará en Shenzhen, en China. El motor económico principal de la APEC es China, que utiliza ese foro para expandir su liderazgo comercial, contrarrestar la influencia de Estados Unidos y promover sus propios megaproyectos de infraestructura global. Las demandas de Estados Unidos respecto a la relación de México con China son claves en la negativa a la prolongación del TMEC.
Quién sabe si Trump tenía todo eso en mente cuando compartió el texto de O’Reilly, pero no hay duda de que esa es la visión que tienen en Estados Unidos de la relación con México.
Los migrantes
La invasión de migrantes que sufrió Ceuta, ese pequeño enclave español en el norte de Africa, nos hizo recordar las caravanas migrantes que se vivieron en México en los últimos meses de 2018 y los primeros de 2019, cuando el gobierno de López Obrador comenzó su administración prometiendo fronteras abiertas y libre paso a los migrantes, como una forma de presionar a Estados Unidos. Muy pronto comprendió que eso era inviable, en términos internos y externos: para el país era una evidente vulneración de su seguridad nacional básica, para Estados Unidos un desafío político que Trump, que había hecho campaña promoviendo el muro con México, no podía aceptar. La política migratoria en nuestro país dio un giro de 180 grados. Pero los migrantes siguieron llegando, y el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca, que había prometido revisar las políticas migratorias de Trump, alimentó aún más ese flujo. El segundo gobierno de Trump cambió ese escenario.
Nadie sabe cuántos migrantes llegaron a México tratando de ir a los Estados Unidos ni cuantos se lograron establecer al otro lado de la frontera. Pero fueron centenares de miles por políticas doblemente irresponsable. Lo ocurrido allá en Ceuta se parece demasiado, incluyendo la irresponsabilidad de los dos gobiernos a lo que aquí se vivió.
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La UNAM: coordinador de gestión/Guillermo Sheridan
EL UNIVERSAL,| 04/08/2026 |
He trabajado en la UNAM casi 50 años y he escrito mucho sobre ella. Es mi segundo país, en tanto que tiene territorio, himno, leyes, policía, TV, sistema de gobierno, contralores, ambulancias, clases sociales, políticos y hasta territorio en rebeldía. Recuerdo haber escrito:
—El debate político viene desde 1933, cuando la polémica entre Caso y Lombardo sobre si debe generar y difundir conocimiento sin meterse en política. De ahí la consigna “la UNAM no es democrática”, con la revolvente fantasía de que todo debe someterse al voto “popular” de académicos, estudiantes y trabajadores. Si la UNAM sirve para educar e investigar, que es lo mejor que tiene, conserva una plusvalía política, que no es lo mejor que tiene.
—En 1986, el rector Carpizo publicó Fortaleza y debilidad de la UNAM. Un diagnóstico inclemente que concluyó: es “una universidad gigantesca y mal organizada” y que era necesario “lograr que los estudiantes estudien, que los profesores enseñen y que los investigadores investiguen” porque se corría el riesgo de que se la expropiara un partido político. Pedía evaluar con verdad y rigor, condicionar el pase reglamentado a un promedio de 8, limitar el “derecho” a reprobar y a los exámenes extraordinarios. Y, claro, cobrar colegiaturas a los favorecidos para subvencionar a los desfavorecidos. Los activistas cerraron la UNAM en nombre del pueblo y creó legislación: los movimientos estudiantiles tienen derecho de veto y son más autónomos que la UNAM.
—En 1990 el rector José Sarukhán convocó a “academizar” a la universidad, otra frase asombrosa. Se reconocía que en los hechos conviven el conocimiento y sus reglas con el poder político y las suyas, y que esa pugna desacademiza. Claro, una universidad puede seguirlo siendo sin política, pero no sin academia y los políticos nunca se quejarán de que la academia los despolitice. En 1999, otro movimiento estudiantil confiscó la UNAM durante 10 meses. Cada día laborable en “paro” le costaba a la UNAM 170 millones diarios, según su presupuesto de entonces.
—En su Estatuto General, la UNAM se ordena a sí misma acoger en su seno “con propósitos exclusivos de docencia e investigación todas las corrientes del pensamiento” y, por lo mismo ordena tajantemente que no hay cabida para “las actividades de grupos de política militante”. Eso no impide a muchos ideólogos usar sus cargos de poder en la UNAM para impulsar sus revoluciones (o transformaciones, como se dice ahora).
—Oponerse a los exámenes de ingreso, a las competencias y a la productividad (concluyen los ideólogos de la 4T que aconsejan hacer trampa) es luchar contra el capitalismo neoliberal porque para ellos la UNAM tiene misiones religiosas, no tareas académicas.
—Las solicitudes de ingreso se concentran en pocas carreras. Casi todos quieren ser médicos, abogados, contadores o ingenieros. Habrá que concluir que muchos están contagiados por la mentalidad eficientista del mercado.
—Crear la categoría del “académico-administrativo” cambió valores: el poder administrativo convive con una burocracia vitalicia que crece más rápido que los académicos. Desacademiza, pues. Un profesor de asignatura gana menos que un “intendente”. Habría que quitarle atractivo a la carrera del administrativo y agregárselo a la del académico. Administrar academia debería carecer de beneficios, ser obligatorio y transitorio.
—En la página de transparencia.unam se lee que el académico mejor pagado (nivel 9 de los 9 que hay) tiene un salario inferior al de 41 de los 44 niveles que hay en el catálogo de funcionarios, por ejemplo el de “Coordinador de gestión”…
¿continuará?
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Audiencias con mayores derechos/Ulises Lara López
El Universal, | 04/08/2026 |
La reforma en telecomunicaciones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió una discusión que hacía falta. Durante años defendimos la libertad de expresión de periodistas, conductores y medios, como corresponde en una democracia. Con el tiempo, sin embargo, algunos espacios confundieron esa libertad con ausencia de responsabilidad y aprovechan hoy la falta de contrapesos para presentar versiones, intereses o acusaciones como si fueran información plenamente comprobada.
Frente a esos excesos, también debemos mirar hacia quienes reciben la información. Nos referimos a las personas que ven los noticieros todos los días, revisan los periódicos para mantenerse informados o usan las redes sociales para conocer los temas de actualidad. Todas y todos tenemos derecho a distinguir una noticia de una opinión, saber cuándo un contenido fue pagado y conocer si una afirmación está comprobada o todavía depende de fuentes que no pueden hacerse públicas.
Nada de esto parece extraordinario. Sin embargo, basta encender la radio o la televisión para advertir que esas diferencias no siempre están claras. Una versión se vuelve encabezado, el encabezado se repite durante horas y, cuando aparece un desmentido, suele ocupar mucho menos espacio que la afirmación inicial.
Por ello, la propuesta que hoy se consulta tiene aspectos valiosos. Por ejemplo, reconoce a las audiencias, un hecho ya relevante en sí mismo; pero también fortalece a las defensorías de la audiencia y abre vías más precisas para reclamar cuando un medio no corrige, no aclara o no distingue con honestidad entre información y opinión.
Por supuesto, también hay riesgos presentes, pues la historia nos ha enseñado que una norma mal escrita puede volverse una herramienta para castigar una investigación periodística que incomoda al poder. Por eso conviene que la consulta no pase inadvertida.
Las defensorías necesitarán una independencia real para poder revisar cómo se tomó una decisión editorial, pedir explicaciones y publicar conclusiones, aunque no gusten a la empresa; de otro modo, terminarán convertidas en simples departamentos de quejas.
Las faltas tienen que ser claras. Un medio no puede ser sancionado porque una noticia moleste o porque una opinión resulte severa. Deben existir hechos comprobables: publicidad presentada como información, acusaciones difundidas como hechos sin sustento suficiente o errores acreditados que se dejaron circular sin corrección.
Las sanciones tampoco pueden aplicarse del mismo modo a todo. No es igual equivocarse en una cifra y corregirla al día siguiente, que sostener durante semanas una versión falsa. En muchos casos bastará con actualizar, aclarar o conceder una réplica. Las multas deben reservarse para conductas graves o repetidas.
El periodismo de investigación, la crítica, el análisis y la sátira necesitan protección; la nueva regulación debe mantener el ejercicio de realizar preguntas incómodas, pero tampoco puede usarse la palabra “opinión” para disfrazar hechos que nunca fueron comprobados.
Después de muchos años mirando estos asuntos desde las instituciones, quizá conviene comenzar a verlos también desde el lugar de quienes reciben sus decisiones. La información no pertenece al gobierno ni a los medios. Mucho menos a quienes alguna vez ocupamos una oficina pública. Pertenece a la sociedad, y en estos tiempos de noticias falsas y posverdad, es urgente garantizarle los medios necesarios para distinguir una intención de un hecho.
Académico
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Baja de homicidios
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
EN REFORMA
"No hay más violencia, hay más homicidios".Andrés Manuel López Obrador, 6.05.2024
El INEGI ha confirmado el descenso de homicidios dolosos en el gobierno de Claudia Sheinbaum, después de que con Andrés Manuel López Obrador se registraron los niveles más altos con las series estadísticas actuales.
En 2025 tuvimos 27,989 defunciones por homicidio doloso, significativamente menos que los 33,350 de 2024. El nivel más alto ha sido el de 2020, con 36,773. En tasas ponderadas, en 2019 hubo 29 homicidios por cada 100 mil habitantes, 26 en 2024 y 21 en 2025.
Son cifras preliminares del INEGI. El número de 2025, 27,989, contrasta con los 23,611 que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 4,378 menos. No es una diferencia menor. El INEGI contabiliza actas de defunción y certificados forenses, mientras que el Secretariado considera carpetas de investigación de las fiscalías.
La presidenta Sheinbaum tiene razón en festejar esta baja, pero las cifras dependen de las fuentes. Si no hay un acta de defunción, no hay un homicidio doloso para el INEGI. Si una persona desaparece, pero no se encuentra su cuerpo, la carpeta de investigación no será por homicidio sino por desaparición, y no aparecerá en las cifras del Secretariado.
Los datos del INEGI arrojan una reducción de homicidios de 27.5 por ciento entre 2019 y 2025, pero las desapariciones del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas muestran un aumento. "Cuando se observan únicamente los homicidios o únicamente las desapariciones, se obtiene una visión parcial, pero cuando se analizan homicidios y desapariciones de manera conjunta aparece una narrativa mucho más completa de la violencia en México", ha escrito Edu Rivera (@edusax79), un analista independiente.
En 2019 hubo 8,390 personas desaparecidas no localizadas, muchas probablemente asesinadas, pero en 2025 la cifra se elevó a 12,872. Los reportes de "otros delitos que atentan contra la vida o integridad corporal" pasaron de 10,269 a 17,288 (México Evalúa). Por eso hay que evitar el optimismo ciego ante las cifras de hoy.
Si sumamos los homicidios dolosos de 2019 del INEGI (36,661) y los desaparecidos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (8,390) tendremos un total de 45,051, pero en 2025 la suma baja a 40,861. Hay una mejoría, pero solo de 9.3 por ciento.
Una pregunta relevante es por qué han caído los homicidios. La presidenta Sheinbaum lo atribuye a la "atención a las causas", esto es, a sus programas sociales, y a una política de "cero impunidad". Que no mantenga la estrategia de abrazos y no balazos de AMLO claramente ayuda, pero no se ha presentado ningún estudio o indicio que sugiera que los programas sociales han ayudado a disminuir los homicidios. López Obrador sostenía que había que repartir dinero para reducir la violencia, con la idea de que los pobres cometen más delitos que los demás, pero no hay información estadística que lo avale. En El Salvador, de hecho, la pobreza se ha mantenido constante, pero los homicidios bajaron de 103 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 1.3 en 2025. Es una reducción de 98.7 por ciento (Statista).
El número de homicidios diarios bajó de 42.8 con Salinas a 27.6 con Fox para subir a 54.9 con Calderón, 71 con Peña y 95.1 con López Obrador. Sheinbaum lo ha bajado, hasta el 30 de julio de 2026, a 67.1 (@edusax79). No son cifras que se presten a una interpretación ideológica, como pretende la Presidenta.
· GUERRA CRISTERA
Hace 100 años, el 31 de julio de 1926 Plutarco Elías Calles decretó una ley que restringía la libertad religiosa. El 3 de agosto estalló una revuelta popular: la guerra de los cristeros. Murieron en tres años en enfrentamientos unos 60 mil combatientes católicos y 25 mil soldados; 150 mil civiles fallecieron por hambre, enfermedades, fusilamientos o persecuciones; un cuarto de millón huyó a Estados Unidos. La intolerancia tiene costos.
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