El Secretario de Gobernación Carlos Abascal compareció esta semana al pleno de la Cámara de Diputados para informar sobre el nuevo deporte:
el espionaje telefónico.
En su intervención dijo:
"Los recientes hechos acaecidos en Puebla que violan la privacidad de las personas consagrada en el artículo 16 de la Constitución de la República, merecen nuestro rechazo total...
Reitero que lo que está en juego sí es por un lado la prohibición constitucional de invadir el espacio privado de los ciudadanos en la intervención de las llamadas telefónicas; pero está todavía más en juego el gran tema de la confiabilidad de las comunicaciones como un asunto de Estado...,
Dijo que se esta trabajando conforme lo disponen, por un lado, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y por otro lado, el 177 del Código Penal Federal...
Señaló como "necesario revisar algunas regulaciones", subrayó que además del Gobierno Federal existen diez Estados con facultades legales y por tanto infraestructura para intervenir comunicaciones privadas: Baja California, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León y Veracruz.
(Además) pidió que se de una "homologación de legislaciones y una cierta jerarquización para evitar que esto esté tan disperso, pero además existen hoy en el mercado disponibles todos los instrumentos para grabar.."
Dijo que debe darse una confianza en las instituciones del país conforme se vayan dando los resultados para evitar esta impresión y pienso que las compañías telefónicas también tienen aquí un reto importante..
"Quiero recordar el texto puntual del artículo 16 constitucional que después de varios párrafos relacionados con la vida privada de las personas, familias, papeles posesiones, etc., refiere que las comunicaciones privadas son inviolables."
Reitero que el Cisen es un órgano de Estado, no es un órgano de Gobierno (por lo que) ....no hace investigaciones judiciales, eso corresponde a la Procuraduría General de la República en el ámbito federal.
Negó que el CISEN haya tenido nada que ver en el caso Mario Marín, ¿Quién fue entonces? - se pregunto y respondió- No quiero abordar en esta importantísima tribuna haciendo especulaciones sobre los posibles responsables de la comisión de este delito (las investigaciones del caso están en las procuradurias)
"Quiero decir a ustedes que a partir de la premisa de que sólo es permisible esta intervención cuando hay autorización del Poder Judicial porque está en juego la seguridad nacional, el número de casos a los que tiene acceso el CISEN, es claramente inferior a diez,
Reitero que "La ley es implacable con cualquier servidor público que realice la actividad de manera ilegal y que después la difunda, sea ésta de origen legal o ilegal
Dijo que es indispensable legislar en materia de comercio, de aparatos para la intervención de comunicaciones.
(Volvió a insistir en la conclusión que): no respondió cuantos equipos de intervención telefónicas hay pero "sí puedo decir que diez estados de la República tienen legislaciones y estructura suficientes como para hacer este trabajo de intervención telefónica, ojalá siempre en el marco de la ley."
Esta es un resumen con preguntas y respuestas:
-El diputado Jesús Martínez Álvarez, de Convergencia, pregunto:
¿Qué hace, qué está haciendo el Gobierno de la República, para impedir que la intromisión a la privacidad se convierta en un hábito, válido de facto por la propia autoridad?, ¿cuándo se dará a conocer el resultado de la investigación sobre este caso?
-El Secretario de Gobernación:
Quiero, en efecto, reiterar que lo que está en juego sí es por un lado la prohibición constitucional de invadir el espacio privado de los ciudadanos en la intervención de las llamadas telefónicas; pero está todavía más en juego el gran tema de la confiabilidad de las comunicaciones como un asunto de Estado...,
Quiero, en efecto, reiterar que lo que está en juego sí es por un lado la prohibición constitucional de invadir el espacio privado de los ciudadanos en la intervención de las llamadas telefónicas; pero está todavía más en juego el gran tema de la confiabilidad de las comunicaciones como un asunto de Estado...,
Se está trabajando conforme lo disponen, por un lado, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y por otro lado, el 177 del Código Penal Federal. En el caso del 27 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se prevé que habrá una sanción de seis a doce años, etcétera; pero prevé que esta norma, esta imputación de un delito de estas características, alcanzaría a los servidores públicos única y exclusivamente. En cambio, en el artículo 177 del Código Penal Federal se establece que quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial, también tendrá sanciones de seis a doce años, pero esta norma penal puede ser aplicada tanto particulares como a servidores públicos, y aunque ambos delitos sea conforme a la primera ley o conforme a la segunda se persiguen de oficio. A final de cuentas una es de competencia federal y otra es de competencia local. Ambas procuradurías están procediendo entonces de conformidad con lo establecido en la ley.
Réplica, del diputado Martínez Alvarez:
Hay la preocupación de todos los ciudadanos, de sentirnos espiados cada vez que hacemos una llamada telefónica. Entendemos también señor Secretario, de que ya hoy en día no sólo es el gobierno quien realiza estas prácticas que están dañando la privacidad de todos nosotros.
El Secretario de Gobernación:
"Me parece que en efecto es necesario revisar algunas regulaciones. Por ejemplo quiero resaltar que además del Gobierno Federal existen diez Estados con facultades legales y por tanto infraestructura para intervenir comunicaciones privadas: Baja California, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León y Veracruz.
"Me parece que en efecto es necesario revisar algunas regulaciones. Por ejemplo quiero resaltar que además del Gobierno Federal existen diez Estados con facultades legales y por tanto infraestructura para intervenir comunicaciones privadas: Baja California, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León y Veracruz.
Tendría que haber una homologación de legislaciones y una cierta jerarquización para evitar que esto esté tan disperso, pero además existen hoy en el mercado disponibles todos los instrumentos para grabar desde un coche, desde una casa, a precios lamentablemente muy accesibles. Me parece que necesitamos fortalecer la regulación en la materia.
-La diputada María Avila Serna, preguntó:
Usted en su planteamiento niega de hecho la intervención del CISEN en el caso de espionaje al gobernador Mario Marín, de Puebla. Entonces díganos ¿Quién o quiénes pueden ser los responsables de este espionaje?
-El Secretario de Gobernación:
Sí, no tengo la menor duda, el espionaje telefónico es un delito, y hay que perseguirlo...,
Sí, no tengo la menor duda, el espionaje telefónico es un delito, y hay que perseguirlo...,
(Sin embargo) Niego que el CISEN haya tenido nada que ver en el caso Mario Marín, ¿Quién fue entonces? No quiero bordar en esta importantísima tribuna haciendo especulaciones sobre los posibles responsables de la comisión de este delito. Lo que afirmo es que la Procuraduría del Estado, la Procuraduría General de la República, en el marco sea de la ley contra el crimen organizado, sea en el marco del Código Penal, están haciendo las investigaciones del caso y confío en que en el marco de sus atribuciones nos pongan en conocimiento de sus resultados a la brevedad posible.
El diputado Ramón Galindo Noriega, del PAN:
Señor Secretario Abascal, como se sabe, el CISEN, conforme a la Constitución y a la ley, es autoridad facultada para realizar intervención de comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional.
Le pregunto: ¿realiza el CISEN intervenciones telefónicas de manera frecuente, como parte de sus actividades de inteligencia? ¿Se han ajustado a los requisitos y límites previstos en las leyes? ¿Esta medida realmente constituye un elemento indispensable para las acciones de inteligencia para la seguridad nacional? ¿Se han obtenido resultados positivos con estas acciones de inteligencia?
Hay quienes afirman que para intervenir comunicaciones privadas se requiere de una alta tecnología y por tanto sólo el gobierno podría realizarlas.
Señor Secretario: ¿en efecto se requiere de una tecnología tan avanzada para realizar dichas intervenciones? Y pregunto también: ¿Sólo el Estado tiene esta capacidad para intervenir conversaciones privadas?
Por último ¿Existen mecanismos extraordinarios de control para evitar excesos en tales actividades, inclusive si se realizan por parte de organizaciones diferentes a la estructura gubernamental como es del dominio público?
El Secretario de Gobernación:
Está claro entonces que el Gobierno Federal condena radicalmente y actuará jurídicamente en el ámbito de sus atribuciones, en contra de cualquier conducta delictiva de intervención de teléfonos en conversaciones privadas, actividad que comúnmente conocemos como espionaje.
Esta medida de intervención telefónica es una medida extrema, sujeta al control del Poder Judicial, reglamentada por la Ley de Seguridad Nacional
El Secretario de Gobernación:
Hace un momento omití hacer una reflexión puntual que me demandó el diputado Ramón Galindo. Me preguntaba él que qué tan frecuente es el que el CISEN realice este tipo de intervenciones. Quiero decir a ustedes que a partir de la premisa de que sólo es permisible esta intervención cuando hay autorización del Poder Judicial porque está en juego la seguridad nacional, el número de casos a los que tiene acceso el CISEN, es claramente inferior a diez, pero además quiero recordar a ustedes una parte importante de la ley que dice en este caso de la Ley Contra la Delincuencia Organizada: "Los servidores públicos de la Unidad Especializada, prevista en el artículo 8 de esta Ley, así como cualquier otro servidor público, los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que participen en algún proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una investigación de comunicaciones privadas, autorizada o no, autorizada o no, serán sancionados con prisión de seis a doce años, quinientos a mil días de multa, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta".
La ley es implacable con cualquier servidor público que realice la actividad de manera ilegal y que después la difunda, sea ésta de origen legal o ilegal La misma pena, seis a doce años se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión público, tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de intervención de comunicaciones privadas, y revelen su existencia o contenido. Por lo cual me parece que la legislación enmarca muy bien, por un lado las posibilidades y por otro lado las sanciones.
Quiero también reiterar que el CISEN es, señor diputado, un órgano de Estado, no un órgano de gobierno; esto es muy importante.
El diputado Heliodoro Díaz Escárraga, PRI:
Durante la actual Administración Federal, ha sido frecuente el conmocionar a la opinión pública con hechos escandalosos. Las filtraciones, la difusión ilegal de intervenciones telefónicas y la exhibición no autorizada judicialmente de videos a través de los medios de comunicación, han sido herramienta habitual para desprestigiar y eliminar al adversario político.
En miles de personas, aunque no esté a su alcance probarlo, existe la convicción de que el aparato gubernamental tiene algo que ver con ello. La gente sabe que sólo el Gobierno posee los medios, el personal capacitado y los sofisticados equipos requeridos para realizar escuchas con calidad técnica.
La responsabilidad del Gobierno si no por acción, sí por omisión, es evidente. Hasta ahora, pese a las denuncias ninguno de estos hechos ha sido aclarado, la vox populi dice que el CISEN, organismo a su cargo, o la PGR o la Secretaría de Seguridad Pública, licenciado Abascal, no son ajenos a estos actos.
La población tiene la percepción, aunque no los medios para acreditarlo, que se ha actuado como policía política y que estos servicios se han partidizado. Hasta ahora, no hay nada claro al respecto, otros botones de muestra estarían en la aún no debidamente descartada participación del Gobierno Federal.
En los casos de los video escándalos de Bejarano, Imaz, Ponce y otros connotados perredistas o en el asunto de la casa de seguridad utilizada por el CISEN para el espionaje telefónico al gobierno de Chihuahua, que los medios documentaron en diciembre de 2003. ¿Podrá usted replicar señor Secretario, que las sospechas han existido?
Yo le pregunto, licenciado Abascal ¿hasta cuándo se quedara claro el papel del gobierno en las intervenciones telefónicas? ¿Qué se ha hecho de no ser el CISEN, la AFI o la Secretaría de Seguridad Pública, los autores de las filtraciones en los más sonados casos, para determinar y sancionar a los verdaderos autores? ¿Quiénes son los responsables? ¿No lo sabe el gobierno? Si las leyes contra la delincuencia organizada y de seguridad nacional prevén que mediante autorización judicial se pueda realizar intervenciones telefónicas. ¿Cuántas solicitudes en ese sentido se han hecho? ¿Existe alguna reserva para informar a la Cámara de Diputados sobre el número de equipos que operan para realizar escuchas? ¿Estas se hacen? ¿En su caso, éstas se limitan a la delincuencia organizada o por razones de seguridad también afectan a políticos?
Queremos respuestas directas y no evasivas, porque si bien los equipos sobre escuchas telefónicas, se venden casi indiscriminadamente, también es cierto que deben ingresar al país por medios legales y debe haber un registro y un control sobre quién los tienen, quién los adquiere, quién los opera y qué resultados hay de los mismos. Es responsabilidad del gobierno y eso estamos planteando en este tema, aclarar quién realiza escuchas telefónicas de manera ilegal.
El Secretario de Gobernación:A mí me parece que quien aspire a gobernar este país tiene que cuidar a sus instituciones y no se puede, sin absolutamente ningún elemento de prueba desprestigiar a las instituciones. El CISEN es una gran institución de México, que le ha costado mucho al país, hasta llegar a ser lo que es hoy, un órgano de Estado.
No quisiéramos que con estas descalificaciones a una institución tan valiosa para México, sujeta a la relación, a la información con la Comisión Bicameral, fuese objeto de sospechas, porque quizás el partido que antes gobernó a este país, lo uso de manera indebida. Lo que quisiéramos es un respeto irrestricto a nuestras instituciones mientras no se pruebe su descomposición, la violación de la ley por parte de ellas.
Me parece que es muy importante que reiteremos que el Gobierno Federal en la instancia de la Procuraduría General de la República y en este caso, en la instancia de la Procuraduría del gobierno del estado de Puebla, se están haciendo las investigaciones del caso. No hay manera de tener un registro aduanal de este tipo de equipos en el país, porque precisamente se adquieren con frecuencia para la comisión de ilícito. Es indispensable legislar en materia de comercio, de aparatos para la intervención de comunicaciones.
Estamos de acuerdo diputado, hagamos una iniciativa; me parece que aquí hay un área de oportunidad importante. Tenemos en este caso para ser absolutamente puntuales, cuatro solicitudes al Poder Judicial para intervención legal de comunicaciones y éstas están absolutamente justificadas en términos de seguridad nacional.
No hay reserva, no la habría para decir a ustedes, cuántos equipos de escucha hay, pero no hay el instrumento. Pero sí puedo decir que diez estados de la República tienen legislaciones y estructura suficientes como para hacer este trabajo de intervención telefónica, ojalá siempre en el marco de la ley.
El diputado Heliodoro Díaz Escárraga:Coincido, señor Secretario, cuidemos al CISEN.
Es previsible que la guerra sucia de las filtraciones y de las grabaciones continúe. ¿Quién será el próximo político exhibido? Seguramente no será un panista. Los Estrada Cajigal, los Patrón Labiada, los Bribiesca, los Yunes, son impolutos y cuidadosos. Son y están libres de pecado. ¿Son servidores públicos o empresarios nacionalistas, honestos y responsables?
Si hubiera otro escándalo ¿volverá a ser de un priísta o de algún perredista? ¿Vendrá de las manos anónimas desinteresadas o de las manos limpias patrióticas? ¿el gobierno permanecerá estático, ajeno a las debilidades de los otros? ¿Volverá a negar el tener algo qué ver con el asunto? Nadie, nadie, desgraciadamente, podrá probar lo contrario. ¿El afán de conculcar derechos políticos o el de destruir o limitar al adversario, seguirá siendo divisa de la operación política –pregunto- de esta administración? ¿Seguirán los golpes bajos?
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