Libano

Libano en la tormenta/Georges Corm, ex ministro de Economía de Líbano. Autor de El Líbano contemporáneo. Historia y sociedad, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2006.
Tomado de LA VANGUARDIA, 24/05/2007;
La desestabilización de Líbano, iniciada a raíz de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre del 2004 e intensificada por el asesinato de Rafiq al Hariri en febrero del 2005 y de los que le han seguido prosigue a un ritmo más inquietante que antes. Lo cierto es que ahora se ha subido un nuevo peldaño. El pequeño ejército libanés ha desempeñado un papel clave desde hace dos años, garantizando eficazmente la seguridad en el ámbito del territorio libanés. Ha logrado además mantenerse neutral entre las distintas facciones libanesas, garantizado la protección de las diversas manifestaciones e impidiendo que se descontrolaran las convocatorias multitudinarias tanto de los elementos prooccidentales que gobiernan el país de forma controvertida como de los de la oposición calificada de prosiria.
Ante una situación explosiva creada por una grave crisis constitucional que sacude el país desde noviembre del 2006 (véase La Vanguardia,14/ II/ 2007), las fuerzas armadas han procedido a garantizar a toda la población unos espacios de libertad para manifestarse y celebrar protestas callejeras. Ya lo habían hecho en el 2005, cuando se produjo el asesinato de Hariri, que, por otra parte, provocó la caída del gobierno bajo la presión de los manifestantes. Y lo han hecho de nuevo desde diciembre del 2006, cuando la oposición empezó a organizar grandes manifestaciones, mostrando una actitud de protesta permanente en la calle (acampadas) que persiste en la actualidad. Pero ahora el Gobierno libanés, pese a la dimisión de los ministros de la comunidad chií y de un ministro de la comunidad griega ortodoxa, se niega a irse o a ampliar el propio Gobierno para adoptar el carácter de un gobierno de unidad nacional pese a las manifestaciones y la persistencia de la protesta callejera de los partidos de la oposición. El Gobierno, que ha perdido su legitimidad multicomunitaria, rechaza el llamamiento de la razón, seguro del apoyo de Estados Unidos y de los países de la UE.
Las fuerzas armadas libanesas, instruidas sin la debida preparación en caso de un enfrentamiento militar con los elementos armados del movimiento terrorista y yihadista llamado Al Fatah al Islam - que se autocalifica de grupo disidente del Al Fatah palestino-, se ven en peligro tanto en el plano político como militar. En el plano político, el asedio a un campo palestino rebosante de civiles recuerda demasiado los sufrimientos y penalidades palestinas en suelo libanés (entre 1975 y 1990) y, por descontado, en la Palestina ocupada. Si el enfrentamiento se prolonga y el número de víctimas civiles palestinas sigue aumentando, la notable reputación de las fuerzas armadas libanesas quedará empañada. Es más, las fuerzas armadas libanesas, que ya poseen numerosos efectivos inmovilizados en el sur a solicitud de las Naciones Unidas y de las potencias occidentales pero también en la capital, Beirut, y en todos los grandes núcleos urbanos a fin de mantener la paz civil, deberán concentrarse en el norte, disponiendo así al máximo de sus efectivos y recursos ya limitados o bien recurriendo a los existentes en otras zonas neurálgicas. Existe además el riesgo de que el malestar y la inquietud se extiendan a otros campos palestinos. Es patente que la provocación a las fuerzas armadas libanesas por parte del grupo Al Fatah al Islam no es inocente. Es más, objetivamente conviene a todos aquellos que en el interior del país - como en Israel o en Occidente- se hallan contrariados y chasqueados por la permanente cooperación entre las fuerzas armadas libanesas y Hizbulah. Algunos, en efecto, se figuraron ingenuamente que las fuerzas armadas libanesas se lanzarían a la aventura suicida de retirarle sus armas a Hizbulah, factor que constituiría la vía abierta a la guerra civil interna; otros han considerado o incluso deseado que las fuerzas armadas libanesas impidan que prosigan las manifestaciones y protestas callejeras.
De modo que, y siendo así que tales deseos no se han cumplido, ¿qué más fácil que intentar instruir a las fuerzas armadas libanesas para enfrentarse a los campos palestinos y, en caso de fracaso, desarmarlas y condenarlas en razón de su ineficacia para hacer aplicar la famosa resolución 1559 y la más reciente, la llamada 1701? Tal o cual campo se hallaría libre y expedito para otra intervención israelí u otra solicitud del Gobierno libanés - de legitimidad impugnada y discutida- de envío de nuevos contingentes militares internacionales que se desplegarían también junto a la frontera con Siria, país acusado de fomentar la agitación.
Y todo ello tiene lugar cuando la cuestión del tribunal internacional para juzgar a los asesinos de Hariri sigue suscitando nuevas polémicas internas libanesas y también en el seno del Consejo de Seguridad. No cabe olvidar tampoco que el muy serio y solvente periodista estadounidense Seymour Hersh ya nos advirtió el pasado mes de marzo de que algunos departamentos de la Administración estadounidense y un miembro muy influyente de la familia real saudí (el príncipe Bandar ben Sultan, ex embajador en Washington) han decidido facilitar la entrada y financiación en Líbano de grupos suníes yihadistas terroristas, sobre todo Al Fatah al Islam, hostiles a los chiíes, para poner en aprietos a Hizbulah y atizar las tensiones entre suníes y chiíes en Líbano (S. Hersh, “The redirection”, The New Yorker,5/ III/ 2007).
¡Pobre Líbano, recen por él!

Al Qaeda en Siria

Al Qaeda en Siria/Florentino Portero, analista del Grupo de Estudios Estratégicos GEES
Tomado de ABC, 24/05/2007;
La historia del Líbano ha sido trágica y su futuro inmediato puede mantenerse en la misma tónica. Tras un inicio esplendoroso, que le hizo merecedor de ser considerado la Suiza del Mediterráneo, resultó evidente que los presupuestos sobre los que se había creado este hermoso estado eran inconsistentes. Tras la caída del Imperio Turco, Francia se convirtió en la potencia administradora. Llegado el momento de la independencia, Líbano, con mayoría cristiana y volcado al Mediterráneo, adoptó una política pro-occidental, apoyada en las extraordinarias condiciones para el comercio de sus habitantes, demostradas a lo largo del tiempo, desde sus antepasados fenicios a los muchos grandes empresarios de origen libanés presentes en los mercados de todo el mundo. Cristianos maronitas y, en menor medida, árabes sunitas formarían la elite político-económica del joven país, con un proyecto común y una cultura política predemocrática que alentaba grandes esperanzas de futuro.
La convivencia entre unos y otros sufrió una serie crisis en julio de 1951 y finalmente estalló a partir de 1975 por culpa de un intruso: los refugiados palestinos. Arafat hizo del Líbano su cuartel general y la plataforma desde donde atacar a Israel. La respuesta israelí junto con las tensiones internas producidas por la autonomía con que actuaban las milicias palestinas hizo inviable la convivencia y dio paso a la guerra civil.
Siria, que nunca aceptó la «segregación» del territorio libanés y ha hecho de su recuperación un objetivo estratégico, e Irán, que aspira al liderazgo dentro del Islam, encontraron su gran oportunidad en la guerra civil libanesa. Para el gobierno de Damasco el conflicto era la prueba de que el Líbano no tenía sentido como estado y que las comunidades que lo conformaban sólo podrían convivir bajo su autoridad. Fue entonces cuando el ejército sirio ocupó Líbano, poniendo fin a la guerra. A los ayatolás iraníes, el auge de la comunidad chiíta les permitió infiltrarse, provocar una escisión del tradicional partido Amal y crear desde su embajada Hizbolá: un partido que al mismo tiempo es una organización terrorista, una milicia, un grupo multimedia, un sistema de asistencia…, que representa el programa islamista de los ayatolás y que se ha trasformado en una ONG capaz de actuar en cualquier parte del mundo. Su ejército privado, formado por la Fuerza al-Quds, la división internacional de la Guardia Revolucionaria iraní, es un ejemplo de adiestramiento, moral de combate y capacidad técnica. No sólo es muy superior al ejército libanés, es que éste último está compuesto mayoritariamente por chiítas que difícilmente aceptarían luchar contra sus hermanos.
La vida es cambio y una de sus formas más expresivas es la demografía. Cristianos y sunitas tienen menos descendencia que los chiítas, hoy el sector mayoritario y, no por casualidad, el menos desarrollado cultural y económicamente. En conjunto, los musulmanes son muchos más que los cristianos y, dentro de los primeros, los chiítas reivindican su liderazgo. Sus demandas cuentan con el apoyo concertado e interesado de sirios e iraníes, que han utilizado el asesinato político como un instrumento habitual. Sin embargo, la muerte violenta del dirigente sunita Hariri despertó tal reacción internacional que el Consejo de Seguridad forzó a Siria a retirarse del Líbano y avaló la vuelta a un sistema representativo.
Damasco fue humillada pero no derrotada. Las labores para desestabilizar el régimen comenzaron de inmediato, al tiempo que Hizbolá provocaba un nuevo conflicto con Israel, que le ha deparado un gran éxito político y un incremento de su influencia interna.
Líbano tiene problemas propios junto con otros compartidos con el resto del mundo árabe. Allí, como en otros muchos países, los islamistas han crecido en número, tanto entre los sunitas como entre los chiítas. Si Hizbolá representa el radicalismo en su versión chiíta, los hermanos musulmanes y al-Qaeda son su contrapartida sunita. Todos ellos tienen en común el rechazo a lo que entienden como valores occidentales y la reivindicación de una interpretación fundamentalista del Corán. Pero sus estrategias políticas son, a menudo, muy distintas. Como fundamentalistas ven al «otro» como un hereje que debe ser exterminado lo antes posible. En su rechazo a los «valores occidentales» unos asumen más que otros la realidad del estado frente a la Umma y el Califato. Tampoco los intereses de sus padrinos coinciden en el largo plazo. Mientras Irán busca la formación de estados con gobiernos chiítas islamistas, Siria trata de utilizar a unos y otros para justificar una nueva invasión, imponer su autoridad y, llegado el momento, aplastar a todos estos movimientos con la bendición de Occidente (incluido Israel).
Los estados árabes han impedido la integración de los refugiados palestinos y mantenido sus «campos», bajo financiación internacional, como medida de presión sobre Israel. El resultado ha sido nefasto para los palestinos y para el Líbano. Trescientas cincuenta mil personas malviven hacinadas y sin expectativa de futuro. Son el caldo de cultivo ideal para el fanatismo. El viejo nacionalismo de Fatah ha quedado arrumbado ante el islamismo de los Hermanos Musulmanes, primero, y de al-Qaeda más recientemente. Su ira no va dirigida sólo hacia Israel y Occidente. Su enemigo primero e inmediato son las autoridades árabes «corruptas» que han permitido esa situación. Las nuevas cadenas de televisión árabes, cuya penetración es sencillamente extraordinaria, han servido de medio para que los nuevos mitos radicales se difundan. Las loadas heroicidades de ben-Laden o al-Zarqawui han despertado la ilusión entre muchos jóvenes sin esperanza tanto en Palestina como en Líbano.
El hombre del momento es Shaker al-Abssi, máximo dirigente de Fatah al-Islam. Un conocido terrorista, responsable del asesinato de un diplomático norteamericano en Jordania y colaborador del difunto al-Zarqawui. Un terrorista profesional que ha sido capaz de establecer una estructura, compuesta por unos pocos cientos de fieles, con preparación suficiente para enfrentarse al Ejército libanés. Él representa en Líbano un programa de transformación global, contrario al de todos los restantes grupos políticos.
Desde el Gobierno de Beirut se ha acusado a Siria de estar tras él. Damasco ha perseguido a al-Qaeda, pero también le ha permitido el paso de terroristas hacia Iraq. Puede haber un acuerdo táctico, pero en el plano estratégico son enemigos. Los enfrentamientos en torno a Trípoli benefician al gobierno de Damasco -al dificultar el juicio por el asesinato de Hariri y crear las condiciones para una futura invasión- pero al final, si penetran de nuevo en Líbano, tendrán que aplastarlos si no quieren sufrir sus ataques.
El gobierno del moderado sunita Siniora tiene que acabar con este nuevo tumor antes de que sea demasiado tarde. Su ejército no está en condiciones de derrotar a su principal enemigo, Hizbolá, ni de parar el tráfico de armas a través de la frontera con Siria, pero sí de poner fin a esta nueva amenaza. Los hombres de Fatah al-Islam, como los de Hamas en Gaza o los de al-Fatah en Cisjordania, no tienen escrúpulos en utilizar a sus propias familias como escudos humanos. Penetrar en susenclaves supondrá asumir un alto número de bajas propias y de inocentes, pero no hay opción. Israel lo aprendió hace mucho tiempo y gracias a ello continúa existiendo, a pesar de las lecciones éticas de Europa. El gobierno es débil, la opinión pública árabe en breve manifestará su escándalo, pero por ahora cuenta con apoyo parlamentario, incluyendo el de Hizbolá, que quiere quitarse de en medio a un incómodo rival.

Muerte del multiculturalismo

Rara muerte del multiculturalismo/Ian Buruma, escritor. Su libro más reciente es Un asesinato en Amsterdam.
Traducción: Carlos Manzano.
Tomaso de LA VANGUARDIA, 25/05/2007;
Una ideología que sostiene que las personas de culturas diferentes deben vivir en comunidades separadas dentro de un país, no deben interesarse unas por otras y no deben criticarse unas a otras es a un tiempo equivocada e inviable. Naturalmente, los defensores más reflexivos del multiculturalismo nunca imaginaron que una comunidad cultural pudiera o debiese sustituir a una comunidad política. Pensaban que, mientras todo el mundo cumpliese la ley, no era necesario que los ciudadanos tuviesen una sola jerarquía de valores.
El ideal del multiculturalismo en casa se repitió con una ideología del relativismo cultural en el extranjero, en particular en los decenios de 1970 y 1980, que evolucionó a hurtadillas hasta constituir una forma de racismo moral, según el cual los europeos blancos merecían la democracia liberal, pero los pueblos de culturas diferentes debían esperar. Los dictadores africanos podían hacer cosas espantosas, pero no acababan de recibir una condena de muchos intelectuales europeos, porque la crítica entrañaba arrogancia cultural.
Los Países Bajos, donde yo nací, se han visto tal vez más divididos por el debate sobre el multiculturalismo que ningún otro país. El asesinato del director de cine Theo van Gogh hace dos años y medio por un criminal islamista ha dado pie a un debate desgarrador sobre la sólida tradición del país en materia de tolerancia y acceso fácil para los solicitantes de asilo.
Mucho antes de la llegada de trabajadores inmigrantes islámicos en los decenios de 1960 y 1970, la sociedad neerlandesa era en cierto modo multicultural,en el sentido de que ya estaba organizada mediante los pilares protestante, católico, liberal y socialista, cada uno de ellos con sus escuelas, hospitales, emisoras de televisión, periódicos y partidos políticos propios. Cuando trabajadores procedentes de Marruecos y Turquía pasaron a ser inmigrantes de facto, hubo quienes empezaron a propugnar la creación de otro pilar musulmán.
Pero en el momento en que los defensores del multiculturalismo hacían esa propuesta, la sociedad neerlandesa estaba experimentando una transición dramática. Al imponerse la secularización, los pilares tradicionales empezaron a desplomarse. Además, empezó a haber ataques feroces a los musulmanes por parte de personas que, tras criarse en familias profundamente religiosas, se habían vuelto izquierdistas radicales en los decenios de 1960 y 1970. Tras calificarse a sí mismos de anticolonialistas y antirracistas - adalides del multiculturalismo-, han pasado a ser defensores fervientes de los llamados valores de la Ilustración y contra la ortodoxia musulmana. Esas personas temían el regreso de la religión, temían que el carácter opresivo del protestantismo o del catolicismo que habían conocido de primera mano quedara sustituido por unos códigos musulmanes de conducta igualmente opresivos.
Les guste o no a los europeos, los musulmanes forman parte de Europa. Muchos no abandonarán su religión, por lo que los europeos deberán aprender a vivir con ellos y con el islam. Naturalmente, resultará más fácil si los musulmanes acaban creyendo que el sistema redunda también en su beneficio. La democracia liberal y el islam son conciliables. La actual transición política de Indonesia de la dictadura a la democracia, aunque no constituye un éxito rotundo, muestra que se puede lograr.
Aun cuando todos los musulmanes de Europa fueran islamistas -cosa que dista mucho de ser una realidad- no podrían amenazar la soberanía del continente y, con ello, sus leyes y los valores de la Ilustración. Naturalmente, hay grupos a los que les gusta el islamismo. Los hijos de inmigrantes nacidos en Europa tienen la sensación de no ser plenamente aceptados en el país en el que se han criado, pero tampoco sienten una vinculación especial con el país natal de sus padres. El islamismo, además de ofrecerles una respuesta a la pregunta de por qué no se sienten contentos con su forma de vida, les da una sensación de su propia valía y una gran causa por la que morir.
Al final, lo único que de verdad puede perjudicar a los valores europeos es la reacción de Europa ante su mayoría no musulmana. El miedo al islam y a los inmigrantes podría propiciar la aprobación de leyes no liberales. Al defender los valores de la Ilustración de forma dogmática, los europeos serán quienes los socaven.
Eso no significa que no debamos medir nuestras palabras con cuidado. Debemos distinguir claramente entre diferentes clases de islam y no confundir los movimientos revolucionarios violentos con la mera ortodoxia religiosa. Insultar a musulmanes simplemente en relación con su fe es una insensatez y resulta contraproducente, como lo es la idea, cada vez más popular, de que debemos hacer declaraciones rotundas sobre la superioridad de nuestra cultura,pues semejante dogmatismo socava el escepticismo, la impugnación de todas las opiniones, incluidas las propias, que fue y es la característica fundamental de la Ilustración.
El problema es que a veces se usan los valores de la Ilustración de forma muy dogmática contra los musulmanes. De hecho, han llegado a ser una forma de nacionalismo: se ha contrapuesto nuestros valores a sus valores.La razón para defender los valores de la Ilustración es que están basados en ideas válidas y que sean nuestra cultura.Confundir la cultura y la política de ese modo es caer en la misma trampa que los multiculturalistas.
Y tiene consecuencias graves. Si nos enemistamos lo bastante con los musulmanes de Europa, incitaremos a más personas a adherirse a la revolución islamista. Debemos hacer todo lo posible para alentar a los musulmanes de Europa a asimilarse en las sociedades europeas. Es nuestra única esperanza.

La catedra del profesor Kennedy

¿Se venden embajadas?/Paul Kennedy, titular de la cátedra J. Richardson de Historia y director del Instituto de Estudios sobre Seguridad Internacional en la Universidad de Yale.
Tomado de EL PAÍS, 24/07/05):
A comienzos del siglo XV, como nos cuenta el gran historiador Garrett Mattingly en su libro Renaissance Diplomacy, los Gobiernos adoptaron la costumbre de enviar una misión permanente -un embajador- a los países con los que mantenían relaciones pacíficas. A su vez, dichos países enviaban también una misión permanente a la corte de St. James (Londres), o a la Puerta Sublime (Constantinopla), o a donde fuera. Así nació el sistema moderno de la diplomacia internacional.
Los embajadores contribuyen a engrasar el mecanismo de las relaciones entre unas naciones-Estado irritables y orgullosas. Su labor consiste en explicar la postura de su país al Gobierno anfitrión y la de este último a sus propios jefes. No es nunca una tarea fácil; muchos embajadores han sido objeto de acusaciones patrioteras de malvender a su país y no emplear un lenguaje suficientemente enérgico.
Pese a todo, en general, los embajadores cumplen bien sus funciones. Hay ciertos países -Francia, Gran Bretaña, Rusia y China entre las grandes potencias, Singapur, Nueva Zelanda y Austria entre los países pequeños- que cuentan con toda una cohorte de representantes exteriores muy competentes. Hace poco, durante una comida en Buenos Aires, me impresionó enormemente la conversación que mantuve con una docena de altos funcionarios, casi todos antiguos o futuros embajadores argentinos y todos ellos de enorme talento.
Un buen embajador es un bien muy valioso para un país. Mientras buscaba un ejemplo de lo que quiero decir, topé con el nombre de sir Jeremy Greenstock, que trabajó en Arabia Saudí, Dubai, París y Washington, luego fue representante permanente del Reino Unido en la ONU y al final -después de 35 años en el servicio diplomático- máximo representante del Gobierno británico adscrito a la autoridad de Irak.
El hecho de que, con posterioridad, sir Jeremy haya escrito un relato mordaz de todo lo ocurrido en Irak (y cuya publicación ha prohibido el Gobierno de Su Majestad) no tiene nada que ver con el objeto de este artículo. Lo importante es que casi todos los Estados envían a profesionales experimentados y bien preparados a otros países para hacerse cargo de lo que, al fin y al cabo, es una labor de profesional.
¿Y qué hay de Estados Unidos, el país con el que todos los Gobiernos, les guste o no, tienen que tratar? El servicio exterior de Estados Unidos tiene una larga y noble tradición y, por consiguiente, cuenta con su propia cohorte de diplomáticos experimentados, bien versados en lenguas y culturas de otros países.
Pero, al mismo tiempo, existe otra tradición, derivada de los inmensos poderes que tienen los presidentes: la Casa Blanca nombra a todos los embajadores y no está obligada a contar exclusivamente con los diplomáticos de carrera. (Otra peculiaridad es que, cuando dimite un presidente, dimiten asimismo todos los embajadores, con el consiguiente trastorno. Imaginemos qué pasaría si todos los generales y almirantes también tuvieran que dimitir).
Es lógico que el presidente de EE UU tenga derecho a nombrar de vez en cuando a alguien que no es diplomático para una Embajada concreta, cuando dicho nombramiento puede ayudar a impulsar las relaciones bilaterales.
La decisión del presidente Carter de enviar a Tokio a Mike Mansfield, que había sido senador durante más de 10 años, en un momento de tensas relaciones entre Estados Unidos y Japón, fue una medida inteligente. Los nombramientos que hizo el presidente Clinton para ocupar la Embajada en París, primero con una persona políticamente tan señalada como Pamela Harriman (viuda del gran estadista norteamericano W. Averell Harriman) y después con el hábil banquero neoyorquino Felix Rohatyn, fueron muy inteligentes y ayudaron a suavizar las relaciones con Francia, entre otras cosas porque ambos hablaban francés. Y a un embajador que es amigo del presidente siempre le costará menos llamar directamente a la Casa Blanca y decir: “George, tenemos un problema…”. En los casos citados, esos nombramientos querían indicar que las relaciones de Estados Unidos con Japón y Francia eran especiales, lo cual es indudablemente cierto.Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa práctica ya no es algo ocasional, sino que se vuelve habitual? ¿Qué ocurre cuando hay docenas de nombramientos así, decididos no por las cualidades concretas de los designados, sino porque han hecho grandes contribuciones a las campañas electorales del presidente? ¿Qué ocurre cuando saben poco o nada del país al que se les destina?
¿Y qué ocurre, por último, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que en teoría debe confirmar todos los nombramientos de embajadores, no puede intervenir debido a un mecanismo llamado “nombramiento en vacaciones”, que permite que la Casa Blanca designe un puesto mientras el Congreso está en periodo de descanso?
Esta pregunta viene a cuento de la disputa entre la Casa Blanca y varios demócratas importantes en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado después de que el presidente Bush haya nombrado a Sam Fox, un destacado hombre de negocios y contribuyente republicano de Missouri, como embajador de Estados Unidos en Bélgica.
El caso de Fox, en realidad, plantea dos dudas distintas sobre la costumbre de hacer nombramientos políticos para ocupar las embajadas de Estados Unidos en el extranjero. La primera es sobre el peligro de que las disputas partidistas puedan bloquear o, por lo menos, dificultar el proceso. Algunos senadores demócratas se habían opuesto a la designación de Fox porque, en su día, contribuyó a la campaña de varios veteranos y antiguos prisioneros de la guerra de Vietnam contra John Kerry. Al principio, la Casa Blanca retrocedió, pero luego decidió ejercer su histórico privilegio de hacer un nombramiento durante las vacaciones.
Según The Kansas Star, el nuevo embajador está aguardando sus instrucciones para cruzar el Atlántico. Ni que decir tiene que este tipo de nombramientos en vacaciones molesta a los senadores de los dos partidos, que sienten que es una forma de eludir su competencia constitucional en materia de asuntos exteriores mediante una maniobra discutible del Poder Ejecutivo. El ejemplo más conocido en los últimos años ha sido el de John Bolton como embajador estadounidense ante Naciones Unidas. No fue un nombramiento afortunado, y el Senado se apresuró a tomarse la revancha.
En segundo lugar, y también de acuerdo con The Kansas City Star, está el curioso dato de que Fox es, al menos, el número 43 (!) de los actuales embajadores no de carrera que se ha visto recompensado por sus contribuciones financieras a las arcas del Partido Republicano. Es más, el Star se dedica a ofrecer con todo detalle las cantidades donadas al partido por los actuales embajadores en Italia, Alemania, la Unión Europea, Brasil y otros Estados nada insignificantes.
No cabe duda de que algunos están haciendo un buen trabajo. ¿Pero los 43? ¿Y todos ellos contribuyentes al partido, muchos sin ninguna experiencia diplomática previa? No es extraño que la Asociación Americana del Servicio Exterior (la organización que agrupa a los funcionarios diplomáticos de carrera) se lamente de este último ejemplo. Y es fácil imaginar cómo se reciben tales nombramientos en los países afectados: los Gobiernos extranjeros, en general, envían a Washington a diplomáticos tremendamente experimentados y, a cambio, pueden recibir a empresarios, inversores y magnates inmobiliarios cargados de dinero.
Al final, lo preocupante no son las personas concretas, sino si el Gobierno de Estados Unidos -sea republicano o demócrata- refuerza o debilita su capacidad de convencer a otros países para que vean los problemas internacionales desde nuestro punto de vista cuando da la impresión de que regala las embajadas como premio por las contribuciones al partido. El servicio diplomático es, como el servicio militar o la ayuda exterior, uno de los instrumentos fundamentales de una nación, y por eso se crearon en su momento los embajadores profesionales.
Esta práctica es torpe y, en mi opinión, no muy diplomática. ¿Estados Unidos no puede hacer algo mejor?

Sobre el aborto ¡acción de inconstitucionalidad!

La CNDH presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad que impugna la reforma al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal que despenaliza el aborto.
El ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, firmó el acuerdo mediante el cual turna ese recurso al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien se encargará de resolver sí acepta o no la acción de inconstitucionalidad.
También la PGR interpuso el juicio de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, a fin de que los ministros analicen la validez o no de las reformas.
Este es el comunicado oficial
LA PGR PROMUEVE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Viernes, 25 de Mayo de 2007 Boletin 242/07
144, 145 y 146 del Código Penal, 16BIS-6, párrafo tercero y 16BIS-8 último párrafo de la Ley de Salud del Distrito Federal, así como el artículo Tercero Transitorio del propio Decreto
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde a su titular iniciar las acciones de inconstitucionalidad cuando se advierta que una norma contenida en tratados internacionales, leyes federales, locales o del Distrito Federal, puede contravenir la Constitución Mexicana.
En esta administración el Procurador General de la República ha promovido a la fecha 139 acciones de inconstitucionalidad en contra de un número mayor de normas jurídicas, que se estiman contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin excepción alguna los criterios que soportan la posición del Procurador son estrictamente técnico – jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral, o de cualquier otra índole.
En este marco, la Procuraduría General de la República analizó el decreto expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 26 de abril del año en curso, que modifica en el Código Penal para esta entidad federativa la regulación aplicable para el delito de aborto.
De su estudio e interpretación se desprende la inconstitucionalidad de las reformas a los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, 16bis-6, párrafo tercero y 16bis-8, último párrafo de la Ley de Salud, ambos para esta entidad federativa, así como el artículo tercero transitorio del propio decreto.
La interpretación que sustenta la acción de inconstitucionalidad proviene del criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J.14/2002, “Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las leyes federales y locales”, aprobada por mayoría de votos en la acción de inconstitucionalidad 10/2000.
También se considera la tesis aislada número P. IX/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo discriminatorio que sería disponer que “a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida.”
De acuerdo a lo que se ha sostenido por mayoría de votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación.
Por esta razón, se estima que el Decreto de la Asamblea Legislativa es contrario a dichos postulados.
El tipo penal que recogen las reformas al Código Penal del Distrito Federal conforme al decreto de la Asamblea Legislativa del 26 de abril del 2007, es impreciso respecto a su contenido y aplicación, ya que se considera que los términos empleados en esas normas jurídico penales no son exactos y precisos, y dan lugar a dudas y reticencias en cuanto a su contenido y aplicación, lo que implica una contradicción al artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice a la letra “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.
Este criterio se sustenta en la tesis P. IX/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la jurisprudencia 1ª./J.10/2006 de la Primera Sala del propio Alto Tribunal.
Asimismo, las normas que sobre salud contiene el decreto que se considera inconstitucional, invaden la esfera competencial del Congreso de la Unión, ya que el régimen de regulación jurídica de la actividad pública en materia de salud corresponde, originariamente, a la Ley General que expida el Congreso Federal, y las leyes locales de salud únicamente pueden normar la actuación de las autoridades de su territorio respetando siempre las normas previstas en la Ley General de Salud, de acuerdo con el criterio que sobre la jerarquía de normas estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo anterior, es una obligación del Procurador General de la República iniciar la acción de inconstitucionalidad para someter a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que ésta, como órgano competente, revise si las normas impugnadas son o no contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.